Las compras públicas a nivel federal continúan con riesgos significativos en temas de corrupción y falta de eficiencia, según lo mostrado por el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2024, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
- Según el análisis, en el 2023, el monto total de las compras públicas que realizaron las instituciones de la Administración Pública Federal ascendió a un monto total de 668,044 millones 4,191 pesos de los cuales, el 48%, es decir 323,581 millones 111,574 se colocó en la categoría de “Otros” o “Sin información”.
La organización explicó que no se puede conocer cuál fue el tipo de procedimiento de 13,172 contrataciones llevadas a cabo en dicho lapso.
“Esto se debe a un cambio en el sistema de Compranet, que resultó en la existencia de dos bases de datos que no están homologadas. En una de las dos bases de datos utilizadas de 2023, no era obligatorio elegir la opción de tipo de procedimiento, lo que explica que esta información no estuvo disponible para el análisis”, detalló.
- Por otro lado, 136,240 millones 474,174 pesos correspondiente a 130,032 procedimientos se realizaron por adjudicación directa. “De este conjunto, procedimientos que sumaron 43.9 millones de pesos no fueron justificados”, precisó el trabajo.
- También se mencionó que 6,533 procedimientos se realizaron mediante una invitación restringida, equivalente a un monto de 14,679 millones 913,265 pesos.
- Mientras tanto, licitaciones públicas registraro una suma de 193,542 millones 505,178 pesos, otorgados en 17,160 procedimientos registrados en Compranet. En total el análisis del IMCO registró un total de 166,897 procedimientos en el 2023.
Otra precisión que se realizó en el trabajo fue el hecho de que, durante el año pasado, 29% de las licitaciones públicas realizadas por las instituciones públicas federales no se ajustaron a las disposiciones de ley referentes a los plazos en las diferentes etapas de la licitación pública.
“La existencia de plazos cortos implica posibles escenarios de desventaja para los proveedores que no necesariamente cuentan con experiencia en la participación de procesos de contratación pública, dado que se reduce el tiempo para preparar y presentar la propuesta”, indicó el texto.
- De igual manera, el análisis de la organización mostró que el año pasado las instituciones de la Administración Pública Federal firmaron contratos por un valor total de 3,096 millones de pesos con empresas de reciente creación.
- Es decir, aquellas con menos de 12 meses de existencia antes de la firma del contrato. Sin embargo, esta cantidad fue 10.8% menor que los 3,474 millones de pesos entregados a este tipo de empresas en 2022.
Por otro lado, “dentro de los riesgos de cumplimiento, destaca la contratación con proveedores que han sido sancionados o que recientemente se constituyeron como empresa. En 2023, las instituciones públicas federales firmaron contratos por 2,506 millones con empresas sancionadas.
Estas empresas están incluidas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, lo que indica que han sido inhabilitadas y sancionadas por alguna falta en su gestión como proveedores de bienes y servicios”, precisó la organización en el documento mencionado.
Riesgo de corrupción
El Índice 2024 identificó al Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Diconsa como las instituciones con mayor riesgo de corrupción en el apartado de gasto muy alto. Fidena lidera con un puntaje de 81 en el índice, seguido por Fonatur (61) y Diconsa (57).
- Fonatur, responsable de proyectos clave como el Tren Maya, destinó 5,197 millones de pesos en adjudicaciones directas justificadas bajo el artículo 42 de la Ley de Obra Pública. Esta práctica, aunque legal, limita la competencia y la transparencia.
- “La institución con mayor puntaje en este rango de gasto (alto) fue Pronósticos para la Asistencia Pública, un organismo que recauda fondos mediante apuestas para apoyar la asistencia pública, con un puntaje de 53”, se detalló.
En el apartado de gasto medio, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, con una calificación de 100, no sólo lidera la categoría, sino el listado global. “Su puntaje se explica por la publicación tardía de contratos, el elevado nivel de adjudicaciones directas y la alta concentración de mercado, factores que limitan la competitividad”, se explicó.
- Para las instituciones que tuvieron un gasto bajo, la que mayor porcentaje de riesgo de corrupción obtuvo fue Seguros de Crédito a la Vivienda SHF S.A. de C.V., con 86, lo que también la colocó en el segundo lugar global.
“A partir del análisis de bases de datos públicas, principalmente de la plataforma Compranet, el IMCO calcula un puntaje para cada institución de la Administración Pública Federal (APF) que va de 0 a 100 (a mayor puntaje, más riesgo de corrupción)”, indicó la organización.
La opacidad marca las obras emblemáticas del gobierno de AMLO
A pesar de la promesa de ser «el gobierno más transparente de la historia», la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por la opacidad en sus grandes proyectos de infraestructura, lo que dificultó el acceso a información crucial sobre contratos, gastos y avances de obras emblemáticas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Entre el discurso y la realidad
- Desde el inicio de su mandato, López Obrador prometió que la transparencia sería «la regla de oro» de su gobierno. Sin embargo, tras el final de su administración la evidencia muestra un panorama muy diferente.
- De acuerdo con un análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 71% de las 12,570 bases de datos disponibles en la plataforma datos.gob.mx se encontraban abandonadas, sin actualizaciones en los últimos 24 meses hasta 2023.
- «La política del gobierno fue reservar y negar cada vez más información, a la vez que ataca y desactiva a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia», señala Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de MCCI.
Núñez explica que el número total de reportes presentados por las instituciones en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) disminuyó un 36% entre 2018 y 2022. «Esto significa que cada vez hubo menos datos disponibles y un menor cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias gubernamentales», afirma.
Opacidad en los megaproyectos
Leslie Badillo, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), identifica diferentes niveles de opacidad en las obras emblemáticas del sexenio. Tenemos obras con opacidad total, como el AIFA, donde prácticamente no hay información disponible.
- Luego están proyectos como la refinería Dos Bocas, donde la información es parcial y poco clara. Y finalmente, tenemos casos como el Tren Maya, donde la información se va liberando por partes, pero de manera inconsistente.
- El caso del AIFA fue particularmente problemático. «En 2018-2019, se emitió un decreto que clasificó los aeropuertos como parte de la seguridad nacional».
- A partir de ese momento, el AIFA dejó de publicar toda la información relativa a su presupuesto», señala Badillo. «Esto ha hecho imposible conocer el presupuesto real asignado a esta obra pública».
Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) reservó por cinco años toda la información relacionada con el proyecto de la refinería Dos Bocas en Tabasco, incluyendo licencias y constancias de uso de suelo. La empresa justificó esta decisión aludiendo a posibles desventajas competitivas y riesgos a la seguridad nacional.
Decretos presidenciales y blindaje de información
Este patrón de restricción de datos se vio reforzado por decretos presidenciales que declararon los proyectos prioritarios como asuntos de seguridad nacional, blindándolos contra solicitudes de transparencia. El último, emitido en mayo de 2023 abarcó el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y varios aeropuertos del sureste mexicano como el Felipe Carrillo Puerto en Tulum.
- Esto camino, indica Leonardo Nuñez de MCCI, no sólo contradice los principios democráticos y el derecho a la información de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo la eficiencia y la integridad en el uso de los recursos públicos.
Paralelamente, el gobierno debilitó a la institución encargadas de garantizar el acceso a la información.
- Primero, con un presupuesto debilitado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que se redujo en un 24% desde 2018.
- Mientras que al inicio del sexenio tenía un presupuesto de 1,372 millones de pesos (a precios de 2023), cinco años después cayó a 1,047 millones. Después, con la iniciativa para su desaparición.
Aumento de adjudicaciones directas
Durante el gobierno de López Obrador aumentaron las adjudicaciones directas de contratos, un procedimiento que incrementa las posibilidades de corrupción en las compras públicas. En 2023 se registró el porcentaje de adjudicaciones directas más alto de los últimos 17 años, dado que el 82% de los contratos se dieron bajo esta modalidad.
- De los 92,660 contratos que reportó CompraNet en ese año, 75,896 fueron por adjudicación directa; un dato que contrastó con cifras del 2007 o 2008 en los que solo el 31% de los contratos se otorgaron de esta forma.
Leonardo Núñez concluye que esta tendencia hacia la opacidad «no solo afecta la rendición de cuentas, sino que también puede tener consecuencias negativas a largo plazo para el desarrollo del país».
El proceso de priorización y la falta de transparencia
Badillo, investigadora del CIEP, explica el proceso de priorización de proyectos al inicio del sexenio. «El Ejecutivo identifica los rubros importantes y los proyectos necesarios para desarrollar esas áreas. En este sexenio, se dio prioridad principalmente a la infraestructura energética (Dos Bocas) y ferroviaria (Tren Maya)», apunta.
- Una vez priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo, los proyectos se envían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su registro en la Unidad de Inversiones.
- Esta unidad solicita diversos estudios a las entidades encargadas, incluyendo evaluaciones de impacto ambiental, presupuesto requerido y potencial para reducir la pobreza.
«Posteriormente, la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y Desincorporación (CIGFD), conformada por representantes de distintas secretarías, discute y decide la prioridad final de los proyectos», añade Badillo. «Una vez priorizados, se les asigna presupuesto y una clave de cartera de inversión».
Sin embargo, Badillo señala que aquí es donde se identificaron los principales problemas de transparencia.
- En el caso del Tren Maya, las solicitudes de información sobre expropiaciones de tierras, demandas de amparo y trámites ambientales fueron sistemáticamente rechazadas por diversas dependencias federales. Más de 23 solicitudes de información relacionadas con este proyecto fueron respondidas a MCCI argumentando la reserva de la información.
«Como ciudadanos tenemos que estar muy al pendiente de cómo se están gastando los recursos, porque son recursos que se obtienen a partir de los impuestos. Pero cómo vamos a lograr esa vigilancia si no hay la apertura de los datos», resalta Badillo del CIEP. /PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2024/12/ReporteIRC.pdf
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