La Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la administración del presidente López Obrador contenía 8 objetivos de donde se desprendieron las principales acciones para erradicar la inseguridad en el país.
Entre sus objetivos se encontraba la erradicación de la corrupción y reactivación de la procuración de justicia, el pleno respeto de los derechos humanos, la regeneración ética de la sociedad, la reformulación del combate a las drogas, la construcción de la paz, la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad pública, seguridad nacional y paz.
Entre lo pendiente que tenía la Estrategia se encontraba la creación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, así como la creación del Consejo para la Construcción de la Paz; la primera para ampliar el rango de combate a la corrupción y, el segundo, como instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz.
Presuntamente la Estrategia tenía relación con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana, de donde se desprendieron las acciones de la Secretaría de Seguridad.
Este Programa Sectorial contuvo cinco programas especiales. El Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el Programa Nacional para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Secuestro, el Programa para la Seguridad Nacional y el Programa Nacional de Protección Civil y que se trata programas que complementan los objetivos y acciones que se desprenden del Programa Sectorial citado, en cada rubro de especialidad.
El problema consiste en que algunos de ellos fueron publicados avanzada la pasada administración y, por tanto, se operó con los programas de las anteriores administraciones.
Esto pudo haber presentado un conflicto programático, debido a que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un documento aislado que suma diversos objetivos y acciones de los Programas.
La política pública distribuida en competencias entre la Federación, las Entidades Federativas y sus Municipios parece que no tuvo la capacidad de producir hilos conductores o voluntad para colaborar de manera conjunta por mejorar la seguridad. El interés político partidista o político electoral superó la voluntad por ejercer las funciones de seguridad.
Por eso es que la ausencia de autoridad en algunos municipios del país es un ejemplo de cómo el Estado y sus instituciones abandonan sus funciones sustantivas en seguridad permitiendo que impere el desorden y la delincuencia amplíe sus dominios. Municipios de Guerrero o Michoacán son el ejemplo.
Entre las funciones abandonas se encuentra, por supuesto, la seguridad, la regulación de las actividades económico-productivas y que ahora la delincuencia ejerce esas funciones por el cobro de un derecho, la prestación de algunos servicios públicos, principalmente.
Ojalá que en esta administración se subsanen estas deficiencias con el imperio del derecho y el uso de la fuerza con inteligencia.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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