Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2025, al Anexo 30 “Prevención, Detección, Investigación y Sanción de Hechos de Corrupción” se le prevén destinar 8,328 millones 129,087.64 pesos.
Esta cantidad significaría una reducción de 9.5%, en términos reales, con respecto a los 9,198 millones 941,451.11 pesos reales que se destinaron a este fin durante el ejercicio fiscal de 2024. Cabe mencionar que este anexo agrupa los recursos en la materia que destinarían los tres Poderes de la Unión.
- Al revisar los datos del documento entregado el pasado viernes 15 de noviembre en la Cámara de Diputados, se puede observar que la unidad responsable con más reducción, en términos reales, fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con una baja en el ramo de 58.1%, al pasar de 1,470.8 a 615.5 millones de pesos.
- En el PPEF se precisa que, de estos más de 600 millones; 184 millones 157,898 serían destinados a la Unidad de Inteligencia Financiera; 51 millones 879 a la Unidad de Política y Control Presupuestario; 72 millones 661,460 pesos a la Unidad de Contabilidad Gubernamental; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibiría 1,046 millones 13,213 pesos y 92 millones 683,651 irían a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones.
La segunda institución que registraría la mayor reducción, en términos reales, en el Anexo 30 del PPEF 2025 fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al pasar de 75.2 millones para el año en curso a 36.4 millones de pesos, lo que significó 51.5% menos.
- La Secretaría del Bienestar tendría una reducción del 13.6% entre el presupuesto de 2024 y el de 2025, pues para el año actual erogó 9.5 millones, mientras que para el periodo de enero a diciembre del próximo año, la cantidad prevista es de 8.2 millones de pesos.
- Las entidades no sectorizadas recibirían 131.6 millones de pesos (128 millones 832,441 la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; el Archivo General de la Nación, 226,044 pesos, y 2 millones 546,200 pesos el Instituto Nacional de las Mujeres), lo que equivale un 9.9% menos que los 146.1 millones de pesos que se destinaron en el PEF 2024.
Otras dependencias con reducción en este anexo transversal, en términos reales, fueron la Secretaría de la Función Pública, -9.4%; la Secretaría de Educación Pública, -6.4%; y con -4.1% el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La Comisión Federal de Competencia Económica y la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría 4.1 menos respectivamente; la Secretaría de Economía destinaría 4% menos, mientras que el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República sufrieron disminuciones del 2.6% y del 2.2% respectivamente.
Únicamente el Poder Legislativo tuvo un aumento presupuestal para 2025 en el rubro, al pasar de 2,944.0 millones en el PEF 2024 a 3,239.2 millones de pesos, es decir, un 10% más.
Mensaje de desinterés
Expertos advirtieron que los recortes al presupuesto envían un mensaje de desinterés por parte de las autoridades federales para fortalecer la lucha contra la corrupción.
- Gerardo Laveaga, expresidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), consideró que “la corrupción no se combate con más dinero, sino con acciones concretas. Mientras no exista un verdadero compromiso, duplicar o triplicar el presupuesto no hará ninguna diferencia”.
- Según su opinión, un verdadero combate a esta problemática requiere de medidas como la protección de testigos colaboradores, la identificación de beneficiarios finales y el cierre de empresas fantasmas, áreas en las que aseguró no se ha avanzado.
“La corrupción se combate con medidas bien pequeñas, muy chiquitas, que nadie instrumenta, y al revés, se hacen grandes cosas que son mera simulación”, expresó el expresidente del Ifai.
Por otro lado, relató que, desde su experiencia al frente del instituto predecesor del Inai, “sin voluntad política y sin sanciones, no importa cuánto presupuesto se asigne a estas instituciones; el problema seguirá sin resolverse”.
Bajo perfil
Issa Luna Pla, experta en temas anticorrupción y exacadémica de la UNAM, indicó que la reducción presupuestal significa una estrategia deliberada para bajar el perfil a las instituciones que deben prevenir y fiscalizar la corrupción.
- Agregó que instituciones como la Fiscalía Anticorrupción ya operan con recursos limitados, lo que les impide realizar investigaciones de gran alcance.
“Con esta nueva reducción, estas instituciones quedarían completamente desarmadas y sólo podrían dedicarse a casos menores, sin representar una amenaza para las grandes redes de corrupción que operan en México”, alertó.
Y agregó que “reducir salarios y personal ha sido la norma, y ahora pensar en ajustarse aún más el cinturón es un error. Lo único que se logrará es estrangular más a las instituciones, reduciendo su eficacia y forzando a los funcionarios a buscar otras vías para financiarse”.
Además, detalló que la nueva estructura propuesta para la Función Pública, que pasará a ser la Secretaría Anticorrupción, podría afectar aún más su capacidad para coordinar investigaciones amplias, dejando vacíos importantes en el control de actos corruptos.
«Estas reducciones no permitirán al SAT ni siquiera intercambiar información con otros organismos para investigar redes de corrupción”, lamentó.
Recortes a instituciones federales
El proyecto de presupuesto para el 2025 prevé una reducción del 6 por ciento, en comparación con el 2024, en los recursos etiquetados específicamente para el combate a la corrupción que ejercerían 23 instituciones federales, entre las que ya no se incluyeron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones.
- El Anexo para la Prevención, Detección, Investigación y Sanción de Hechos de Corrupción, antes denominado Anexo Transversal Anticorrupción, pasaría de 8 mil 819 millones de pesos etiquetados en 2024 a 8 mil 328 millones de pesos para 2025 es decir, un recorte de 491.5 millones de pesos.
- El Anexo Transversal Anticorrupción describe los recursos públicos que se etiquetan dentro de cada una de las instituciones federales que participan con tareas específicas anticorrupción.
De acuerdo con lo planteado, tres de las siete instituciones que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sufrirían recortes en su presupuesto para enfrentar hechos de corrupción.
La disminución más significativa se daría en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que forma parte del SNA pero que podría desaparecer el próximo año, con un recorte de casi un 50 por ciento, al pasar de un presupuesto etiquetado anticorrupción de 72.08 millones de pesos a 36.4 millones de pesos.
- El recorte en el INAI se daría en los siguientes rubros: en el eje de acción denominado “Combatir la corrupción y la impunidad”, para el cual en 2024 se destinaron 30.3 millones y para 2025, se contemplan 16.5 millones de pesos; en el eje de acción denominado
“Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder”, que en 2024 tuvo recursos por 21.8 millones de pesos, para 2025 se están proyectando únicamente 8.7 millones de pesos.
En tanto, en el eje denominado “Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad”, el INAI tendría una reducción de 2 millones de pesos, al pasar de 13.1 millones a 11.1 millones de pesos, mientras que para el eje “Involucrar a la sociedad y el sector privado”, que para 2024 tuvo 6.6 millones de pesos, en 2025 ya no se consideran recursos.
- La Secretaría de la Función Pública (SFP), también integrante del SNA, tendría un recorte del 5.5 por ciento, al pasar de mil 297 millones de pesos a mil 225 millones de pesos en su presupuesto anticorrupción.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), brazo técnico del sistema y del que depende el presupuesto del Comité de Participación Ciudadana (CPC), cuya actual presidenta encabeza a dicho sistema, pasaría de 136.9 millones de pesos a 128.2 millones de pesos, un recorte de 6.35 por ciento.
Por otra parte, destaca la posible desaparición, dentro del Anexo Transversal, de seis áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que en 2024 tuvieron recursos etiquetados por 356.7 millones de pesos para participar en tareas anticorrupción.
Las áreas de Hacienda que ya no tendrían recursos etiquetados para tareas contra la corrupción en 2025 serán la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), (que después del Servicio de Administración Tributaria (SAT) era el área de la SHCP con el presupuesto anticorrupción más grande, por 184.1 millones de pesos), la Unidad de Política y Control Presupuestario, la Unidad de Contabilidad Gubernamental, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, la Unidad de Política de Contrataciones Públicas y la Unidad de Normatividad.
- Aunque el SAT seguirá recibiendo presupuesto etiquetado anticorrupción, no tendrá el mismo recurso que en 2024, al pasar de mil 46 millones de pesos a 607.9 millones de pesos, una reducción del 41 por ciento.
- El Archivo General de la Nación (AGN), responsable de la gestión documental, considerada básica para la rendición de cuentas, también sufriría un recorte considerable en su presupuesto anticorrupción para 2025, al pasar de 723 mil 255 pesos para tareas del eje Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder a 226 mil 44 pesos, una reducción del 70 por ciento.
Las siete instituciones del sector de Educación Pública sufrirían un ligero recorte al pasar de tener mil 81 millones de pesos a mil 55 millones de pesos de presupuesto anticorrupción; lo mismo la Secretaría del Bienestar, que pasaría de 9 millones de pesos a 8.1 millones.
ASF y Fiscalía Anticorrupción tendrán más presupuesto
En contraste, hay instituciones que tendrán incrementos en sus presupuestos etiquetados anticorrupción.
- La primera es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que destina todo su presupuesto como institución a esas tareas y que tendrá un aumento del 12 por ciento, al pasar de 2 mil 822 millones de pesos en 2024 a 3 mil 239 millones de pesos en 2025.
- La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República, tendrá un ligero aumento del 2 por ciento, al pasar de 223.3 millones de pesos a 227.7 millones de pesos.
El Consejo de la Judicatura Federal también tendrá un mínimo incremento al pasar de mil 606 millones de pesos de presupuesto anticorrupción a mil 631 millones de pesos,
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que forma parte del SNA, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que podría desaparecer el próximo año, y las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía no tendrían variaciones en su presupuesto anticorrupción para 2025.
México se estanca en vigilancia del gasto público
México se estanca en temas de transparencia y vigilancia del gasto público, pero avanza en hacer más copartícipe a su ciudadanía en el proceso presupuestario, refiere la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en ingles).
- La encuesta realizada entre 125 países deja a México en el sexto lugar en materia de transparencia pública en su edición 2023, cuando en la edición anterior (2021), ocupó la quinta posición. De un puntaje de 82 de un total de 100, reportó 80.
El International Budget Partnership (IBP) detalló que este índice mide el acceso a la información por parte del público y la manera en que el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos. «Una puntuación de transparencia de un mínimo de 61 indica que probablemente el país publica suficiente materia para respaldar un debate público informado sobre el presupuesto», agregó.
- El puntaje de 80 de México es superior al promedio de los países de la OCDE (67), se encuentra por arriba de países como República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Jamaica y Nicaragua. Mientras que le anteceden Georgia, Nueva Zelanda, Suecia, Sud África, y Moldovia.
El puntaje de 80 es más cercano al de 79 que México logró en 2017, que el 82 alcanzado en 2019 y 2021, destaca el informe. «Con el fin de mejorar la transparencia del presupuesto se recomienda ampliar la información en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, sobre el riesgo fiscal, los activos financieros y las fuentes de asistencia de los donantes», destacó.
En tanto, el país se mantuvo en la misma posición en materia de Vigilancia del presupuesto, al ocupar el escaño 30, tan solo de la edición anterior avanzó de 63 a 65 puntos de un total de 100.
La OBS analiza el papel que las legislaturas y las entidades de fiscalización superior (EFS) juegan en el proceso presupuestario y el grado en que proporcionan supervisión. «La legislatura y la entidad fiscalizadora superior en México, en conjunto, proporcionan una vigilancia adecuada durante el proceso presupuestario y tienen una puntuación compuesta de 65 (sobre 100)», detalló./Agencias-PUNTOporPUNTO
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