Por: Francisco J D´Angelo Ohep
El triunfo de Donald Trump, junto con su mayoría en el Congreso y el Senado en Estados Unidos el pasado martes 5 de noviembre, cambia el juego geopolítico de la región y del mundo. La última vez que el Partido Republicano de Estados Unidos obtuvo la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes fue en las elecciones de medio término de 2014 en la presidencia de Barack Obama. La migración, siendo un tema neurálgico en la campaña electoral, refleja el mandato del pueblo norteamericano: si están de acuerdo con la migración, es bajo la condición de que sea organizada. Desde 2010, ha disminuido el flujo de migrantes mexicanos a EE. UU.; en 2020, la cantidad de mexicanos nacidos en EE. UU. superó a la de quienes emigraron desde México. Desde la gran represión en Venezuela bajo el dictador Nicolás Maduro en 2017, en la cual fueron asesinados 150 jóvenes en protestas, la migración de venezolanos a EE. UU. ha aumentado de manera contundente, a lo que se han sumado migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Durante la primera administración de Trump (2017-2021) se implementaron medidas más restrictivas en materia migratoria que en la administración de Biden.
En enero de 2017, Trump emitió una orden ejecutiva que prohibió temporalmente la entrada a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana (Travel Ban), incluyendo Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. En septiembre de 2017, la administración anunció el fin del programa DACA, que protegía de la deportación a los jóvenes que habían llegado a Estados Unidos de manera irregular cuando eran niños, conocidos como «Dreamers». Sin embargo, esta decisión fue bloqueada por varios fallos judiciales, y el programa sigue vigente hasta el momento, bajo un estatus incierto. También se ampliaron los criterios para la deportación, priorizando no solo a quienes habían cometido delitos graves, sino también a inmigrantes indocumentados en general. Esto incluyó un aumento de redadas y detenciones en todo el país. La administración de Trump redujo el límite anual de refugiados permitidos en el país a 50,000, el más bajo en décadas, citando preocupaciones de seguridad. La política de “cero tolerancia” en la frontera sur fue anunciada en 2018, aunque los esfuerzos comenzaron en 2017. Se enfocó en la persecución de personas que cruzaban la frontera de forma irregular, lo cual llevó a la separación de familias al procesar a los padres en el sistema judicial penal. Trump ordenó la construcción y el refuerzo del muro en la frontera entre EE. UU. y México, un proyecto que fue uno de los pilares de su campaña y que avanzó durante su administración, aunque enfrentó barreras de financiamiento y oposición.
La admisión de refugiados en EE. UU. se redujo drásticamente a un máximo de 30,000 personas en 2019, el nivel más bajo en décadas. El gobierno también dificultó la entrada a ciertos grupos con el argumento de proteger la seguridad nacional. Invocada por primera vez en marzo de 2020 durante la pandemia de COVID-19, se aplicó el Título 42, una política de salud pública en los Estados Unidos. Esta política, basada en una ley de 1944, permitió a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tomar medidas para evitar la propagación de enfermedades transmisibles esto duro hasta el 11 de Mayo de 2023. Tambien se ofreció acceso a pruebas y tratamiento de COVID-19 a las personas sin importar su estatus migratorio, y los hospitales y centros de salud no requerían documentación migratoria para estos servicios. Los migrantes que trabajaban en sectores esenciales, como la agricultura, la salud y la alimentación, recibieron protección adicional en el lugar de trabajo, incluyendo equipo de protección personal y pruebas regulares de COVID-19 .
México comenzó a exigir visa a los venezolanos a partir del 21 de enero de 2022; esta medida se implementó debido al aumento significativo de personas venezolanas que transitaban por México en su camino hacia Estados Unidos, así como para controlar mejor los flujos migratorios y asegurar un proceso migratorio más ordenado y seguro. Sin embargo, en los años siguientes, tuvo una consecuencia opuesta: los venezolanos comenzaron a llegar por la frontera sur caminando, ya que obtener la visa es muy difícil debido a los numerosos requerimientos. Esto frenó el flujo migratorio de personas con formación de bachillerato, técnicos y profesionales, quienes ahora llegan como caminantes por la frontera sur, venciendo el desafío del Darién. Se estima que en 2023 pasaron 2,475,669 migrantes por la frontera sur de EE. UU.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, no incluyó la migración en sus 100 puntos de compromisos de gobierno, a pesar de ser un tema importantísimo en la agenda de América del Norte. La política migratoria de López Obrador fue desastrosa; entre otros casos, el 27 de marzo de 2023, un incendio en una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, resultó en la trágica muerte de al menos 38 migrantes y dejó a otros 28 gravemente heridos. Las víctimas eran en su mayoría originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia. Hasta noviembre de 2023, aproximadamente 7,774,494 de venezolanos han emigrado de su país, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). El nuevo gobierno de Trump promete un “nuevo orden migratorio”. ¿Qué hará México al respecto con miles de migrantes que quedarán varados en su territorio? ¿Y qué pasará con las dictaduras que son fábrica de miseria y de migrantes forzados, como Cuba, Venezuela y Nicaragua? Son interrogantes que surgen el día después de las elecciones norteamericanas.
Francisco J D´Angelo Ohep es Abogado Director de Venemex, Asociación de Venezolanos en México. Master en Derecho Internacional por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Doctor Honoris Causa.
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