Unos 1,000 CIVILES fueron asesinados por el EJÉRCITO MEXICANO en la administración 4T de López OBRADOR

Seis migrantes murieron y 10 más resultaron heridos de bala tras una persecución por parte de elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El promedio presuntos agresores fallecidos durante enfrentamientos entre Ejército mexicano y el crimen organizado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (0.77) es muy similar al que se registró durante la administración de Enrique Peña Nieto, demostraron cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según datos de agresiones contra el personal militar, el número de civiles muertos en enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas, durante la actual administración suman 1,070, a falta de cerca de cuatro meses para el cierre del sexenio; mientras que, en todo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2013 a 2018), se contabilizaron 1,243 civiles asesinados.

  • La información de la Sedena muestra que el promedio de civiles muertos en enfrentamientos entre Ejército y crimen organizado durante el sexenio actual es de 0.77 y de 0.74 para la administración EPN.
  • Por otro lado, el año con más civiles muertos durante el sexenio de AMLO fue en 2020, con 233; le siguió el 2019 con 197; en el caso de enfrentamientos, el año pasado es el que más casos reunió, desde 2019, con un total de 262.

Los datos también evidenciaron que existen similitudes entre ambas administraciones en lo que se refiere a militares muertos y enfrentamientos. Los elementos uniformados que perdieron la vida, en este tipo de acciones, en el gobierno anterior, fueron 99; mientras que con López Obrador la suma fue de 89, 10 menos.

  • Mientras que, los enfrentamientos, entre 2013 y 2018, sumaron 1,688; por otro lado, entre 2019 y el 10 de junio del año en curso, la suma es de 1,398 encuentros entre civiles y las fuerzas armadas.

Estrategia de seguridad

La estrategia de seguridad en México requiere una revisión profunda. Los datos indican que la militarización no ha sido efectiva para reducir la violencia entre las Fuerzas Armadas y los delincuentes. Es esencial que la próxima administración considere fortalecer las instituciones civiles y trabajar en una estrategia más coordinada y transparente, consideraron expertos en la materia.

  • Lisa Sánchez, directora general de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia, mencionó que las operaciones militares, etiquetadas como patrullajes disuasivos, a menudo resultan en persecuciones y enfrentamientos, e incluso en ejecuciones extrajudiciales.
  • La estrategia de seguridad no cambió y sigue siendo la utilización de Fuerzas Armadas en operaciones contra la delincuencia organizada. En los hechos, la famosa frase del presidente ‘abrazos no balazos’ no se reflejó en un cambio real”, consideró.

También, destacó “con respecto a la política de militarización, que las Fuerzas Armadas son instituciones que siguen órdenes, son instituciones verticales orientadas hacia el cumplimiento de órdenes específicas y que por su propia naturaleza y su propio entrenamiento están muchísimo más orientadas precisamente a la identificación y a la eliminación de un enemigo antes que a la prevención del delito o la persecución del delito en un ámbito de respeto a derechos humanos”.

  • Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, enfatizó que, a pesar de tener “casi medio millón de elementos en la Guardia Nacional, más del doble de lo que se tenía anteriormente, los resultados (en el combate a la delincuencia organizada) son muy pobres”.

También, consideró que México enfrenta máximos históricos en casi todos los delitos por lo que “si uno tiene que dar una calificación, diría que los esfuerzos continúan siendo muy malos, porque lo que vemos es que cada vez tenemos más violaciones a derechos humanos”, indicó el especialista.

  • Juan Carlos Piña, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, detalló que la creciente labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sumado a su participación en grandes obras y otras actividades, ha complicado la situación.
  • Para Piña Macín, es esencial que la nueva administración trabaje en un marco de transparencia y rendición de cuentas, además de coordinar esfuerzos con los gobiernos estatales.

Mientras que, la directora de MUCD consideró importante acotar la intervención militar a áreas geográficas específicas y por períodos definidos, con objetivos claros y mecanismos de rendición de cuentas.

Matan militares a 6 migrantes en Chiapas

  • Seis migrantes murieron y 10 más resultaron heridos de bala tras una persecución por parte de elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Detalló que, aproximadamente a las 20:50 horas del martes, integrantes del Ejército patrullaban la localidad costera cuando detectaron un vehículo tipo pick up que iba a alta velocidad en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, mismo que al ver al personal militar se evadió; atrás de la unidad, dijo, iban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región.

  • Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que dos elementos accionaron su armamento; momento en que detuvo su marcha una de las camionetas de redilas que se desplazaban a retaguardia de la pick up.
  • Al acercarse, los uniformados identificaron a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe, de los cuales, cuatro habían fallecido, 12 estaban lesionados y 17 se encontraban ilesos; los heridos fue-ron trasladados al Hospital General de Huixtla, donde murieron dos extranjeros más.

La Sedena precisó que los dos soldados que dispararon fueron separados de sus funciones y al ser un hecho donde se vieron afectados civiles, se hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República para que realice las diligencias legales necesarias, sin perjuicio de que la Fiscalía General de Justicia Militar realice las investigaciones respecto a la disciplina castrense.

  • La dependencia añadió que los migrantes ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración y se pidió el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer comunicación con las embajadas correspondientes.
  • La Sedena refrendó su compromiso de actuar con estricto apego al estado de derecho, bajo una política de cero impunidad, y se manifestó atenta a requerimientos por parte de las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos.
  • El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, que agrupa a diversas organizaciones pro migrantes y de defensa de los derechos humanos, exigió justicia para las víctimas de este suceso, entre las que, aseguró, hay menores de edad.

Refrendamos que este tipo de investigaciones deben ser centradas en el testimonio directo de los afectados, en condiciones dignas, de total imparcialidad y garantías de seguridad; asimismo, debe reconocerse la responsabilidad de la cadena de mando correspondiente, exigió.

  • Acusaron que este tipo de situaciones son consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios bajo una lógica de persecución y no de protección hacia las personas en movilidad, violentando y deshumanizando a los individuos y poniendo en riesgo su integridad física, emocional y su vida.

Solicitaron al gobierno federal implementar políticas migratorias que protejan los derechos humanos, una investigación pronta e imparcial, que se brinde atención integral a las víctimas y sus familias, reparación de los daños y facilitar la repatriación de cuerpos.

La Fiscalía respalda la versión del Ejército

Después de dos días de silencio, la Fiscalía General de la República (FGR) ha cerrado filas con el Ejército. El Ministerio Público ha respaldado, en un comunicado sin apenas nueva información difundido este jueves, la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la masacre de seis migrantes cometida por los militares este martes al suroeste de Chiapas.

  • Según el relato de ambos organismos, los soldados patrullaban la carretera rural que une los municipios de Villacomaltitlán y Huixtla en busca de posibles traficantes de drogas y de seres humanos cuando avistaron tres camionetas donde se hacinaban personas de Asia, África y Latinoamérica que, al ver a los militares, se dieron a la fuga.

En el primer comunicado, publicado casi 24 horas después de la matanza, la Sedena defendía que sus efectivos escucharon “dos detonaciones”, sin aclarar más, y por ello abrieron fuego contra los vehículos. Seis personas fueron acribilladas.

La Fiscalía ha ampliado la narración original del Ejército y defiende que los soldados fueron agredidos primero durante la persecución y por ese motivo dispararon contra los camiones:

“La Sedena fue alertada sobre personas armadas; razón por la cual acudió a la carretera federal número 200, cercana a la ciudad de Tapachula, donde encontraron tres vehículos, cuyas personas a bordo, al ver al personal de la autoridad, se dieron a la fuga, a pesar de haber sido conminadas para que se detuvieran, ignorando dicha orden que es obligatoria frente a un acto de autoridad. En la persecución a dichos vehículos, el personal militar refiere que fueron agredidos por sus tripulantes; y, por ello, repelieron el ataque, deteniendo una camioneta de redilas verde, mientras los otros dos vehículos se daban a la fuga [SIC]”.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha asegurado este jueves que los dos soldados acusados de la matanza fueron puestos bajo control de la FGR. Sin embargo, el organismo ha matizado las declaraciones de la mandataria horas más tarde:

  • “El personal militar actualmente se halla bajo arresto e investigación por sus propias autoridades. Por su parte, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), de la FGR, envió de inmediato a Tapachula a un contingente de agentes del Ministerio Público, policías, peritos y psicólogos, para realizar todas las diligencias necesarias. Los elementos de Sedena serán interrogados por el Ministerio Público de la Federación (MPF), en el curso de este día [jueves]”.

Sheinbaum ha comparecido horas después ante el Ejército, que ha jurado lealtad a la nueva jefa de Estado, investida el mismo día que sucedió la masacre. Un grupo de 33 migrantes viajaba escondido en la parte trasera de camiones de carga de ganado. Según la Sedena, eran de nacionalidad “egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe”.

Un portavoz militar indicó a este diario que con “nacionalidad árabe” (que no es una nacionalidad, sino una lengua) se referían a ciudadanos de Arabia Saudí, un país rico en petróleo y poco acostumbrado a utilizar las rutas migratorias mexicanas. Sheinbaum dijo después que las víctimas proceden de Egipto, El Salvador y Perú: las dos últimas, nacionalidades que no aparecían en el recuento original de los militares.

En el comunicado de la FGR se añade que tres de las víctimas procedían de Egipto, otra de Perú y una más de Honduras, sin aclarar la ciudadanía de la sexta. “La mayor parte de las personas lesionadas e ilesas han sido identificadas como ciudadanos de Cuba, Nepal, Pakistán, India y Egipto; razón por la cual se está solicitando a los consulados correspondientes su presencia y apoyo para esta investigación, así como para el auxilio de las víctimas”, dice el organismo.

  • Imágenes tomadas con teléfono móvil de la escena del crimen revelan una matanza: cuerpos humanos apilados en la parte trasera de una camioneta manchada de sangre, cubiertos por bolsas de basura negra que utilizaban para protegerse de la lluvia.
  • El coyote que conducía el vehículo había huido cuando llegaron los soldados, que encontraron a cuatro muertos (dos más fallecerían en el hospital más tarde) y decenas de personas en shock, entre lágrimas y gritos de socorro.

“Se ha solicitado, en forma urgente, al Instituto Nacional de Migración (INM) toda la información con la que cuente al respecto; y se les ha requerido a las autoridades correspondientes la identificación de las placas del Estado de México que portaba la camioneta detenida”, ha asegurado la FGR, que también ha pedido colaboración a la Interpol y “asistencia jurídica internacional a la República de Guatemala, para obtener datos provenientes de ese país, que se puedan vincular con esta investigación”.

La Fiscalía también ha sostenido que se brindará “asistencia consultar” y psicológica a los migrantes que fueron heridos y a los que salieron “ilesos”. El comunicado del Ministerio Público apenas aporta nueva información sobre la masacre, más allá de la corrección de la identidad de las víctimas y el hecho de que uno de los camiones en el que viajaban tuviera matrícula del Estado de México. Sheinbaum, que ha tardado dos días en pronunciarse sobre la matanza, ha declarado que se trató de un “hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado”: “No puede repetirse una situación así. Se están tomando las medidas”.

  • Morena, el partido de la nueva presidenta y su predecesor, ha sido duramente criticado en los últimos años por conceder más poder al Ejército en labores civiles, como el control migratorio de las fronteras y los aeropuertos, ante las repetidas críticas de la oposición, la academia y distintos grupos de la sociedad civil.
  • El 25 de septiembre, el Senado aprobó también que la Guardia Nacional, que nació como cuerpo civil, pasara a estar bajo control de la Sedena, una polémica medida conseguida en el tiempo de descuento del Gobierno de López Obrador gracias a la mayoría conseguida por Sheinbaum el 2 de junio.

La nueva masacre de migrantes cometida por el Ejército ha encendido de nuevo las críticas contra el partido oficialista. La Sedena, una institución famosa por su opacidad en la gestión de asuntos internos, apenas ha proporcionado información. Informes y estudios de los últimos años ya han argumentado que el uso de militares en las fronteras para contener la migración resulta en violaciones a los derechos humanos. /Agencias-PUNTOporPUNTO

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