Publicado este miércoles, el tercer y último informe de la comisión presidencial del caso Ayotzinapa antes del fin del Gobierno ha tomado la senda de las tesis del presidente, Andrés Manuel López Obrador, centrada en señalar enemigos y lamentar errores pasados.
- Dividido en cinco grandes apartados y dos secciones especiales, el informe enfatiza el aumento de las búsquedas en campo, cuestiona la presunta tortura que sufrieron decenas de detenidos, liberados hace años por ello, y redunda en la frustración de los informes anteriores: a 10 años del ataque contra los normalistas, se sabe poco sobre su destino.
- El documento retoma el núcleo de las exigencias de las familias estos últimos años, la entrega de cientos de documentos de espionaje miliar a la red criminal de Iguala, Guerrero, lugar del ataque contra los estudiantes.
- La exigencia nace de dos oficios que se hicieron públicos en 2021, que recogían, entre otros detalles, un intercambio de mensajes entre un presunto líder criminal de la zona y un jefe policial, sobre el traslado de 17 estudiantes, la noche misma del ataque, mientras estaba siendo desaparecidos.
- Las familias de 43 estudiantes desaparecidos consideran que la publicación de ese documento en 2021 implica la existencia de otros parecidos. El Gobierno y el Ejército han entregado algunos estos años, pero que apenas amplían la información de los primeros.
- Las familias y sus abogados han entregado listados de los documentos faltantes, que el Gobierno dicen que, o bien no existen, o no aparecen. En el tercer informe, sus autores emplean la mitad de sus 112 páginas para decir esto mismo.
Este miércoles, López Obrador se ha referido al tercer informe de la comisión en su conferencia de prensa matutina. El presidente ha proyectado la carta que ha mandado a las familias de los 43, que acompaña al texto.
- En la carta, desvela que el primer responsable de la comisión, Alejandro Encinas, negoció la colaboración de uno de los presuntos cabecillas del grupo criminal que atacó a los estudiantes, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, a cambio de que México no extraditara a Abimael González, El Cuini, un líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a Estados Unidos.
No hay certeza sobre las motivaciones de El Gil para hacer esta petición. El grupo criminal con el que trabajaba, Guerreros Unidos, manejaba un importante negocio de producción y trasiego de heroína y otras drogas a Estados Unidos. En sus declaraciones como testigo protegido, de 2020 en adelante, el mismo López Astudillo señalaba que el grupo criminal tenía presencia, además de en Guerrero, en “Puebla, Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro, Tabasco y Tijuana”.
- López Obrador ha dicho que aunque El Gil les ayudó al principio, luego dejó de hacerlo. Después de años de colaboración, la Fiscalía lo detuvo de nuevo en agosto por un viejo cargo de tráfico de drogas. Una fuente cercana a las investigaciones que ha consultado EL PAÍS señala que El Gil y el líder del CJNG se conocieron en la prisión de El Altiplano y ahí se hicieron amigos.
En el informe tratan también el asunto. El texto explica que el Gobierno ha seguido negociando con El Cuini, quien, por algún motivo, podría tener información del paradero de los estudiantes.
“En septiembre de este año, se dialogó con dicho líder criminal. La respuesta del Gobierno de México fue puntual: si en un breve plazo proporcionaba información veraz de la ubicación de los jóvenes desaparecidos y las pruebas de identificación genética daban positivo, podría continuar sus procesos penales en México y obtener, para quienes le ayudaran, la amnistía y recompensas. Al momento de redactar este informe, el diálogo continúa aunque no se ha recibido ninguna información”.
- Sorprenden las palabras del presidente en la carta que ha enviado a las familias acompañando el informe, por el lugar casi marginal que ocupa Encinas, señalado de arrimar a los investigadores con El Gil, convertido, este último, en uno de los enemigos principales de la verdad para el Gobierno saliente.
- Después de casi cinco años al frente de la comisión y de la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, Encinas dejó el cargo a finales de 2023, desgastado por su relación tirante con el Ejército, las críticas de las familias de los 43 y el mismo presidente, que le acusó veladamente de colocarse demasiado cerca de los abogados de las familias y las organizaciones de derechos humanos.
El tercer informe aprovecha también para golpear al antiguo encargado de la comisión. En las primeras páginas, el texto enfatiza el aumento exponencial de las búsquedas en campo.
“En lo que va de 2024 se han realizado acciones de búsqueda de los jóvenes desaparecidos en 294 sitios, tres veces más que el año anterior”, señala el texto. Este aumento, reconocen sus autores, responde a la petición del presidente de apurar opciones, sean cuales sean. “Esta comisión visitó penales federales y locales en los que están recluidas diversas personas relacionadas con el caso, señala el texto.
- Uno de los capítulos más llamativos, el seis, apunta a una de las obsesiones del presidente López Obrador en el caso, la famosa sentencia 203/2017, en que un tribunal de Tamaulipas ordenaba reiniciar la investigación del caso Ayotzinapa, por la enorme cantidad de irregularidades registradas en los primeros años de las pesquisas, durante el Gobierno de Peña Nieto (2012-2018). Producto de esa sentencia, recuerda ahora el informe, más de 60 presuntos implicados en el ataque quedaron libres.
En muchos de esos casos, los acusados quedaron en libertad porque sus defensas alegaron que los agentes captores los habían torturado. La sentencia en realidad no desvelaba nada nuevo al respecto. Las denuncias de tortura en el caso venían de lejos.
- En un informe de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre el caso, publicado en 2018, meses antes de que saliera la sentencia, sus autores denunciaban que contaban con “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos” en contra de decenas de detenidos.
Ahora, la comisión presidencial ha dedicado un apartado del capítulo seis a señalar las presuntas irregularidades que el tribunal cometió. Primero, explican, el tribunal obvió el motivo del amparo que originó la sentencia, si uno de los primeros detenidos, Miguel Ángel Landa, alias Duva, pertenecía o no a Guerreros Unidos.
- En cambio, señalan, “el tribunal incluyó aspectos sobre la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los normalistas que nada tenía que ver con el problema que se planteaba en el amparo, que era resolver si El Duva pertenecía o no al grupo Guerreros Unidos (motivo por el que fue procesado), limitándose a conceder el amparo contra el auto de formal prisión y con esto resolver plenamente el fondo del asunto planteado”.
- Y luego, añaden, cuando exigió a la vieja Fiscalía que realizara los estudios correspondientes para determinar si los detenidos habían sufrido tortura. Según el informe, el tribunal no dio tiempo a que los investigadores lo hicieran de manera adecuada, así que en los casos en que la Fiscalía no mandó sus informes, determinó que la tortura existía.
- “El tribunal determinó que la mayoría [de las declaraciones] eran autoincriminatorias y presuntamente habían sido obtenidas mediante tortura. También declaró que las imputaciones o señalamientos de los coacusados constituían prueba ilícita, desestimando 19 declaraciones relacionadas con el caso. Esto, al margen de que las personas hayan alegado o no actos de tortura”, insisten.
Y acaban: “Algunos de estos procesados liberados por efecto de la sentencia sí participaron en la ejecución y desaparición de los jóvenes. Esto queda de manifiesto cuando uno de los supuestamente torturados, poco después de ser liberado, afirmó en calidad de testigo colaborador que él formaba parte de los Guerreros Unidos y participó en la desaparición de los jóvenes”, dice, en referencia a El Gil. En realidad, El Gil, en sus declaraciones como testigo protegido siempre se coloca lejos de la agresión contra los muchachos.
AMLO: se avanzó aunque “no como quisiéramos”
En una carta enviada a los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que durante su sexenio «se avanzó» en las investigaciones del caso, aunque «no como quisiéramos», pero “nunca dejamos de buscar a los jóvenes”.
- Tras subrayar que hay 151 procesados e insistir en que no hay ninguna prueba contra el Ejército, explicó que Gildardo López Astudillo, El Gil, integrante del cártel Guerreros Unidos, aceptó colaborar como testigo protegido a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, posible integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Insistió en que el caso Ayotzinapa no es un expediente cerrado y habrá continuidad en las indagatorias con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para encontrar la verdad de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo Federal denunció que hubo varios obstáculos para lograr esclarecer los hechos ocurridos en Iguala donde desaparecieron los 43 normalistas, presuntamente a manos del grupo criminal Guerreros Unidos.
- «Desde el principio de estos lamentables hechos se cometieron, consciente o inconscientemente, una serie de errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes», de lo que responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Garantizó que Claudia Sheinbaum dará continuidad a la investigación de la desaparición de los estudiantes.
- «Estoy muy contento, acabamos de tratar el tema de Ayotzinapa. Si no nos da tiempo a nosotros de avanzar, me voy con la tranquilidad de que la próxima Presidenta, el próximo gobierno va a darle continuidad y va a seguir actuando con rectitud y haciendo justicia, pero así en todo», aseguró.
De 132 restos analizados, ninguno coincidió con los 43 normalistas
De acuerdo con el tercer y último informe sobre el caso Ayotzinapa, dado a conocer este miércoles, las autoridades reportaron que fueron localizadas 10 osamentas y dos fragmentos óseos, entre los que había mil 500 indicios que estaban pendientes de análisis, de los cuales 132 fueron considerados de interés, aunque al final ninguno coincidió con la identidad de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada en el 2014.
Como parte de este reporte que se buscó entregar a los familiares de los estudiantes, pero que se rehusaron a recibir, el Gobierno federal informó un aumento de 341 por ciento en las búsquedas de los normalistas, al pasar de 86 en 2023 a 294 este año.
- Se estableció que los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 fueron buscados en 858 sitios en los municipios de Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teleolapan y Tepecoacuilco. Pese a que las autoridades ubicaron 10 osamentas y dos fragmentos óseos, ninguno fue compatible con la identidad de los jóvenes.
- El reporte detalla que muchos restos óseos hallados con anterioridad no habían sido analizados, pues no se habían extraído los perfiles genéticos para su posterior confronta. De esta manera, se detectaron mil 500 indicios que estaban pendientes de análisis, de los que 132 fueron considerados de interés, aunque tampoco coincidieron con los perfiles genéticos de los estudiantes.
Además, se detectó que en una búsqueda donde localizaron nueve cuerpos, éstos no habían sido enviados para su identificación, debido a la falta de autorización o validación por parte de los peritos argentinos. En cuanto a los restos conocidos como petrosas, el informe detalla que también permanecían sin ser analizados desde el 2014, debido a que los expertos argentinos aseguraron que, por el grado de deterioro, era imposible su estudio, además de que estaban relacionados con la verdad histórica.
Sin embargo, por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que todos los restos debían ser analizados sin ningún tipo de excepción, se llevaron a cabo los procesos para su identificación, pero en todos los casos el resultado fue negativo.
- De esta manera, los restos contenidos en 16 cajas y una bolsa, de las que se tomaron 129 muestras para su análisis genético, se obtuvieron cinco haplotipos mitocondriales que resultaron negativos, en la confronta con los perfiles genéticos de los 43 estudiantes.
Sobre el testigo llamado Juan, que es colaborador de la investigación y que en realidad es Gildardo López Astudillo, El Gil, identificado como líder de la organización Guerreros Unidos, se señala que continúa el diálogo con él, ya que condicionó la ayuda al Gobierno federal por una amnistía.
- En torno a la judicialización del caso, el documento detalla que al momento hay 135 expedientes en trámite y 134 personas procesadas, de las que 120 se encuentran detenidas bajo prisión preventiva y 31 tienen medidas cautelares diferentes a la prisión.
- Además, existen 60 órdenes de aprehensión pendientes y tres procesos de extradición en curso, una de ellas es por Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien huyó del país en el 2019, y cuya extradición se solicitó desde el 20 de diciembre del 2021, pero sigue pendiente.
En referencia a Abraham Eslava Arvizu, exmando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que se encuentra en Estados Unidos, las autoridades dijeron que no hay avances, mientras que el caso de Ulises Bernabé, juez de barandilla que pudo haber tenido contacto con estudiantes el día de los hechos, también se mantiene sin cambios.
Al referirse a los 868 folios que los padres de los normalistas han solicitado en reiteradas ocasiones, el reporte señala que las autoridades militares han entregado todos los documentos en su poder, pero muchos de ellos no tienen relación con el caso, pese a que los familiares han mencionado que hay comunicaciones que pueden derivar en el paradero de al menos 17 estudiantes desaparecidos.
Padres: Sólo nos “aventaron” el reporte
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunciaron que funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) fueron a “aventarles” el último informe sobre el caso, sin explicarles su contenido.
“Ayer (martes) llegaron unos funcionarios, probablemente de la Secretaría de Gobernación o de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, intentando entregar esos informes; decían también que sólo llevaban como ocho o nueve ejemplares y que sólo fueron a aventar donde estaban los padres y madres de los 43, pero que aún así pedían que se firmara de recibido ese segundo informe”, explicó Isidoro Vicario, vocero de los familiares.
- Enfatizó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo en la última reunión que si ya no se verían por falta de información relevante, les haría llegar el último informe; sin embargo, criticó la forma cómo se hizo.
- “Es lamentable, compañeras y compañeros, que un caso emblemático como la desaparición de los 43 estudiantes, aún en estos últimos días, no se pone con seriedad para nosotros; esa es una falta de respeto a los padres y a las madres”, sostuvo el vocero.
Señaló que el informe no tiene nada nuevo, ya que vuelve a criminalizar la labor de los abogados y las organizaciones que los apoyan, indicando que ellos son los responsables del nulo avance por intereses particulares.
- Reprochó que el mandatario federal incumplió su palabra de llegar a la verdad en el caso, ya que a diez años, aún no tienen avances sustanciales de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
Insistió en la entrega de los más de 800 folios en poder del Ejército, que por lo menos dan cuenta del paradero de 17 estudiantes la noche de su secuestro y posterior desaparición.
- Incluso, indicó que también se debe profundizar la línea de investigación sobre esos 17 estudiantes, pues hay indicios que señalan que estuvieron en Barandillas y posteriormente fueron llevamos a una colonia cercana a Iguala.
Informe de Sedena revela mentira de AMLO
Un reporte interno elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) demuestra que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mintió en el informe que presentó el pasado 8 de julio a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos sobre la infiltración de la Normal de Ayotzinapa por personal militar.
- El documento fechado el 21 de octubre del 2014 revela que Julio César López Patolzin, uno de los 43 jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, era un elemento activo del Ejército Mexicano en funciones de Órgano de Búsqueda de Información (OBI), denominación que se le asigna a los militares en funciones de inteligencia.
La prueba plena de que López Patolzin era miembro activo del Ejército Mexicano al momento de su desaparición es la confirmación de que recibía su salario normal y prestaciones o “haberes” mientras “estudiaba” en la Normal de Ayotzinapa.
- Tras los hechos del 2014, los beneficiarios directos del soldado Julio César recibieron “de propia mano” y firmando recibos, los sueldos correspondientes a la segunda quincena de septiembre y primera quincena de octubre, según consta en un oficio firmado por el general de Brigada, Alejandro Saavedra Hernández.
El General Alejandro Saavedra rindió informe sobre el soldado infiltrado. (Fotos: Archivo Cuartoscuro/ Tratamiento AN)
- Además, en el citado oficio se señala que el soldado de infantería Julio César López Patolzin tenía dos vías para la entrega de información que lograba obtener como infiltrado de Sedena en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
- Por un lado, “remitía la información obtenida, por medio de mensajes de texto y llamadas telefónicas esporádicamente, cada vez que se lo permitía la situación”.
- La segunda vía era a través de encuentros presenciales con uno de sus superiores: “el soldado López Patolzin se reunía con el Comandante del Pelotón de Información de la Unidad cada cinco días, en diferentes puntos de la ciudad”.
Fuentes cercanas al caso indican que la decisión de López Patolzin de infiltrarse en la Normal de Ayotzinapa para vigilar a los estudiantes obedeció a razones médicas: durante las labores de auxilio a la población provocadas por Ingrid y Manuel se habría lesionado la espalda y ya no se le consideraba apto físicamente para labores castrenses ordinarias.
El origen de la mentira
El reporte que López Obrador presentó a los padres y madres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en julio pasado, de cara al décimo aniversario de esta tragedia, incluyó un informe entregado por el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
- El informe denominado “Actuación del personal Militar en los sucesos del “Caso Ayotzinapa”, fechado el 5 de julio del 2024, se refiere en su página 11, a “Julio César López Patolzin, estudiante normalista desaparecido” y también incluye una defensa de oficio de los mandos y agentes del Ejército Mexicano que han sido acusados de vínculos con el grupo delictivo “Guerreros Unidos” y con la desaparición de los jóvenes normalistas.
- En el citado reporte público, Sedena rechaza que López Patolzin haya realizado acciones de inteligencia para el Ejército Mexicano, pese a la existencia del “Mensaje F.C.A. Urgente. No.- G.A.I./5823” que indica lo contrario y que además detalla los datos personales y profesionales del soldado infiltrado entre los normalistas, un OBI con fachada de estudiante.
En el historial de Sedena sobre Julio César López Patolzin, se señala que el militar ingresó a la Secretaría de la Defensa Nacional el 16 de enero del 2009 como “Soldado de Infantería en el 50o Batallón de Infantería (Chilpancingo, Gro), recibiendo su adiestramiento básico en el Centro de Adiestramiento Regional de Petatlán, Gro”.
El documento de Sedena sobre López Patolzin remata con una mentira: dice que “no contaba con algún curso de inteligencia militar”.
Sin embargo, en el informe interno de Sedena acredita una verdad opuesta: primero se señala que Julio César López Patolzin se desempeñaba como “OBI con fachada de alumno en la Normal de Ayotzinapa” y posteriormente revela en dos apartados que el soldado tuvo que aprobar un examen y fue evaluado para poder realizar labores de inteligencia:
- «27 Dic. 2013, realizó su examen de evaluación para la selección y seguimiento del personal que labora en áreas sensibles.
- 30 Dic. 2013, cubrió perfil para la selección y seguimiento del personal que labora en áreas sensibles».
Tras aprobar las evaluaciones para sumarse a los cuerpos militares de inteligencia, López Patolzin comenzó “sus actividades en el pelotón de información de la unidad” el 4 de enero del 2014 y el 21 de enero de ese mismo año fue enviado a Tixtla, Guerrero, donde se localiza, la normal de Ayotzinapa, “para realizar actividades como órgano de búsqueda”, es decir, para comenzar su labor como OBI.
En el punto “E” del informe interno de Sedena, se asegura que el 6 de junio del 2014, el soldado “inició trámites de ingreso a la escuela normal ‘Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa’, con la finalidad de adquirir la FACHADA de estudiante de (sic) mencionada escuela”.
- El 6 de agosto de ese mismo año presentó sus exámenes para entrar a la normal y el 20 de agosto le comunicaron que los había aprobado, por lo que ingresó formalmente como alumno de primer año para cursar la licenciatura de Maestro Rural. A partir de esa fecha, ya se le podía considerar como infiltrado en Ayotzinapa.
- Incluso, en el informe interno de Sedena se indica que el día 26 de septiembre del 2014, a las 11:30 de la mañana, “el soldado de infantería Julio César López Patolzin, desplegado en el Mpio. de Tixtla, Gro, se encontraba realizando funciones como Órgano de Búsqueda de Información en el INTERIOR de la escuela ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”.
Sin embargo, en el documento que Sedena le entregó a AMLO para ser presentado a las familias de los normalistas se niega lo que ya había sido admitido y evidenciado por el GIEI, cuando se conoció que López Patolzin realizaba labores de inteligencia para el Ejército Mexicano.
Además, Sedena afirma que el 15 de mayo del 2014, el militar solicitó el permiso de sus superiores para ingresar a la Normal de Ayotzinapa en el ciclo escolar 2014-2018 “debido a su deseo de superación personal por el bien propio y de la familia”.
Dicho permiso se le habría otorgado apenas dos días después, es decir, el 17 de mayo de 2014, “en virtud de la buena conducta que demostró durante su estancia en la unidad”.
Así, las frases que Sedena presentó en su reporte público sobre el soldado Julio César López Patolzin, aunque contrarias al documento interno de Sedena, coinciden con las que usó el presidente Andrés Manuel López Obrador en julio pasado para hablarle a las familias de los normalistas desaparecidos.
De hecho, el presidente AMLO prácticamente hizo suyas las palabras de la Sedena sobre el caso de Julio César López Patolzin: que era un joven con “deseo de superarse y convertirse en maestro rural” y que se le dieron las facilidades para ir a Tixtla “por su buena conducta”.
Sobre los pagos y entregas de información que Sedena evidencia en su reporte interno, López Obrador no dijo nada, ya sea por la omisión en el informe público de la Secretaría de la Defensa o porqué él mismo decidió ser omiso ante las mentiras de la cúpula militar.
Más contradicciones entre documentos de Sedena
- El informe que Sedena le entregó a López Obrador para ser presentado a las familias de los 43 normalistas desaparecidos tiene contradicciones más profundas con lo que esa misma dependencia asentó en su oficio elaborado el 21 octubre del 2014, casi un mes después de la tragedia.
Por ejemplo, el reporte interno de la Secretaría de la Defensa sobre López Patolzin no solo dice que se encontraba activo el 26 de septiembre de 2014; sino que a raíz de su desaparición se buscó “proteger su identidad” mientras intentaban localizarlo.
- El mismo documento agrega que en octubre de 2014, la Sedena seguía preocupada por mantener en reserva la identidad de López Patolzin y sus funciones en la Normal de Ayotzinapa, a fin de evitar que sus compañeros normalistas “tengan conocimiento de la identidad militar del sld en mención”.
- En el documento público de Sedena sobre el soldado de infantería en funciones de OBI se advierte que López Patolzin era “controlado por la Unidad a la que pertenecía, sin que haya generado algún reporte en el escaso tiempo que duró en el citado plantel sobre sus actividades en el mismo”.
También se advierte que el estudiante normalista tampoco presentó algún tipo de informe sobre los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, pero la Sedena omitió informarle al presidente sobre los “Mecanismo (sic) establecidos para mantener comunicación con el soldado de infantería Julio César López Patolzin, desplegado en el área de referencia”.
Es decir, que como OBI López Patolzin entregaba sus reportes sobre la Normal de Ayotzinapa a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, además de que se reunía con el Comandante de su pelotón cada cinco días.
- La Secretaría de la Defensa también le dijo al presidente López Obrador que el 26 de septiembre del 2014 “no tuvo conocimiento de que el soldado López Patolzin podría estar entre los estudiantes desaparecidos, sino hasta el 29 de septiembre, cuando su madre y hermana acudieron al 50/o Batallón de Infantería, solicitando el apoyo del personal militar para la localización de su familiar que se encontraba desaparecido”.
- Sin embargo, en su reporte interno Sedena señala que el 27 de septiembre del 2014, a las 14 horas, “se procedió a entablar comunicación con el soldado López Patolzin, con resultados negativos y por cuestiones de seguridad, no se le continuó marcando, esperando que el soldado López Patolzin lo hiciera”.
Los intentos de localizar al soldado desaparecido continuaron en los días posteriores, por lo que “se realizaron llamadas a su teléfono celular esporádicamente mandando directamente a buzón”.
Hasta la fecha, se desconoce el paradero del soldado Julio César López Patolzin: su misión en la Normal de Ayotzinapa duró apenas 36 días y su desaparición está por cumplir 10 años. /PUNTOporPUNTO
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