La Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) impidieron que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción accedieran a información sobre el desvío de recursos públicos en Segalmex y la extorsión de Odebrecht.
Esta falta de colaboración institucional ha dificultado que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) realice análisis e incluso exhortos sobre actos de corrupción en México, según Vania Pérez, consejera ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Obstáculos Institucionales para el Comité de Participación Ciudadana
El CPC es uno de los brazos que conforman el Sistema y está integrado por especialistas en el combate a la corrupción y la lucha por la transparencia. El presidente de este comité también lo es del SNA.
- A mediados del año pasado, de forma inédita, el CPC solicitó a las instancias que conforman el Sistema (SFP, CJF, Fiscalía Especializada, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Instituto Nacional de Transparencia y la Auditoría Superior de la Federación) la información que tuvieran en su poder sobre los casos de Segalmex y Odebrecht.
Argumentó que el artículo 21 de la Ley General del SNA permite al CPC “acceder sin ninguna restricción a la información que genere el Sistema”.
- De acuerdo con el medio ejecentral, quien tuvo acceso a las respuestas de cada una de las instituciones; la mayoría se negó a entregar lo solicitado. Solo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa entregó su archivo, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) proporcionó un enlace público sobre el caso Odebrecht.
Reacciones y consecuencias de la falta de Transparencia
En agosto de 2023, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Roberto Salcedo, contestó que aunque el CPC tiene las atribuciones para “acceder sin ninguna restricción a la información que genere el Sistema Nacional”, esto no implica que ese acceso le permita conocer todo tipo de información generada por las instituciones.
- El 29 de agosto pasado, la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, respondió que la información contenida en las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía General de la República no está al alcance del SNA, pues es reservada, excepto para quienes sean parte del proceso penal.
“Toda vez que la información de interés del Comité de Participación Ciudadana se encuentra en carpetas de investigación, existe una imposibilidad jurídica para entregarla. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los registros de investigación son estrictamente reservados, por lo que solo las partes del proceso penal podrán tener acceso a ellos con las limitaciones establecidas por esa norma”, precisó.
El Consejo de la Judicatura Federal, instancia del Poder Judicial, respondió que no está en posibilidades de atender la solicitud porque la ley solo permite al CPC acceder a información sobre la política de combate a la corrupción.
“En otras palabras, la citada atribución no se refiere a la información que, en su esfera competencial, generan las instituciones a las que pertenecen los integrantes del Comité Coordinador, cuyo mecanismo de acceso se rige por un marco constitucional, legal y normativo diverso”, añadió en una carta fechada el 30 de agosto y firmada por la magistrada Lilia López, representante del CJF.
- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa entregó los datos, pero respondió meses después de la solicitud, el 2 de febrero de 2024, con una lista de asuntos radicados en las salas regionales que están pendientes y resueltos, en los que Segalmex, Diconsa, Liconsa y Odebrecht son parte demandada o actora.
- También se hizo la solicitud a la Auditoría Superior de la Federación, pero no se tiene registro de su respuesta. Vania Pérez, integrante del CPC, confirmó a este medio que las instituciones públicas han “bateado” los requerimientos del Comité de Participación Ciudadana, lo que ha entorpecido el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Hay falta de voluntad política, un problema de origen que me parece muy grave, y es que los ciudadanos en el SNA, es decir, el Comité de Participación Ciudadana, no son considerados como iguales por las demás instituciones que conforman el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción”, lamentó.
- “Me parece que hay dos piezas que se han comprometido y nos acompañan en las reuniones: uno es el secretario de la Función Pública y otra es la fiscal especializada en combate a la corrupción. Pero, fuera de ellos, nadie más.
Para la consejera, esto es una muestra de que el embate al SNA no sólo proviene de factores o actores externos, como el presidente de la República, sino de los mismos integrantes del Sistema, quienes han debilitado el único mecanismo de coordinación creado para identificar, señalar y combatir actos de corrupción a nivel nacional.
- Según su historial, los 7 integrantes del Comité Coordinador del SNA sólo se han reunido una vez para hacer un exhorto, en 2018, cuando solicitaron a la entonces Procuraduría General de la República que entregara información sobre el caso Odebrecht.
Las claves del caso Segalmex
- El desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) asciende a 2,700 millones de pesos, por lo que se han presentado 156 denuncias en contra de exservidores públicos y particulares, informó el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo.
A principios de este mes durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presento un balance del daño patrimonial a Segalmex, el cual, de acuerdo con el titular del Ejecutivo federal, es el único caso de corrupción de su gobierno.
- “Segalmex es el único caso de corrupción que se presentó en el gobierno y queremos informar cómo va el proceso de recuperación de lo extraído de manera ilegal y el castigo a los responsables”, dijo el presidente. D
De acuerdo con el secretario de la Función Pública, de las fiscalizaciones de 2019 y 2020 se detectó un posible daño patrimonial de 9,500 millones de pesos, sin embargo, se aclararon y recuperaron 4,700.
- Las primeras advertencias sobre lo que pasaba en Segalmex saltaron en septiembre de 2019, cuando medios de comunicación informaron que la dependencia otorgó cientos de millones de pesos en contratos sin licitar.
- Fue así que en junio de 2020, René Gavira Segreste presentó su renuncia como director de Administración y Finanzas de Segalmex, luego de que fue señalado como el presuntamente responsable de haber otorgado dichos contratos de forma irregular.
Ese mismo año, en agosto, la bancada de Morena en el Congreso de Zacatecas —estado donde Segalmex tiene sus oficinas centrales— denunció que «altos funcionarios» del organismo habían repartido 5,000 toneladas de semilla de frijol basura a 110,000 campesinos.
- La polémica por los presuntos actos de corrupción en Segalmex creció aún más luego de que en julio de 2021, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que la dependencia otorgó 797 millones de pesos (mdp) a una red de empresas fachada que incumplieron con entregar herramientas como pesticidas, costales y lonas que servirían para proteger y almacenar granos como el maíz y el frijol.
En tanto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que ya investigaba al organismo por compras simuladas, desvío de subsidios, adjudicaciones directas a empresas fantasma y faltantes en inventarios.
- En agosto de 2021, MCCI ventiló una nueva polémica. De acuerdo con su investigación, el organismo había contratado como nuevo gerente de operaciones a Bernardo Fernández Sánchez, socio de Grupo Kosmos, un corporativo acusado de corrupción y lavado de dinero mediante el envío de alimentos a sobreprecio a Venezuela.
- A esto se suma que en febrero de 2022, en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2020, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Segalmex— por primeras vez— encabezó las irregularidades detectadas, que ascendían en ese entonces a 8,636 millones de pesos.
Estas irregularidades correspondieron a la adquisición y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, canasta básica, leche y subsidios de arroz, trigo y maíz; pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía establecidos para maíz y frijol; pagos sin acreditar la prestación del servicio de subcontratación de personal (outsourcing) y recepción de pesticidas; pagos fuera de la vigencia del contrato de servicios de flete; faltantes de maíz y frijol en inventarios y salidas de efectivo no identificadas con su concepto.
- Ante ello, López Obrador reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) había emprendido una serie de investigaciones por malos manejos de funcionarios de Segalmex, supuestamente desde antes de que la ASF presentará su informe.
- Dos meses después, en abril de 2022, la FGR informó que Gavira Sagreste —quien había renunciado a su cargo en Segalmex en 2021—, fue vinculado a proceso al ser señalado de comprar títulos bursátiles con recursos de este organismo agrícola.
Tras ventilarse que la FGR ya indagaba los presuntos actos de corrupción y la vinculación a proceso de unos de sus exfuncionarios, López Obrador relevó a Ignacio Ovalle Fernández de la dirección general del organismo y en su lugar designó a Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California.
Así, las investigaciones sobre este caso continuaron y en junio de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detalló que la FGR tenía un total de 15 carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos que ocasionaron un daño patrimonial a Segalmex durante los primeros dos años de operación del organismo. Mientras que al interior de la SFP estaban abiertos otros 17 expedientes de investigación. Para agosto, sumaban ya 38 denuncias presentadas ante la FGR.
Para noviembre de 2022, la SFP aseguró que las empresas relacionadas con las irregularidades en Segalmex comenzaron a devolver los montos de recursos involucrados. A la par, las denuncias por presuntas actos de corrupción aumentaron en los meses siguientes, pues para agosto de 2022, la SFP reveló que había ya 38 carpetas de investigación abiertas por los delitos de uso ilícito de facultades y atribuciones que ocasionaron presuntos daños de alrededor de 9,500 millones de pesos.
Luego se aclaró que era menor la cantidad de daños al erario.
Caso Odebrecht
A más de siete años de que el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht se dio a conocer, en México el caso está en proceso de esclarecer el entramado por el que se habrían dado al menos 10.5 millones de dólares (mdd) en sobornos a funcionarios mexicanos entre ellos, Emilio Lozoya Austin.
- De acuerdo con las primeras investigaciones, y lo que la Fiscalía General de la República (FGR) señala, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el principal benefactor de esos recursos ilícitos en México, aunque a nivel internacional ha involucrado a decenas de políticos, entre ellos expresidentes, de al menos 12 países en América Latina y África.
- El caso Odebrecht se destapó tras una investigación de corrupción de Petrobras en Brasil, llamada Lava Jato, que desembocó en la detención de Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa que lleva su nombre, en la que se descubrió que había un “departamento de sobornos” desde donde se dieron recursos a funcionarios en varios países a cambio de contratos para obras públicas.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que la constructora brasileña llegó a un acuerdo con autoridades de ese país, Brasil y Suiza, para reducir sus sanciones económicas y sentencias a cambio de dar detalles de los sobornos que dio a distintos funcionarios de varios países, entre ellos de México.
La constructora Odebrecht aceptó pagar multas por unos 3,500 mdd por su sistema de sobornos que incluyó a una docena de países latinoamericanos, así como Mozambique y Angola.
El Departamento de Justicia de EU reveló en diciembre de 2016 que la constructora brasileña dio sobornos por 10.5 mdd a un alto funcionario de Pemex que resultó ser Emilio Lozoya Austin. Señaló que ese dinero se recibió en una parte en octubre de 2013, cuando Odebrecht pagó 4.5 mdd, y de diciembre de 2013 a 2014, se hizo otro pago de 6 mdd.
- Después, tres exdirectivos de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva confesaron, como parte de un acuerdo para reducir sus condenas, que el principal beneficiario de los sobornos en México fue Lozoya.
- Meneses declaró que conoció a Lozoya en 2009, cuando era director para América Latina del Foro Económico Mundial, y que se reunió con él en 2011 cuando se enteró que Pemex haría una nueva refinería en Hidalgo.
- El brasileño aseguró que Lozoya le comentó que si el Partido Rrevolucionario Institucional ganaba las elecciones presidenciales de 2012, él tendría un cargo público importante. En ese entonces, se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto.
Durante las indagaciones en 2017, otro funcionario dentro del “departamento de sobornos” señaló que Odebrecht financió elecciones en El Salvador, Venezuela, Brasil, República Dominicana y Panamá, lo que levantó sospechas sobre la posibilidad de que haya sido así en México, durante las elecciones de 2012. En ese entonces, el gobierno federal rechazó que la campaña de Peña Nieto se haya financiado ilegalmente.
Emilio Lozoya y la corrupción en Odebrecht
Tras aproximadamente dos años de investigación y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, el exfiscal de delitos electorales en la administración de Peña Nieto, Santiago Nieto, y quien fue removido del cargo cuando tenía en sus manos el caso, retomó sus apuntes ahora como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y planteó que Lozoya era pieza clave en el caso Odebrecht en México.
Fue en julio de 2019 cuando la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, obtuvo órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, quien fue detenido en España en febrero de 2020, y cinco meses después extraditado a México para enfrentar cargos por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
- La Fiscalía sostiene que Lozoya recibió los 10.5 mdd: una fracción cuando aún era parte de la campaña del expresidente Peña Nieto, y otra, ya como funcionario. Según la acusación, dada a conocer en la primera audiencia, esos montos provinieron del llamado «departamento de sobornos» de Odebrecht, y sirvieron para la compra de una casa en Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero, a través de operaciones en las que están involucradas su hermana, su madre y su esposa.
- Lozoya, por su parte, aseguró que solo fue un instrumento de un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano, a quienes señaló desde el 11 de agosto de 2020 en su denuncia de hechos en la que involucró a exlegisladores y exsecretarios, e incluso al expresidente Enrique Peña Nieto.
En mensaje en video en ese entonces, el fiscal Alejandro Gertz Manero informó que Lozoya presentó una denuncia en la que señala al expresidente y a quien fue su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber gestionado millonarios sobornos que habían obtenido de la constructora brasileña Odebrecht, en el marco de las elecciones de 2012.
- Otros personajes que fueron acusados por el exdirector de Pemex son Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, José Antonio Meade, Ernesto Cordero, y Ricardo Anaya, quien fue citado a comparecer por la FGR, entre otros.
- Lozoya señaló a una serie de legisladores quienes habrían recibido sobornos a cambio de aprobar la reforma energética impulsada en la administración de Peña Nieto, cuando él era diputado federal.
Al respecto, la FGR giró una orden de aprehensión en contra del excandidato presidencial por los supuestos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En respuesta, Ricardo Anaya publicó un video en redes sociales en el que aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere meter a la cárcel con la finalidad de que no compita en las elecciones presidenciales de 2024.
Después de diferirse varias audiencias en las que se analizaría la supuesta participación de Lozoya, este asunto aún sigue pendiente. /Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
