Los PRO y MÁS CONTRAS de la Reforma Constitucional al PJ; expertos advierten VENGANZA

Los once ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatieron sobre la posibilidad de unirse al paro de labores en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

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La reforma constitucional al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es ya un hecho. En sólo 17 horas, pasó el primer filtro con la aprobación de la Cámara de Diputados para continuar su camino al Senado y a la espera del aval de 17 de 23 congresos estatales, mismos que cuentan con el control de Morena.

La corrupción y la lentitud en resolver los asuntos, así como los supuestos privilegios de los que gozan jueces y ministros, fueron los argumentos centrales del presidente para impulsar la reforma que busca remover a todos los jueces, magistrados y ministros y someter a elección popular a los nuevos integrantes del Poder Judicial, tema que es el centro de la polémica.

Advierten Expertos

Analistas coinciden en que el Poder Judicial necesitaba una reforma para hacer cambios profundos al sistema de acceso a la justicia, pero mientras unos señalan que los términos en que fue planteada por el Ejecutivo y aprobada por la Cámara de Diputados no resolverán la problemática, hay otros que señalan que la reforma tiene aspectos positivos, como el acabar con vicios que se tienen en las cúpulas.

  • Marisol Méndez, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, plantea, tras la aprobación con cambios, que no se advierte “nada positivo” en la reforma.

“Podrá haber algunos ajustes en algunos aspectos pero mientras se elimine la carrera judicial al ordenar que todos se van y se elige a los nuevos mediante voto popular, eso es hacer peligrar la independencia judicial”.

Desde que el presidente la propuso, el 5 de febrero, el planteamiento ha tenido cambios, una parte promovidos por él mismo y sus allegados, así como participantes de los foros que se realizaron en la materia, aunque ninguna modifica en esencia la propuesta.

  • El expriista y abogado César Augusto Santiago ve positiva la propuesta. En un foro al respecto, realizado el 18 de abril por la Cámara de Diputados, sostuvo que “el dinero echó a perder al Poder Judicial de la Federación” por lo que considera «era urgente una reforma».

«Están violando la ley que impide el nepotismo (…) lo hacen entre familia: la esposa, el sobrino, el tío administran la justicia. Por eso siempre damos la bienvenida a cualquier reforma que regrese el prestigio que alguna vez tuvo el Poder Judicial”, señaló entonces.

La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados y seguirá su ruta legislativa, mientra aquí te contamos algunos aspectos positivos y negativos de la propuesta.

La elección judicial

La reforma plantea elecciones para renovar a la totalidad del Poder Judicial: en 2025 para los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que en su lugar se elijan solo nueve.

  • En el caso de los magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, serán renovados de forma escalonada, primero los que están a punto de a jubilación, cuyos sustitutos se someterán a elección en 2025, y la otra mitad en 2027.
  • El magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas, presidente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, considera que se necesitan juristas que sepan la Constitución, que estudien, la lean y tengan seriedad para aplicarla, por lo que la elección «es una tontería»
  • “La elección lo que quiere es hacer del Poder Judicial la nueva versión de La Casa de los Famosos, nada más nos falta una Wendy, un Sergio Mayer. Aquí no queremos ni necesitamos ser populares”, advierte.

Para él, lo que se requiere es reforzar la carrera judicial a partir de amplios procesos de convocatoria, exámenes y escrutinio público, lo que ya existe.

  • El exdirector de la facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, expuso, también en el foro realizado por la Cámara de Diputados, que el acceso a la justicia no está limitada a la acción de los jueces y depende entre otros factores, por lo que la elección de juzgadores no remediará el problema de acceso a la justicia.

«Una elección no modificará el problema de impartición de la justicia pues ésta también depende de las fiscalías, policías, de los servicios periciales, de los jueces y del sistema penitenciario», indicó.

Lo positivo de las elecciones judiciales, en cambio, es expresado por el jurista y exdiputado priista Jaime Miguel Moreno Garavilla, quien opina que el voto popular acercará al Poder Judicial a la gente.

Considera que hay capacidad para tener un sistema electoral para esta elección. “Cada tres años elegimos a 1,133 diputados locales, cada tres años elegimos, pues a 2,477 presidentes municipales cada tres años elegimos a 500 diputados federales ¿por qué no vamos a elegir a 1,136 integrantes del Poder Judicial de manera gradual?”, dice.

La elección acordada, asegura, “fue gradual para ser prudentes y parcial para no perder la experiencia de los órganos de gobierno”.

Justicia lenta y nada expedita

Otra motivación de la reforma, según el presidente López Obrador, es que la justicia no es pronta ni expedita.

  • En este caso, la reforma incluye disposiciones para acortar tiempos en materia de justicia y todo juzgador estará obligado a resolver los casos de forma expedita, en un máximo de seis meses contados a partir de que conozcan de un asunto.
  • El plazo es de cuatro meses en delitos cuya pena máxima no exceda dos años de prisión y hasta un año para aquellos que excedan los 12 meses en cárcel.
  • Incumplir esos plazos obligará a los juzgadores a avisar al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) para justificar las razones, indica la minuta que ahora corresponderá al Senado analizar y en su caso aprobar.

José María Soberanes Díez, investigador titular B de la Universidad Panamericana, plantea que sí podría arrojar beneficios el que la reforma haya fijado plazos para la resolución de los casos, lo que es un punto positivo de la Reforma Judicial, partiendo del hecho de que pueden pasar años para que una persona tenga una resolución.

  • “Fijar tiempos es una cosa positiva, aunque se deberá cuidar que no por hacerlo rápido se haga mal, o hacerlas lento y bien. Se puede, se debe encontrar un justo medio, para que se hagan las cosas rápido y bien”, destaca.
  • Un ejemplo del atraso en resolución de casos es que 37.3 % de las 233, 277 personas privadas de la libertad en 2023 no tenían sentencia. Uno de los retos que enfrentará cumplir los plazos, es la sobrecarga con la que funciona normalmente el Poder Judicial.
  • “Hoy están sobrecargados, sin embargo, con una inversión en tener más juzgados en el país, o meter tecnología para a ayudar a solucionar los conflictos, creo que por ahí viene el remedio”, comenta.

Al respecto, el exdirector de la facultad de Derecho de la UNAM, Contreras Bustamante, sostiene que el 40% de los juicios rezagados son de origen familiar y 30% controversias civiles, por lo que la justicia está congestionada en conflictos entre familias, exsocios y amigos y el 30% es todo lo demás, por lo que considera que eso no se resolverá con la reforma.

Para Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, la reforma podrá proponer tiempos recortados, pero advierte que sin personal, infraestructura ni el acento en capacitación, no habrá cambios.

  • “Hemos estado pidiendo volteemos a ver a las fiscalías, a la justicia local pues sólo 5% de los casos son de ámbito federal, 95% es de ámbito local (…) ¿Cómo una fiscalía puede trabajar si no tiene tinta, ni papel para iniciar la investigación?….es necesaria inversión en infraestructura y sin ella no habrá resultados», señala.

Combate a la corrupción

En el discurso presidencial con la reforma se acabará con la corrupción en el Poder Judicial. Para ello se plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), como un Tribunal independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) y del Órgano de Administración de la Corte, que investigará irregularidades.

  • Para Laurence Pantin, directora general de la Fundación para la Justicia, el motivo es loable, pero la solución no, y podría ser riesgosa para la independencia judicial, es decir para la libertad de criterio que debe tener todo juzgador al emitir sus resoluciones, sin presiones indebidas.

Por ejemplo, las razones por las que ese TDJ puede sancionar a las personas juzgadoras no son causales ya establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino que “se incluyeron términos ambiguos como ‘actos u omisiones contrarios a la adecuada administración de justicia’, o a la ‘imparcialidad’ o ‘independencia’, y todos ellos dan pie a una interpretación a modo”.

  • Incluso una sentencia que no guste, sin parámetros ya previstos en ley y sujetos a decisión de quien integre ese TDJ podrá ser motivo de sanción, “por eso decimos que está ese riesgo de que los jueces sean investigados por el sentido de sus sentencias”.
  • Se suma a la preocupación el hecho de que ese TDJ “concentra las funciones de investigación, substanciación y resolución, contrario a lo establecido en los estándares internacionales y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

“Hay un error de diseño cuyas consecuencias podrían ser graves”, anotó la especialista: el TDJ será de tres integrantes, pero el pleno que resuelva sobre los casos que se proponga esa primera instancia será de cinco miembros –incluidos los tres del TDJ– por lo que no hay independencia entre la primera y la segunda instancia, y con ello no estará garantizado que los casos se resuelvan con garantías para las partes.

Un problema adicional de la reforma es que el órgano disciplinario también será electo por el por voto popular “es decir, mediante un proceso politizado, es extremadamente peligroso”, por lo que no se cuida la idoneidad de los perfiles, además de que no se prevén medidas disciplinarias si quienes queden al frente incurren en anomalías.

«En Europa no hay modelos judiciales como el de AMLO»

La reforma judicial propuesta por el gobierno de México no está inspirada en una administración de justicia imparcial, como es el caso de las democracias europeas, sino en un sentimiento de venganza contra la rama independiente de su administración que, a lo largo del sexenio, evitó decisiones de políticas públicas violatorias de la Constitución.

  • Esa es la conclusión a la que llega Mariana Velasco, catedrática en Derecho Constitucional Comparado en la Escuela de Derecho y Criminología de la Universidad Maynooth, en la República de Irlanda, al examinar la propuesta de normativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.
  • La experta dijo para el medio El Universal, que en Europa no hay ningún modelo igual al propuesto por el Mandatario mexicano, como la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
  • “La regla general son los sistemas de concursos para ser juez, que incluyen alguna forma de competición [como los exámenes], así como órganos especializados encargados de la selección”.

En varios países europeos, el órgano Legislativo suele desempeñar algún papel durante el proceso de selección de jueces, como sería la confirmación del cargo o la selección de los integrantes de órganos especializados.

Por lo tanto, la reforma enviada al Legislativo mexicano lejos de fortalecer al Poder Judicial socavará sus funciones y autonomía.

“La reforma judicial no fortalecerá el Poder Judicial. Todo lo contrario. La elección popular de jueces en el contexto mexicano debilitará al Poder Judicial porque cambia la lógica y los incentivos de las personas que aspiran a ser juzgadoras.

“La lógica e incentivos actualmente funcionan alrededor de la profesionalización y el mérito a través del sistema de carrera judicial, en el nuevo sistema [en donde la selección de las dos terceras partes de los candidatos a jueces serán determinadas por la presidenta y el Congreso] la lógica e incentivos funcionarán alrededor de las conocidas disfuncionales dinámicas electorales y de selección de candidatos del sistema de partidos en México, en donde el intercambio de favores y la disciplina son la principal moneda de cambio”.

  • En síntesis, destaca, la lógica e incentivos del sistema de elección de jueces será exactamente lo contrario a la independencia judicial que se requiere para aspirar a una administración de justicia imparcial.
  • Para la académica, lo enviado al Legislativo no tiene nada que ver con el genuino interés de un sistema imparcial e independiente.

La intención detrás de la reforma judicial es clara:

  • «Debilitar a la rama independiente de gobierno que a lo largo del sexenio del presidente López Obrador puso un alto decisiones de política pública violatorias de la Constitución, como lo fue el plan B [que buscaba debilitar al INE] o el intento de darle el control de la Guardia Nacional a la Sedena [acción de inconstitucionalidad 137/2022]”.

La International Bar Association manifiesta su preocupación

La International Bar Association (IBA) manifestó gran preocupación por la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalló que los cambios previstos a 16 artículos de la Constitución podrían afectar la independencia del Poder Judicial.

  • La Reforma Judicial no debería poner en riesgo la misión esencial de un poder judicial independiente, a saber, el derecho fundamental de todas las personas para recibir una administración de justicia independiente, profesional, y justa, reconocido por la Constitución de México”, destacó en un pronunciamiento.
  • La International Bar Association añadió que deben tenerse en cuenta las consecuencias de quebrantar la independencia del Poder Judicial, pues ello afectará el Estado de derecho, este último el cual promueve un crecimiento económico sostenible.

Los tiempos en los que está trabajando para la Reforma Judicial resultan preocupantes considerando las dudas que genera sobre cualesquiera potenciales beneficios”, advierte.

Precisa que la iniciativa de reforma requiere de una revisión y un estudio amplio y cuidadoso. Expone que al haber demasiado en juego “no hay prisa”.

  • La IBA recomienda con la mayor firmeza que se considere la Reforma Judicial a la vista del derecho fundamental de los mexicanos a una justicia independiente y del cumplimiento de la normativa internacional. Esto aseguraría que el poder judicial cuente con los mejores profesionales completamente independientes, en beneficio de la sociedad mexicana.”

La reforma al Poder Judicial prevé modificaciones en 16 artículos de la Constitución. Su principal premisa es la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Se prevé que este martes la Cámara de Diputados realice la discusión en lo general y el miércoles la discusión en lo particular.

¿Reforma Judicial pone en riesgo la impartición de justicia en México?

Sofía Ramírez, presidenta de ‘México, ¿cómo vamos?’, habló de: ¿la reforma al poder judicial pone en riesgo la imparcialidad en la impartición de justicia en México?

  • La economista habló de la percepción del sector privado a partir de la encuesta que levanta el Banco de México de manera mensual sobre las preocupaciones del clima de negocios e inversión en el país.

“La política interna es el mayor riesgo para el crecimiento económico, según esta encuesta que se publicó el día de ayer, puesto que, con los datos de agosto, una quinta parte de los encuestados y las encuestadas expresó preocupación al respecto, es decir, el 21% de las personas encuestadas consideraron que la incertidumbre de política interna tiene a más del 20% preocupado”, dijo.

Resaltó que hace unos meses lo que más tenía preocupados a los inversionistas y al sistema financiero era la inseguridad pública, la corrupción, “vaya había otros rubros que eran más relevantes que la incertidumbre de política interna, y otro de los grandes pendientes que está en cuesta es que 63% de los encuestados considera que actualmente es un muy mal momento para invertir en México”.

  • Agregó que el porcentaje se duplicó y amplificó, por lo que 63% de los encuestados consideran que es más alto el riesgo para invertir, “si tuviéramos la capacidad de garantizarles las inversiones que las reglas del juego en México se cumplen (…), entonces tendríamos por lo menos una mejor expectativa respecto a si es un buen momento o no para invertir en México”.
  • “Por lo pronto este dato de 63% se considera que es un mal momento para invertir en México, son malas noticias, no tal vez en lo inmediato, pero sí de haber perdido la oportunidad de aquí hacia adelante, en tanto no se cambie esta percepción de mal momento para invertir”, dijo.

Escucha a Sofía Ramírez, directora de ‘México, ¿cómo vamos?’, que respondió: ¿la reforma al poder judicial pone en riesgo la imparcialidad en la impartición de justicia en México?

Reforma Judicial: puntos clave y controversia

  • La reforma judicial propone una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reduciendo su número de integrantes de 11 a 9 y el periodo de encargo de 15 a 12 años.
  • Se eliminarán las dos Salas, y la Corte solo sesionará en Pleno, con sesiones públicas. También se eliminará la pensión vitalicia para los ministros y sus remuneraciones se ajustarán al tope máximo del Presidente de la República.
  • Además, se establece la elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces, promoviendo la legitimidad democrática. Se sustituirá el Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos y disciplinarios independientes.
  • Por último, se implementarán nuevas reglas procesales para asegurar una justicia más expedita, con plazos máximos para la resolución de asuntos y la prohibición de suspensiones contra leyes con efectos generales.

Cambios generales propuestos en la Reforma judicial

  • Reducción de ministros: De once a nueve.
  • Periodo de encargo: De 15 a 12 años.
  • Eliminación de Salas: La Corte solo sesionará en Pleno.
  • Fin de pensión vitalicia: Ajuste salarial al tope del Presidente y supresión de pensiones vitalicas.
  • Elección popular: Ministros, Magistrados y Jueces serán electos.
  • Sustitución del Consejo de la Judicatura: Nuevos órganos independientes.
  • Justicia más rápida: Nuevas reglas procesales y prohibición de suspensiones contra leyes.

¿Cómo se elegirán los magistrados y jueces?

La elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces se llevará a cabo de la siguiente manera:

  • Candidaturas: Se propondrán candidaturas paritarias a nivel nacional, con un total de 30 candidaturas. Estas serán propuestas por los tres Poderes de la Unión:

– El Poder Ejecutivo propondrá hasta diez candidaturas.

-El Poder Legislativo propondrá hasta cinco candidaturas por cada Cámara (Diputados y Senadores), por mayoría calificada.

-El Poder Judicial propondrá hasta diez candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de seis votos.

  • Elección de Magistrados y Jueces: Para los mil 633 Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales durante las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo (dos por cada Poder de la Unión).
  • Proceso electoral: El Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley, y el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), en caso de aprobarse igualmente la reforma electoral que modifica la estructura del INE a INEC, organizará la elección. Las campañas electorales durarán 60 días, sin etapa de precampañas, y no se permitirá el financiamiento público o privado.
  • Resolución de impugnaciones: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo en el caso de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la SCJN.

¿Cuándo serán las elecciones?

Asimismo, en el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados se asegura que la primera elección extraordinaria se realizará en junio de 2025 para la renovación de los nueve ministros de la SCJN conforme a su nueva integración y la totalidad de los magistrados de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como las magistraturas vacantes de la Sala Superior.

  • Mientras que en 2027 sería la primera elección ordinaria para elegir las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y la mitad restante de los cargos de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito. Asimismo, se plantean tres períodos de duración de los ministros de 8, 11 y 14 años, mientras que de jueces y magistrados de 9 años.

En adición a lo anterior, el dictamen aprobado prevé que las Magistradas y Magistrados de Circuito y las Juezas y Jueces de Distrito que se encuentren en funciones puedan ser electos en su mismo cargo para un nuevo período sin necesidad de participar en los procesos de evaluación y selección de postulaciones.

Las elecciones ordinarias estarán coordinadas con las elecciones federales intermedias y sexenales.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

En el dictamen de la reforma judicial aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados establece los siguientes requisitos para quienes aspiren a ocupar alguno de los cargos judiciales: 

  • Promedio mínimo de ocho a nueve en materias afines al cargo
  • Tener experiencia de 5 años en materias afines al cargo
  • Elaborar ensayos sobre sus propuestas para el cargo
  • Entregar cinco cartas de referencias, pueden ser de sus vecinos o colegas.

Mientras que los ministros y magistrados que estén en funciones tendrán la posibilidad de participar en la elección sin requisitos adicionales ni evaluaciones. Podrán aspirar a la repetición de cargo o a uno mayor.

¿Cómo se evaluarán a los jueces y magistrados electos?

Quienes resulten electos como jueces y magistrados federales serán evaluados por el Tribunal de Disciplina en el primer año de su cargo a través de una evaluación. En caso de reprobar, tendrán el derecho de cursar capacitaciones para repetir el examen. Sin embargo, si vuelven a reprobar, entonces se procederá a su suspensión o inhabilitación.

Jueces sin rostro 

En el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados se incluye la figura legal de los jueces “sin rostro” para casos vinculados al crimen organizado, la figura, sostiene el dictamen, se establece para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras en casos relacionados con la delincuencia organizada.

Esto significa que, en situaciones donde la seguridad de los jueces pueda estar en riesgo debido a la naturaleza de los delitos que están tratando, se podrán implementar medidas necesarias para proteger su identidad. Este procedimiento será regulado por la ley, asegurando que se mantenga la integridad del proceso judicial mientras se protege a los funcionarios involucrados.

Controversia por juzgadores sin identidad

La figura de “Jueces sin rostro” ha sido usada en otros países como Perú, donde se ha documentado la violación de derechos humanos a través de esta figura jurídica. Especialmente, en dicho país se aplicó la figura para casos de “terrorismo” en relación a los militantes o involucrados con el Partido Comunista de Perú (Sendero luminoso).

  • En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos trató el caso de la señora J., como se identifica a la víctima para proteger su identidad, que fue secuestrada por la policía de Perú mientras se sembraron pruebas falsas en su domicilio para relacionarla con el órgano de difusión del Sendero Luminoso.
  • Tras ello, por los delitos de los que se le acusaban (terrorismo y asociación delictiva contra el Estado) su caso quedó asignado a un fiscal y un tribunal sin identidad que llevó a cabo las sesiones sin que la acusada pudiera impugnar las sentencias. A pesar de que la acusada logró huir del país para ser asilada política en Reino Unido, el caso sigue abierto en Perú con órdenes de aprehensión en contra de la señora J.

En 2013, la Corte Interamericana de Derechos humanos ha identificado que esta figura judicial viola los convenios internacionales por los siguientes puntos:

  • Falta de transparencia: los acusados no pueden valorar si el juez es realmente imparcial, así como su competencia en el caso.
  • Imposibilidad de impugnar: al desconocerse la identidad del juez que lleva el caso, los acusados no podrán impugnar contra la sentencia o el juez que la haya emitido la sentencia .
  • Violación de derechos: la participación de fiscales anónimos viola aún más el derecho a un juicio justo, ya que los acusados ​​no pueden defenderse adecuadamente contra figuras judiciales no identificadas.

Objetivos de la Reforma Judicial, según el dictamen

  • Eficiencia: Mejorar la eficiencia en el funcionamiento del Poder Judicial, asegurando que los procesos judiciales sean más ágiles y efectivos.
  • Austeridad: Promover la austeridad en la administración del Poder Judicial, reduciendo costos y eliminando beneficios innecesarios, como la pensión vitalicia para los Ministros
  • Transparencia: Aumentar la transparencia en las operaciones del Poder Judicial, garantizando que las sesiones de la Suprema Corte sean públicas y que las decisiones sean accesibles y comprensibles para la ciudadanía.
  • Legitimidad democrática: Fortalecer la legitimidad democrática de los impartidores de justicia mediante la elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces, lo que busca que estos funcionarios sean más responsables ante la ciudadanía.
  • Independencia y objetividad: Asegurar que los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial sean independientes, lo que contribuirá a una administración de justicia más objetiva e imparcial.
  • Justicia expedita: Implementar nuevas reglas procesales que permitan una justicia más rápida y eficiente, equilibrando los poderes y garantizando el acceso a la justicia para todos.

Diversas organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz para advertir sobre los peligros que implica la iniciativa y para exigir una reforma que realmente fortalezca el acceso a la justicia y combata la impunidad, sin comprometer la independencia judicial.

  • El colectivo La Justicia Que Queremos, junto con otras organizaciones como México Evalúa, Impunidad Cero y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por las violaciones a la independencia judicial que podría ocasionar la reforma.
  • Según el documento, uno de los puntos más controversiales es la selección de jueces y magistrados mediante voto popular, una medida que, argumentan, contraviene estándares internacionales y pone en riesgo la imparcialidad de las decisiones judiciales.

Las ONGs destacaron que la elección popular de personas juzgadoras podría abrir la puerta a la politización de la justicia, afectando la neutralidad que se espera de quienes imparten justicia en el país. En su posicionamiento, señalaron que la reforma propuesta podría permitir que decisiones judiciales se tomen bajo presiones políticas o económicas, en lugar de estar basadas en la ley y la Constitución.

Además, el comunicado puso en duda la viabilidad del proceso de selección por voto popular, tanto en términos logísticos como de costos. Según lo presentado, el análisis de las organizaciones, se necesitarían más de 10,000 candidatos para cubrir los cargos de jueces y magistrados a nivel federal y local, lo que resultaría en un proceso complejo y confuso para el electorado.

Otro punto crítico en el que hicieron hincapié es la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes también serían elegidos por voto popular. Las organizaciones civiles advierten que esto podría ser una herramienta de control político sobre las decisiones judiciales, dada la amplitud y ambigüedad de las causales de sanción que el tribunal podría imponer a las personas juzgadoras.

Ante este panorama, las organizaciones realizaron un llamado enérgico a la nueva legislatura para que escuche la diversidad de voces y asegure que cualquier reforma al Poder Judicial fortalezca su independencia y garantice el acceso efectivo a la justicia para todas y todos los mexicanos. Asimismo, se solidarizaron con los trabajadores del Poder Judicial que han iniciado un paro de labores en protesta contra la reforma.

Mayoría de Ministros se suma a paro en ambiente de encono

Los once ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatieron sobre la posibilidad de unirse al paro de labores en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

  • Esta protesta, que comenzó el 19 de agosto, se opone a la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
  • De acuerdo con los reportes preliminares de la reunión privada, ocho votaron a favor del paro total, mientras que tres se manifestaron en contra.
  • La decisión representa un momento histórico, ya que es la primera vez que la SCJN se une a un paro total de labores.

¿Quiénes son los 8 ministros que votaron a favor?

8 ministros que votaron a favor de sumarse al paro total de labores en la SCJN

  1. Norma Lucía Piña Hernández
  2. Javier Láynez Potisek
  3. Juan Luis González Alcántara Carrancá
  4. Ana Margarita Ríos Farjat
  5. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mina
  6. Jorge Mario Pardo Rebolledo
  7. Alberto Pérez Dayán
  8. Luis María Aguilar Morales

Ministras en contra se reunieron en Privado

Las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz fueron las únicas en votar en contra del paro.

Las tres se encerraron en la oficina de Yasmín Esquivel Mossa, para posteriormente compartir en un comunicado su postura sobre los resultados de la votación: “Justicia suspendida, es justicia denegada”.

¿Qué sigue para la SCJN?

La SCJN emitió un comunicado oficial sobre la duración del paro que confirma el inicio del paro de labores y los nombres de los ministros que votaron a favor.

  • El comunicado establece que no se celebrarán las sesiones de las Salas programadas para el miércoles 4 de septiembre ni las del Pleno para el jueves 5 de septiembre.
  • No obstante, se mantendrán guardias para garantizar que los plazos legales continúen hasta el lunes 9 de septiembre.
  • También se informó que la tramitación de asuntos urgentes seguirá según el criterio de las Ministras y Ministros de la SCJN.

El Pleno se reunirá nuevamente el próximo lunes para evaluar la situación y decidir los pasos a seguir.

¿Cómo afectaría a los ministros la Reforma Judicial?

Si se aprueba, esta reforma cambiaría significativamente la forma en que se eligen los ministros de la Corte. Según el Plan C, la reforma establece un proceso que otorga mayor poder al Ejecutivo.

En lugar del proceso actual, que incluye la participación del Senado y otros mecanismos de control, el nuevo esquema propone una selección mediante el voto popular.

Amaga Marea Rosa con resistencia civil pacífica

Parte de la Marea Rosa amagó con emprender acciones de resistencia civil pacífica si la reforma judicial es aprobada.

«Tendremos que ir por acciones de resistencia civil pacífica. No es fácil que Morena se quede con todo y que nosotros nos quedemos cruzados de brazos», advirtió el empresario Claudio X. González, de la agrupación Unidos.

  • Previo a la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, en una sede alterna, Unidos llamó a la población a concentrarse en torno al Senado de la República para unir los esfuerzos de persuasión contra la reforma.
  • Claudio X. González y la abogada Ana Lucía Medina apremiaron a los 43 senadores de Oposición a no dar su brazo a torcer e impedir con su voto que prospere la reforma, en la lógica de que en la Cámara alta la mayoría de Morena necesita de un voto para aprobarla.

Unidos formó un democrátometro con los rostros de los 43 senadores de Oposición para pedirles un video con el que se comprometan a votar en contra.

  • Hasta el momento, solo seis de los 43 legisladores se han comprometido: Marko Cortés, Lilly Téllez, Francisco Ramírez Acuña, Enrique Vargas, Verónica Rodríguez y Guadalupe Murguía.

«Pueden vestirse de héroes si honran el compromiso con sus votantes y evitar que México entre a una era de oscurantismo autoritario», planteó el empresario.

«Estamos a un senador de que Morena pueda aprobar la reforma. La Oposición tiene 43 senadores y tienen que responder a la ciudadanía», agregó Medina.

  • Unidos informó que colocará un par de pantallas gigantes alrededor del Senado para presentar los rostros de los senadores y dar cuenta de los que se comprometan a votar contra la reforma.

Exhiben en la mañanera a jueces que dieron amparos contra Reforma Judicial

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, brindó el penúltimo informe de “Cero Impunidad”, en el que detalló el caso de los dos jueces que dieron un amparo para suspender la reforma judicial.

El primer caso se trata de la jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, concedió una suspensión de oficio a diversos jueces federales que promovieron un amparo contra la Reforma al Poder Judicial que se discute en la Cámara de diputados, pues considera que ésta podría generarles un daño de imposible reparación.

  • Bucio indicó que el efecto de esta suspensión es para que, el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa que reforma adiciona y deroga la Constitución Federal con respecto al Poder Judicial (el cual ya fue discutido y aprobado en 26 de agosto de 2024 por la Comisión de Puntos Constitucionales) no surta efecto para los quejosos.
  • Y el otro caso involucra al juez tercero de distrito en el Estado de Chiapas, Felipe V Consuelo Soto, otorgó una suspensión de oficio a otros jueces federales que promovieron un amparo contra la reforma al Poder Judicial para evitarle daños y perjuicios de difícil reparación.
  • El funcionario detalló que los efectos de la suspensión serían para que el H Congreso de la Unión se abstenga de enviar el dictamen a las Legislaturas de los Estados y de la CDMX para la aprobación correspondiente, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en este amparo.

En cuanto a los casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes, reportó que los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Jalisco, otorgaron un amparo el 13 de agosto de 2024 a 13 personas, aparentemente asociadas al CJNG, para dejar sin efecto al aseguramiento que realizó la FGR en noviembre de 2021. /Agencias-PUNTOporPUNTO

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