A10 AÑOS del DERRAME MINERO sobre el RÍO SONORA, la empresa GRUPO MÉXICO sigue IMPUNE

Una década después del derrame de 40 millones de litros de residuos tóxicos de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México en la cuenca del río Sonora, la remediación de los graves daños sigue pendiente en las ocho comunidades afectadas. Lo niveles de metales pesados como aluminio, antimonio, arsénico y bario continúan altos en las aguas del cauce.

• Los lugareños exigen justicia y reprochan que a pesar de los estragos que dejó el que es considerado por las autoridades el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, ocurrido el 6 de agosto de 2014, el consorcio de Germán Larrea sigue acaparando el líquido de la región para utilizarla en la mina de cobre más grande del país.
• Según el dictamen de diagnóstico ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se comprobó la severa contaminación en la cuenca y, pese a ello, las autoridades no han cumplido con la promesa de proporcionar agua libre de metales pesados, mediante plantas potabilizadoras, a los habitantes de poblados aledaños al río Sonora.

Los muestreos realizados en noviembre y diciembre de 2023 en 13 de los 27 sitios visitados superan los límites permisibles para aluminio, arsénico, hierro, manganeso y mercurio.

El documento oficial responsabiliza a Grupo México de afectar con sus desechos ese caudal de la sierra norte de Sonora: Los resultados muestran la persistencia de una contaminación crónica derivada de la actividad minera en la región.

• Estos hallazgos confirman que, desde la perspectiva de los sedimentos, no ha habido ninguna remediación ambiental efectiva en la zona. Lo más alarmante es la presencia de mercurio en todas las muestras de sedimento, a pesar de que este elemento no está presente de forma natural en la geología de la región. Esto sugiere una contaminación muy por encima de los niveles geológicos naturales del sitio, se puntualiza en el dictamen de la Semarnat.

Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) solicitaron a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no olvidar a los pobladores afectados y que no permita que la empresa del segundo hombre más rico de México, siga intoxicando su gobierno.

Grupo México, evasivo

Criticaron que durante dos administraciones federales, la empresa responsable de dicho desastre ambiental ha evadido reparar los daños que ocasionó y las multas e indemnizaciones que ha realizado no han cubierto en su totalidad los efectos directos, indirectos y acumulativos en la población, los ecosistemas y la economía, ni los costos de supervisión y atención de la salud y la calidad de las matrices ambientales y de salud.

“Quienes vivimos cerca del río tenemos en nuestros cuerpos altos niveles de plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados; hemos perdido amigos y familiares por las enfermedades que causan estos contaminantes, y nadie nos ha dado atención a la salud especializada en toxicología», denunciaron los lugareños perjudicados.

En este contexto, los CCRS pidieron a Sheinbaum Pardo que su administración sea diferente y actúe con firmeza para garantizar justicia y reparación de daños a los pueblos del río Sonora.

• La solicitud incluye la aplicación de medidas urgentes para descontaminar el río, proporcionar atención médica adecuada y especializada, y asegurar que Grupo México cumpla con sus obligaciones legales y morales.
• Las muestras de sedimentos tomadas cerca de la mina Buenavista del Cobre tuvieron concentraciones de cobre que superan más de 187 veces las concentraciones naturales asociadas a la geología de la zona. El estudio subraya la gravedad de la contaminación provocada por la actividad minera en la región.

La falta de atención médica especializada ha dejado a las víctimas en situación de vulnerabilidad extrema, mientras continúan padeciendo enfermedades relacionadas con la exposición a metales pesados.

• Martha Patricia Velarde, integrante de los CCRS, reprochó que las autoridades responsables siguen sin cumplir con sus obligaciones, comparten información errónea y evaden las sentencias judiciales, aun cuando sí hay reuniones con directivos del consorcio propiedad del magnate Germán Larrea.
• El compromiso de remediación, reparación y no repetición para las localidades de los ríos Sonora y Bacanuchi sigue pendiente, pese a que en 2021 estableció el Plan de Justicia para Cananea con el propósito de establecer un programa integral. Los lugareños afectados con el desastre ecológico siguen sin recibir atención médica adecuada, batallan para tener agua potable y la poca a la que acceden está sucia.

Las citas en las unidades familiares e incluso en el Hospital General de Hermosillo son atendidas por un médico general; no hay un especialista para cada una de las afectaciones, nos recetan paracetamol para un tema serio. Hemos perdido a muchos de nuestros parientes, amigos, colaboradores, explicó una habitante de Baviácora.

El dictamen de la Semarnat sustenta que la minera acapara 57 por ciento del volumen concesionado del líquido subterráneo en la región; además, los acuíferos están sobrexplotados, lo cual no se debe a la sequía sino a la actividad minera.

En las tomas domiciliarias, el arsénico está presente en todos los sitios de muestreo. Aunque los niveles detectados están por debajo del límite permisible, su presencia es preocupante, ya que este metaloide es utilizado en procesos mineros y tiene un potencial impacto negativo en la salud de las personas. Así, estos resultados, en conjunto, demuestran una situación crítica de polución ambiental en el cauce.

• Las demarcaciones perjudicadas continúan a la espera de acciones concretas y efectivas de remediación por las autoridades y la empresa responsable, que hasta ahora no han cumplido con sus promesas de garantizar un ambiente sano y agua libre de metales pesados para los habitantes de los municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Cananea, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.

El 6 de agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a un afluente del río Sonora; los tóxicos, provenientes de una presa de jales; afectaron a más de 22 mil residentes de ocho municipios y 37 comunidades de la sierra norte de Sonora.

En tanto, el consorcio de Larrea aumenta la producción de cobre y sus ganancias multimillonarias a costa de la salud de los pobladores de la región y del ecosistema.

Persiste falta de acción en río Sonora: comunidades

A más de dos años de la puesta en marcha del Plan de Justicia Cananea-Río Sonora, persiste la falta de acción y coordinación por parte de las autoridades y lo más alarmante es que la Comisión Nacional del Agua reportó que persisten niveles preocupantes de metales pesados en el agua de la cuenca.

• Esta situación se presentó en 13 de los 27 sitios muestreados en noviembre y diciembre del 2023 por la Conagua, la cual encontró que superan los límites permisibles para aluminio, arsénico, hierro, manganeso y mercurio, dijeron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), personas de 37 comunidades afectadas por el derrame de agosto de 2014 en la mina de Buenavista del Cobre de Grupo México.
• Recordaron que el 28 de febrero, se reunieron con autoridades estatales y federales para dar seguimiento a los diálogos de remediación, reparación y no repetición para las comunidades de los ríos Sonora y Bacanuchi, como parte del Plan de Justicia establecido en 2021, pero “siguen sin cumplir con sus obligaciones; comparten información errónea; no acatan las sentencias judiciales y evaden reuniones, aunque sí se reúnen con Grupo México para negociar”.

Advirtieron que durante casi una década se ha comprobado la grave contaminación en el agua de la cuenca y aún así las autoridades siguen sin cumplir la promesa de proporcionar agua libre de metales pesados a las comunidades por medio de plantas potabilizadoras.

Agregaron que además de las “graves situaciones relacionadas con la salud y el agua”, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sigue sin cumplir su compromiso de convocar y dar seguimiento a las mesas de diálogo, a pesar de que es la entidad responsable de coordinar este Plan y monitorear todos los procesos.

A las autoridades de Semarnat, Salud, Trabajo, y Gobernación, “les decimos que no basta con presentar análisis y dictámenes, es preciso que esto se traduzca en acciones concretas que garanticen el acceso a un ambiente sano”.

Río Sonora y Grupo México salpican a la UNAM

El Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pudo comprobar la erogación de sólo 8 millones 699 mil 912 pesos de los 14 millones 597 mil 500 que recibió para evaluar los daños del derrame causado por Grupo México en el Río Sonora.

La bolsa de recursos que se entregó a la máxima casa de estudios del país, sin embargo, fue mayor: de 50 millones, que ejercieron otras dependencias universitarias. El convenio obligó a la institución a guardar “estricta y absoluta confidencialidad” de los trabajos y sus resultados.

• Entre los integrantes del Comité Técnico del Fidecomiso Río Sonora se encontraba el doctor en Ecología César Augusto Domínguez Pérez Tejada, a la sazón director del IE de la UNAM. Bajo sus auspicios se vinculó el Fideicomiso con el Instituto y, particularmente, con el recién inaugurado Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (Lancis).

Lo anterior, sin que los investigadores adscritos tuvieran experiencia alguna en contaminación por derrames ni hubieran realizado trabajos en la zona.

• El convenio de colaboración entre la UNAM y Nacional Financiera (Nafin), ésta última como fiduciaria del Fidecomiso 80724 (Río Sonora), fue firmado el 20 de febrero de 2015. El documento, del cual Contralínea posee copia, establece en su cláusula segunda un pago a la Universidad como contraprestación por 50 millones de pesos.

Por su parte, la institución académica se comprometió a una serie de productos y trabajos que integrarían un “Diagnóstico Ambiental y Propuesta de Remediación-Reparación-Compensación en la Cuenca del Río Sonora Afectada por el Derrame del Represo ‘Tinajas 1’ de la Mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora”. Para ello, trabajaría el “Sistema ambiental regional, subsistema abiótico, subsistema biótico, subsistema económico e integración”.

• Por Nafin firmó Raúl Abraham Gómez Ramírez, en su calidad de delegado fiduciario. Por la UNAM, aparecen las firmas de Carlos Arámburu de la Hoz, quien ostentaba el cargo de coordinador de la Investigación Científica, y Elena Centeno García, entonces directora del Instituto de Geología.
• Y es que los recursos se entregaron precisamente a este instituto, por medio de tres pagos a una cuenta de la UNAM abierta en una sucursal del banco BBVA Bancomer.

El convenio aceptado por la UNAM con una cláusula de “estricta confidencialidad”, sin embargo nada dice de la posibilidad de alertar sobre la salud humana en caso de detectarse riesgos, como finalmente ocurrió.

• La Universidad sólo entregó como producto un informe final: Evidencias de las afectaciones a la integridad funcional de los ecosistemas del Río Bacanuchi y el Río Sonora por el derrame de la mina Buena Vista del Cobre: avances del diagnóstico ambiental.
• El documento, aún con los limitados alcances que le marcó el convenio, sí evidenció un desastre para toda la vida de la región. Finalmente, ni siquiera sería tomado en cuenta para, en 2017, el cierre del Fideicomiso. La UNAM guardó silencio.

Recursos públicos, sin destino claro

De los 50 millones de pesos, que según el convenio se entregaron a la Universidad, 14 millones 597 mil 500 se le destinaron al Lancis del IE. Los otros 35 millones 402 mil 500 quedaron a cargo del Instituto de Geología. De la transferencia de recursos por la cantidad señalada, da cuenta el oficio IECO/SECTEG-ET/012/2022, emitido por la UNAM a una solicitud de información.

• En el documento se señala: “El monto asignado al Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, del Instituto de Ecología de la UNAM como parte del CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA UNAM Y NACIONAL FINANCIERA, FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO 80724 RÍO SONORA fue de $14,597.500.00” (sic).
• Y de esa cantidad, más de la mitad fue asignada los rubros “Remuneraciones adicionales” (4 millones 52 mil 200 pesos) y “Otros servicios comerciales” (4 millones 603 mil 380.21 pesos). El desglose está contenido en el oficio IECO/SECTECG-ET/013/2022, del cual Contralínea posee copia.

Muy por debajo se encuentran otras partidas, como “Artículos, materiales y útiles diversos”, con 1 millón 849 mil 455.45 pesos; o “Equipo e instrumental”, con 1 millón 367 mil 850.24 pesos.

• El Lancis, en específico, participaría en la delimitación del Sistema Ambiental Regional, en el mapeo e integración de la información y en la determinación del estado base, así como en el establecimiento de indicadores de calidad y toxicidad del agua y el suelo. También colaboraría en la evaluación de afectaciones a la biodiversidad.
• Según el oficio IECO/SECTECG-ET/014/2022 fueron cuatro los investigadores del Lancis que participaron en los trabajos e investigaciones desarrollados: los doctores Luis Antonio Bojórquez Tapia, Ana Elena Escalante Hernández, Marisa Mazari Hiriart y Ana Cecilia Espinosa García.

Recibieron en conjunto 8 millones 699 mil 912.79 pesos por conceptos como honorarios, viáticos, pasajes aéreos, gastos de trabajo de campo, servicios de reparación, otros servicios comerciales, primas de seguros y finanzas; artículos, materiales y útiles diversos; mobiliario, equipo e instrumental menores; equipo e instrumental, y equipo de cómputo.

De lo anterior dan cuenta dos tablas tituladas “Gastos ejercidos por investigadores proyecto ECO-IE 456”, incluidas en el oficio IECO/SECTECG-ET/015/2022.

• La UNAM no informó del destino del resto de los recursos entregados al Lancis del IE por 5 millones897 mil 588 pesos.
• Además, la UNAM no ha informado de otros productos que debió entregar con el cierre del Fideicomiso en 2017. Entre ellos una base cartográfica digital y una delimitación del Sistema Ambiental Regional, para el que se destinaron 2 millones de pesos y que debía entregar en un plazo de 9 meses.

También, una modelación geoespacial dinámica y una plataforma de geovisualización, por las que se le entregaron 3 millones y debía cumplir en una plazo no mayor de 12 meses.

Al momento de la firma del convenio, los investigadores del Lancis del IE no contaban con experiencia en el ramo; tampoco tenían a la región dentro de sus zonas de trabajo de campo. Otras dependencias de la UNAM, con investigadores expertos en jales y derrames mineros fueron ignoradas. Todo se entregó a la dependencia que encabezaba César Augusto Domínguez Pérez Tejada quien, al mismo tiempo, era integrante de Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora.

Desastre ecológico, ocultado

• Aún con las limitaciones de los trabajos que realizó la UNAM, el diagnóstico entregado da cuenta, “de manera clara y manifiesta”, de profundos “daños al estado base de los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las condiciones químicas, físicas y biológicas” en la cuenca de los Ríos Sonora y Bacanuchi.

El documento establece “evidencias concretas de daño al ambiente” en la fase crónica exacerbada del derrame:

“Alteración adversa del estado base de los ecosistemas, que se manifiesta en las concentraciones de metales pesados mayores a los valores de fondo en suelo y sedimento en el Río Bacanuchi a seis meses y un año después del derrame; y el patrón de concentraciones máximas de metales pesados que se trasladan de norte a sur a lo largo del cauce del Río Bacanuchi y del Río Sonora, durante un periodo de 70 días posteriores al derrame. [Sic]

• “Afectación adversa al hábitat acuático, que se manifiesta en el cambio de la estructura poblacional de [especies de] peces endémicas y amenazadas; el cambio en la estructura poblacional se observa con la ausencia de estadios juveniles un año después del derrame. [Sic]
• “Deterioro de los ecosistemas ribereños, que se manifiesta en la alta mortalidad de árboles ribereños sobre el arroyo Tinaja 1, a 13 km [kilómetros] al sur del represo Tinajas, un año después del derrame.”(Sic)

En el documento se asienta que el derrame de ese 6 de agosto de 2014 se esparció en su fase aguda por 9 días. Constituyó “una fuente de contaminación directa por el transporte de metales pesados en concentraciones letales a lo largo del cauce, e indirecta, por la removilización de metales pesados”.

Por otros 61 días se siguió esparciendo en su fase crónica exacerbada, de acuerdo con el documento. Cubrió así todo el cauce del Río Bacanuchi-Sonora.

• Tres especies de peces –una de ellas endémica del desierto sonorense y que está clasificada como amenazada por la NOM-059-SEMARNAT-2010– dejaron de reproducirse. De hecho, el documento asienta: “Se corrobora el cambio adverso y mensurable del hábitat de peces por el paso de la sustancia derramada”.

Al mismo tiempo, “se observa una alta mortalidad del arbolado en el arroyo Tinaja1 a 13 km al sur del represo Tinajas” (sic).

Incluso, 15 meses después de iniciado el desastre, en muestreos en agua superficial se observaron “concentraciones de aluminio, hierro y manganeso que rebasan los límites permisibles”.

• Pero el daño no se detuvo ahí, pues el estudio de la UNAM identificó procesos de bioacumulación y biomagnificación dentro del área de influencia del derrame. Lácteos analizados presentaron concentraciones de arsénico y plomo mayores a las permitidas en estándares nacionales e internacionales. En frutas y verduras, cadmio.

Además, “arsénico en hígado y plomo en músculo en individuos de cinco especies de roedores […].

“Cobre en sangre de individuos de cuatro especies de carnívoros […]

“Zinc en hígado de individuos de dos especies de aves […]”

• A pesar de los hallazgos documentados por la UNAM, el Fidecomiso Río Sonora se cerró sin tomarlos en cuenta. El Comité Técnico, entre los que se encontraba el director del IE de la Universidad, aceptó el cierre. La casa de estudios tampoco argumentó nada.

Crimen ecológico, impune

Como se recordará, el 6 de agosto de 2014 ocurrió el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. Más de 40 mil metros cúbicos de sustancias se derramaron sobre el arroyo Tinajas; de ahí pasaron al río Bacanuchi y, finalmente, al Río Sonora. Lixiviados de sulfato de cobre acidulado se extendieron por 300 kilómetros de las corrientes de agua.

El líquido dejó de ser apto para la vida. No sólo quedó en riesgo la salud de las personas, sino su sustento económico. La mayoría de las familias de la región son campesinas, con actividades económicas de siembra, pastoreo y pesca.

• Los residuos tóxicos penetraron el subsuelo. Y los ejemplares de las especies de la vida vegetal y animal que sobrevivieron terminaron siendo portadores de sustancias tóxicas. La incidencia de cáncer entre las personas se incrementó y varias tuvieron que sufrir amputaciones por falta de medicamentos.

Más de 24 mil personas directamente fueron expuestas al agua contaminada.

El desastre natural produjo un dislocamiento del medio ambiente: cauces y suelos, plantas y animales resultaron afectados.

• Entre las leyes que presuntamente se violaron se encuentran: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General de Vida Silvestre; la Ley General de Cambio Climático; la Ley Minera; la Ley Federal de Pesca; la Ley de Aguas Nacionales; la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
• La aplicación de los ordenamientos es responsabilidad, en primer lugar, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
• El Fideicomiso Río Sonora se constituyó con recursos aportados por dos subsidiarias de Grupo México, responsables del derrame: Buenavista del Cobre, SA de CV, y Operadora de Minas, SA de CV. Se le asignó el número 80724. Fue administrado por Nacional Financiera.

Su objetivo explícito fue el de llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños a la salud y a la salud causadas por el derrame. Los fideicomitentes, es decir, las empresas responsables del daño, se comprometieron a aportar 2 mil millones de pesos, con una aportación inicial de 500 millones de pesos.

Se estableció que, en caso de que el monto comprometido resultara insuficiente para la remediación, el Comité Técnico podría determinar la erogación de montos adicionales.

El Comité Técnico se integró con representantes del gobierno federal y de las empresas. En representación de la administración pública federal, la Semarnat designó como presidente del Comité a Rodolfo Lacy Tamayo, entonces subsecretario de Planeación y Política Ambiental. Como suplente se designó a José Antonio Moreno Mendoza, quien era el director general adjunto de Esquemas de Financiamiento Ambiental.

Mientras, por parte de Grupo México, se designó como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora a Vidal Muhech, director general de Ingeniería y Construcción de las empresas involucradas en la contaminación. El suplente fue Daniel Chávez Carreón, director general de Operaciones de las mimas compañías.

Además, la Semarnat tuvo la facultad de designar a un “miembro externo” como tercer integrante propietario del Comité Técnico. Se trató de César Augusto Domínguez Pérez-Tejada, entonces director del Instituto de Ecología de la UNAM.

• De manera conjunta, Grupo México y la Semarnat designaron a otro “miembro externo” en la persona de Francisco Novelo Burbano, socio director de Nova Consultores Ambientales, SA de CV, y académico de la UNAM.
• A su vez, los miembros externos designaron a otro miembro independiente. Se trató de Carlos Mena Brito, ingeniero que en ese momento era asesor de Mario Molina-Pasquel Henríquez. Asumió en calidad de representante del Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos de Energía y Medio Ambiente, AC.

De acuerdo con los propios reportes ofrecidos por el Comité Técnico del Fideicomiso, se erogaron montos por conceptos de “apoyos” a la población afectada por debajo de lo autorizado.

El Fideicomiso fue extinguido a principios de 2017 y le devolvieron remanentes a Grupo México. Hoy, el consorcio de Germán Larrea Mota Velasco está demandado penalmente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que nuevos estudios revelaran que en la región no se hizo nunca una remediación del desastre ambiental causado por el derrame.

Demanda penal del gobierno contra Grupo México sigue su curso: AMLO

La demanda penal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) interpuesta en 2023 en contra de Grupo México por el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales pesados en el Río Sonora en 2014 sigue su curso y está pendiente de ella, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina el mandatario afirmó que en lo que queda de su administración se dará seguimiento a la demanda y a la remediación pendiente del Río Sonora.

• Vamos a darle seguimiento, se está trabajando permanentemente pero vamos a avanzar más en estos días que nos faltan”, indicó.
• El derrame, considerado el desastre ambiental más grande de la historia de la minería en México, debe quedar como un expediente abierto.
• Es muy importante que quede el expediente abierto, no hay carpetazo, para darle continuidad y se llegue a la remediación y a la reparación de los daños”, dijo.

Además de la demanda en contra de Grupo México hay un juicio civil pendiente respecto al fideicomiso, indicó Luisa Maria Alcalde, secretaria de Gobernación.

Grupo México debe cumplir con el resarcimiento del daño, dice Sheinbaum

A 10 años del derrame de tóxicos de una mina de Grupo México sobre el Río Sonora, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la empresa de Germán Larrea debe cumplir con el resarcimiento del daño y que la Fiscalía General de la República (FGR) debe dar seguimiento a la denuncia penal que el gobierno mexicano interpuso en su contra.

• Este jueves, en conferencia, la morenista fue cuestionada sobre el hecho de que, a una década del considerado mayor desastre ambiental en México, el conglomerado del segundo hombre más rico del país no ha resarcido el daño ambiental ni a las familias.
• La prensa le preguntó si su gobierno dará seguimiento a la denuncia penal que el del presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso contra Grupo México. Sheinbaum Pardo contestó: “Si ya hay denuncia, el que le tiene que dar seguimiento es la Fiscalía”.

Y aunque también se le preguntó si se reunirá con las familias afectadas, ya no hubo respuesta.

• El pasado 5 de julio, Proceso publicó que los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) recordaron a Sheinbaum Pardo su promesa de atender a población afectada por el derrame de tóxicos de una mina de Grupo México, en el contexto de los 10 años de la tragedia.

En un comunicado, informaron que el pasado 11 de junio, una comisión de acudió a su casa de transición y le entregaron un pliego petitorio, ante lo que ella “se comprometió a dar seguimiento, y tener una reunión con nosotros una vez que tuviera su equipo de trabajo”.

CNDH exhibe omisiones del gobierno y Grupo México con los afectados

Comunidades aledañas al Río Sonora, contaminado desde hace diez años por un derrame de sustancias tóxicas ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, urgieron a autoridades acatar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que reconoce las “persistentes violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano, al acceso al agua potable, y a la salud de las personas”.

Tras la publicación de la recomendación 50/2024, dirigida a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía y Salud, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, de la Comisión Nacional del Agua, del IMSS-Bienestar y al gobernador de Sonora, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) reconocieron que, “aunque tardía”, la recomendación del organismo “es un paso importante para la búsqueda de justicia”, toda vez que señala la responsabilidad de Grupo México en la tragedia y las omisiones de las autoridades federales y del gobierno de Sonora.

• En un comunicado, las comunidades organizadas en los CCRS reconocieron la labor de la CNDH por reabrir el expediente de queja en 2022, tras la persistencia de denuncias de pobladores del incumplimiento de medidas de resarcimiento desde 2016, pues la queja que inicialmente se integró en 2014, el mismo año del derrame, se cerró después de “supuestas acciones llevadas a cabo entre el gobierno de México y Grupo México”.

Sobre “el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México”, como fue catalogado el derrame de tóxicos en el Río Sonora, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, los CCRS destacaron el esfuerzo de la CNDH por alertar que las autoridades obligadas a dar respuesta “no se han coordinado entre ellas para trabajar, cuando es su responsabilidad hacerlo; han omitido cumplir con su responsabilidad, y no han implementado medidas preventivas, administrativas, ni de reparación adecuadas para nadie en la región”.

• Las comunidades afectadas destacaron que, tras la entrega de la recomendación, las autoridades que se mantienen renuentes a acatarla son Conagua e IMSS-Bienestar, es decir, “han pasado casi dos sexenios y las autoridades siguen sin tomar medidas efectivas para garantizar nuestros derechos, mientras la empresa responsable sigue en la impunidad”.
• Los CCRS explicaron que, a casi 10 años de los hechos, el balance es que persisten los “metales pesados en la sangre, que se siguen acumulando por la persistente contaminación en agua, aire y suelo; un hospital en obra negra; citas médicas en un Hospital de Especialidades sin toxicólogos, especialistas en salud ambiental o laboratorios para análisis de metales pesados; tinacos almacenando agua de pozos contaminados; y tampoco hay planes ni compromisos para que las 36 plantas potabilizadoras operen a largo plazo”.

Abundan que en el caso de Conagua, la respuesta “va en la misma línea de su actuar durante años, en los que ha negado el acceso expedito y transparente a documentos oficiales y ha protegido los intereses de la empresa responsable”, en tanto que IMSS-Bienestar alega que “no existía como institución en el momento del derrame, omitiendo que, como autoridad sustituta tiene el deber actual de proteger a la población y que recientemente ha asumido compromisos en mesas de diálogo con las comunidades”.

La recomendación emitida el 13 de marzo reconoció que “las acciones de remediación y reparación, tanto para las comunidades afectadas como en términos medioambientales, que algunas autoridades aseguran haber realizado son insuficientes o inexistentes”.

• Los habitantes de la región afectados por la contaminación del Río Sonora, aplaudieron que el organismo público de derechos humanos identificó “la responsabilidad de Grupo México en este grave desastre, y señala que la empresa tiene la obligación de remediar y reparar el daño persistente”, para lo cual las “autoridades tienen el deber de garantizar que lo haga a través de los mecanismos legales”.
• Para los CCRS es de enorme valía que la CNDH haya concluido que “la falta de debida diligencia por parte de la minera para prevenir y atender el derrame ha generado múltiples violaciones a nuestros derechos humanos y afectaciones al medio ambiente”.

Los CCRS urgieron acatar las recomendaciones a las autoridades señaladas para “coordinarse y trabajar para el cumplimiento del Programa de Remediación”, así como para “garantizar atención médica especializada, acceso a agua potable y lograr la remediación y restitución total conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia ambiental”.

• Además, la CNDH recomendó la elaboración de un “diagnóstico respecto de las prospectivas y avances en la remediación del Río Sonora”, para llevar acciones a corto, mediano y largo plazo, en tanto que corresponde a la Semarnat poner en marcha “un mecanismo entre instituciones que cuente con la participación directa de la población afectada”, de acuerdo al amparo otorgado a los CCRS por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La recomendación instruyó a las autoridades verificar que las actividades extractivas en el municipio de Cananea por parte de Grupo México “no aporten contaminación adicional a cuerpos de agua, suelo y aire en la realización de sus procesos”, en particular los de lixiviación, descargas residuales, manejo de residuos peligrosos y operación de presas de jales.

Asimismo, se invocó a Conagua a “implementar acciones referentes al acaparamiento del 57% de agua en la zona por parte de Grupo México”.

Los CCRS reconocieron la labor de la CNDH por señalar de manera puntual las responsabilidades de la empresa y de las autoridades, por lo que insistieron en llamarlas a aceptar las recomendaciones, creando mesas de trabajo para coordinarse entre ellas y con las comunidades, respetando “los acuerdos que se han hecho sobre el Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora”. /Agencias-PUNTOporPUNTO