MAGISTRADOS y JUECES advierten escenario SOMBRÍO si se aprueban las REFORMAS de López OBRADOR

La posible aprobación de esta reforma ha generado preocupación en los 32 circuitos judiciales del país e incertidumbre en los más de 50 mil servidores públicos que conforman el Poder Judicial de la Federación, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021.

Con la inminente discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, magistrados y jueces, además de miles de funcionarios de todo el país advierten un escenario sombrío en caso de aprobarse esta propuesta del Ejecutivo federal, la cual fue sometida a revisión en estas semanas.

  • Es así que los próximos meses serán decisivos para el Poder Judicial de la Federación (PJF) que será obligado a rendir cuentas por legisladores de San Lázaro, especialmente por la fracción parlamentaria de Morena que ha prometido una limpieza profunda de este poder y erradicar vicios que se incrustaron en los principales circuitos y juzgados del país.

A decir de los impartidores de justicia y personal que labora en varias regiones de México, fue mínimo el avance que se registró en los foros que organizó la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial, pues acusan que hubo simulación en las participaciones y no hubo un debate real para conocer los problemas de fondo del Poder Judicial.

Otra de sus principales preocupaciones recae en los escasos filtros que existirán para garantizar la imparcialidad de los futuros jueces y magistrados que se elijan mediante el voto popular, una de las principales modificaciones que plantea la propuesta que envió el Poder Ejecutivo a los diputados federales.

  • Sobre la discusión que se viene en San Lázaro sobre este tema, Jorge Triana, diputado federal del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que la reforma judicial será un duro golpe para los trabajadores que conforman este poder de la federación.
  • “Indudablemente afectará a cada uno de los trabajadores del Poder Judicial, ya que se extinguirán los fideicomisos de los cuales emanan muchas de sus prestaciones laborales. Además, se prevé la desaparición de varios juzgados y salas”, lamentó Triana.
  • El legislador del PAN insistió que son múltiples los riesgos si los juzgadores son representantes populares, por lo que, reiteró, que estos deben seguir siendo garantes de la Constitución y, de ninguna manera, deben rendir cuentas a un electorado.

“Es esencial evitar que el titular del Consejo de la Judicatura Federal recaiga en la misma persona que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, debemos fortalecer los juicios orales, los medios alternativos de resolución de conflictos y la defensoría de oficio,” comentó.

Los dos frentes afectados

Carlos Alfredo Soto Morales, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito sostiene que la reforma afectará a dos clases de funcionarios públicos.

  • El primero, refirió en entrevista, se trata de los titulares de los tribunales, es decir, los jueces, magistrados y ministros de los distintos juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Salas del Tribunal Electoral.

“Todos estos juzgadores serán destituidos de manera masiva, sin mediar juicio alguno. Además, todas las personas juzgadoras que sean despedidas tendrán impedimento para ejercer la abogacía. Así que serán un numeroso grupo de personas a las cuales no solo se va a despedir injustamente, sino que tampoco podrán trabajar ejerciendo su profesión”.

Mientras que el segundo grupo, agregó el magistrado, serán los profesionistas de la carrera judicial que no sean titulares, como por ejemplo, los oficiales administrativos, actuarios y secretarios.

  • “Todos ellos, en la actualidad, ingresan al Poder Judicial de la Federación trazando un plan de vida. Saben que con estudio y dedicación pueden ir subiendo escalafones en la carrera judicial y que, en algún momento determinado, pueden participar en los concursos de oposición para llegar a ser jueces o magistrados”, sostuvo.

Por ello, el magistrado sostiene que la reforma judicial no busca perfeccionar el sistema de impartición de justicia, sino la sustitución de las actuales personas juzgadoras por nuevos jueces electos por votación popular.

Los cambios que se vienen

En el penúltimo foro de la reforma judicial que se vivió en Saltillo, Coahuila, este 6 de agosto, el diputado federal por Morena, Ignacio Mier anunció dos modificaciones a la propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

  • De acuerdo con el legislador morenista ―que fue interrumpido por una protesta de trabajadores del PJF en el foro realizado― el primer cambio se centra en revisar los criterios de elegibilidad de las personas juzgadoras mediante la creación de comités técnicos especializados.
  • En otras palabras, estos comités serían responsables de entrevistar y examinar a los candidatos con el objetivo de asegurar que los nuevos jueces y magistrados cuenten con los más altos estándares de competencia y probidad.

Mientras tanto, la segunda modificación establece un proceso escalonado o gradual de la reforma judicial, con la idea central de que los cambios aplicados sean de manera ordenada.

¿Simulación o Parlamento Abierto?

La Cámara de Diputados celebró un total de nueve foros relacionados a la reforma judicial, el último será este 9 de agosto, de acuerdo con la solicitud que estipuló la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

  • La idea central de estos ejercicios fue recabar opiniones de especialistas, académicos y de jueces y magistrados de todo el territorio nacional para perfeccionar la reforma que se discutirá en breve.
  • En el penúltimo foro de la reforma al PJF que se realizó en esta semana en Saltillo, Coahuila, trabajadores del sistema judicial interrumpieron al diputado federal de Morena, Ignacio Mier, a quien le exigieron un diálogo real y no simulado sobre este tema.

Protestas que se han replicado en prácticamente todos los foros que se celebraron en donde impartidores de justicia de varios niveles han expresado su malestar con lo que se plantea en esta reforma y por la falta de más perfiles que den su opinión sobre esta propuesta.

  • Incluso, el ministro Javier Lainez Potisek recriminó que esta iniciativa presidencial busque poner en el debate político a los jueces, pues, a su consideración, jueces y magistrados deben mantenerse ajenos a la clase política y de cualquier presión de este tipo.
  • Hamlet García Almaguer, diputado federal y una de las principales voces de Morena en la Cámara de Diputados respecto a la reforma judicial, dio a conocer que hay voluntad de todos los involucrados para que esta elección por voto popular sea gradual. Desde la cancha legal han habido más pronunciamientos en contra que a favor de la reforma.

La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) reveló su preocupación recientemente por la celeridad con la que han sido convocados los foros gubernamentales que se han realizado hasta el momento y la prisa que existe para aprobar dicha iniciativa.

‘Se debe depurar de fondo el PJF’

Para Mina Moreno, abogada y periodista, del portal Justicia para Todos, es necesario que exista una depuración del PJF para que sea efectiva.

  • Puso como ejemplo lo que se trató de hacer en la gestión del entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar en la SCJN y que no prosperó, al señalar el cerco que impusieron jueces y magistrados para seguir con el control de plazas y el intercambio de nombramientos a cambio de favores políticos.

“La elección popular de jueces abrirá la posibilidad de acceso a abogados excelentemente capacitados que hay en el país y se dejaría esa exclusividad que han manejado por décadas sus integrantes”, precisó Moreno.

Las voces de los juzgadores

La posible aprobación de esta reforma ha generado preocupación en los 32 circuitos judiciales del país e incertidumbre en los más de 50 mil servidores públicos que conforman el Poder Judicial de la Federación, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021.

  • Efraín Juárez, secretario de Juzgado en Nayarit, teme lo peor en caso de que se avale esta propuesta que ha empujado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, pues está seguro que uno de los mayores retrocesos será en la carrera judicial.

“Actualmente, hay un sistema de carrera escalonado. Empiezas como oficial administrativo, luego, tras algunos años puedes ascender a actuario judicial, luego ser secretario de Juzgado y, después de cinco años en ese puesto, puedes acceder a los exámenes para ser juez federal. Este sistema permite a los trabajadores comprometerse con el estudio y la dedicación a la justicia”, detalló Juárez.

  • Sin embargo, el servidor público advirtió que, con un sistema de elección popular, este esquema se vería afectado, impidiendo el acceso a los puestos superiores y comprometiendo la calidad de la impartición de justicia.

“Elegir jueces por voto popular llevaría a que estos jueces estén subordinados a los partidos políticos que los postulen, perdiendo así la imparcialidad necesaria. Además, se seleccionaría al más popular, no al más capacitado, lo cual es inaceptable en la justicia. Sería como elegir a los deportistas olímpicos por popularidad en lugar de por capacidad”, ejemplificó Juárez.

Sobrecarga laboral y horarios extenuantes

El secretario de Juzgado cumple una rutina a cabal: llega a su oficina todos los días a las 8 y media de la mañana e inmediatamente comienza con la revisión de correcciones de los asuntos del día anterior. Según sus palabras, llega a autorizar de 4 a 5 audiencias al día, además de firmar entre 40 y 50 acuerdos.

Su jornada llega a extenderse hasta las 23:00 horas en el que incluso tiene que laborar los fines de semana. “Es una labor hermosa pero humanamente extenuante”, explicó.

Reforma socava la independencia de la judicatura: ONU

  • Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, expresó al presidente Andrés Manuel López Obrador su preocupación por la reforma al Poder Judicial, pues consideró que puede «socavar la independencia” de la judicatura mexicana.
  • En una carta, la relatora especial ofreció sugerencias y comentarios sobre el impacto que tendrá esta iniciativa que se analiza en la Cámara de Diputados, como la elección de jueces y ministro por medio del voto directo, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la reducción de salarios.

“El propósito de la presente es compartir con Usted mis comentarios y sugerencias con relación al paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, las cuales considero que podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos («México») en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”, escribió.

Comentó que su principal preocupación es el contexto en el que se está llevando acabo el análisis de la reforma, ya que recordó que se ha registrado intimidación a jueces desde el Poder Ejecutivo y Legislativo por las decisiones que han tomado.

  • “Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces. En el pasado he expresado mi preocupación por dichos ataques en AL MEX 5/2024”, comentó.
  • Al hablar sobre le elección de jueces y magistrados por voto directo, mencionó que lo ideal sería que el proceso lo llevara a cabo una autoridad independiente y además que se garantice la participación efectiva de la sociedad civil y la ciudadanía para asegurar que la selección se fundamente en los méritos y aptitudes de los candidatos.

“Los procesos de nombramiento deben cumplir con ciertos requisitos mínimos para garantizar una judicatura independiente. Los jueces deben ser elegidos con base a su formación y calificaciones, así como en su integridad e idoneidad. El método de selección de jueces debe incluir salvaguardas frente a nombramientos judiciales por motivos indebidos”, apuntó.

  • Mencionó que esta iniciativa puede impactar de forma directa con el funcionamiento de la judicatura, pues se busca someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas pueden “fácilmente” superponerse a los méritos de un candidato.
  • “Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”, enfatizó.

También señaló que las modificaciones propuestas carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad.

  • Al contrario, señaló, la propuesta del presidente traslada al Senado la responsabilidad de verificar que los candidatos a magistrado de Circuito y Jueces de Distrito cumplan con los requisitos de elegibilidad.

“Adicionalmente, la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, mencionó.

Al hablar de la desaparición del Consejo la Judicatura Federal, comentó que esto plantea interrogantes bajo el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares, pues dijo que esto “podrían constituir una amenaza seria para la independencia del sistema judicial de México y la separación de poderes”.

  • Explicó que crear un Tribunal de Disciplina, el cual tenga la facultad para sancionar a jueces, se basa “en criterios vagos, como ‘cuando sus decisiones no se adhieran a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, así como asuntos determinados por la ley’. Es contraria a los estándares internacionales”.
  • Señaló que la imposibilidad de que un juez apele las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial, como se establece en la iniciativa, viola el derecho a un juicio justo de los jueces y es contrario a las normas pertinentes.
  • En esta misiva mencionó que también le preocupa la “reducción arbitraria” de los salarios a jueces que se establece en la propuesta de reforma al Poder Judicial, la cual, dijo, es una intromisión mayor en la capacidad presupuestaria independiente de la judicatura que «lesionará la independencia judicial en México».

Piden una reforma que cuide el equilibrio de poderes

Un grupo de juristas mexicanos, entre los que se encuentran Rafael Estrada Michel y César Alejandro Ruíz Jiménez, se pronunció a favor de una Reforma Judicial que cuide el equilibrio de poderes.

  • Toda reforma que pretenda incidir en un mayor, eficiente y eficaz acceso a la Justicia debe ser bienvenida en un país en el que las mayorías tradicionalmente se han hallado excluidas de tan vital servicio público”, afirmó Estrada Michel abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca.
  • El colectivo de juristas -al que también se han integrado Juan Carlos Cruz Razo, Luis Vega Ramírez y Arturo Pueblita Fernández- resaltó de que las propuestas que ahora se discuten de cara a la reforma judicial, se debe observar que no lesionen la división de poderes que ha costado décadas instrumentar y poner en práctica.

Aquellos que realizan el delicado trabajo de juzgar en todo momento deben tener claro que no tienen por qué agradar a nadie, mucho menos a aquellos que lo votaron, porque su única obligación es encontrar la solución más justa en el marco del orden constitucional”, afirmó César Ruiz Jiménez ex asesor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Rafael Estrada, quien encabeza el esfuerzo de este grupo de abogados, explicó que en el derecho siempre hay complejidad, contexto e interpretación, que no hay normalmente casos fáciles, y en los asuntos que se desenvuelven en los tribunales siempre se llega más de una posición encontrada y discutible que requiere largas horas de estudio y reflexión.

  • No es posible, afirmó el también exdirector General de la Judicatura Federal y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, hacer del juez una “boca flaca, inerte y robótica de la voluntad legislativa resultaría reduccionista y empobrecedor, porque su experiencia aporta a la hora de integrar el orden jurídico.
  • Someter a quien juzga a pesquisas que partan de la sospecha de que sus pensamientos delinquen terminará por excluir a los audaces y someter a los cobardes. En ambos casos, la división de poderes quedará dañada, la imparcialidad judicial se tornará imposible y el acceso a la Justicia quedará como uno más de nuestros seculares anhelos inacabados”.
  • El colectivo de juristas se pronunció a favor de perfeccionar la carrera judicial -una de las pocas áreas de servicio civil que funciona en la República-, extendiendo su influencia a fiscalías y defensorías públicas y estructurando un modelo funcional de formación, capacitación y certificación de quienes operan el Derecho, incluyendo a juristas privados, peritos e investigadores policiales.

“No hay razón para tolerar los excesos voluntaristas y politizados de una Judicatura mal formada e inexperta, tampoco se debe apostar por tornar a modelos de facultades exacerbadas para Legislaturas y Ejecutivos. En la sana y equilibrada división de poderes está la clave. Todo lo demás resultara en apacentarse con viento y, muy probablemente, en heredarlo”, aseveró Estrada Michel. /Agencias-PUNTOporPUNTO

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