A un mes de que se concrete el reparto de curules y escaños plurinominales de diputados y senadores, se están desempolvando sentencias y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor del pluralismo y del precepto de la Constitución que prohíbe la sobrerrepresentación de una fuerza política en el Congreso.
Durante sendas entrevistas con Excélsior, el exconsejero electoral Rodrigo Morales Manzanares y el especialista en la materia Arturo Espinosa Silis consideran que será indispensable el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establezcan nuevas definiciones respecto a cómo asignar a los legisladores en función del porcentaje de votación que tuvieron los partidos que son parte de una coalición.
- Para el exconsejero Morales Manzanares el problema radica en que la coalición oficialista busca que le validen un traspaso de votos disfrazado que Morena hizo a sus aliados del PT y del PVEM en 90 distritos electorales que llama “fantasmas”, ignorando la voluntad de los electores.
En referencia al Artículo 54, señala que el reparto debe realizarse en apego a la Constitución, es decir, evitando la sobrerrepresentación y compensando la subrepresentación.
“Ese debe ser el principio que debe tutelarse y, si lo ponemos en ese orden, ningún convenio partidista puede estar por encima de eso”, plantea el exconsejero.
Espinosa Silis de Laboratorio Electoral difiere de quienes buscan frenar la sobrerrepresentación con argumentos de casos anteriores, pues asegura que hoy estamos ante una situación inédita que obliga a INE y a TEPJF a fijar criterios respecto a cómo debe darse el reparto entre partidos que van coaligados.
Si bien el reparto de espacios plurinominales debe realizarse hacia la tercera semana de agosto por el INE y, ante impugnaciones, validarse en seguida en el TEPJF, según la ley vigente, el gobierno federal se adelantó desde el 3 de junio anterior a proyectar cifras.
- En seguida, la oposición se inconformó con los números difundidos porque, alegó, estarían dándole a Morena y a sus aliados del PT y del PVEM más representantes de los que los ciudadanos les otorgaron en las urnas.
- El argumento del PAN, PRI, PRD y MC es que en la evolución de las reglas de la democracia en México se fijó como límite de sobrerrepresentación el 8% y que así lo sustenta la Constitución.
Alegan las dirigencias y representantes de la oposición que las cuentas alegres del gobierno pretenden casi triplicar esa cifra con plurinominales que estarían sobrerrepresentando a la coalición oficialista con más del 20 por ciento.
¿OPOSICIÓN DE 46% O 26%?
Y es que mientras en la elección al Congreso, los logos de Morena, PT y PVEM obtuvieron el 54% de los votos, el reparto plurinominal dejaría a esos partidos con el 74% de los lugares de la Cámara de Diputados.
De ser así, PAN, PRI, PRD y MC, que en total captaron el 46% del resto de la voluntad popular en las boletas legislativas, se quedarían en los próximos tres años con una subrepresentación de apenas el 26 por ciento.
- Para la oposición, ajustar esos porcentajes a la realidad electoral del 2 de junio es cuestión de vida o muerte porque, de quedar el reparto como lo ha proyectado la Secretaría de Gobernación, sus diputados y senadores no podrían frenar la avalancha de los 18 cambios constitucionales que el presidente López Obrador envió a los diputados desde el 5 de febrero pasado.
- Ese paquete de iniciativas contiene, además de la reforma al Poder Judicial, propuestas destinadas a eliminar a todos los organismos autónomos que son contrapesos al poder presidencial como INE, Instituto Nacional Acceso a la Información y Datos Personales (Inai), Comisión Federal de Competencia (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicación (IFT), entre otros, así como los organismos públicos descentralizados como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
ANTECEDENTES
De manera que el debate en torno a la sobrerrepresentación se encuentra relacionado con el alcance del cambio del Estado mexicano durante la 66 legislatura que iniciará este primero de septiembre.
Por eso, cuando se iniciaron a finales de junio los foros para analizar la iniciativa presidencial en materia judicial, el ministro Alberto Pérez Dayán confió en que el reparto final de los espacios de la Cámara de Diputados se efectuaría con apego a la garantía de la pluralidad.
“Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos”, expuso el juez constitucional.
- “Bajo esa premisa, el Constituyente federal de ese mismo año fijó las bases de la representación nacional, haciéndola coincidir, en la medida más precisa posible, con los resultados de una elección, tantos diputados como votos recibidos”, planteó Pérez Dayán en la Cámara de Diputados.
“Los límites impuestos a la sobrerrepresentación no son casuales, guardan una lógica indiscutible con sus propósitos. Significan, en las propias palabras de su autor, el respeto absoluto a la pluralidad democrática y el reconocimiento de todas las expresiones de la voluntad popular, con esos precisos parámetros numéricos, 300 para ser exacto”, recordó el ministro ante los líderes parlamentarios del oficialismo y la oposición./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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