Los poderes judiciales de las entidades federativas, donde se procesan los delitos que más impactan a las personas, como robos, extorsiones y homicidios, están rebasados de trabajo.
- Las causas penales iniciadas duplican a las que se cierran; como resultado, la acumulación crece y en algunos estados hay jueces que lidian con promedios de 200 hasta 800 casos simultáneos.
De los casos que se desahogan, solo uno de cada 10 llega termina con una sentencia; el resto de los procesos se cierran por soluciones alternas, por cancelaciones del proceso, o por acuerdos en donde el propio procesado acepta declararse culpable. Eso sí: 90 por ciento de sentencias del fuero común que se imponen son condenatorias
Jueces locales, siempre saturados
La iniciativa de reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, y que ahora se discute en diversos foros, no solo plantea la elección de jueces federales por voto directo, sino que la misma fórmula se aplique en todos los poderes judiciales de los estados.
Para conocer las cargas de trabajo con la que lidian estos jueces locales en materia penal, y que heredarían quienes los sustituyan, de acuerdo con el medio Milenio quien revisó los datos oficiales más recientes de recursos humanos y procesos penales reportados en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
- La estadística muestra que en el año revisado (2022) los poderes judiciales estatales iniciaron 237 mil 752 nuevos procesos bajo el sistema penal acusatorio. En ese mismo periodo desahogaron, al menos en primera instancia, 111 mil 620 procesos.
- Los casos terminados equivalen a sólo el 47 por ciento de los que se iniciaron. Es decir: los nuevos procesos penales superan en más del doble a los que se pudieron cerrar con algún tipo de resolución. Por cada caso que se cierra hay dos nuevos que se inician.
Al cierre de 2022 los procesos penales que quedaban pendiente de resolución en todos los juzgados locales del país, tomando en cuenta los que ya se venían arrastrando de años previos y los nuevos iniciados, ascendían a 387 mil 945 de acuerdo con el referido censo del Inegi.
Cientos de casos por cada juez a cargo
De acuerdo con el censo de Inegi, en el país hay mil 785 jueces locales que se desempeñan en el sistema penal acusatorio. Son ellos los que tienen a cargo la resolución en primera instancia de los procesos penales. Sobre sus manos está, por ejemplo, la resolución de los 387 mil 945 procesos penales que quedaban abiertos al cierre de 2022.
Si todos esos procesos penales se distribuyeran de forma pareja entre los jueces penales del sistema penal acusatorio en los estados, a cada uno de ellos les tocaría resolver 217 casos en promedio. Se trata de la media nacional.
- Pero en realidad cada estado debe hacerse cargo de sus casos con sus propios jueces. En ese contexto, se identificó que hay 16 estados en los cuales la cifra de procesos penales en curso por cada juez va de los 200 hasta los 800 casos.
- El foco rojo es Puebla, donde de acuerdo con el registro oficial hay 27 jueces penales para 22 mil 177 procesos penales que estaban pendientes de concluir al cierre del año, lo que repartidos significa un promedio de 821 casos por cada jueza o juez disponible.
- Una situación similar es la de Tabasco, cuyo Poder Judicial reportó 35 mil 567 procesos penales en curso frente a 48 juzgadores con las que se cuenta, arrojando un promedio de 741 casos para cada uno. Después de ello están Baja California, Coahuila y Veracruz, cuyo promedio se ubica entre los 440 y 480 causas penales por cada juzgador.
En los poderes judiciales de Hidalgo, Quintana Roo, Durango, Sinaloa, Guerrero, Estado de México y Tamaulipas, las causas penales pendientes superan las 300 por cada juez disponible. Mientras que en Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, la proporción es superior a los 200 casos por juez.
Entran más de los que salen
En 31 de las 32 entidades federativas los poderes judiciales abrieron más causas penales de las que resolvieron. Ello incide en la acumulación de cargas de trabajo para los jueces.
- Un caso claro es Baja California, cuyo Poder Judicial reportó solo 848 causas penales terminadas en 2022, 3.6 por ciento respecto a las 23 mil 875 causas iniciadas ese mismo año; esta es una de las entidades donde los jueces enfrentan mayores cargas de trabajo con más de 400 procesos por cada uno.
- Otro ejemplo es Veracruz, que en 2022 reportó 686 causas penales terminadas frente a las 9 mil 661 iniciadas. Por ello, en dicha entidad el promedio de procesos en curso supera los 400 por juez.
- Tabasco, otra de las entidades con jueces saturados, reportó mil 307 causas penales terminadas en 2022, que no es ni la quinta parte de las que se abrieron ese mismo año: 7 mil 366.
- La excepción es Ciudad de México, única entidad del país que en 2022 reportó un balance superior de casos terminados, 25 mil 958, respecto a los iniciados, 21 mil 274. Sus 152 personas juzgadoras estaban a cargo, al cierre de ese año, de 93 casos pendientes, menos de la mitad del promedio nacional.
Las sentencias de la SCJN y las del TEPJF bajaron 19% y 58.1%
Durante 2022 se registraron 24 mil 224 personas procesadas o imputadas a quienes se les determinó una resolución sobre la vinculación a proceso por parte de los jueces de Control. Del total, 40.4% fueron vinculadas a proceso y 5.3% no, en el restante 54.3% no se identificó la existencia o no de vinculación, de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
- Detalla que en comparación con 2021, hubo un aumento de 7.3% procesadas o imputadas vinculadas a proceso, en 2022. Además hubo 980 mil 283 sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales.
- De éstas, 2 mil 520 corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 5 mil 257 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 972 mil 506, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En comparación con 2021, el total de sentencias publicadas por la SCJN y el TEPJF, en 2022 disminuyeron 19.0 y 58.1%, respectivamente. Las que publicó el CJF aumentaron 23.8%.
- En 2022 ingresaron a la SCJN 14 mil 283 asuntos jurisdiccionales y egresaron 13 mil 762. De los 2 mil 843 asuntos resueltos, 8.5% se resolvió sin sentencia y 91.5% con sentencia. Comparado con 2021, la cantidad total de asuntos ingresados y egresados subió 9.9 y 29.8 %, en ese orden.
De los asuntos jurisdiccionales resueltos por el pleno de la SCJN, destaca que los amparos en revisión en materia administrativa tuvieron una duración promedio de resolución de mil 903 días naturales.
Los datos sobre el ejercicio de la función de los órganos jurisdiccionales del TEPJF muestran que, durante 2022, ingresaron 14 mil 166 asuntos y se resolvieron 14 mil 66.
De éstos, 69.4% fue no resuelto de fondo y 30.6% resuelto de fondo. En comparación con 2021, los asuntos ingresados disminuyeron 22.6% y los asuntos resueltos, 22.1%.
- En 2022, del total de asuntos conocidos por los órganos jurisdiccionales del TEPJF destacaron los procedimientos de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
- Estos representaron 67.7% de los ingresos y 68% de las resoluciones. Comparado con 2021, para este procedimiento en 2022, los porcentajes reflejan un aumento de 12% en asuntos ingresados y de 12.6%, en los resueltos.
- De los asuntos jurisdiccionales resueltos por la Sala Superior del TEPJF, destaca que los conflictos o diferencias laborales entre el TEPJF y sus servidores públicos tuvieron una duración promedio de resolución de 580 días naturales.
Las quejas por responsabilidades administrativas de los servidores públicos, 159 días y las apelaciones por imposición de sanciones administrativas, 132 días.
- Respecto al Consejo de la Judicatura Federal, en 2022, los datos sobre el ejercicio de la función de los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), Tribunales Unitarios de Circuito (TUC), Tribunales Colegiados de Apelación (TCA), Juzgados de Distrito (JD) y Centros de Justicia Penal Federal (CJPF), muestran que un millón 256 mil 77 asuntos en todas las materias ingresaron a estos órganos.
En tanto, un millón 214 mil 806 fueron resueltos. Comparado con 2021, hubo un aumento de 17.7 y 23.6% de los asuntos ingresados y resueltos, respectivamente.
- En 2022, el Tribunal Superior Agrario (TSA) recibió 990 asuntos y resolvió 968. En los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) se recibieron 53 mil 761 asuntos, se admitieron 51 mil 822, se concluyeron 52 mil 451 y 39 mil 959 estaban en trámite al cierre.
Integrantes del TSA realizaron 114 visitas de inspección a los TUA y emitieron 733 recomendaciones como medidas para mejorar las prácticas judiciales.
- El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal es un programa estadístico federal y ofrece información de la estructura organizacional, recursos y ejercicio de la función de los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación y los TUA.
Sin resolver, 40% de los casos en las cortes estatales
Solo un millón 320 mil 702 casos fueron concluidos o determinados por los tribunales estatales de los dos millones 154 mil 768 ingresados durante 2022 en todas las materias (penal, administrativa, civil), de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
- Las cortes estatales resolvieron 61.29 por ciento de los asuntos el año pasado. Los estados con más rezago en la impartición de justicia son Baja California Sur, con apenas 24.63 por ciento de los asuntos determinados o concluidos por sus tribunales, seguido de Tabasco con 29.33 por ciento y Oaxaca con 29.36.
En cambio, los estados con más asuntos concluidos o determinados por las cortes son Campeche con 94.66 por ciento y Yucatán, donde se resolvieron 89.5 por ciento de los casos.
- La Ciudad de México es la entidad donde más asuntos llegan a tribunales. Durante 2022 los tribunales conocieron 262 mil 510 casos y resolvieron 92 mil 542, de ellos, es decir, 35.25 por ciento, mientras que el Estado de México, donde llegaron a la corte 262 mil 163 casos, se resolvieron 187 mil 956, 71.69 por ciento.
- El censo del Inegi detalla que los asuntos de materia familiar son los que más llegan a las cortes, pues de las 752 mil 997 sentencias que se publicaron el año pasado por los tribunales estatales en todo el país, 305 mil 225, casi la mitad, son de esta materia, frente 218 mil 461 sentencias de carácter civil, 82 mil 698 de tipo penal y tres mil 907 en materia penal.
- La encuesta del Inegi también detalla las entidades con más delitos según las causas penales ingresadas a los tribunales, siendo Baja California el estado con mayor registro de delitos con 31 mil 338, seguida de Ciudad de México con 30 mil 486, Nuevo León con 27 mil 384, Jalisco con 20 mil 289 y Chihuahua con 19 mil 763.
En cuanto a las sentencias por causas penales, los tribunales locales emitieron 35 mil dos. La Ciudad de México fue la que más sentencias emitió con nueve mil 683, seguida del Estado de México que impuso siete mil 723 sentencias, Sonora con tres mil 291, Chihuahua con dos mil 834 y Aguascalientes con mil 116.
Suben las causas penales
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2023 revela que durante 2022 a los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales ingresaron 244,704 causas penales; con respecto a 2021, cuando ingresaron 221,789, el aumento fue de 10.3 por ciento.
- De acuerdo con el censo levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de causas penales ingresadas a los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales, 238,962 corresponden a la materia penal para personas adultas y 5,742 a la de justicia para adolescentes.
Comparado con el año previo, en 2022 se registró un aumento en las causas en materia penal de 10.9% y una disminución de 9.1% en materia de justicia para adolescentes al sumar 215,475 y 6,314 en 2021, respectivamente.
- Los poderes judiciales de Nuevo León (24,128), Baja California (23,933) y Ciudad de México (21,310) concentraron la mayor cantidad de causas penales ingresadas, mientras que en materia de justicia para adolescentes en los poderes judiciales de Chihuahua (880), estado de México (716) y Guanajuato (667) fue donde hubo más.
Delitos
En 2022, se registraron 289,616 delitos en las causas penales ingresadas, de los que 282,920 (97.7%) correspondió al sistema penal de adultos y 6,696 (2.3%), al de adolescentes.
- El total de delitos registrados a nivel nacional aumentó 8.9% con respecto a 2021, cuyo registro asciende a 265,929. En materia penal para personas adultas se registró un aumento de 9.3% al pasar de 258,951 a 282,920, mientras que para adolescentes hubo una disminución de 4.0% (de 6,978 a 6,696.
Por entidad federativa, Baja California (30,767) y Ciudad de México (30,130) concentraron la mayor cantidad de delitos en el sistema de adultos; en justicia para adolescentes, la mayoría se registró en Chihuahua (958).
Determinaciones
Con respecto a las 104,607 determinaciones y/o conclusiones efectuadas durante 2022, en los juzgados de control o garantías en los sistemas Penal Acusatorio e Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cita el reporte, 21.3% (22,253) correspondió a soluciones alternas y 20.2 % (21,109), a sentencias definitivas en procedimiento abreviado. Al hacer la comparación con 2021, cuando se realizaron 115,379, la cifra de determinaciones y/o conclusiones en ambos sistemas disminuyó 9.3 % en 2022.
- A nivel nacional se registraron 14,533 causas penales ingresadas a los tribunales de enjuiciamiento o juzgados de juicio oral y las entidades federativas con los mayores ingresos fueron el estado de México, con 4,255, y la Ciudad de México, con 2,034.
- Refiere que los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales efectuaron 126,861 determinaciones y/o conclusiones en las causas penales, las cuales pudieron ingresar durante el año o en años anteriores; 96.7% (122,647) correspondió a personas adultas y 3.3 % (4,214), a adolescentes.
Comparado con 2021, año en que se efectuaron 137,544, en 2022 las determinaciones y/o conclusiones realizadas disminuyeron 7.8%. En las materias penal y justicia para adolescentes, la disminución fue de 7.2 (de 132,224 a 122,647) y 20.8 % (de 5,320 a 4,214).
Con base en el sistema de justicia, para las personas adultas 11,027 determinaciones y/o conclusiones corresponden al Sistema Tradicional y 111,620 al Sistema Penal Acusatorio.
En cuanto a las personas adolescentes, se reportaron 73 determinaciones y/o conclusiones en el Sistema Escrito o Mixto; 34 en el Sistema Oral y 4,107 en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
De las 11,134 determinaciones y/o conclusiones efectuadas a las causas penales en el Sistema Tradicional, Sistema Escrito o Mixto y Sistema Oral, 64.0 % correspondió a sobreseimiento (7,129) y 30.7 % (3,431), a sentencias. En comparación con 2021, cuyo registro suma 11,172, las determinaciones en dichos sistemas disminuyeron 0.3 % a nivel nacional, detalla.
Hay déficit de jueces
En México hacen falta 61 juezas y jueces por cada 100 mil habitantes, y hay un rezago de más de 47 mil expedientes pendientes de concluir -tanto en los estados como en la Federación- y existen diversos “problemas estructurales” en el sistema de impartición de la justicia que la propuesta de reforma al Poder Judicial no atiende, advierten diversos especialistas en la materia.
- De acuerdo con un estándar internacional establecido por la OCDE deben haber 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, pero en México tenemos solo 4.4 por cada 100 mil habitantes.
“Hay una insuficiencia de personal juzgador para atender las demandas de justicia a nivel nacional”, señala Adriana Aguilar, investigadora del programa Transparencia en la Justicia de la organización México Evalúa.
- En ese contexto, señalan especialistas, cualquier intento de reforma judicial debe considerar los posibles impactos en la operación cotidiana de los órganos jurisdiccionales, pues una modificación que no sea debidamente planeada y ejecutada puede agravar y comprometer los miles de casos que están sujetos a la jurisdicción de las personas juzgadoras del país.
Esto contrasta con lo establecido en la propuesta de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión en febrero pasado, que indica que para obtener una “justicia pronta y expedita” se deben modificar los artículos 17 y 20 constitucionales, para que las personas juzgadoras resuelvan, en un plazo máximo de 6 meses, los asuntos que lleguen a sus manos.
Sin embargo, la reforma no especifica si el plazo de seis meses funciona como techo o como piso para la celeridad de procesos judiciales ni determina el significado de “cuantías en materia tributaria”, que asegura será previstas en leyes secundarias, por lo que los especialistas considerar que se podría abrir paso a la opacidad en el actuar de los legisladores.
Además, la reforma indica que en caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, los propios órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto deberán dar aviso inmediato al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora.
Para llegar a ambas propuestas, la reforma justifica sus razones en “el derecho de las personas justiciables a recibir una justicia de calidad”, pues define a los procesos judiciales como “lentos, caros, tortuosos” y que implican un gran uso del papel, sin proporcionar mayores datos al respecto.
¿Cuáles son los problemas del Poder Judicial?
De esta manera, considera que uno de los problemas principales del Poder Judicial es la “incapacidad o el desinterés que prevalece en los órganos encargados de la administración de la justicia para cumplir con los principios previstos en el artículo 17 constitucional de brindar una justicia pronta y expedita a las personas justiciables”, sin proporcionar mayores datos al respecto.
- Datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal señalan que durante el 2022 ingresaron 1 millón 256 mil 77 asuntos al Poder Judicial de la Federación, mientras que la cantidad de asuntos resueltos fue de 1 millón 214 mil 806 asuntos, lo que significó que cada persona juzgadora resolvió 762 asuntos durante ese año.
- Para el mismo año ingresaron 2 millones 154 mil 768 asuntos a los poderes judiciales estatales, de los cuales 1 millón 320 mil 702 concluyeron en primera instancia, por lo que cada juzgador resolvió 428 asuntos en promedio, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023.
- Pese a los avances, el rezago judicial -que se define como la demora en la solución (sentencias, conciliaciones) de los problemas y casos que se presentan ante los jueces y tribunales- continuó en 41 mil 271 expedientes pendientes por concluir a nivel federal y 5 mil 773 a nivel estatal, en casos que impactan directamente a las personas.
Tan solo a nivel estatal se indica que en materia civil quedaron pendientes por resolver mil 989 expedientes, en materia familiar mil 736, en materia penal mil 155, en materia mercantil 650 y en materia comunitaria o vecinal 224, cifras que no incluyen los asuntos que de por sí ya estaban rezagados y que ingresaron en otros años.
Pese a lo anterior, los especialistas agregan que el rezago no sólo puede medirse como la diferencia entre los casos que entran y los que salen, pues para un diagnóstico real sobre el rezago judicial, es necesario estudiar, cuando menos, los factores con los que conviven los órganos judiciales y que impactan en la impartición de justicia, tales como el número de funcionarios para resolver los casos y sus consecuencias en la carga laboral.
Por lo anterior, refieren que aún existe una necesidad de crear un “diagnóstico riguroso, sectorial (por materia y jurisdicción), basado en evidencia, que pueda explicar los diversos factores y su peso en el problema del rezago y la congestión”. /AgenciaS-PUNTOporPUNTO
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