REFORMA al PODER JUDICIAL podría comprometer los DERECHOS HUMANOS y LIBERTADES ESENCIALES

Los exjefes de Estado de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) rechazaron enérgicamente la reforma judicial propuesta en México, “que podría debilitar la independencia de jueces y magistrados, y comprometer los derechos humanos y libertades fundamentales”.

• En un pronunciamiento, se dijeron preocupados porque la reforma judicial que se pretende aprobar en México sigue los pasos experimentados bajo las dictaduras y autoritarismos electivos en América Latina, a saber, la cooptación de la administración de justicia para disponerla al servicio de objetivos ideológicos, usarla para la aplicación de un derecho penal del enemigo y asegurar la reelección indefinida de los gobernantes.

“Rechazamos enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral; como la propuesta del partido oficial Morena, que busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión”, dijeron los exmandatarios de la región, principalmente de filiación de derecha.

Se dijeron preocupados por las consecuencias de la reforma en cuanto a la debida garantía a los derechos humanos y las libertades fundamentales sólo posible en un Estado constitucional y democrático que asegura cabalmente la autonomía e independencia de los jueces y los equilbrios y contrapesos en el ejercicio del poder.

Grupo IDEA es un foro internacional no gubernamental que integran 37 exjefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica.

• Entre los firmantes están José María Aznar, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox, Belisario Betancur y Fernando Henrique Cardoso

Expertos discrepan sobre la elección popular de jueces

Expertos, académicos y juristas, coincidieron que el Poder Judicial requiere una reforma para ser más eficiente, así como ofrecer una justicia más expedita e humana, no obstante, observaron que la forma de designación de futuros juzgadores debe asegurar que los candidatos sean idóneos y capacitados, priorizando la competencia e integridad sobre la popularidad.

• El pasado 1ro de julio  se llevó a cabo el segundo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, en Guadalajara, Jalisco, con el tema: “Conformación y reorganización del Poder Judicial: nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, y régimen de responsabilidades”.

En este contexto, el presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco, el magistrado Daniel Espinoza Licón, reconoció que en un acto de autocrítica, entre los juzgados se ha abierto una discusión sobre la necesidad de una reforma al Poder Judicial para hacer una labor jurisdiccional más eficaz, y ofrecer una justicia más cercana y amigable, pues señaló que hay jueces que trabajan a puerta cerrada, mostrando indolencia a los conflictos, por lo que “no se debe olvidar que no se trata solo de expedientes, sino de familias y vidas que son afectadas”.

Es así que destacó que ante la posibilidad de una reforma que incluya la propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, como Poder Judicial se deberá respetar las decisiones tomadas por otras instituciones autónomas como lo es poder legislativo, no obstante, se espera que el respeto sea mutuo.

• Asimismo, propuso que en torno a la designación de las futuras generaciones de quienes impartirán justicia, se deben implementar mecanismos de selección rigurosos que aseguren que las y los candidatos sean idóneos e identificar a los más capacitados, priorizando inteligencia y capacidad sobre la popularidad, a fin de garantizar una judicatura que responda a las necesidades de justicia de la sociedad.
• Además, sostuvo que se debe priorizar que el respeto a los derechos adquiridos de quienes actualmente ocupan un cargo de juzgador o magistrado, evitando sentencias nacionales o internacionales con posibles condenas al Estado mexicano; asimismo, considerar el retiro progresivo hasta terminar los periodos por los cuales fueron designados, para que cada vez que se genere una vacante siga el nuevo proceso de designación.

Áreas de oportunidad

Por su parte, la maestra en derecho constitucional y derechos humanos del ITESO, Ana Sofía Torres Menchaca, recalcó que ante la complejidad y amplitud de esta reforma existen áreas valiosas como el ofrecer una justicia pronta y expedita, revisar los sueldos del funcionario público y la crítica al gobierno de las élites.

No obstante, sostuvo que aún se muestra incompleta, pues no se incluye a las fiscalías, a las comisiones de la verdad, de atención a víctimas o de derechos humanos, así como a las escuelas de derecho.

• Mientras que en el caso de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, planteó tener mejores procesos, trascender el partidismo, las formas de cuotas y amigos.

“La sola ingeniería organizacional no va a resolver el problema, no lo ha hecho antes, no creo que deba o pueda hacerlo ahora (…) el juez ideal, tiene que ser ético conocedor de la técnica jurídica, pero además, debe de recuperar el sentido común. Hace falta volver a ser persona”, subrayó.

• En tanto, el abogado de la Universidad de Guadalajara, Juan Alberto Ruvalcaba González, sostuvo que el Poder Judicial debe renovarse, pero llamó a hacerlo de manera periódica y parcial, como lo dispone la constitución.

Al tiempo que destacó que no puede haber independencia judicial sin estabilidad en el cargo, además de sostener que no es ideal que hagan campañas, pues “no imagino a un candidato juez de lo penal ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Los jueces deben estar de manera más humana, sensible y empática dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que este país reclama”.

• Por el contrario, el investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia, expresó que actualmente en el país se observa un modelo dominante que le da un gran poder a los jueces, posicionándose por encima de los legisladores y el Ejecutivo, pues define el alcance de los derechos. Sin embargo, consideró que este modelo riñe con la democracia del país.

En este contexto, defendió que la reforma planteada por el presidente busca terminar con los grandes problemas en el Poder Judicial, como lo es nepotismo, ya que, en la carrera judicial cerca del 84% de los concursos son cerrados, además de que esté cuentan con muchos privilegios en los salarios y las prestaciones, y de ahí que consideró que esta reforma es fundamental.

En el mismo sentido, la abogada y maestra en Derecho Internacional en Derechos Humanos, Gabriela Díaz Salinas, instó que para esta reforma también es necesario socializar lo qué es el Derecho, al tiempo que defendió que la elección popular de juzgadores dará luz.

Riesgos por austeridad en el Poder Judicial

La austeridad propuesta por el Presidente de la República en la reforma al Poder Judicial debe ajustarse a los diagnósticos reales sobre la situación de la impartición de justicia en el país, de lo contrario, significará riesgos y afectaciones a esa labor central del Estado, advirtieron la mayoría de los asistentes al segundo foro de debate en la materia, organizado por la Cámara de Diputados.

Desde la sede del Congreso del Estado de México, en Toluca, especialistas, jueces, magistrados y académicos señalaron que la austeridad en el Poder Judicial mal aplicada, será sumamente costosa.

• Alertaron que si no se garantiza el presupuesto suficiente a los poderes judiciales a nivel federal y local, lejos de cumplir con servicios de justicia expeditos y adecuados, esas instancias se debilitarán.
• El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Ricardo Sodi Cuéllar señaló que la reforma a discusión debe ser federalista y partir de diagnósticos reales, como el hecho de que en México, hay 4.5 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando al menos debería haber 10.

“Una buena administración de justicia es costosa, una mala administración de justicia es más costosa todavía, frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad, el debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto”, expresó el magistrado Sodi Cuéllar.

Su planteamiento fue rechazado por el líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien sentenció que la austeridad en uno de los elementos irrenunciables de la reforma y a ello se deberán apegar las judicaturas locales.

“Señor presidente del Tribunal aquí en el Estado de México, viva la austeridad también para ustedes, saludos”, atajó el legislador.

Trabajadores exigen respeto a derechos

En representación de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el secretario general del Sindicato, Jesús Gilberto González advirtió que “politizar” presupuesto en esa instancia del Estado mexicano afectará el acceso a la justicia.

• González Pimentel demandó a los congresistas que cumplan el ofrecimiento de respeto a los derechos laborales adquiridos por la plantilla del Judicial.
• Denunció las carencias, trabas, abusos laborales y explotación que enfrentan los trabajadores en ese rubro y señaló que una buena reforma debe atender problemáticas como el bloqueo al aumento salarial del personal implementado desde el inicio de esta administración.

Los congresistas deben garantizar el presupuesto al Poder Judicial, que deje de recortarse y tenga una base mínima del 2 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB).

Exigió que los congresistas establezcan en la reforma, el respeto en los hechos a la jornada laboral de 8 horas para los trabajadores que no tiene hora de salida y viven una “esclavitud velada”, y que los cambios legales por aprobar no terminen el despido de trabajadores de base y con plazas.

Corrupción en el Poder Judicial

En su intervención, el polémico del juez del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sido múltiplemente señalado por el Presidente de la República y su gobierno, por emitir resoluciones contra decisiones gubernamentales, habló de las acusaciones de corrupción en el Poder Judicial.

“Yo también me rehúso a creer que en estos 30 años después de este sistema de selección sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencia, impunidad o tráfico de influencias. Estoy convencido de que tiene muchas áreas de mejora, por eso estamos aquí”, destacó.

• Gómez Fierro subrayó que una reforma judicial integral, debe garantizar los derechos de los trabajadores, así como recursos suficientes para cumplir con la tarea de impartir justicia.

Consideró que las medidas de austeridad propuestas, pueden conciliarse, sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores ni la legitimidad y la independencia judicial.

Pidió no olvidar que de acuerdo a organismos internacionales, la adecuada impartición de justicia pasa por asegurar un presupuesto suficiente al Poder Judicial, y en México, la inversión en ese rubro es de 0.4 por ciento, el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sobre los privilegios y excesos económicos de los cuáles se acusa a los juzgadores, dijo que en el Poder Judicial no se cuestiona la disposición de que nadie debe tener más pago que el del Presidente de la República.

• Los criterios jurisdiccionales al respecto, obedecen a que la ley no define claramente cuáles son todas las remuneraciones del Primer Mandatario, puntualizó.
• En su intervención, el consejero jurídico del gobierno del Estado de México, Jesús George Zamora, se manifestó a favor de la reforma y de que los jueces se elijan en urnas.

Otros invitados que presentaron posturas a favor, fueron la visitadora del Consejo de la Judicatura Federal, Carolina Denysse Villagrán.

También, el exlegislador federal, Jaime Miguel Moreno Garavilla, quien pidió no ver el planteamiento del Presidente como una “guerra fraticida” sino como el camino a un “nuevo orden» en el Judicial. “No le tengan miedo” a la construcción de las instituciones, sugirió.

• En el mismo tono se manifestó José Reyes Doria, exasesor parlamentario, excolaborador de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro en anteriores Legislaturas y colaborador de medios de comunicación afines al Gobierno Federal.

El invitado coincidió con los argumentos de la mayoría respecto a los excesos, privilegios indebidos, dispendio y derroches en el Poder Judicial.

Dijo que la austeridad en ese ámbito, permitiría al gobierno destinar más recursos a otras “necesidades más legítimas”.

En tono más crítico, Sergio Arturo López Servín, secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, planteó que si para el Poder Legislativo se pide que no haya congresistas improvisados, en el Poder Judicial la demanda es la misma.

Subrayó la importancia central que tiene el respeto a la carrera judicial y pidió que la reforma no pase por encima de los derechos de los trabajadores, pero tampoco de los juzgadores que, si serán electos por voto en urnas, deben cumplir con perfiles especializados y con la necesaria preparación y capacidad profesional.

• Ricardo Garduño Pasten, magistrado, director regional de la Asociación de Jueces y Juezas de Distrito, Magistradas y Magistrados del Segundo Circuito, en el Estado de México, llamó a los congresistas a que la austeridad por establecer será racional y no afecte derechos adquiridos.

Recalcó que en ese ámbito, quienes enfrentan las amenazas del crimen organizado, son los juzgadores, secretarios y actuarios.

• Tajante, dijo que los integrantes del Poder Judicial también son mexicanos, son parte del “pueblo” y son trabajadores que a diario cumplen con su labor.
• Advirtió que una reforma que pase por encima de los derechos de los integrantes del Judicial será cuestionada a nivel nacional e internacional.

Recibió aplausos cuando solicitó a los congresistas que no admitan en el proceso electoral para los juzgadores, a quienes presenten constancias de “escuelas patito” para acreditar conocimientos.

Cuestiona EU autonomía del Poder Judicial en México

El informe anual sobre derechos humanos en el mundo emitido en abril pasado por el Departamento de Estado no detectó cambios significativos en la situación de derechos humanos en México, antes de detallar una larga lista de abusos y violaciones de derechos incluyendo asesinatos extrajudiciales, desapariciones, tortura por fuerzas oficiales, problemas con la independencia del Poder Judicial, violencia contra periodistas y violencia con base en género.

• El gobierno generalmente tomó pasos creíbles para identificar y castigar a oficiales que podrían haber cometido abusos de derechos humanos, apunta el informe en un resumen sobre la sección de México, de unas 58 páginas. Pero el reporte ofrece una evaluación muy detallada de ejemplos específicos de oficiales gubernamentales a escalas nacional y local que cometieron delitos y quedaron impunes. Por ejemplo, después de ofrecer detalles sobre los arrestos y liberación de personas en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, el informe concluye que hasta noviembre [2023], ningún sospechoso ha sido condenado por su involucramiento.
• El informe anual requerido por el Congreso desde 1977, ofrece capítulos detallados sobre casi todos los países del mundo, pero no somete a calificación los derechos humanos dentro de Estados Unidos. Por cierto, al presentar el informe este lunes, Robert Gilchrist, de la Oficina sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, señaló en conferencia de prensa que el presidente Joe Biden ha enfatizado la importancia de que este país cumpla con sus propios derechos humanos.

Pero a fin de cuentas, este es un documento político. El secretario de Estado, Antony Blinken, en su introducción escrita al informe, resalta los abusos de derechos humanos en Rusia, Sudán, Irán, China y Cuba y lo que llama el conflicto Israel-Hamas. Sin embargo, un lector tiene que proceder a secciones específicas del informe para descubrir numerosos reportes de matanzas ilegales por el gobierno de Arabia Saudita o los”asesinatos extrajudiciales” del gobierno de India, ambos aliados de Washington, todo lo cual no es resaltado por el secretario de Estado.

• En su introducción por escrito, Blinken sí optó por enfatizar los avances en la implementación de reformas laborales en México, donde trabajadores están superando obstáculos para organizarse y empezar a mejorar condiciones laborales. La sección sobre México agrega sobre este rubro que el gobierno continuó fortaleciendo las protecciones a la libre asociación, promoción de la democracia sindical y mejorar la capacidad de la negociación colectiva de los trabajadores.

La sección sobre México también incluye una evaluación de la actuación de parte del gobierno: Hubo varios reportes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios e ilegales, incluyendo asesinatos extrajudiciales, durante el año. Después de señalar que la tortura está prohibida por la ley federal en México, el informe señala que la impunidad por tortura prevaleció entre las fuerzas de seguridad.

• Una gran parte de la sección sobre México se centra en si el gobierno mexicano investiga, fiscaliza y condena a personas dentro y fuera del gobierno que violan los derechos humanos y, tras indicar que existen numerosos reportes de desapariciones por grupos delictivos, el informe dice que las condenas de los delitos de desapariciones forzadas eran infrecuentes.
• La sección evalúa el papel del Poder Judicial, señalando que, a pesar de la independencia de ese poder bajo la ley, decisiones de tribunales fueron susceptibles a influencia inapropiada de entidades tanto privadas como públicas, particularmente a escalas estatal y local, como también por organizaciones criminales trasnacionales”. Señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador verbalmente ha atacado al Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte y que mítines públicos han incluido la quema de la efigie de la juez Norma Piña. No obstante, el informe concluye que la ley otorga el derecho a un juicio imparcial y público, y el Poder Judicial generalmente hizo valer ese derecho.
• Otro rubro amplio de la sección sobre México se enfoca en la libertad de prensa y los medios, lo cual evaluó que el gobierno mexicano generalmente respetó. Pero agregó que el gobierno continuó ejerciendo presión significativa por ser una fuente de ingresos de publicidad para muchas organizaciones de medios, lo cual a veces influyó la cobertura. Agrega que altos niveles de impunidad, incluyendo asesinatos o ataques sobre periodistas, resultaron en autocensura y una reducción de la libertad de expresión y la prensa.

Finalmente, el documento, señalando que la ley nacional aplica penas por corrupción oficial, concluye que el gobierno generalmente aplicó esa ley efectivamente, pero hubo varios informes de corrupción gubernamental.

Al emitir el informe, el secretario de Estado Blinken fue preguntado por reporteros si Estados Unidos tiene un doble criterio en torno a los derechos humanos, dada la crítica pública de acciones rusas en Ucrania comparadas con las mucho más leves de las mismas en Gaza por Israel. No, aplicamos el mismo criterio a todos, y eso no cambia si el país es un adversario, un amigo o un aliado.

Así funciona el sistema de justicia en México

México lleva a cabo un amplio debate sobre el Poder Judicial, su integración, funcionamiento y la manera en la que opera.

Distintos actores realizan foros de discusión para dar su punto de vista sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año.

La propuesta incluye una modificación a 16 artículos de la Constitución para que los ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular; reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, crear un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros cambios.

¿Cómo funciona el sistema de justicia actualmente y en qué consiste a detalle la reforma? Te invitamos a escuchar los siguientes especiales que realizó IMER Noticias.

¿En qué consiste la iniciativa?

El pasado 27 de junio comenzaron los foros sobre la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, en camino al debate de la iniciativa en el Congreso de la Unión.

Esta es la reforma que debatirán las y los legisladores en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre. Te explicamos en qué consiste la iniciativa.

Justicia cotidiana: limitada y sin condiciones para cumplir acuerdos

En 2014, la justicia cotidiana se incorporó a la agenda pública y por primera vez México discutió sobre el tema. Pero casi una década después sigue siendo limitada. Te contamos de su implementación y limitaciones./Agencias-PUNTOporPUNTO