El gobierno federal cuenta con 900 millones de dólares del bono catastrófico que renovó para el periodo 2024-2028, con el fin de atender posibles daños por el paso de huracanes como el que atraviesa el Caribe, Beryl.
- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también confirmó a El Sol de México que se renovó el seguro catastrófico que vencía este jueves 7 de julio con una cobertura de 5 mil millones de pesos.
- Además de estos instrumentos financieros, el gobierno federal aún cuenta con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que al cierre del primer trimestre sumaban un total de 104.4 millones de pesos.
Si bien en 2020 se ordenó la extinción del Fonden como parte de un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, los recursos siguen generando rendimientos.
Además, resalta que desde el 1 de enero de 2021, el Fonden no ha asumido compromisos adicionales a los adquiridos previamente, salvo los relacionados con sus gastos de operación.
- Al cierre de marzo de este año, dicho fideicomiso, que era administrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), reportó un avance de 45 por ciento en su proceso de extinción.
- Para acceder a los recursos del Fonden, un comité conformado por autoridades estatales y federales hacía una evaluación de los daños.
- Si el monto calculado rebasaba los recursos asignados para la atención de desastres que cada estado recibía previamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, entonces la entidad o municipio afectados podían tener los beneficios del fondo.
Sobre el bono catastrófico, en el primer trimestre de 2024, la SHCP erogó alrededor de dos mil 139 millones de pesos para su renovación, de acuerdo con el último reporte trimestral sobre las finanzas y deuda pública.
La última vez que se usó el bono catastrófico fue apenas en octubre pasado tras el paso del huracán Otis en Guerrero. En su momento, Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda, indicó que México podría recibir hasta 60 millones de dólares provenientes del bono.
- El pago de indemnizaciones del bono catastrófico se activa con base en parámetros de intensidad, es decir, cubre huracanes (a partir de intensidad Categoría 4 en la escala Saffir-Simpson) o terremotos (a partir de magnitudes de 7.8 en la escala de Richter).
- De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el huracán Beryl tendrá su primer impacto en México la noche del jueves o en la madrugada del viernes en Quintana Roo.
- Se espera que llegue a la Península de Yucatán como un fenómeno de categoría 1 o 2, aunque su trayectoria actual por el Caribe está en la categoría 3 en la escala Saffir Simpson.
Estados hacen guardadito para enfrentar desastres naturales
En 12 entidades del país hay 840 millones de pesos que los gobiernos locales presupuestaron este año para atender desastres naturales, como huracanes, inundaciones, terremotos e incendios forestales.
La cifra es apenas una fracción de lo que se necesita para atender las emergencias y reconstruir tras los daños. Por ejemplo, para reparar los daños ocasionados por la tormenta tropical Alberto —que impactó el 20 de junio a Tamaulipas, Nuevo León y algunas zonas de Coahuila— el gobierno de Samuel García solicitó poco más de cuatro mil millones de pesos a la federación.
La Organización Editorial Mexicana (OEM) consultó a los secretarios de Finanzas y Gobierno de varios estados del país, de los cuales 12 confirmaron sus montos disponibles: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tabasco y Veracruz.
- Desde que desapareció el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en julio de 2021, la entidad gobernada por Enrique Alfaro creó dos fondos, que juntos suman 358 millones 462 mil 418 pesos. Jalisco es la entidad que más recursos aporta a su fondo de desastres de las 12 consultadas por la OEM.
- El primero se denomina Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales de Municipios (Foeadenm) y atiende los daños causados por un fenómeno de la naturaleza a vivienda, incluyendo mobiliario y enseres, infraestructura carretera, infraestructura hidráulica, caminos rurales, cauces y arroyos, entre otros. Su monto aprobado para este 2024 es de 58 millones 462 mil 418 pesos, explicó el secretario general de gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza.
El segundo es denominado Fondo Emergente para la Atención del Efecto del Cambio Climático y los Desastres Naturales en el Campo, lo maneja la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Jalisco, es anual y para este 2024 tiene un monto de 300 millones de pesos.
El apoyo es económico para disminuir las pérdidas económicas derivadas de desastres naturales en unidades de producción agrícola, con un monto de tres mil pesos por hectárea y cubre de una a cinco hectáreas.
- Actualmente la zona metropolitana de Guadalajara enfrenta problemas de inundaciones y socavones por las lluvias y con la formación de la tormenta Aletta frente a las costas de Jalisco, el gobierno podría utilizar esos fondos.
- Las otras dos entidades que más aportan para la atención de desastres en sus territorios son Estado de México y Veracruz, que para este año destinaron 100 millones de pesos, cada una, a sus fondos.
En el Estado de México, el artículo 26 del presupuesto estatal dice que el capítulo 6000 Inversión Pública tiene 100 millones de pesos asignados a la Coordinación General de Protección Civil para la atención de desastres y siniestros ambientales o antropogénicos (actividad humana). Sin embargo, si el gobierno mexiquense requiera recursos adicionales, estos se pueden ampliar a petición del Ejecutivo estatal.
Veracruz cuenta con el Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado, que en total suma 99 millones 818 mil 902 pesos.
Además, el 21 de diciembre del año pasado, durante la aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado para 2024 en el Congreso local, se incorporaron 175 millones de pesos del Seguro de Desastres Naturales.
“Los objetivos del fideicomiso consisten en establecer el mecanismo jurídico-administrativo para que la inversión y administración de los recursos que se aporten se destinen única y exclusivamente, en forma eficaz y transparente, en la atención de la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales en la entidad”, según el documento oficial.
- Al igual que en el Estado de México, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) veracruzana puede hacer modificaciones presupuestales si se requieren recursos adicionales para atender una emergencia.
A pesar de que cada vez más se resienten los efectos del cambio climático con la presencia de lluvias intensas y huracanes más poderosos, como Otis que devastó acapulco a finales de 2023 y el recién llegado Beryl a las costas de Quintana Roo, hay estados que no tienen fondos o fideicomisos para la atención de desastres naturales.
Zacatecas, por ejemplo, carece de fondos para desastres y tampoco ha contratado seguros catastróficos para la cobertura de daños que puedan causar fenómenos naturales.
En marzo de este año, la Cámara de Diputados reformó la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con la que se traspasó a los gobiernos estatales y municipales, la responsabilidad de destinar recursos para la atención de catástrofes.
- La nueva normatividad señala también que las entidades y ayuntamientos deben contratar seguros y demás instrumentos de transferencia, para la cobertura de los daños causados por siniestros, conforme a la disponibilidad de su presupuesto.
- El secretario de Finanzas de Zacatecas, Ricardo Olivares Sánchez, informó que en caso de una contingencia extraordinaria se podría utilizar el Fondo de Estabilización de los Ingresos del Estado, creado en el año 2022 con remanentes de recursos públicos y que actualmente cuenta con 280 millones de pesos.
Dicho fondo no fue creado para atender emergencias, sino “para aminorar el efecto que sobre las finanzas públicas se pueda causar cuando ocurran disminuciones o caídas de los ingresos”, según el decreto que le dio origen.
Ricardo Olivares aclaró que la normatividad actual sí permite disponer del Fondo de Estabilización, “para poder utilizarlo en caso de siniestros, incluidas las sequías extremas”.
En Coahuila, el director operativo de la Subsecretaría de Protección Civil en el Estado, Alonso Gómez Vizcarra, explicó que pese a que no hay un fondo específico para atender desastres naturales, las auoridades actuarán de forma inmediata en caso de requerirse.
“No se tiene un fondo fijo o una cantidad para este rubro de desastres naturales, pero la indicación del gobernador, Manolo Jiménez Salinas y el subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez Avalos, es actuar en forma inmediata pensado siempre en la población de las comunidades afectadas, pensando en proteger a la gente”, comentó el funcionario.
- Hay ejemplos en los que el gobierno estatal ha actuado con sus recursos, como el incendio de mil 780 hectáreas ocurrido en la Sierra de Arteaga, en Coahuila, donde hubo la necesidad de rentar un avión para combatirlo para el que se invirtió un millón 200 mil dólares.
- Nayarit cuenta con un fondo para desastres naturales de 70 millones de pesos, confirmó el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Julio César López Ruelas, quien explicó que el gobierno estatal busca la manera de robustecer este fondo para enfrentar cualquier contingencia que se pudiera presentar. El monto no representa ni uno por ciento del costo de los daños que provocó en la entidad el huracán Jova, en 2018, cuyo destrucción fue valuada en más de mil 900 millones de pesos.
Apenas el jueves, la calificadora Moody’s advirtió que “las entidades federativas no cuentan con recursos ni con seguros suficientes que cubran los daños derivados de huracanes. Asimismo, ante eventos de gran magnitud y aún con el apoyo federal, las entidades registran presiones en el gasto y en la liquidez que pueden perdurar por varios años”.
Quitaron el fideicomiso pero sí hay fondo para desastres
Aunque en 2020 se determinó que dejara de funcionar como fideicomiso -lo que significó que volvieran a la Tesorería fondos por al menos 25 mil millones de pesos, según lo referido por Hacienda-, hasta ahora el gobierno mantiene una partida presupuestal con el mismo nombre y con el mismo objetivo, dentro del Ramo 23.
Misma que tuvo este año una asignación inicial de 17 mil millones de pesos, aunque luego se redujo a 13 mil 568 millones.
Entonces, sí existe aún un fondo o programa para atender desastres naturales, aunque con modificaciones como si al finalizar el año no se usan los recursos deben devolverse a la Tesorería, por lo que especialistas critican que ahora hay menos seguridad en la disponibilidad de recursos, y que desde la extinción del esquema de fideicomiso se ha dado un menor gasto en atención a desastres, sobre todo en el aspecto de recuperación de infraestructura.
“Había una alcancía con recursos que ya no existe. De esa alcancía se sacaba dinero cuando se necesitaba, con criterios técnicos. Ahora tenemos una partida que se activa o no con los criterios de Hacienda y a ver si la recaudación alcanza”, refirió en Twitter Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible en el IMCO.
“A partir de 2021, el presupuesto incluye solo un programa con ese nombre que, por su naturaleza, está sujeto a la transferencia directa de recursos de la SHCP y no es posible que se usen de forma plurianual”, apuntó en tanto la investigadora Daniela Balbino.
Mientras en 2013 y 2014 se gastaron más de 20 mil millones con cargo al FONDEN para la atención de desastres naturales, labores de reconstrucción y otras ayudas, en 2021 se reportó un gasto de 14 mil 564 millones de pesos para encarar desastres, y en 2022 de 7 mil 750 millones, según datos del quinto informe.
En ese mismo documento se refiere que este año, hasta junio, Hacienda “transfirió 5,398 millones de pesos con cargo a las previsiones presupuestarias para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales, orientados a la reconstrucción de la infraestructura pública afectada en las entidades federativas y acciones de carácter prioritario, así como a la instrumentación del Seguro para Catástrofes 2023-2024”.
- Hacienda no ha explicado cómo fluyeron los recursos de 2022 y 2023, pues en la Cuenta Pública y en la página de Transparencia Presupuestaria en el caso de este último año se reporta un gasto de 0 pesos con el Fonden como programa.
- La organización México Evalúa ha mencionado que mientras Fonden fue fideicomiso se tenía una ‘bolsa’ garantizada de recursos disponibles, sin estar sujetos a vaivenes presupuestales ante el reto que representa el cambio climático.
Aunque, por otro lado, también recordó que en sexenios anteriores con el Fondo como fideicomiso se dieron casos de malos manejos de recursos, documentados por instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF):
“En la revisión de la Cuenta Pública de ejercicios anteriores se han detectado diversas irregularidades, como son incumplimientos en los plazos de ejecución de obras correspondientes a Apoyos Parciales Inmediatos; presentación extemporánea de comprobantes de gastos de evaluación de daños y pago de obras no ejecutadas”, señaló la ASF en 2021.
“Falta de presentación del análisis de precios unitarios extraordinarios, falta de realización de estudios de mercado para procedimientos de adjudicación directa, falta de establecimiento en los dictámenes de adjudicación de los criterios de excepción a la licitación, falta de solicitud de cotizaciones a los contratistas y deficiencias en las bitácoras de obra”, agregó.
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dijo en su comparecencia ante diputados que con los cambios realizados en el esquema de operación del Fonden ya no se permite que Banobras, que era el administrador del fideicomiso, intervenga en la asignación de recursos.
“Lo que se hace es que se centraliza y se transfieren los recursos a los ejecutores que pueden ser: la Sedena, ahí se activa el Plan DNIII, o cualquier otro ejecutor como puede ser un Estado”, señaló.
- Si bien en los datos presupuestales de Hacienda se menciona que el presupuesto modificado para Fonden era de 13 mil 568 millones al segundo trimestre del año, Yorio habló de que al programa le habían asignado 18 mil.
- También mencionó lo referido en el quinto informe, que “el Gobierno de México contrató un seguro para hacer frente a los daños ocasionados por fenómenos naturales, con vigencia del 5 de julio de 2023 al 5 de julio de 2024, con una cobertura de 5 mil millones de pesos”.
- Y recordó que el FONDEN como fideicomiso está actualmente en proceso de extinción, siguiendo las directrices del Decreto publicado en el DOF el 6 de noviembre de 2020, por lo que desde 2021 ha “cesado de tomar nuevos compromisos y se está enfocando exclusivamente en finalizar sus operaciones”.
Cómo ha cambiado el gasto al pasar de fideicomiso a programa
La siguiente tabla del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas muestra cómo el Fonden tuvo su mayor monto de recursos asignados en 2018, para luego ir a la baja, aunque el Centro también recordó el antecedente clave de que en 2017 se había dado la emergencia por el sismo:
- El análisis del CEFP de la Cámara de Diputados es que el gobierno de López Obrador decidió extinguir el esquema de fideicomiso para el Fonden “bajo un entorno adverso causado por la pandemia” de COVID.
Ante “la amenaza de una crisis mundial económica derivada por los conflictos en el mercado petrolero y la eclosión de la pandemia del COVID 19, el Gobierno Federal buscó mecanismos de financiamiento, para cumplir con sus funciones y otorgar transferencias a los sectores social y privado, sin tener que recurrir al aumento de las contribuciones por parte de las familias y las empresas”, señaló.
“Esta medida tuvo por objeto aportar liquidez para el plan de recuperación económica, toda vez que no se tenía pensado contratar deuda para ese fin”.
Una de las críticas de los especialistas de México Evalúa sobre el cambio en el Fonden con el gobierno de López Obrador es que dentro de la baja del gasto, esta se acentuó más en el ámbito de la recuperación de infraestructura.
El monto orientado en 2021 a ese objetivo fue de sólo 2.2 mil millones de pesos, apuntó la organización, de un total de 14.5 mil millones.
- El gasto, detalló, se enfocó en asistencia social, “con riesgo de uso clientelar, más que en la reconstrucción. Esto sugiere que el esfuerzo fiscal, aunque sigue existiendo, es notablemente menor y menos efectivo, pues al descuidar la reposición de la infraestructura pública y privada de las localidades dañadas hay menos posibilidad de control de los riesgos de empobrecimiento en los territorios atendidos”.
Ya para 2022, de un gasto de 7,750 millones se destinaron 3,104 a cobertura e infraestructura pública, y 2,106 para reconstrucción de carreteras.
Y en cuanto a 2023, México Evalúa señaló que al segundo trimestre del año “el gasto total para desastres naturales va 65% por debajo del promedio del sexenio pasado, y el gasto en reconstrucción es 59% inferior en la misma comparación”. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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