AMÉRICA LATINA “se encuentra ESTANCADO en la LUCHA contra la CORRUPCIÓN”, alertan expertos

Transparencia Internacional, la primera y mayor organización de lucha contra la corrupción a nivel global, a través del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el cual muestra el impacto de este flagelo en el sector público de 180 países y territorios, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy «limpios»).

• En su edición para 2023, el índice reveló que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público.
• En América Latina, Uruguay y Chile resultaron los países mejor ubicados, con 73 y 66 puntos respectivamente, es decir, percibidos como con poco nivel de corrupción.

En el otro extremo se ubican Nicaragua y Haití (con 17 puntos) y Venezuela (con apenas 13 puntos), percibidos como muy corruptos.

Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, habló sobre las causas y perspectivas en torno a la lucha contra la corrupción en la región.

´Lamentablemente la región se encuentra estancada en la lucha contra la corrupción. Este año la región obtiene otra vez, por quinto año consecutivo, un promedio de 43 sobre 100 puntos posibles -en donde 100 es considerado lo más limpio y cero, lo más corrupto-´.

Pero no solo eso: en los últimos años solo dos países de 32, Guyana y República Dominicana, muestran avances significativos en la lucha contra la corrupción. Todos los demás están estancados o han empeorado. La corrupción está carcomiendo a la región.

Hay muchas, pero yo nombraría en primer lugar la concentración del poder en los Ejecutivos y el crecimiento del autoritarismo en ciertos países, como El Salvador, Venezuela y Nicaragua.

• Hay otro motivo fundamental, y es la falta de independencia del poder judicial, que es el que debe garantizar la implementación de la ley de manera imparcial. Cuando este poder está debilitado, no solo no controla a los otros poderes del Estado, sino que se empieza a transformar en una maquinaria que responde a intereses particulares y no a los del común de la sociedad.

Y otro factor, que también explica el avance de la corrupción, es la vulneración a derechos fundamentales, como el derecho al acceso a la información, la libertad de prensa, de asociación y de expresión. Esto particularmente lo vemos en Honduras, Guatemala y El Salvador.

´Así es, cuando el poder judicial es débil, no hay voces por otro lado que denuncian y las que hay, son silenciadas, lo que tenemos es impunidad. Y esto hace que la gente confíe cada vez menos en las instituciones públicas, estas son percibidas cada vez como más corruptas, y a su vez, esta situación de desesperanza da lugar al crecimiento de los populismos´.

• Tenemos el caso de Guatemala, que es un país que en los últimos años ha vivido una consolidación del autoritarismo, en donde una elite política y económica ha cooptado las instituciones del Estado, desmantelando los mecanismos anticorrupción y al propio poder judicial. Ahora hay un nuevo presidente que tiene la tarea de refundar esas instituciones que están absolutamente dañadas.

Y también Argentina presenta un descenso significativo. El país tiene problemas estructurales. En el área de compras y contrataciones podría ser mucho más transparente de lo que es, y los niveles de integridad de la política son bastante deficientes. El país presenta los mismos desafíos que muchos otros de la región, en una sociedad que está bastante cansada ya de la corrupción.

El análisis 

Aunque Transparencia Internacional acertó en señalar a los sistemas judiciales como un factor clave de la corrupción en América Latina, el índice no profundiza en las tendencias generales de la corrupción en la región.

En muchos países, los sistemas judiciales están siendo debilitados abiertamente. Una serie de escándalos judiciales sacudieron recientemente a Venezuela, donde los bajos salarios empujan a muchos de los trabajadores del sector a buscar compensaciones adicionales en forma de sobornos o, en algunos casos, alimentos.

• La puntuación de El Salvador cayó de 36 a 31 en tres años. El presidente del país, Nayib Bukele, ha desmantelado sistemáticamente las instituciones que amenazan con limitar su poder. En 2021, el partido de gobierno destituyó al fiscal general del país, frustrando varias investigaciones de corrupción que implicaban a funcionarios clave.
• Mientras tanto, en Guatemala (23), los activistas conservadores utilizaron agresivamente el sistema judicial del país para lanzar una oleada de demandas con las que pretendían impedir que Bernardo Arévalo, el presidente electo, asumiera el cargo.

Sin embargo, al limitarse a describir los niveles de corrupción percibidos en el sector público, el IPC no refleja otras dinámicas importantes de la región.

Uruguay, que siempre ha sido percibido como un país con bajos niveles de corrupción, se enfrenta actualmente a un fuerte aumento de flujos financieros ilícitos. En los últimos cinco años, los casos de lavado de dinero vinculados a narcotraficantes se duplicaron, lo que suscita la preocupación de que los grupos criminales estén convirtiendo silenciosamente al país en un foco de corrupción.

Además, al crear puntuaciones individuales por país, el IPC ignora que la corrupción suele ser transnacional y que rara vez puede atribuirse a una única ubicación geográfica.

• Por ejemplo, en 2018, los fiscales de Miami presentaron cargos contra un banquero uruguayo acusado de blanquear US$1.200 millones en fondos robados por empleados de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal venezolana. Los fiscales alegaron que el dinero en efectivo se canalizó a través de un banco de Puerto Rico y se utilizó para comprar propiedades de lujo en Florida, aunque los cargos fueron retirados recientemente.
• Según declaró a InSight Crime Oliver Bullough, autor y experto en corrupción, la cleptocracia depende en gran medida del traslado de fondos robados a través de fronteras internacionales para ocultar su providencia y obstruir los esfuerzos de las fuerzas de seguridad.

“La corrupción, como cualquier otro negocio, está globalizada”, afirmó.

El IPC también sitúa sistemáticamente a algunas de las jurisdicciones con mayor secretismo financiero de América Latina en los puestos más altos. Este año, solo 10 países de la región obtuvieron una puntuación superior a 50, entre ellos Santa Lucía (55), San Vicente y las Granadinas (60) y las Bahamas (64).

En estos países, las normas que regulan la información que las personas deben revelar antes de adquirir activos o crear empresas ficticias son laxas. Este sistema beneficia a las élites adineradas y supone una fuente de ingresos para las economías de esas pequeñas islas —como ilustran numerosas investigaciones periodísticas como los Papeles de Panamá— pero corre el riesgo de facilitar la corrupción a gran escala en otros países al facilitar el ocultamiento de las ganancias ilícitas.

Bullough concluyó que el IPC presenta una imagen distorsionada de la corrupción en la región. “Si no se habla de quienes prestan los servicios de corrupción que permiten a la gente ser corrupta, entonces se está perdiendo la mitad de la historia”.

La corrupción aumenta en América Latina

El 31 de enero pasdo, José Dias Toffoli, juez del Tribunal Supremo de Brasil, suspendió el pago de una multa de 2.600 millones de dólares impuesta a Novonor, empresa constructora más conocida por su antiguo nombre, Odebrecht. El mes anterior había suspendido otra multa impuesta a J&F, propietaria de la mayor empresa frigorífica del mundo, JBS. Las empresas habían aceptado las multas como parte de los acuerdos de clemencia en los que sus ejecutivos admitían haber sobornado a funcionarios brasileños. Toffoli dictaminó que existían dudas razonables sobre si los acuerdos se firmaron voluntariamente, y argumentó que el juez que administró las multas podría haber actuado en connivencia con los fiscales.

Las multas se produjeron tras una serie de investigaciones brasileñas sobre corrupción, la más famosa de las cuales, conocida como Lava Jato, comenzó hace diez años este mes. Formaba parte de una oleada de actividades anticorrupción que barrió América Latina en la década de 2010. Pero las decisiones de Toffoli se corresponden con un nuevo empeoramiento de la percepción de la corrupción en toda la región.

• En enero, Brasil cayó diez puestos en el índice anual de percepción de la corrupción publicado por la organización benéfica Transparencia Internacional. Perú cayó 20 puestos, situándose entre los países percibidos como más corruptos del mundo. La mayoría de los países latinoamericanos obtuvieron peores resultados de lo que su nivel de desarrollo sugiere.

Las percepciones no siempre son fiables, pero hay otros indicios de una reacción contra los esfuerzos anticorrupción. En noviembre, los aliados del nuevo presidente de Honduras eludieron al Congreso para nombrar a un fiscal general afín al partido gobernante. Al cierre de la edición de The Economist, el Congreso de Perú se disponía a votar si destituía a los miembros del órgano independiente que selecciona a los fiscales y jueces, incluso cuando numerosos legisladores están siendo investigados por corrupción.

El presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador, está intentando eliminar el organismo estatal que investiga las irregularidades. Los políticos gobernantes de Guatemala lucharon encarnizadamente para impedir que Bernardo Arévalo, antiguo defensor de la lucha contra la corrupción, fuera investido presidente en enero.

Las raíces de esta reacción se encuentran en el drama de las investigaciones anticorrupción de la región. La policía brasileña empezó a investigar a Petrobras, la empresa petrolera estatal, en marzo de 2014. Llevaba años repartiendo contratos de construcción a precios inflados. Las empresas utilizaban el dinero extra para sobornar a ejecutivos y funcionarios de la petrolera.

• La investigación derivó en una docena de otras, centradas en empresas de construcción. Entre 2001 y 2016, Odebrecht pagó casi 800 millones de dólares en sobornos en tres continentes, obteniendo más de 3.000 millones de dólares en beneficios para sí misma y sus conspiradores. Se trata del mayor caso de corrupción en el extranjero jamás enjuiciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que era competente porque algunos sobornos se canalizaron a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

Delito y castigo

La investigación recibió el nombre de Lava Jato porque su punto de partida fue el examen de un lavadero de coches que blanqueaba dinero. Se convirtió en la mayor investigación sobre corrupción desde la italiana Mani Pulite (Manos Limpias) en la década de 1990, y trastornó la política en toda América Latina.

• Casi un tercio de los senadores y casi la mitad de los gobernadores de Brasil se vieron implicados en alguna medida. La entonces presidenta de izquierdas, Dilma Rousseff, fue destituida en 2016. Su mentor, Luiz Inácio Lula da Silva (conocido como Lula), que fue presidente entre 2003 y 2010, fue condenado dos veces a prisión (salió en libertad a los 580 días). Ambos casos estuvieron relacionados con Lava Jato.

En Perú se investigó a cinco ex presidentes; uno se suicidó cuando la policía iba a detenerlo. También se investigó a ex presidentes en El Salvador, Panamá, México, Paraguay, Ecuador y Colombia. La mayoría sostiene que las investigaciones tuvieron motivaciones políticas.

La investigación Lava Jato también sacudió las economías latinoamericanas. Los ingresos de varias constructoras implicadas se desplomaron. Algunas quebraron. En Perú, donde Lava Jato investigó contratos de construcción por valor de 17.000 millones de dólares, miles de trabajadores perdieron sus empleos al paralizarse las obras públicas. Durante un tiempo pareció que nadie podía escapar a los tentáculos de Lava Jato.

Luego vino la caída. Los errores y el comportamiento arrogante de fiscales celosos pusieron en duda la imparcialidad de la investigación. El juez más prominente de Lava Jato, Sergio Moro, hizo público un acuerdo de culpabilidad que implicaba a Lula una semana antes de las elecciones de 2018.

• El candidato favorito de Lula perdió frente a Jair Bolsonaro, un populista de extrema derecha cuya campaña había sido impulsada por el sentimiento antisistema generado por Lava Jato. Moro dejó el poder judicial para convertirse en ministro de Justicia de Bolsonaro. El fiscal principal, Deltan Dallagnol, se convirtió en diputado de un partido de derechas.

En 2019, mensajes de texto filtrados publicados por The Intercept, un sitio de investigación, sugirieron que Moro había estado confabulando en casos con Dallagnol. Ambos hombres dijeron a The Economist que no hubo colusión, y señalaron que la mayoría de las decisiones judiciales sobre Lava Jato fueron inicialmente confirmadas en apelación. Dallagnol dijo que el grupo de trabajo no reconocía la autenticidad de los mensajes filtrados, Moro que “nunca habían sido examinados en audiencia pública”.

Los críticos también acusaron al grupo especial Lava Jato de utilizar tácticas agresivas para atraer la atención de los medios de comunicación. Lula fue detenido en 2016 en virtud de una orden de detención, normalmente utilizada cuando una persona citada se niega a asistir a una audiencia, algo que él no había hecho. En Perú y Brasil, los fiscales fueron criticados por el amplio uso de la prisión preventiva. Un investigador brasileño prohibió al rector de una universidad entrar en su campus y lo encarceló brevemente por sospechas de corrupción. El rector se suicidó poco después. Era inocente.

Los políticos se abalanzaron sobre estas grietas. “Lava Jato fue como el momento jacobino de la Revolución Francesa”, afirma Marco Bastos, de la consultora Southern Pulse. Los brasileños miraban atónitos a sus televisores mientras un desfile de políticos era guillotinado en sentido figurado. Entonces, la vieja guardia contraatacó.

Luz mortecina

Es posible que los legisladores destituyeran a Rousseff porque consideraban que estaba haciendo demasiado poco para protegerlos. Romero Jucá, senador, fue grabado en una escucha telefónica antes de su destitución, diciendo a un aliado político: “Hay que arreglar esta mierda… hay que cambiar el gobierno para frenar la hemorragia”. Dijo que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

En 2017, el sucesor de Rousseff, Michel Temer, que fue encarcelado por corrupción y rechazó repetidamente las acusaciones como mentiras, indultó a delincuentes no violentos encarcelados por corrupción que habían cumplido una quinta parte de su condena. Su decreto afirmaba que así se podría frenar el “crecimiento exponencial de la población carcelaria”.

• En 2019, el Tribunal Supremo revocó una decisión anterior y dictaminó que se permitiera a los acusados agotar todas las vías de recurso antes de ser encarcelados. Eso liberó a Lula y protegió a muchos políticos de la cárcel. El Congreso aprobó una ley que penaliza los “abusos” por parte de fiscales y jueces ese mismo año, con una definición amplia de abuso.

El sucesor de Temer, Bolsonaro, tenía sus propias razones para romper con Lava Jato, a pesar de haberse subido a la ola de sentimiento que creó para llegar al poder. Nombró a un fiscal general que desestimó más de 100 solicitudes para investigar a Bolsonaro. En 2020, cuando Lava Jato empezó a investigar a uno de sus hijos, que también es político, Bolsonaro se apresuró a declarar que “no hay más corrupción en el Gobierno”. (Su hijo niega haber cometido delitos y califica las investigaciones de “persecución política”).

En 2021 disolvió el grupo especial Lava Jato. Los cruzados anticorrupción de Centroamérica corrieron una suerte similar. Los tribunales de Honduras y Guatemala, respaldados internacionalmente, fueron clausurados por los políticos.

Las recientes decisiones de Toffoli demuestran que la reacción contra los esfuerzos anticorrupción continúa. El propio juez ha sido vinculado a Lava Jato. En 2019, Crusoé, un medio de investigación brasileño, publicó un artículo sobre correos electrónicos enviados por el jefe de Odebrecht en 2007 que se referían al señor Toffoli, entonces fiscal general, como “el amigo del amigo de mi padre”.

• El artículo afirmaba que “el amigo de mi padre” se refería a Lula, entonces presidente. Lula nombró a Toffoli miembro del Tribunal Supremo en 2009. Tras la publicación del artículo, el Tribunal Supremo lo consideró “fake news” y ordenó que se borrara de Internet. Sólo el clamor público obligó a revocar la decisión. Además de suspender las multas que debían pagar Odebrecht y j&f, Toffoli también ha anulado todas las pruebas recogidas en el acuerdo de clemencia de Odebrecht. No ha querido hacer comentarios.

La anulación de Lava Jato ha resonado en toda América Latina. En Perú, los ex funcionarios apuntan a la anulación de las pruebas de Odebrecht como parte de sus esfuerzos para que se desestimen sus casos.

El antiguo régimen ha estado contraatacando, y ha estado ganando. Pero debe tener cuidado. En una encuesta nacional publicada el 3 de marzo, una mayoría de brasileños afirmó que Lava Jato se cerró por intereses políticos. El 74% de los encuestados cree que las recientes decisiones del Tribunal Supremo “fomentan la corrupción”.

Alertan sobre evolución de las organizaciones criminales en redesde corrupción

Expertos internacionales analizaron la evolución de las organizaciones criminales transnacionales (OCT) en América Latina y el Caribe, subrayando la complejidad de sus operaciones y conexiones globales con grupos relacionados con China, Italia, Albania y Turquía. La discusión se centró en la influencia que estos actores tienen en la región y que afectan directamente la estabilidad y la seguridad del continente.

El panel contó con la participación de la experta estadounidense en delincuencia organizada Vanda Felbab-Brown de la Brookings Institution; Will Freeman, analista en estudios de América Latina en el Council on Foreign Relations; la ex ministra ecuatoriana María Paula Romo, Ivelaw Griffith experto en seguridad, drogas y crimen en el Caribbean Policy Consortium, y César Restrepo, Secretario de Seguridad de Colombia.

• Vanda Felbab-Brown: Destacó la expansión y fortalecimiento de las organizaciones criminales mexicanas como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, que han intensificado su control en diversas economías ilícitas, extendiendo su influencia a nivel global. Esta situación ha llevado a un aumento de la violencia en países que antes eran considerados pacíficos dentro de la región.
• “El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación han incrementado su control sobre territorios, personas e instituciones, y durante los últimos cinco años de López Obrador lo han hecho sin que el gobierno mexicano haya actuado para contrarrestarlo, y mucho menos para hacer cumplir la ley”, expresó.

Adicionalmente, la confrontación entre estos dos cárteles ha catalizado un aumento de la violencia y la desestabilización en varias naciones de América Latina, que históricamente eran consideradas como “islas de paz”, tales como Chile, Costa Rica y Ecuador.

• Para Felbab-Brown, la exigencia de lealtad absoluta que los cárteles imponen a los grupos criminales locales causó “un aumento de la violencia que ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones locales”.

Indicó, además, que al imponer su hegemonía, estas organizaciones no solo han exportado sus metodologías violentas sino que han inculcado en los criminales locales la idea de diversificar sus actividades más allá del narcotráfico, adentrándose en sectores como la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre.

La organización brasilera Primeiro Comando da Capital (PCC) emerge como otro actor crucial en este complejo tablero de ajedrez criminal.

Con una expansión que trasciende las fronteras brasileñas, el PCC ha fortalecido su red de tráfico de drogas hacia Europa, además de establecer presencia en países como Argentina, Venezuela y regiones tan lejanas como África Occidental.

“El PCC ha logrado no solo una expansión significativa dentro de Brasil sino también ha logrado establecer una presencia notable fuera del país”, destacó la experta estadounidense, subrayando el alcance global que están alcanzando estos grupos criminales latinoamericanos.

La llegada de grupos criminales chinos a América Latina también añade una nueva dimensión al problema. Aprovechando la expansión de las economías legales chinas en la región, estas organizaciones han comenzado a desarrollar redes de corrupción y a controlar a la diáspora china con el fin de asegurar la alineación de sus actividades con los intereses del régimen chino.

“Están construyendo redes de corrupción que afectan a las clases empresariales y políticas, lo que representa un desafío multidimensional para la región”, alertó Felbab-Brown.

• Will Freeman. Por su parte, el analista en estudios de América Latina en el Council on Foreign Relations, Will Freeman abordó cómo el aumento en la producción de cocaína en Sudamérica, especialmente en Colombia, Perú y Bolivia, plantea desafíos para las democracias del continente, afectando directamente la política y la economía locales.

Este notable incremento en la producción, según cifras de la ONU, ha sido liderado por Colombia, donde, sorprendentemente, se registró un repunte en el cultivo de coca justo antes del acuerdo de paz de 2016.

• Freeman señaló que la caída de los precios del petróleo y la disminución de la asistencia de Estados Unidos, sumado al desafío del gobierno colombiano por llenar los vacíos territoriales dejados por las FARC, “abrió la puerta a nuevos enfrentamientos por el control criminal”.

La globalización de la demanda de cocaína es otro factor crítico, con mercados emergentes ampliando el espectro de operación del tráfico de drogas y presentando retos complejos para la ley y la sociedad civil.

• Freeman advirtió sobre “la reorganización de la delincuencia organizada en Sudamérica”, destacando la importancia de entender y enfrentar estas transformaciones para salvaguardar los principios democráticos del continente.

Además, la expansión de las rutas de tráfico ha fortalecido económicamente a los grupos criminales regionales, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil, permitiéndoles diversificar sus actividades ilegales.

• El experto en estudios latinoamericanos resaltó también cómo estas organizaciones han empezado a involucrarse en extorsión y minería ilegal, buscando nuevas fuentes de ingreso más allá del narcotráfico.

Esta diversificación de las actividades criminales ha resultado en “la proliferación de economías ilegales en varias partes de Sudamérica, donde los grupos criminales también buscan lavar dinero a través de actividades como la minería ilegal y la tala ilegal, especialmente en Venezuela y Ecuador”. Estas actividades les permiten infiltrarse en economías legales, lo cual complica aún más los esfuerzos para combatirlos.

La última transformación importante que mencionó el experto es el crecimiento del poder político de los grupos criminales, que a menudo se manifiesta a nivel local pero que tiene implicaciones nacionales.

• Freeman hizo referencia a la “parapolítica” en Colombia, donde los paramilitares vinculados al narcotráfico lograron una significativa representación en el gobierno nacional. Situaciones similares, según Freeman, podrían estar emergiendo en otros países.

“Tal fenómeno no se limita a Colombia o Ecuador, sino que se manifiesta en regiones como Madre de Dios en Perú y en São Paulo, Brasil, donde el PCC ha logrado una penetración de la política local realmente alarmante”, dijo.

También expresó su preocupación sobre el potencial de las organizaciones criminales en este área: “Es una cosa que los grupos criminales financien o intimiden a candidatos que se postulan. Sabemos que eso ocurre en gran parte de la región. Es otra cosa poner a sus propios candidatos en cargos. Y me preocupa que eso es lo que vamos a ver en partes cada vez mayores de Sudamérica”.

• María Paula Romo. Ecuador, entretanto, enfrenta un aumento sin precedentes en su tasa de homicidios que en los últimos tres años escaló de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.

Entre los factores detrás de este alarmante incremento, se destacan la economía dolarizada del país, su estratégica ubicación geográfica y políticas gubernamentales cuestionables, como la eliminación del requisito de visado para extranjeros.

“Ecuador es una economía dolarizada, lo que significa que el dólar estadounidense es la moneda oficial. Esta particularidad hace de Ecuador un destino atractivo para ciertos tipos de delitos, no solo relacionados con el lavado de dinero, sino también, por ejemplo, con la falsificación de dólares”, dijo la ex ministra del gobierno ecuatoriano María Paula Romo.

La geografía y las vecindades comparten igualmente responsabilidad en la escalada de violencia. Ecuador, situado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, enfrenta retos adicionales debido a su ubicación.

“Tienen las playas más extensas y además físicamente mejor localizadas para las rutas marítimas,” lo que lo hace un punto neurálgico para el tráfico de drogas, personas y oro, afirmó Romo.

Adicionalmente, su posición le confiere vulnerabilidad ante el desplazamiento de actividades criminales de sus países vecinos, especialmente en momentos de desmovilización o procesos de paz como los ocurridos en Colombia. “Cada proceso de paz… en Colombia ha tenido su propio impacto en Ecuador,” señaló.

En el marco de las políticas de visas liberadas desde 2009, Ecuador experimentó una notable infiltración y asentamiento de organizaciones criminales internacionales, incluyendo la mafia albanesa y el cártel de los Balcanes.

“La mala fe” de esta decisión gubernamental fue criticada por facilitar la expansión de redes delictivas que aprovecharon la apertura del país para establecer bases de operaciones, especialmente en el puerto de Guayaquil, un punto neurálgico para la exportación de cocaína hacia Europa.

• Esta política coincidió con un periodo en el que estas organizaciones pudieron establecerse cómodamente en Ecuador, aprovechando las ventajas geográficas del país, “especialmente el puerto de Guayaquil, que se convirtió en un punto clave para la exportación de cocaína hacia Europa”.
• Además, la ministra señaló la falta de coordinación en la supervisión de puertos y aeropuertos, así como de las cárceles, destacando que en Ecuador, a diferencia de otros países de América Latina, estas tareas no están asignadas ni a la policía ni a las fuerzas armadas.

“El Ecuador, entonces, se ha convertido en un lugar en donde confluyen tres grandes organizaciones criminales de las más importantes de América Latina”: el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el cártel de los Balcanes./Agencias-PUNTOporPUNTO