Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado de EU en la presidencia de Donald Trump, pinta un negro escenario para México si se aprueban las iniciativas constitucionales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en particular la referente al Poder Judicial.
- En un artículo publicado en el diario The Wall Street Journal, el republicano consideró que las reformas constitucionales enviadas por AMLO alterarán la relación bilateral con Estados Unidos, provocarán caos en la frontera y probablemente iniciarán una guerra comercial.
El resultado, afirma Pompeo, será el estancamiento económico en México, y advierte que “sólo se beneficiarán los cárteles que introducen veneno en ambas naciones”.
En el artículo titulado “El legado radical de AMLO en México”, el exresponsable de la diplomacia estadunidense remarca que las iniciativas del tabasqueño perjudicarán a los mexicanos, alejarán la inversión y arruinarán las relaciones con el vecino del norte.
- En ese contexto, hace un llamado tanto a la futura presidenta Claudia Sheinbaum como al mandatario estadunidense Joe Biden a tratar de evitarlas.
- No es la primera vez que Pompeo publica un artículo crítico hacia la política mexicana: en marzo de 2023 propuso el uso de drones de forma unilateral para atacar a los cárteles de la droga en México.
Unos meses antes, en enero, publicó su libro de memorias, en el que revela cómo fue la relación diplomática con el entonces canciller mexicano Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía en el gobierno de Sheinbaum.
- En su artículo en el rotativo neoyorquino, Pompeo critica la política de AMLO contraria al maíz genéticamente modificado y que, señala, viola las reglas del tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), al igual que la desaparición de organismos autónomos.
Pero el trumpista enfoca sus baterías en la elección de jueces y magistrados por voto popular, la esencia de su reforma judicial.
“Se acabó el juego del recurso judicial en México si un inversionista extranjero tiene una disputa con un actor o interés político poderoso. Dado que el T-MEC debe ser revisado obligatoriamente en los tres países en 2026, estas propuestas mal concebidas por parte del gobierno mexicano podrían significar un desastre para el futuro del acuerdo”, alerta Pompeo.
Tras reconocer que el T-MEC es fundamental para el empleo en EU, Pompeo considera que si éste fuera aniquilado, “el mayor beneficiario sería la China comunista”.
- Pompeo señala que “las políticas cada vez más radicales” de López Obrador amenazan con revertir la tendencia de crecimiento económico lograda en México con la creación de instituciones y reguladores independientes, cuya existencia peligra con las reformas.
- En ese contexto, el excolaborador del magnate neoyorquino que busca volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo insiste en que la reforma judicial socavaría esfuerzos clave de Estados Unidos en México.
“Desde 2008, cuando comenzaron a fluir fondos para la Iniciativa Mérida, el primer programa de seguridad bilateral de su tipo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, Estados Unidos ha invertido miles de millones para construir un poder judicial independiente y competente en México”, afirma Pompeo, y explica que la esperanza era aumentar las tasas de enjuiciamiento y hacer que el crimen organizado rindiera cuentas.
La elección de jueces en urnas borraría de un plumazo casi dos décadas de progreso, según Pompeo. Y más aún, alerta del peligro que representa el crimen organizado por controlar, según dijo, aproximadamente un tercio del territorio de México.
“La noción de que México pueda mantener un poder judicial independiente eligiendo a sus jueces en todos los niveles es absurda y profundamente peligrosa”, alertó el exfuncionario de la administración Trump en su artículo en el Wall Street Journal.
- El traslado de la Guardia Nacional al Ejército, otra de las reformas de López Obrador, volvería más complejas las operaciones sobre migración, narcotráfico y terrorismo de las agencias estadunidenses que colaboran con autoridades mexicanas, expone el diplomático.
Al final, Pompeo solicita al futuro gobierno de Claudia Sheinbaum y a Biden su intervención para frenar las reformas.
“El pueblo mexicano, encabezado por Sheinbaum, debe intervenir ahora para cambiar este rumbo para su país, y la administración Biden debe defender los intereses de Estados Unidos ayudándolos a hacerlo”, concluye en su artículo.
El narcotráfico podría promover a sus propios jueces
De acuerdo con una columna en el periódico El Universal, en la que asegura que la DEA alertó en un memorando interno sobre los riesgos de la elección de jueces y ministros mediante el voto popular, la esencia de la reforma.
De acuerdo con la información, la DEA ha advertido de que esto podría propiciar que los cárteles y el crimen organizado postulen a sus abogados y juristas como candidatos a ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces del Poder Judicial con el sistema de votación que se crearía en septiembre próximo.
- En ese sentido, López Obrador dijo que “se toma en cuenta” el punto de vista de la organización estadounidense, pero debe actuar con prudencia, “porque México es un país independiente”.
- Dijo que esta intromisión sería como si él opinara sobre la ampliación de los plazos para sentenciar a Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública de México (2006-2012) que está detenido en Estados Unidos por narcotráfico, pero aún no recibe su condena de años en la cárcel.
“Pero no me corresponde, tienen ellos su procedimientos, entonces nada más que sean más prudentes, más respetuosos y lo decimos en buen plan, como cuates (amigos)”, afirmó.
La polémica reforma judicial, que ha provocado incertidumbre en los mercados y caídas en el valor en el peso mexicano, busca, entre otras cuestiones, que magistrados electorales, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se elijan en las urnas.
Esta reforma es una de las primeras iniciativas constitucionales que la alianza oficialista busca aprobar con una nueva ‘supermayoría’ en el Congreso a partir del 1 de septiembre.
López Obrador arremetió contra la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) luego de que diera su opinión sobre la reforma al Poder Judicial.
La DEA advirtió que el narcotráfico podría promover a sus propios jueces al plantearse su elección por la vía del voto.
- En su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que se toma en cuenta el punto de vista de la DEA; sin embargo, señaló que debe actuar con “prudencia” debido a que México es un país independiente.
“Con todo respeto quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos, quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros, es como si yo doy una opinión sobre porque no informan la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna después de que llevan tanto tiempo dando largas, no me corresponde meterme en eso”, dijo.
Por lo que pidió a la agencia del gobierno estadounidenses ser “más respetuoso” en cuanto a las políticas de México.
“Entonces nada más que sean más prudentes, más respetuosos y lo decimos en buen plan, como cuates”, expresó.
Por su parte, López Obrador insistió en que la reforma busca garantizar un Poder Judicial más cercano a la gente y no afectarlo, agregó que los ciudadanos sí quieren participar para elegir a jueces, magistrados y ministros.
“Hay mucho influyentísimo y mucha corrupción, por eso consideramos que si se eligen los jueces puede limpiarse el Poder Judicial”, añadió el presidente.
¿Qué busca la reforma al Poder Judicial?
Estas son las principales propuestas de AMLO para reformar al Poder Judicial:
- Reducir el pleno de la Suprema Corte de 11 a 9 ministros y se reduce su periodo de 15 a 12 años.
- Se eliminan dos salas, por lo que la Corte solo sesionará en Pleno y sus sesiones deberán ser públicas.
- Eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros.
- Sus remuneraciones deben ajustarse al tope máximo para no ganar más que el Presidente.
- Sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial.
- Prohibición a la SCJN para la suspensión de leyes con efectos generales.
- Plazo máximo de 6 meses para resolver asuntos fiscales y un año para temas penales.
- Renovación de todos los cargos de ministros de la Corte en 2025.
Podrían llegar personas sin capacidad para resolver controversias
Si no se garantiza la idoneidad de los perfiles de quienes ocuparán los cargos de jueces, magistrados y ministros, se corre el riesgo de que lleguen personas sin capacidad técnica para resolver controversias o conflictos jurídicos, además de que los partidos políticos secuestren la justicia, alertó el director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO (Dsoj), Marcos del Rosario Rodríguez.
Destacó que una vez pasada la elección presidencial, en la que triunfó Morena, hay una urgencia por aprobar el llamado “Plan C” de la Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se prevé que esto ocurra cuando entre en funciones el nuevo congreso en la que el oficialismo tendrá mayoría calificada.
- Lo más polémico de esta propuesta, consideró, es que la elección de los puestos del Poder Judicial vía voto popular, lo que no asegura que los mejores postulantes lleguen a las salas y a los tribunales.
“Este debate es muy antiguo, tiene 200 años: que los jueces, como no tienen legitimación democrática, no pueden interpretar, no pueden aplicar normas, y solamente el legislador tiene la potestad para hacerlo. Pero no, los jueces y las juezas tienen legitimidad en la medida en que sus sentencias se apegan al orden constitucional y respetan y garantizan derechos humanos, no por la forma en que son electos”, señala.
- Señaló que el “Plan C” consiste en un rediseño estructural en el que, además de la elección abierta de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los integrantes del Tribunal Electoral y de los magistrados y jueces federales, se busca también la reducción del número de ministros, de 11 a nueve, así como desaparecer el Consejo de la Judicatura —órgano que vela por la administración de la disciplina en el Poder Judicial de la Federación— y sustituirlo por un Tribunal de Disciplina Judicial, es decir, dejaría ser un órgano administrativo para convertirse en un órgano jurisdiccional de sanción.
Del Rosario consideró que una elección por la vía democrática, como ocurre por ejemplo en el caso de Bolivia o con algunos jueces en Estados Unidos a escala local, no garantiza que no se repartan cuotas, como ya sucede hoy. Pero lo más peligroso es que grupos de interés —desde grupos fácticos, empresariales, sindicatos y hasta del crimen organizado— aporten a las campañas o impongan a sus candidatos como jueces.
“Con esta reforma, lo que está en riesgo es la independencia judicial, porque si yo me lanzo para ser juez, magistrado, ministro, y me apoya o me financia un grupo determinado, mis decisiones y mis criterios pueden estar comprometidos a favor o en contra de esos grupos”, añade.
¿Cuál es entonces la reforma judicial necesaria? Entendiendo que el formato actual, que viene del sexenio de Ernesto Zedillo, tampoco permite un Poder Judicial independiente, cuestionó.
Vale recordar que en el modelo vigente para el nombramiento de los ministros de la SCJN participan dos órganos legitimados democráticamente, el Poder Ejecutivo y el Senado, y si después de la presentación de dos ternas no hay consenso en la Cámara Alta, entonces el presidente de la República tiene la facultad de designar directamente a los ministros, lo que continúa siendo un modelo imperfecto, porque a fin de cuentas el Ejecutivo tiene el control.
“Habría que pensar si no sería bueno recurrir a una terna hasta que haya consenso. Tenemos que pensar temas de consenso, pero más allá de esta fórmula en concreto, pensar en modelos como el brasileño, donde participan, sobre todo a nivel local, barras de abogados y universidades que nutren el grupo de posibles aspirantes. Por ejemplo, en lugar de que el presidente proponga a quien va a ser designado, que quienes propongan sean las universidades, la iniciativa privada o las barras y colegios: que haya ahí una selección de aspirantes, y escoger con ciertos estándares de eticidad, preparación y experiencia”, propuso.
- Por otra parte, Marcos del Rosario dijo que la propuesta impulsada por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de realizar una encuesta y foros de discusión nacionales y regionales, así como sesiones de parlamento abierto en torno a la Reforma Judicial, habla de una actitud distinta de parte de López Obrador.
“Todavía no conocemos a Sheinbaum como mandataria; aparenta ser más conciliadora, más inclusiva con las fuerzas políticas divergentes. Al menos en sus discursos ha buscado consenso, conciliación y respeto a las minorías. Andrés Manuel nunca habló de foros o consultas. Ella parece estar más abierta a escuchar voces, a las universidades y a los colegios directamente, porque los destinatarios de la reforma no son los operadores jurisdiccionales, sino los que litigan, claro, es la ciudadanía, pero sobre todo la abogacía”, afirmó.
- En ese sentido, Del Rosario Rodríguez aseguró que se debería proceder con inteligencia y visión estratégica, pensando que la defensa del modelo presente es inviable y que lo que predomina en el ánimo de la mayoría de las cámaras es el modelo de elección vía popular. Hay que tener la esperanza de que este parlamento abierto no sea sólo para legitimar la reforma, sino que permita discutirla o modificar algunos de sus aspectos.
“(Lo tocante a la elección popular), creo que no va a cambiar. En lo que tenemos que trabajar es en quiénes van a ser electos, y ese es el gran problema, que pasa por el sistema que tenemos actualmente”, mencionó.
Otro asunto pendiente es que esta es una reforma constitucional que requiere mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Y si bien los resultados oficiales hablan de “carro completo” —que ya consiguió Morena en la Cámara de Diputados, y está muy cerca de lograrlo en el Senado–, aún falta que se definan las impugnaciones distritales.
“Nos han manejado desde hace días que tienen mayoría calificada, lo cual no es cierto: apenas se terminaron de entregar los cómputos distritales, pero todavía hay impugnaciones de algunos distritos y pueden ser modificados por vía judicial. Ahí es cuando se va a aplicar la fórmula para la integración de los senadores y diputados de representación proporcional, es decir, hasta el 23 de agosto vamos a saber cómo se conforma el Congreso”, apuntó.
PAN advierte sobre posibles riesgos de que jueces se vinculen con el crimen
Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), alertó sobre los riesgos de la reforma judicial debido a que podría politizar la justicia, comprometer la experiencia de los jueces y generar posibles vínculos con la delincuencia organizada, lo que afectaría su independencia e imparcialidad.
- El líder panista señaló que la reforma podría llevar a un proceso electoral politizado, donde los candidatos serían seleccionados más por su afiliación política que por su capacidad e idoneidad. Además, la falta de experiencia y conocimientos adecuados entre los elegidos podría mermar la efectividad del sistema judicial.
Un punto de especial preocupación es la posible complicidad con la delincuencia organizada, ya que los candidatos podrían hacer acuerdos con estos grupos para asegurar su elección, tal como ha advertido la agencia antidrogas estadounidense (DEA). Esto entregaría la justicia a manos criminales.
Cortés Mendoza también mencionó que la elección directa podría resultar en cambios frecuentes en la composición de los tribunales, afectando la estabilidad y continuidad del sistema judicial, lo que podría impactar negativamente en la calidad y consistencia de las decisiones judiciales, ya que los jueces y magistrados estarían más preocupados por su reelección que por impartir justicia de manera objetiva.
- El dirigente subrayó que la ciudadanía tiene un conocimiento limitado sobre el funcionamiento del sistema judicial, lo que podría generar desconfianza y afectar la legitimidad de las decisiones.
- En lugar de fortalecer el Poder Judicial, la reforma propuesta podría generar retrocesos graves, beneficiando principalmente a la delincuencia y al partido en el poder, que manipularían el sistema a su favor.
Cortés Mendoza concluyó haciendo un llamado a la sociedad civil para que se informe y esté alerta ante la posible discusión y aprobación de esta reforma, subrayando la importancia de garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial para mantener las garantías constitucionales del país.
Reforma pretende liberar al Poder Judicial del crimen organizado: Monreal
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, afirmó que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende “liberar” al Poder Judicial del crimen organizado.
“Yo les diría que, con la reforma, lo que pretendemos es liberar al Poder Judicial de la influencia del crimen y de la delincuencia organizada, es decir, desatarle las manos y las complicidades de jueces y magistrados o ministros con la delincuencia”, resaltó.
“Ayer mismo nos enteramos por la información de la secretaria Rosa Icela Rodríguez que habían liberado a tres presuntos delincuentes portadores y generadores de violencia y que olímpicamente les dan 24 horas para liberarlos, probables delincuentes de altos niveles de delincuencia organizada, eso es lo que la reforma pretende liberarnos de esta relaciones peligrosas e inconvenientes, además de ilegales con la delincuencia organizada”.
- El senador explicó que los foros sobre la reforma al Poder Judicial se realizarán en ocho estados y los parlamentos abiertos se harán en todo el país, organizados por militantes del Morena.
“Se plantea ocho foros: tres en la Ciudad de México con sede en la Cámara de Diputados, y los otros cinco serán en cabeceras o en ciudades de la circunscripción del tribunal electoral, se está planteando sedes en Sinaloa, Jalisco, Puebla, Veracruz y Chiapas, pero además ayer acordamos en la reunión con la doctora Claudia Sheinbaum que el partido, los senadores y los diputados electos habremos de desarrollar asambleas informativas, 32, una por cada estado, pero esta distinta a los foros que van a llevar a cabo”, explicó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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