El pasado 5 de junio se celebró el foro “Situación de las y los defensores ambientales. Desafíos en el marco del Día Mundial del Medios Ambiente”, realizado en Toluca de Lerdo, Estado de México. La Global Witness presenta el ranking de los países más letales para los ambientalistas, y México se encuentra entre los primeros cinco.
Alrededor de 102 defensores en materia de medio ambiente fueron asesinados en los últimos seis años, informa el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
México ocupó el cuarto lugar a nivel global en 2019, según Global Witness
Durante el foro se presentó Itzel Arteaga, que es la representante de Global Witness, enfocándose en el papel de México en el panorama internacional: “Hemos visto que el año con más eventos de agresiones documentados es el 2022, donde notificamos 197 eventos”. De este número, lamentablemente se registran 24 asesinatos.
- Gradualmente, los casos de ataques letales en México han estado en aumento. En la pagina oficial del Global Witness se registran 54 defensoras asesinadas en 2021, donde la mayoría son indígenas.
Los casos se derivan por los megaproyectos infraestructurales de la nación, como son las inversiones mineras y la construcción del Tren Maya. Ante esto, la diputada estatal de MORENA, Beatriz García, habla sobre la necesidad del desarrollo económico: “Hasta ahora en México solamente se había visto al sur como mano de obra (…), nunca habíamos tenido un desarrollo económico como el que hoy se está impulsando”
Casos de ambientalistas mexicanos asesinados
Uno de los casos más actuales entre los ataques letales es la desaparición de Amparo Salinas Hernández, activista que mantenía dos años de lucha en contra de la contaminación de los ríos causada por una empresa cafetera.
Fue su hermana quien denunció el supuesto secuestro que presuntamente sucedió en la misma casa de Amparo Salinas. En su casa encontraron las llaves en la puerta y las cámaras apagada.
¿Cuáles son las entidades más peligrosas para los medioambientales en México?
En México, las entidades más peligrosas para los defensores medioambientales son: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca.
- Los tipos de agresión en 2023 y más constantes en contra de los defensores ambientales registrados por Cemda son: 33 amenazas, 28 intimidaciones, 26 agresiones físicas, 21 criminalizaciones, 20 homicidios, 19 hostigamientos, cuatro desapariciones y cinco casos de tortura u otros malos tratos.
Gobierno debe garantizar que los defensores trabajen sin miedo: ONU
En el informe participaron, además, Valentine Sable, oficial de derechos humanos de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, quien exigió al actual gobierno garantice un territorio libre de violencia en donde los defensores de derechos humanos ambientales puedan trabajar sin miedo.
- Les envío este mensaje a defensores del medioambiente. Ustedes defienden sus tradiciones, nuestro presente y futuro, quiero celebrar su valor y persistencia, la ONU los seguirá protegiendo y luchando por un ambiente sano para todos los defensores.
Megaobras de la 4T, motivo de mayor violencia
El informe señala que la mayoría de la violencia tuvo relación con los megaproyectos como el Tren Maya, Tren Transístmico y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; es decir, los proyectos insignia del gobierno federal han sido motivo para agredir a personas defensoras del medio ambiente y el territorio.
- El estado con mayor número de agresiones fue Jalisco, con 20; Oaxaca, con 19 y la Ciudad de México con 12. Estas tres entidades federativas representaron el 40.8% de dicha violencia en todo el país durante el 2023.
Además el 57.7% de los casos de agresión en el 2023 fueron en contra de personas de pueblos indígenas, lo cual indica que son “las personas más vulnerables a sufrir agresiones por su labor de defensa de los elementos naturales, la tierra y el territorio son aquellas habitan y cuidan los territorios”, señala el informe.
Las formas de agresión que tuvieron mayor registro durante 2023 fueron las amenazas, con 33; intimidación, 28; agresiones físicas, 26; criminalización, 21; homicidio, 19, y hostigamiento con 19.
- Aunque el número total de agresiones registradas durante el 2023 fue de 282, disminuyó en comparación con 2022, que registró 582 agresiones. “Se trata de cifras altas e inaceptables que generan preocupación. Además, las agresiones letales desafortunadamente mantienen una constante con relación al año pasado, con 20 en el 2023”, enfatizaron en el informe.
Agregaron que en el ámbito ambiental, «diversos estudios colocan a nuestro país con una impunidad media alta, con datos poco alentadores por degradación y crímenes ambientales, como uno de los países con más conflictos ambientales en la región, junto a otros países, con el mayor número de asesinatos a activistas ambientales. El contexto en el que realizan su labor es adverso y a contracorriente».
Latinoamérica, la región con más ambientalistas asesinados
El 88 por ciento de asesinatos de los defensores ambientales en el mundo, en 2022, fueron perpetrados en América Latina y el Caribe y, dentro de esta región, los países con más casos fueron Brasil, Colombia, México y Honduras, según datos del Foro de la Tierra LAC 2024 difundidos este lunes.
- De acuerdo a datos de Land Matrix América Latina y el Caribe, difundidos en comunicado del foro, en la actualidad existen 1.405 casos de grandes transacciones de tierra que implican 51,5 millones de hectáreas, el nivel más alto en toda su historia.
- La información precisó que el alto número de persecuciones y asesinatos de defensores ambientales y el aumento de territorios concesionados, sin consulta previa a las comunidades, «responde al avance de industrias extractivas», que, por un lado, buscan energías limpias, pero también «menoscaba» los derechos territoriales de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
El coordinador de Land Matrix, Punto Focal LAC / Fundapaz (Argentina), Martín Simón, citado en el comunicado, apuntó que es «muy importante lograr el vínculo entre las comunidades campesinas y la tierra para preservar los bosques» porque en su opinión «en casi todos los extractivismos, la naturaleza se destruye».
Casos emblemáticos
Por otro lado, el Foro presentó tres casos emblemáticos de extractivismo en la región, el primero de los cuales es el de litio en Jujuy (Argentina), a la cual se oponen los pueblos colla, quechua, aymara, atacama y chicha.
Nicolás Avellaneda, integrante de la Fundación Plurales y facilitador de la Coalición Nacional por la Tierra (CNT) de Argentina, informó que Argentina, junto a Bolivia y Chile, produjeron en 2020 el 29,5 por ciento de toda la oferta mundial de este mineral «clave para la transición energética» a partir de salares.
- En el segundo caso, la minería de oro ha provocado en Nicaragua el alza de casi 75 por ciento de concesiones y de más de 500 por ciento del volumen de oro exportado, en los últimos 15 años.
- La investigadora Carmen Corea reveló que actualmente el 7 por ciento del territorio nicaragüense «está disponible para la extracción minero-metálica», con más de 850.000 hectáreas concesionados en zonas de amortiguamiento en el corredor biológico Bosawás.
«La expansión de la minería de oro en Nicaragua es el resultado de interacciones complejas en un contexto de relaciones de poder que van más allá del marco normativo», afirmó Corea, tras mencionar que los dos grandes grupos que concentran la actividad aurífera son Hemco (158.590 hectáreas en 26 concesiones) y Calibre Mining (57.600 hectáreas).
El tercer caso analizado en el foro fue la lucha de los pueblos mapuche-williche de los territorios Puyehue, Río Bueno, San Pablo y La Unión, asentados en torno al río Pilmaiquén, frente a las centrales hidroeléctricas Osorno y Los Lagos del Sur de Chile.
- La instalación de las dos hidroeléctricas, a cargo de la transnacional noruega Statkraft, inundarían 191 hectáreas del territorio, en un proceso aprobado por el Estado chileno sin consulta previa, libre e informada, entre otros requisitos, según denunció la coordinadora del Programa Derechos de los Pueblos Indígenas en Observatorio Ciudadano (Chile), Karina Vargas.
«Para explotar estos recursos es necesario multiplicar el control del territorio y cambiar la territorialidad», declaró el integrante de Land Matrix LAC, Bernardo Mancano.
Añadió que en estos tres casos se ha visto que las corporaciones vienen a «despojar» a las comunidades, generándose la «desterritorialización de las personas»./Agencias-PUNTOporPUNTO
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