La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) emprendió medidas para que los servidores públicos no utilicen recursos, inmuebles y vehículos oficiales con fines proselitistas antes y durante la jornada del 2 de junio.
- José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fisel, se reunió con ministerios públicos para revisar los pormenores del resguardo de bienes, que inició ayer y durará hasta el 3 de junio en oficinas de las secretarías de Estado, órganos desconcentrados y paraestatales.
Enfatizó que los servidores públicos que permitan o usen recursos y bienes del Estado para favorecer alguna opción política cometen un delito, por lo que podrían ser sancionados con hasta nueve años de prisión, multas de hasta 400 días y destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Entre las acciones, instruyó al personal de la Fisel a verificar que al interior y exterior de los edificios de gobierno no haya propaganda y que los espacios no sean utilizados como puntos de reunión ciudadana con fines políticos-electorales.
- En reunión con ministerios públicos, el titular de la Fisel, José Agustín Ortiz Pinchetti, revisó los pormenores del operativo que se realiza a partir de hoy, con efectos hasta el 3 de junio, en el que enfatizó que debe evitarse que cualquier funcionario utilice los recursos de las instituciones federales con fines político-electorales y, con ello, generar inequidad en la contienda.
Los representantes de la Fisel, subrayó Ortiz Pinchetti, tienen la tarea de intervenir en las acciones de resguardo, que iniciaron ayer en las oficinas de las secretarías de Estado, órganos desconcentrados y paraestatales.
Entre las acciones de protección, instruyó al personal de la Fisel a verificar que al interior y exterior de los edificios de gobierno no haya propaganda partidista y que los espacios no sean utilizados como puntos de reunión ciudadana con fines políticos-electorales.
- El fiscal electoral recordó que los servidores públicos que permitan o usen los recursos y bienes del Estado para favorecer alguna opción política, cometen un delito electoral, por lo que podrían ser sancionados con hasta nueve años de prisión, multas de hasta 400 días y destitución e inhabilitación de dos a seis años para ejercer cargos públicos.
- De manera previa, la Fisel llevó a cabo una serie de acciones en materia electoral, como cursos de capacitación, distribución de materiales alusivos al operativo electoral, además de mensajes en los recibos de pago de los servidores públicos para que, en caso de detectar un delito electoral, lo denuncien en los Sistemas de Atención de FISENET (http://www.fisenet.fgr.org.mx) y FISETEL (800 833 7233).
De septiembre de 2023 a abril de 2024, la Fisel capacitó a 154 mil 119 servidores públicos pertenecientes a diversas entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, como parte de una estrategia para que conocieran las conductas ilícitas que incluye la Ley General en Materia de Delitos Electorales./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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