Como resultado de los análisis y propuestas surgidas de las distintas mesas de reflexión y debate que integraron el foro plural sobre las elecciones 2024 de México, recientemente concluido, Save Democracy expresa su más alta preocupación ante las amenazas a la integridad del proceso electoral mexicano en curso, mismas que ponen en riesgo el derecho humano al voto libre, secreto y universal de la ciudadanía, y consecuentemente la legitimidad de los próximos funcionarios electos.
Siendo el principal objetivo de Save Democracy proteger y fortalecer la democracia, es nuestro deber informar acerca de los focos rojos detectados a partir de dichas mesas de análisis organizadas dentro de su Programa de Monitoreo Electoral y en las que participaron expertos electorales mexicanos y de otras nacionalidades a lo largo de los últimos dos meses.
Aquí las conclusiones y focos rojos derivados de este ejercicio exploratorio y de análisis que definen esta elección como una de las más violentas, polarizadas, inequitativas y complejas en ese país.
- Disminución del apoyo y credibilidad hacia las instituciones de administración y justicia electorales a partir de una alta percepción social de posibilidad de fraude y un INE y Tribunal Electoral parciales.
- Debilidad en ambos órganos electorales, incentivada desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, afectándoles en su imagen, pero de manera más importante en lo operativo. Para el caso del Tribunal Electoral, es de especial preocupación el desprecio del Congreso mexicano para cumplir con los nombramientos de 2 Magistrados de la Sala Superior y de 42 magistraturas de los tribunales electorales y las Salas Regionales. En lo referente al INE, la mayor preocupación radica en la disminución de su presupuesto y capacidad para cumplir eficientemente con sus funciones el día de las elecciones, sus divisiones y enfrentamientos internos que los llevaron a nombrar personal en áreas estratégicas no solo a discreción sino de forma tardía, sin exigir la experiencia y conocimientos necesarios.
- La tolerancia de los organismos electorales a las continuas violaciones a la ley, empezando por los actos anticipados de campaña, ha disminuido su capacidad para hacer valer y sancionar las violaciones a la normatividad electoral y sancionar las infracciones a la misma.
- La falta de transparencia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) dependiente de la Fiscalía General de la República. A lo largo del actual sexenio, ya por concluir, no se cuenta con registros ni de denuncias ni de sanciones en materia electoral.
- Ante el uso clientelar y la manipulación ilegal de los programas sociales y los recursos del Estado para condicionar o coaccionar el voto, no se implementó desde el gobierno, pero tampoco desde el INE, una estrategia de comunicación tendiente a blindar estos programas sociales e informar a los beneficiarios acerca de sus derechos, tal como México venía haciendo en elecciones pasadas, desde el año 2000.
- Estas grandes faltas administrativas y posibles delitos electorales que son del conocimiento público a partir de denuncias públicas y mediáticas, comprometen claramente la equidad de la contienda, sobre todo si se considera que alrededor de 25 millones de familias mexicanas, es decir más del 40% de la población, son beneficiaras de algún programa social. Este hecho, junto con la parcialidad mostrada públicamente y en reiteradas ocasiones por varios servidores públicos al utilizar recursos del Estado para promocionar o desprestigiar candidatos, serán causales detonantes de la judicialización del proceso.
- Especialmente preocupante resulta el aumento de la violencia política en la disputa por el poder y la falta de garantías para que este proceso se lleve a cabo en un ambiente de paz, y que ha derivado en el asesinato de al menos 50 personas en el transcurso electoral, candidatos entre ellos, y en la agresión a otras 150 más.
- El dominio del crimen organizado en varias zonas del país que llega a suplir la soberanía del Estado, anuncia también la posible toma del control electoral que corresponde al INE y a los OPLES en ciertas regiones. En este mismo sentido, se manifiesta una alta preocupación por la infiltración del crimen organizado a través del financiamiento de las campañas y de la apropiación de las listas de candidatos.
- De igual forma, se observa una alta vulnerabilidad del proceso ante el uso de las redes sociales y de la Inteligencia Artificial como herramientas de propaganda negra, de contrapropaganda, de propagación de noticias falsas y de rumorología, de la mano de la baja capacidad de las autoridades para neutralizar estas amenazas.
- El acoso a periodistas, medios de comunicación, sociedad civil organizada y líderes sociales, así como los continuos ataques a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, son otra constante negativa de estas elecciones 2024 de México.
- La insuficiente regulación a la elaboración y difusión de encuestas sin rigor técnico y que son utilizadas como mecanismo de propaganda política y no como herramientas de toma de decisiones para la labor política o la real información al ciudadano, dañan enormemente la integridad del voto.
- La evidente disminución en el número de observadores nacionales e internacionales convocados por las autoridades, en una cifra infinitamente menor a la esperada y requerida, debido a la tardanza en la emisión de las convocatorias y documentos correspondientes y a los retrasos y recortes en lo referente a los fondos especializados para la observación electoral. Esta debilidad está siendo compensada por la acción directa en la materia por parte de organizaciones multilaterales tanto de países como de partidos políticos, así como por organizaciones civiles nacionales e internacionales.
En síntesis, la continua violación a las disposiciones electorales anuncia que en 2024 México tendrá un escenario postelectoral traumático que exigirá de la fortaleza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del apoyo ciudadano y del cese de los ataques provenientes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
En este sentido, Save Democracy considera que será de vital importancia para la gobernabilidad de México, no quede duda de la legitimidad en la calificación de esta elección y para ello insta al máximo órgano de justicia electoral de México a observar su protesta constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes derivadas, así como establecer públicamente un compromiso con la transparencia en su deliberación y toma de decisiones, que procese con celeridad las causas pendientes basadas en delitos electorales, y le sugiere el establecimiento de acuerdos de cooperación y colaboración estratégica entre pares de otros países y con organizaciones prestigiadas en materia de protección de la democracia, para que funjan como coadyuvantes de este proceso ulterior de calificación de esta compleja elección.
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