De un momento a otro, las familias deben dejar patrimonio, raíces, pasado atrás y abandonar su hogar para garantizar su bienestar, salvarse y romper con ese círculo de violencia.
- Poco a poco, o en desbandada, convierten sus comunidades en pueblos fantasma.
Casos hay muchos, pero recientemente se conoció un video en redes sociales de una joven de Pitiquito, Sonora, quien denunció la desaparición de su tío -miembros de la única familia que queda en la comunidad- donde mostraba que ahí ya no queda casi nadie.
La violencia es el principal generador del desplazamiento forzado, principalmente en las zonas rurales por el gran negocio que representa para el crimen organizado controlar un territorio para realizar libremente sus actividades de contrabando, trasiego de droga y hasta tráfico de personas, aseguró José Andrés Sumano Rodríguez, doctor e investigador del Colegio de la Frontera Norte.
- Esta problemática impacta principalmente a Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Sonora, Oaxaca, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Sin embargo, también se presenta en áreas urbanas, como en la zona de La Laguna, entre 2010 y 2012, o en la zona metropolitana de Monterrey Nuevo León o en Ciudad Juárez, Chihuahua, destacó.
- El investigador destacó que en los estados fronterizos, los poblados fantasma son utilizados como bastiones de criminalidad y se usan para el trasiego de migrantes, donde les cobran por llegar, por su estancia y traslado.
Aunque el desplazamiento no está circunscrito de forma exclusiva a la violencia provocada por grupos del crimen organizado, también se genera por motivos religiosos, actividad minera, fenómenos naturales e incluso, por sequía.
Huida
La gente de las zonas rurales se va muchas veces sin poder, incluso, agarrar sus cosas y eso genera los pueblos fantasma. Pero además, una gran cantidad emigra a las ciudades y crea cinturones de pobreza en las grandes urbes, destacó Sumano.
En algunos casos, sí libran ese entorno violento, pero en otros se convierten en caldos de cultivo, precisamente, para la violencia y la criminalidad.
“El negocio basado en el narcotráfico mutó a uno basado en las extracciones por rentas y extorsión. Se mantiene la línea del tráfico de drogas, pero han crecido mucho los negocios del secuestro, de la apropiación de ranchos, de la captación de presupuestos municipales y todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza” y esa mutación generó, por así decirlo, la pulverización de los grandes cárteles y nacieron las superpandillas, explicó.
Sumano Rodríguez señaló que, sin embargo, hay algunos casos donde las autoridades municipales, estatales, pero sobre todo federales, cumplen con su trabajo y recuperan territorios ocupados.
Episodios recurrentes
De enero a junio de 2023, se reportaron 26 episodios masivos de desplazamiento interno por violencia ocurridos en ocho estados: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
- Los cuales afectaron a 7 mil 710 habitantes, es decir que, en promedio, ocurrió un episodio por semana y 43 personas fueron desplazadas por día, señala un informe presentado el año pasado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Además, indica que el desplazamiento forzado interno se genera por diversos y multifactoriales tipos de violencia del crimen organizado; proyectos de desarrollo, como la minería y la tala ilegal; conflictos territoriales comunitarios; los efectos adversos del cambio climático, y los desastres naturales.
Destaca que las ciudadanos huyen de la violencia sexual, por razones de género, feminicidios, homicidios, masacres, reclutamiento, trabajo forzado o extorsiones, entre otros crímenes.
Además, señala que afecta mayoritariamente a los pueblos indígenas e impacta de manera diferenciada a mujeres y niñas, niños y adolescentes, familiares de desaparecidos, defensores de derechos humanos, periodistas y personas de la comunidad LGBTIQ+.
El invisible desplazamiento forzado en México
En México se vive una disputa armada entre grupos de la delincuencia organizada por el territorio y las economías locales. Los narcotraficantes han extendido su poder a la imposición de cobros por la explotación de minas, maderas preciosas, productos agrícolas, tráfico de migrantes y otros productos que les generan ganancias millonarias.
Aterrorizados por el creciente poderío bélico de estos grupos armados irregulares, cientos de miles de mexicanos se han visto obligados a huir de sus casas y esconderse en montañas, cerca de bosques o incluso en zonas urbanas marginadas en busca de seguridad. Es el resultado de una guerra que se inició hace casi ya dos décadas en nombre del combate al narcotráfico y que se ha prolongado con la atomización de los grupos delictivos, sin que por muchos años se reconociera oficialmente la existencia de conflictos armados internos.
Tan solo en 2023 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una organización no gubernamental que forma parte de la Red Internacional de Derechos Humanos, registró más de 40 hechos de desplazamiento por violencia en al menos 11 estados: Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Estado de México. Esto representa un aumento de 160% con relación a 2022, cuando se reportaron 25 eventos.
El gobierno no cuenta con cifras que permitan conocer la magnitud del desplazamiento y los perfiles de las personas desplazadas. Uno de los pocos datos oficiales relacionados con el tema es del Censo de Población y Vivienda de 2020, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y, según el cual, 251 mil 513 personas se mudaron a otro municipio debido a la violencia criminal y la inseguridad entre 2015 y 2020.
Esta investigación de Proceso y CONNECTAS muestra cómo el desplazamiento, fruto de la violencia de grupos criminales, se ha incrementado en el actual sexenio. Éstos destierran a pobladores para apoderarse de rutas del trasiego de droga o para la trata de migrantes que viajan hacia la frontera con Estados Unidos. Mientras, las familias prefieren salir para evitar el reclutamiento de sus hombres jóvenes para actividades ilícitas o que sus comercios, producción agrícola y negocios deban pagar “cobro de piso” a esos grupos.
Un equipo de reporteros de Proceso viajó a algunas de estas comunidades en seis estados del país. Entrevistaron a personas que permanecen en zonas sitiadas y a otras que sólo vieron la opción de huir y dejarlo todo en pueblos de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y Chiapas, estados donde la CMDPDH ha documentado desplazamiento forzado durante el actual sexenio.
Hallaron, por ejemplo, que en Guerrero hay familias que sufren un doble desplazamiento. En 2019 salieron de una comunidad del corredor de la Sierra Madre del Sur que pertenece al municipio de Leonardo Bravo, uno de los principales productores de goma de opio en México. Encontraron refugio en las tierras cálidas de Chichihualco. Pero desde 2023 las balaceras, amenazas y presencia de grupos criminales en esta última comunidad cerca de la capital del estado, Chilpancingo, nuevamente los empujan a salir de lo que creyeron una nueva oportunidad de vida.
Lejos de ese lugar, un hombre de Palmas Altas en la Sierra de Jerez, Zacatecas, en el centro-norte de México, se queja lastimosamente: “Aquí se sintió como si se acabara el mundo”, al recordar los truenos de la balacera y el chirriar de las camionetas de los narcos del Cártel Jalisco Nueva Generación la noche del 4 de marzo de 2021. Los criminales expulsaron a los pobladores a punta de metralleta, dejando más de medio pueblo vacío. A la fecha, los vecinos sólo han podido volver de manera intermitente mientras enfrentan graves pérdidas de su patrimonio.
En el norte de México la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, muestra casas quemadas o destruidas. Los árboles están como cadáveres tirados a los lados del camino y hasta los templos católicos se encuentran cerrados.
El silencio envuelve pueblos abandonados por las amenazas de los criminales que, ante la baja del precio de la goma de opio y la marihuana, han tomado la tala de árboles y el control de la minería como su nuevo negocio. Esa zona forma parte del famoso “Triángulo dorado” (región entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango), donde el narcotráfico se ha entronizado desde hace décadas.
En esa región, del lado de Sinaloa, la tierra de Joaquín Chapo Guzmán, hay miles de personasexpulsadas de los territorios históricamente controlados por el Cártel de Sinaloa; fueron forzadas a dejar sus tierras y muchas de ellas llegaron en calidad de invasores a las periferias del estratégico puerto turístico, comercial y pesquero de Mazatlán. Además de sufrir la falta de servicios, son presa de políticos que los engañan con supuestas escrituras de propiedad.
La descomunal batalla que se ha desplegado entre los dos cárteles más poderosos del país, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, también se extendió al sur de México. Atraídos por la posibilidad de traficar con los miles de inmigrantes que ingresan a territorio nacional por Chiapas, y por controlar las zonas de aterrizaje de las cargas aéreas del narcotráfico semiocultas en la selva, ambos grupos expulsan de los municipios a lo largo de las zonas fronteriza y sierra a miles de personas, en una crisis que apenas muestra su rostro.
Mientras tanto, en Michoacán, en el Pacífico sur, los desplazados han encontrado en municipios como Coahuayana, una zona costera bordeada de bosques, la protección de autodefensas y autoridades locales que brindan tierras y trabajo. Otros continúan su recorrido hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, donde piden refugio y asilo político, expulsados por extorsiones, secuestros y asesinatos.
“Después de un desplazamiento, incluso mucho tiempo después, hay amenazas muy graves a la vida e integridad de las personas. Muchas veces los agentes criminales persiguen a las víctimas. Por eso vemos cada vez más personas de Michoacán, Guerrero, ahora de Chiapas también, en la frontera norte porque saben, entienden, que es ahí donde tienen la oportunidad de escapar”, enfatiza Laura Alvarado, oficial de desplazamiento de la CMDPDH.
Dura realidad
En 2014, durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido, en un informe, que el contexto de violencia generalizada y exacerbada en diversas zonas de México era causante del desplazamiento forzado de miles de personas. Además, denunciaba a las autoridades por minimizar el fenómeno.
En junio de 2023, transcurridos cuatro años del actual gobierno, la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jiménez-Damary, señaló el recrudecimiento de la violencia, el incremento del desplazamiento forzado como uno de sus efectos, así como la falta de respuesta y acciones de gobierno para responder a la población afectada.
Jiménez-Damary estuvo en el país entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022. En ese tiempo se reunió con autoridades federales, estatales, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas y académicas, así como con gente desplazada de Oaxaca, Chihuahua, Chiapas y Guerrero.
“Personas desplazadas internas, representantes de Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil describieron casos de desplazamiento interno vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón de género, feminicidios, homicidios, masacres, reclutamiento, trabajo forzado o extorsiones, entre otros”, expuso esta abogada especializada en desplazamientos forzosos y migraciones, basada en lo recogido durante su visita. Mientras esto ocurre, prevalece la “impunidad” y la “ausencia del Estado”, apuntó en el informe.
Sin un registro que muestre la magnitud de este fenómeno cada vez más evidente, pero desatendido por el gobierno federal a lo largo de ya casi tres sexenios, el desplazamiento forzado interno es una dolorosa cotidianidad en numerosas comunidades; esto ha sido particularmente grave en zonas rurales e indígenas, lo mismo en la sierra de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos, que en los límites al sur con Guatemala.
La CMDPDH advierte que, hasta octubre de 2023, había 386 mil personas desplazadas de manera forzada en México. Esta cifra representa casi la mitad de la población de un estado como Colima.
Para esta investigación se solicitó información vía transparencia y se buscó a funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del gobierno federal y de los 32 estados para conocer registros, programas y atención a las personas desplazadas. En la mayoría de los casos, los gobiernos estatales y las fiscalías se declararon incompetentes para informar sobre el desplazamiento forzado.
Ley contra el desplazamiento forzado, iniciativa que el Senado mantiene arrumbada
Frente a la omisión del Senado para aprobar la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (Cocopa) han planteado una vía alterna para destrabarla: proponen la intervención del Instituto Federal de Defensoría Pública para que encabece una acción de litigio estratégico contra la parálisis de la minuta que permanece detenida en el Senado.
La Comisión Bicamaral reconoce el desplazamiento forzado interno como “una emergencia nacional”, cuya afectación recae principalmente en pueblos y comunidades indígenas.
La ley general fue aprobada desde 2020 por la Cámara de Diputados y se turnó en minuta al Senado; pasó a las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, que desde entonces la mantiene detenida, sin dictaminar un proyecto para que sea votada por las y los senadores en el pleno.
- El desplazamiento forzado suma a miles de personas en distintos estados del país, particularmente en zonas sitiadas donde pobladores son expulsados por los grupos criminales y delincuencia organizada. Así lo refleja la investigación “Desterrados por el narco, el invisible desplazamiento forzado interno en México”, realizada por Connectas.
La serie incluye testimonios de víctimas de desplazamiento forzado por la acción de grupos criminales en seis estados del país: Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Michoacán y Chiapas. En 2023 se registraron por lo menos 40 eventos de desplazamiento en éstos y otros estados del país, la mayoría a causa de la violencia, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) recabados para la serie.
Ante la publicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció dar a conocer un informe sobre el desplazamiento forzado interno en el país, pero ni él ni la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, han cumplido con el compromiso.
- En marzo último, el grupo de diputados y senadores que integra la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, que preside el diputado de Morena Alfredo Torres Hernández, elaboró un acuerdo para solicitar al Instituto de la Defensoría Pública Federal (IFDP) que ejerza su facultad de atracción e impulse los litigios estratégicos necesarios para el avance de la ley, tal como ya lo hizo en Guerrero por la misma problemática.
Según un informe del propio Instituto de la Defensoría (2022-2023), en septiembre de 2022 promovió un amparo indirecto donde reclamó la omisión por parte de la gobernadora Evelyn Salgado y el director general de Derechos Humanos de dicho gobierno para emitir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno en el estado. Este amparo fue concedido el 18 de mayo de 2023.
- En este juicio se reconoció el interés legítimo alegado por la Defensoría respecto a la representación de personas desplazadas de la comunidad de Cacahuatepec, del municipio de Acapulco.
- En enero de 2023 fueron promovidos dos amparos indirectos en reclamo por la omisión de contestar a la solicitud de incorporación de desplazamiento forzado interno al Registro Estatal de Víctimas de Guerrero; ambos tuvieron sentencias favorables en abril y mayo de ese año.
- Además, la Defensoría ha intervenido también con otro juicio de amparo indirecto presentado en septiembre de 2023 contra la omisión del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, así como del Consejo estatal de atención integral al desplazamiento interno en el estado para emitir el reglamento para la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno.
Antes, esta misma instancia ha tomado cartas por otros casos de desplazamiento forzado interno. En agosto de 2022 un juzgado resolvió una ampliación de la demanda inicial de amparo indirecto en favor de personas víctimas de este fenómeno, originarias de la comunidad indígena El Manzano, en Chihuahua, para reclamar al gobierno estatal la atención y protección a estas personas, elaborar un registro y darles alojamiento, alimentación y vivienda, entre otros apoyos.
Mientras que en Oaxaca, el IFDP intervino en diciembre de 2022 ante otro caso, por el desalojo de aproximadamente 42 personas de la comunidad triqui en San Juan de Copala, por el incumplimiento de la obligación de respetar, proteger y garantizar sus derechos a la libre circulación y residencia, educación, al desarrollo a la familia, alimentación y vivienda adecuada, con base en el principio de igualdad y no discriminación.
Emergencia nacional
Como sustento del punto de acuerdo, la Comisión Bicamaral reconoce que el Estado mexicano tiene obligaciones para realizar las adecuaciones legislativas necesarias para garantizar derechos humanos, en este caso de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, particularmente pueblos y comunidades indígenas.
- Los diputados y senadores que respaldan este punto de acuerdo por la Comisión Bicamaral son: Alfredo Vázquez Vázquez, Javier Huerta Jurado, Julia Licet Jiménez Angulo, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, Eduardo Zarzosa Sánchez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Pablo Gil Delgado Ventura, Marcelino Castañeda Navarrete, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Sasil De León Villard, Raúl Bolaños Cacho, María Graciela Gaitán Díaz, José Erandi Bermúdez Méndez y Ángel García Yáñez, de diversos partidos políticos.
La falta de una ley, señalan, vulnera diversos derechos humanos, “como el derecho a un recurso efectivo que implica obtener una justicia pronta, completa y gratuita en contra de los actos u omisiones de las autoridades del Estado mexicano”.
Aunque en este mismo punto de acuerdo, las y los integrantes de la Comisión Bicamaral apuntan a una responsabilidad del Poder Judicial de la Federación, pues lo acusan de “hacer nugatorios los derechos humanos de las personas desplazadas”; es decir, deja sin efecto esos derechos.
“Ante la inacción del Estado mexicano, en particular del Poder Judicial de la Federación, que hace nugatorio los derechos humanos de las personas desplazadas, y por tratarse de un sector que se encuentra en situación de vulnerabilidad” es que se considera necesaria la intervención del Instituto de la Defensoría Pública Federal.
Cerca de 8 mil personas huyeron de la violencia en 2023
La violencia en México ha orillado a miles de personas a abandonar sus hogares. Tan sólo de enero a junio de 2023, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) contabilizó 26 movilizaciones masivas en los que cerca de 8 mil personas sufrieron desplazamiento forzado.
- El total de personas desplazadas en el primer semestre del año fue de 7 mil 710, señalaron, la mayoría provenientes del estado de Chiapas, donde 3 mil 243 personas han sido afectadas en cinco municipios de la entidad.
Entre los principales motivos del desplazamiento se encuentra la violencia causada por los brazos armados del crimen organizado, cuyos dos principales exponentes a nivel nacional son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, en entidades como Oaxaca y Chiapas, también se han identificado desplazamientos por conflictos políticos, sociales o disputas territoriales.
Estados con desplazamiento forzado
Aunque Chiapas fue identificada como la entidad con más personas desplazadas, es Guerrero el estado con más eventos que orillan la huida de los pobladores. En total tuvo nueve movilizaciones en siete municipios de donde se movilizaron 1 mil 397 personas.
Tamaulipas también registró 1 mil 150 desplazados, pero en un sólo evento, mientras en Michoacán se registraron dos con 814 personas, en Chihuahua cuatro con 658 personas y en Oaxaca otros cuatro, pero con 445 pobladores.
La entidad con el registro más bajo fue Zacatecas con tres personas desplazadas y, en el caso de San Luis Potosí, se conoce que hubo un evento con un número desconocido de personas desplazadas.
Cárteles asedian entidades con desplazados
La violencia entre grupos criminales y las disputas territoriales son dos de las razones que el CMDPDH refiere al desplazamiento forzado. Chiapas ha sido tomado por organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, Los Zetas y cárteles locales, de acuerdo con Latia Intelligence.
- En Oaxaca opera, además de los primeros dos, el Cártel del Golfo, mientras en Guerrero se registra la presencia del Sinaloa, el CJNG, los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana.
Por otro lado, en los estado del norte como Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, y Zacatecas estos seis grupos criminales también realizan actividades ilícitas y realzan la violencia.
Migración, violencia y desplazamiento forzado por la actividad minera en México
En los últimos meses se han incrementado los casos de conflictos violencia y desplazamientos forzados en el sur de México, en particular en los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán.
- Algunos de estos casos se deben a la presencia del crimen organizado, y también de algunos de ellos se ha especulado que la violencia y el desplazamiento de la población tiene como telón de fondo los proyectos extractivistas y en especial la minería.
¿Qué tan cierto es esto? Diversas investigaciones han documentado que detrás de múltiples conflictos en regiones indígenas del país se encuentra la actividad minera.
Un estudio publicado en octubre de 2022 en La Jornada del Campo señala: “Los casos más extremos de migración por inseguridad y violencia en regiones con alta actividad minera son Guerrero, Michoacán y Sinaloa. El caso de Guerrero es el más dramático: mientras que los municipios con potencial minero (pero libres de actividad minera) tienen una tasa de 174 personas migrantes por inseguridad y violencia, los municipios con proyectos mineros tienen la tasa más alta de todo el país: 728 personas por cada 100 mil”.
- “Los municipios en donde existen conflictos mineros en Michoacán son el segundo promedio nacional más alto de migración por inseguridad y violencia presumiblemente ligado a la minería, con una tasa de 613 personas. Sinaloa tiene una tasa promedio de 429 personas migrantes por inseguridad y violencia en los municipios con conflictos mineros, cifra diez veces más alta que el promedio de los municipios sin minería en la entidad, con 42”.
“Los casos de Chihuahua y el Estado de México son prácticamente idénticos, con una tasa de 340 y 342 personas migrantes por inseguridad en municipios con conflictos mineros, frente a una tasa de apenas 37 en municipios libres de minería. Estos datos se pueden ver en el mapa bivariado, que, en color marrón, señala aquellos municipios que tienen una alta actividad minera y una alta migración por violencia e inseguridad”./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
