A un mes de que se hizo el cambio de administración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dos lideresas de taxis piratas buscan que el nuevo director José Ramón Rivera Parga les condone una deuda total de 28 millones de pesos por concepto de renta que tienen desde hace cinco años y que les otorgue un subsidio para sostener adecuadamente a sus respectivas agrupaciones. Y el colmo, una de ellas ofrece servicios de scorts a los pasajeros que llegan a la capital del país.
De acuerdo con el testimonio de permisionarios y choferes de taxis autorizados por el AICM pertenecientes a las empresas Nueva Imagen, Yellow Cab, Porto Taxi y Spasa, esta situación aparte de ser una competencia desleal, representa una pérdida mensual por más de 2.5 millones de pesos, al tomar en cuenta las tarifas que cobran –las cuales varían según el destino de cada pasajero- y los 8 mil viajes que realizan durante ese lapso.
Se trata de Ruth Isela Pérez Toledo y Guadalupe Espinosa, propietarias de las empresas Confort Unlimited y Casadey, respectivamente, quienes actúan bajo la sombra protectora de Oscar Ernie Orozco Perea, ex encargado de la Subdirección de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre del AICM, quien fue cesado del cargo por actos de corrupción.
Además, ese ex funcionario es señalado de haber sido partícipe en la llamada «Estafa Maestra» cuando se desempeñó como Director General Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el lapso en que María del Rosario Robles Berlanga era titular de dicha dependencia.
Una de las dirigentes, Ruth Isela Pérez tiene el adeudo que asciende a 22 millones de pesos por concepto de pago de rentas por el espacio que utilizan para prestar sus servicios a los pasajeros que llegan a la capital del país por la vía aérea. Sus actividades ilícitas están documentadas con fotografías y videos.
Incluso ha recurrido al chantaje con el nuevo titular de la terminal aérea, José Ramón Rivera Parga, al comentarle que es madre soltera y que por esa situación ha sido víctima de discriminación e incluso, ha acudido a las conferencias «mañaneras» del presidente Andrés Manuel López Obrador para «exponer su caso».
Y de esa forma tan habilidosa conseguir que le condonen el millonario adeudo que tiene su empresa Confort Unlimited con el Aeropuerto capitalino, aunque también debe 2 millones de pesos por el mismo concepto en el Aeropuerto Internacional Felpe Angeles (AIFA), por lo que en ese lugar le revocaron sus concesiones.
En una situación similar se encuentra Guadalupe Espinosa propietaria del consorcio Casadey, quien de la misma forma se dice discriminada y violentada solo por ser mujer.
Dicha empresa tiene en total 52 vehículos, de los cuales, 12 cuentan con contrato de acceso a la zona federal y 40 son «piratas», toda vez que no tienen los permisos requeridos, ni engomados, ni tampoco números económicos y placas que los acrediten como regulares o autorizados, además de que desde hace dos años, tampoco paga la contraprestación que le corresponde solo en daños, que asciende a 4 millones de pesos y tiene adeudos con el Sistema de Ahorro Tributario (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Dicen los inconformes que a pesar de que al interior del AICM continúa el cambio de funcionarios, esta situación no se resuelve toda vez que tiene muchos cabos sueltos; por ejemplo, Mario Sánchez Becerra, quien se desempeñó recientemente como Subdirector de Transporte Terrestre, dejó varios asuntos sin terminar, precisamente el de Casadey, pues no retiró de circulación sus 80 unidades y tampoco le quitó tres espacios que tiene para ofrecer sus servicios de transporte de pasajeros.
También señalan que Guadalupe Espinosa, busca obtener los contratos que tenían los permisionarios del desaparecido Sitio 300 AC, para acelerar el crecimiento de su empresa Casadey y fortalecer su otro consorcio denominado Madam Sex, el cual ofrece servicios de chicas scorts a pasajeros del AICM.
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