La creciente ola de inseguridad en el país no da tregua, al contrario, se agudiza y evidencia que la estrategia para pacificar al país no está siendo efectiva.
Un ejemplo de esto, es lo ocurrido en Guerrero, una entidad en la que casi a diario ocurren balaceras, secuestros, asesinatos y en las que prácticamente las policías locales no tienen presencia ni eficiencia.
- Apenas el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que los grupos del crimen organizado en la entidad “tienen bastante capacidad”. La declaración la dio durante su conferencia mañanera luego de que un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en San Miguel Totolapan dejara al menos a 12 personas sin vida.
- Unas horas antes el jefe del Ejecutivo federal ordenó a las Fuerzas Armadas evitar confrontaciones con los grupos delincuenciales de la región e insistió en su estrategia de atender las causas de la delincuencia, aunque a cinco años desde que inició su gestión no se han visto resultados al respecto.
De acuerdo con especialistas e investigadores, el punto medular para comenzar a pacificar el país es fortaleciendo, dignificando y capacitando a las policías del país, una estrategia que ha quedado en el olvido.
Por ser los primeros respondientes en varios delitos, realizar, en algunos casos, tareas de investigación y por tener una mayor presencia en calle y número, las policías son el factor clave para que un Estado pueda brindar orden y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
- Para lograrlo, es necesario contar con policías profesionales y eficientes. La profesionalización y el desarrollo de las corporaciones policiacas están dictados por el artículo 21 constitucional y por la Ley General del Sistema Nacional De Seguridad Pública, en donde se establece la necesidad de coordinar los tres ámbitos de gobierno para promover acciones en materia de desarrollo policial, profesionalización y régimen disciplinario.
Pero al igual que muchas leyes, esta queda en letra muerta. Además, desde hace varios años quedó en el olvido la reforma policial que fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil y a la que se comprometieron varios actores políticos.
Confianza, la clave para la eficiencia policial
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitida durante el año pasado establece que las instituciones policiales deben de desarrollar al menos cuatro funciones, entre las que se encuentra la investigación, la prevención de delitos, la proximidad social y la reacción para mantener y restablecer el orden y la paz públicos.
- A pesar de su importancia, en México la policía es una de las instituciones con menor nivel de confianza por parte de la sociedad, sólo por encima de los partidos políticos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2021, solo el 33.3 por ciento de la población del país confía en la policía.
- A pesar de este escenario, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) los niveles de confianza han ido en aumento. Por ejemplo, la confianza en la policía estatal pasó del 39.6 por ciento en 2011 a 58.4 por ciento en 2023 y la de la policía municipal pasó de 33.4 por ciento a 55.7 por ciento.
- Al respecto, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República concluyó en su investigación “Algunos aspectos de las policías mejor evaluadas por la ciudadanía” que cuando la policía cuenta con la confianza y el apoyo de la población, ésta puede obtener mejores resultados en sus funciones de combate y prevención del delito.
Esto, ya que la confianza en la policía aumenta las posibilidades de que la población denuncie los delitos y brinde la información a las instituciones policiales. Además, el estudio señala que la confianza en la policía es esencial también para el régimen democrático de cualquier país.
“La seguridad es una de las directivas principales de un Estado soberano. Si la gente no está segura de que la policía puede y va a garantizar la seguridad y el orden, se verá afectada la confianza del público en la aplicación de la ley, la justicia penal y los sistemas judiciales y, potencialmente, de manera más amplia, en el régimen democrático”, señala el estudio.
- En México, el instrumento estadístico que mide la percepción ciudadana respecto de diversos aspectos de las instituciones policiales, entre otras dimensiones, es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
- De acuerdo con los datos de la ENVIPE 2023, las cinco entidades federativas con mayor confianza ciudadana en la policía estatal en ese año fueron: Yucatán (76.4 por ciento), Aguascalientes (73.4 por ciento), Nuevo León (72.5 por ciento), Oaxaca (72.2 por ciento) y Nayarit (68.4 por ciento).
- Por su parte, las que presentaron una menor confianza de la ciudadanía fueron la policía de la Ciudad de México (44.9 por ciento), Baja California (46.7 por ciento), Estado de México (50.5 por ciento), Chihuahua (50.6 por ciento) y Morelos (53.1 por ciento).
Las claves y las omisiones de las autoridades en la profesionalización policial
Las reformas que crearon a la Guardia Nacional —institución encargada de la seguridad pública del país de carácter civil pero con mandos militares—establecieron reglas y obligaciones para que los gobiernos locales elaboraran cada año un diagnóstico de sus policías locales y también un programa de fortalecimiento, tanto de las corporaciones estatales como municipales.
- La reforma entró en vigor a partir del ejercicio fiscal 2020, año en el que los congresos locales debieron asignar presupuesto para dicho fin. Para elaborar el programa la reforma propuso el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual fue aprobado en julio del 2019 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El modelo tiene como objetivo el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las procuradurías o fiscalías generales, a fin de prevenir el delito, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad pública.
- Además, el modelo ordena la construcción de un sistema de financiamiento adecuado y sostenible que permita policías profesionales, con estados de fuerza suficientes, un salario policial competitivo y equipamiento e infraestructura para desarrollar adecuadamente su función en cada municipio y entidad.
En el ámbito de la certificación, el modelo ordena que los policías estén certificados por el Programa Rector de Profesionalización (PRP) y el Certificado Único Policial (CUP).
- Respecto al estado de fuerza, el modelo recomienda que por lo menos haya 1.8 policías por cada mil habitantes, actualmente la tasa nacional de estado de fuerza es de tan solo 0.9 policías por cada mil habitantes.
- La tasa más alta es en la Ciudad de México en la que hay 3.7 policías preventivos por cada mil habitantes. Por su parte, Coahuila es la entidad con la tasa más baja con tan solo 0.1 elementos.
Sobre el salario digno mensual a nivel nacional para los policías, el modelo señala que en promedio debe ser de 15 mil 855.28 pesos, aunque el monto varía de acuerdo a la entidad.
Respecto a la infraestructura y de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 2022 las entidades contaron con mil 772 unidades de infraestructura policial en funcionamiento: 69 por ciento correspondiente a comandancias, estaciones y subestaciones; 18.9 por ciento, módulos y casetas de policías; 8 por ciento, cuarteles de policía.
AMLO queda a deber con seguridad pública
Los hechos violentos que se están registrando a lo largo de todo el país reflejan que la parte de seguridad pública es un tema que queda a deber el presente gobierno, afirmó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
“Creo que la parte de seguridad es lo que nos queda a deber esta administración”, dijo el presidente del Instituto, José Domingo Figueroa, en conferencia de prensa.
- Señaló que uno de los grandes retos para poder consolidar la inversión es un estado de derecho y la seguridad.
- Desde el punto de vista empresarial, aseguró que las compañías tienen sobrecostos importantes por el problema de la inseguridad pública.
- Mientras que en la parte social, calificó como desafortunado lo que está sucediendo en el país.
“Creemos que es uno de los grandes temas que está quedando a deber en este sexenio, que es la parte de seguridad”, advirtió.
Hizo ver que cuando el estado de derecho no es pleno, lleva lo peor a los más desfavorecidos.
El presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Mario Correa, dijo que el estado de derecho es necesario porque se necesita que las mismas personas de la comunidad que quieren emprender, es un elemento importante.
También señaló como pendiente un buen diagnóstico de la situación de las finanzas públicas que se dejará al próximo gobierno.
Por lo que consideró que sería deseable y sano que la siguiente administración, independientemente del partido que sea, lo realice quizá a través de un Consejo Fiscal.
“Que se tenga un buen diagnóstico, una buena tomografía de la situación que se está heredando de las finanzas públicas porque la capacidad operativa del gobierno federal se ha deteriorado, lo que se traducirán en presiones futuras”, advirtió.
- El presidente de la Ponencia IMEF 2023, Jorge Barba, dijo que para aprovechar las oportunidades del nearshoring se requiere tener un estado de derecho para garantizar las inversiones.
- Además, generar e incentivar políticas públicas con una visión social para que el sureste del país pueda ser “jalado” por el norte y se vea beneficiado también con la relocalización de empresas.
Uno de los temas transversales que están planteados en la ponencia de los ejecutivos de finanzas, es precisamente el de la seguridad pública, refirió.
- “Si la seguridad pública afecta a la inversión, afecta a la reforma hacendaria porque no se tiene garantía, afecta al desarrollo económico, afecta a la infraestructura. Son puntos de coincidencia en los diversos temas que tenemos”, apuntó.
Respecto al Tren Maya, el presidente del IMEF, José Domingo Figueroa, consideró que dado que la obra ya está hecha, debemos “sacarle todo el provecho” para que pueda ser un éxito, pese a los sobrecostos.
Chiapas en «alerta máxima» ante presencia del crimen organizado
Pobladores del municipio de Nicolás Ruiz y de tres comunidades vecinas se declararon este sábado en “alerta máxima” ante la presencia de grupos del crimen organizado por lo que empezaron a organizarse este fin de semana para «activar las rondas comunitarias”.
- Pobladores del municipio de Nicolás Ruiz denunciaron que alrededor de las 13 horas del viernes 1 de marzo, policías municipales de Nicolás Ruiz se percataron de la presencia una caravana de vehículos con migrantes a bordo, esto en un camino de terracería que baja de la cabecera municipal de Teopisca, pasa por la comunidad de Nuevo León y colinda con el municipio de Nicolás Ruiz. Esto a la altura del Cerro de La Lanza.
- Junto a la caravan vieron a un comando de hombres armados, quienes les estaban cobrando el derecho de piso o de paso en esa ruta, por lo que los municipales les pidieron que se abstuvieran de actividades ilícitas, sin embargo, fueron amenazados los uniformados que no traían armas y tuvieron que retirarse de ese punto.
Los policías municipales regresaron para quejarse del incidente con las autoridades municipales quienes de inmediato convocaron a toda la población a una asamblea general urgente. En ese municipio, la cabecera municipal es el único poblado donde todos viven bajo el régimen comunal, por lo que las decisiones se toman en colectivo.
Según la versión de los comuneros de Nicolás Ruiz, es que después del incidente, “la policía municipal alertó nuestra comunidad para activar los mecanismos de seguridad interna dentro de nuestro territorio; como activar las rondas comunitarias y vigilancia las 24 horas, por lo que nuestro territorio se encuentra en alerta máxima”.
- Y que, hasta este momento, también las comunidades de Nuevo León municipio de Teopisca, Matamoros municipio de Venustiano Carranza y Ponciano Arriaga, municipio de Totolapa, “se han sumado a la seguridad comunitaria, haciendo una limpieza para lanzar a quienes provocan la violencia en estos territorios. Por lo que se teme cualquier agresión por parte de grupos armados que aún se encuentran en los alrededores”.
- “Exigimos al Estado mexicano que controle a su gente, sabemos muy bien que es desde las instituciones gubernamentales y altos funcionarios, desde donde se permite y se tolera la acción de estos grupos. Exigimos al Estado mexicano respeto a nuestros territorios, nosotros mismos sabemos cuidarnos y protegernos, no necesitamos de más gente armada, exigimos respeto a la vida y la dignidad”, dijeron los comuneros.
E hicieron un llamado a las organizaciones de derechos humanos y la solidaridad nacional e internacional, para estar atentos y exigir al Estado mexicano un alto a la violencia en sus territorios.
Señalaron que estarán alertas para defender su tierra y su territorio, así como la conservación de sus usos y costumbres y su identidad.
A la par de este incidente, pobladores del municipio de Teopisca, algunos de la comunidad de Betania, iniciaron un bloqueo de carretera afectando el tráfico entre San Cristóbal de Las Casas y Comitán, para exigir al gobierno estatal la liberación de tres personas que fueron retenidos en el municipio de Nicolás Ruiz.
Trascendió que los tres retenidos eran presuntos traficantes de migrantes que fueron llevados a la cárcel municipal y que ahora exigen entre 500 mil pesos y hasta un millón de pesos como multa para que sean liberados. Además, de que dejen de seguir usando esta ruta en sus territorios para actividades ilícitas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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