En los más de cinco años de la actual administración federal más de 20,000 indígenas de 30 municipios de los 124 municipios de Chiapas se han visto obligados a dejar sus hogares por extorsiones y amenazas de grupos del crimen organizado, denuncian organizaciones civiles a través de un informe.
El estudio titulado “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos. Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas”, destaca que en los últimos 32 meses, desde junio del 2021 a la fecha (13 febrero 2024), más de 10,000 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en varias comunidades de Chiapas ante las amenazas y actos de violencia provocadas por grupos del crimen organizado que se disputan varias regiones del estado al ser un punto obligado para el trasiego de drogas hacia países de Centro y Sudamérica, además de que al ser cruce de caravanas migrantes son blanco perfecto para el tráfico de personas.
El reporte subraya que existe una grave crisis humanitaria en Chiapas, dado al abandono de las autoridades que no han logrado establecer una estrategia para proteger a habitantes de decenas de comunidades que han sido expulsadas por grupos del narcotráfico.
- El reporte elaborado por El Colectivo de Monitoreo -Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala- México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes’ (Red TDT), subraya que la grave situación que enfrentan habitantes, en su mayoría de comunidades indígenas, deriva en que han preferido dejar sus hogares y sus pocas pertenencias antes que trabajar para grupos delictivos que los quieren obligar a hacer labores de halconeo y trasiego de enervantes de una comunidad a otra.
El informe destaca que “esta violencia se refleja en la crisis de desplazamiento forzado interno que desde junio de 2021 a la fecha ha generado que más de 10.000 personas huyan de sus hogares para salvar su vida”.
- El reporte refiere que las comunidades afectadas por los grupos del crimen organizado perciben cierta complicidad entre las instituciones y los grupos delincuenciales, lo que alimenta el ambiente de desconfianza e inseguridad, aunado al reclutamiento forzado o extorsiones, la explotación sexual de mujeres y la vulnerabilidad a la que se enfrentan las infancias.
- “Esta alarmante realidad forma parte de un contexto de pocas oportunidades económicas y pobreza; fenómenos como las ejecuciones, desapariciones, tortura, amenazas y desplazamiento forzado interno mantienen la población de la frontera del estado de Chiapas en una alerta permanente que se complejiza cada vez más”, señalaron.
- De acuerdo con organizaciones, más de 20,000 personas se encuentran desplazadas forzadamente de unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios. En los últimos años, las comunidades indígenas de Chiapas han advertido un aumento en la violencia e inseguridad en el estado.
Iglesias se ven obligadas a cerrar por no pagar extorsiones
Iglesias ubicadas en la Sierra Mariscal de Chiapas han tenido que cerrar para evitar que sus integrantes sean asesinados por no pagar las extorsiones del crimen organizado, denunciaron líderes evangelistas.
- En la zona limítrofe con Guatemala, donde se ha dado el desplazamiento de más de 2 mil personas y los sicarios hasta presumen sus recorridos en vía pública, se aseguró que esta violencia ya no sólo afecta a comerciantes, sino también a distintas iglesias como la Católica, Mormona y Evangelista.
- Francisco Javier Napabé Chanona, pastor de la Iglesia Casa Cristiana, Amor, Fe y Esperanza, y líder del Consejo Interreligioso de Chiapas, dijo que las extorsiones son de hasta 30 mil pesos por congregación religiosa en Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo y municipios aledaños.
”No es un problema religioso, sino social que ya afecta a iglesias; esto ha sido desde el año pasado, personas cercanas, de ministros extorsionados por estos grupos y, bueno, algunos han tenido que cerrar y dejar sus lugares por esa inseguridad que han padecido”.
”No hacen directamente la denuncia, porque dar nombres es ponerse bajo riesgo. Muchas familias han sido desplazadas, tenemos el dato de que piden hasta 30 mil pesos, no entendemos por qué nuestras autoridades estatales y federales no toman cartas en el asunto, es un hecho real, doloroso para las familias, perder su patrimonio o vivir bajo amenaza”.
- Esta región ha registrado balaceras entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra Cártel de Sinaloa, desfiles de convoys de estos sicarios, enfrentamientos contra Fuerzas Armadas, y también el reforzamiento de militares y elementos de la Guardia Nacional en los últimos meses.
- Sin embargo, pese al refuerzo en seguridad, Napabé Chanona aseguró que apenas en enero pasado un ex pastor de la Iglesia Monte de Sion, en Comalapa, fue hallado asesinado a la orilla de un río tras haber alertado que era víctima de extorsiones.
”Aunque nuestro Chiapas ha sido conocido por conflictos sociales y religiosos, lo que se está viviendo actualmente es cosa verdaderamente que no había experimentado en nuestro estado”, añadió.
Por otra parte, Gamaliel Fierro Martínez, líder evangelista de Tapachula, explicó que algunas iglesias decidieron sólo abrir los domingos durante la mañana por temor a este “vandalismo”.
”Ha afectado precisamente porque los que tenían actividades en el transcurso de la semana y luego el domingo, ahora prácticamente cierran en la semana y sólo abren en domingo en la mañana, las actividades que tenían tarde y noche ya no hay precisamente por la inseguridad”, expresó.
”Es en la zona Motozintla, Mazapa de Madero y parte de Bella Vista, Porvenir, se ha dado en esa zona, las carreteras ya no se puede transitar, hay hasta falta de alimentos en los negocios por precisamente por la falta de comunicación. Nosotros estamos orando y pidiendo a Dios que traiga paz, y a las autoridades pedimos que hagan su labor”.
Más de 100 templos evangélicos cierran por ola de violencia
Más de un centenar de templos evangélicos cerraron sus puertas para salvaguardar la seguridad de sus pastores y feligreses ante la ola de violencia en los municipios de la Sierra de Chiapas, inseguridad que también obligó a que clérigos y devotos abandonen sus hogares, aseguró Gamaliel Fierro Martínez, presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula.
“Es lamentable que las autoridades no intervengan para frenar toda la violencia que se vive en los municipios de la Sierra. Más de un centenar de iglesias evangélicas han tenido que cerrar por la presencia de los grupos delincuenciales”, dijo en entrevista con Diario del Sur.
- Fierro Martínez explicó que la violencia afectó el funcionamiento en los templos de los municipios de Mazapa de Madero, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, El Porvenir, Siltepec, Chicomuselo y Amatenango de la Frontera, entre otros, los cuales dejaron de realizar sus cultos de manera temporal debido a que pese a que aún confían en Dios, existe temor.
“Como cualquier ser humano todos están atemorizados por la presencia de los grupos delincuenciales que están en esa zona y de alguna manera se siente la inseguridad”, comentó el representante evangélico.
- El pastor Fierro contó que más de un centenar de ministros evangélicos, junto con sus familias y habitantes de esos municipios, abandonaron sus viviendas para refugiarse en las montañas ante los enfrentamientos entre cárteles que se disputan la región.
- Añadió que como pastores evangélicos llamaron a las autoridades federales y estatales a cumplir con su responsabilidad y garantizar la seguridad para las familias de los municipios de la Sierra.
“Hay una represión generalizada en la Sierra y es lamentable que esto ocurra en nuestro estado. Ha sido desconocimiento de las autoridades federales y estatales, y da pena que no intervengan para poner un alto a las arbitrariedades que hacen los grupos delincuenciales”, comentó el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula.
- Fierro Martínez mencionó que las iglesias emprendieron jornadas de oración para pedir que regrese la paz. “Aquí el pueblo cristiano está en oración, oramos por toda la problemática que vive nuestro estado de Chiapas, oramos para que todo esto cese y todas las familias tengan paz y tranquilidad, pero también pedimos a las autoridades que hagan la parte que les corresponde de dar seguridad a la población”.
De acuerdo con el Censo 2020 del Inegi, en Chiapas un millón 795 mil 861 personas profesan la religión evangélica, el segundo culto con más devotos sólo por debajo del catolicismo. También destaca que es la entidad con más evangélicos en el país.
- El líder de los pastores evangélicos de Tapachula agregó que debido a las acciones de violencia del crimen organizado los insumos escasean: “Acá en la sierra de Motozintla, Comalapa, ha habido carestía de alimentos debido a la delincuencia”.
La espiral de violencia en las zonas Altos, Sierra y Frontera de Chiapas tras los enfrentamientos entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa por el control de las plazas provocó la movilización de por lo menos dos mil 300 militares en la zona limítrofe entre México y Guatemala.
- En enero de este año, miles de personas de municipios de la sierra chiapaneca, entre ellos Chicomuselo, abandonaron sus hogares debido a los enfrentamientos entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.
- En esa ocasión, el delegado de Protección Civil de Comitán, Mariano de Jesús González Cordero, informó que se tenían distribuidas en diferentes refugios a más de 500 personas que huyeron de la Sierra por la violencia.
En la Sierra, los pobladores han impedido el ingreso de las fuerzas federales a quienes señalan de estar ligadas a grupos delincuenciales.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documentó que alrededor de tres mil personas fueron desplazadas en los últimos meses, mientras que el último registro de Protección Civil del estado era de mil 864 en la región de Chicomuselo.
Frayba señala que desde junio de 2021 a la fecha han sido víctimas de desplazamiento forzado más de 10 mil personas, quienes huyeron de sus hogares para salvar sus vidas.
Entre los desplazados está considerada la población en general, y entre ellos se encuentran religiosos de diferentes iglesias, incluidos pastores, sacerdotes y fieles de varias devociones.
Piden poner fin a violencia en frontera Chiapas y Guatemala
El Movimiento Sueco para la Reconciliación–SweFOR y el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), pidieron a las autoridades mexicanas y a las instancias internacionales que “actúen con celeridad para poner fin a la situación de violencia en la zona de la frontera entre Chiapas y Guatemala”.
- En un documento afirmaron que “el aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado” en la sierra y la frontera “están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos”, por lo que hicieron una llamado a la protección y garantía de los derechos de la población, incluyendo a las personas defensoras de derechos humanos”.
Señalaron que “desde 2021, Chiapas se encuentra asolado por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que se ha recrudecido, de manera particularmente violenta en la región de la frontera con Guatemala, y según información reportada por organizaciones con acceso a la región afectada, esta confrontación está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población”.
Agregaron: “Nos inquieta que, según las organizaciones presentes en la región, este escenario se estaría desarrollando ante la inacción de las autoridades, siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia. Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, contando en junio de 2022 con el despliegue de un total de 17 mil 160 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional”.
- SweFOR es una organización sueca de carácter ecuménico creada en el 1919 que lleva más de 20 años de presencia en el Estado de Chiapas y su objetivo en México es brindar acompañamiento integral a personas defensoras de derechos humanos con el fin de procurar garantía de protección a su trabajo.
- Mientras que Sopaz, es una agrupación internacional sin fines de lucro con presencia permanente en México desde 1995 que trabaja para la disuasión y prevención de la violencia socio-política, la transformación positiva de los conflictos y el respeto de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
En su documento, ambas organizaciones solicitaron a las autoridades mexicanas que “reconozcan públicamente el aumento de la violencia en Chiapas y particularmente el conflicto armado que afecta a la región fronteriza con Guatemala desde 2021; que se garantice la protección de la población civil frente a la violencia, asegurando la acción pertinente de las entidades estatales de carácter civil; implementar una perspectiva interseccional para la atención a los grupos más vulnerables (niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, personas indígenas, etcétera)”.
Asimismo, que “se aplique una respuesta coordinada e integrada de todas las entidades institucionales competentes para generar atención humanitaria tanto a la población civil que se mantiene en las áreas afectadas por la violencia como a la población víctima de desplazamiento forzado” y que “se asegure la protección de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos de las zonas asoladas por la violencia, así como de periodistas que cubren la región a través de las medidas previstas por el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
También solicitaron que “se coordine una respuesta institucional para garantizar a la población civil el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que ya están previstos por los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales”./PUNTOporPUNTO
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