Por Marcela Jimenez Avendaño
Las elecciones y el crimen organizado están relacionados de diversas maneras y en varios niveles, especialmente en contextos donde existe debilidad institucional e incluso colusión de las élites gubernamentales. Hoy, tristemente, crimen organizado y Estado se han convertido en dos caras de la misma moneda en muchos países, y esto debido a la relación simbiótica que existe entre ciertos elementos del gobierno y las estructuras criminales.
No es nuevo que el crimen organizado busque influir en la elección de nuevos gobernantes, esto les permite cooptarlos y así asegurar la protección de sus operaciones e intereses, evitar la aplicación de la ley, garantizar la impunidad y acceder a recursos públicos y privilegios que aumentan su poder.
Lo que si ha cambiado, o se ha exponenciado, es el hecho de que su penetración ha pasado de la intimidación, la compra de votos y el financiamiento ilegal de campañas, a la abierta imposición de candidatos, asesinándolos en caso de no comprometerse con ellos o de ser abiertamente contrarios a sus intereses, tal como sucedió recientemente durante el proceso electoral ecuatoriano o como viene pasando en México desde hace algunos años.
Ahora bien, este crecimiento y nivel de impunidad solo se explica por su infiltración en las estructuras políticas y gubernamentales al más alto nivel. La información que, sobre de ello, ha salido a la luz pública es brutal y por poner algunos ejemplos de los últimos escándalos en América Latina tenemos que: si el presidente del Senado haitiano, ya detenido en Estados Unidos, ha colaborado con redes delictivas para traficar drogas; que si algunos miembros de la familia del expresidente panameño y hoy candidato nuevamente al cargo, Ricardo Martinelli, fueron acusados de lavado de dinero del Cartel mexicano de los Beltrán Leyva, y él mismo acusado por corrupción; que si el presidente venezolano Maduro tiene vínculos directos con el narcotráfico; que si el ex secretario de seguridad de México y hombre poderoso del sexenio del ex presidente Felipe Calderón, está preso y ha sido acusado por narcotráfico en Estados Unidos; que si al presidente actual de ese mismo país, Andrés Manuel López Obrador, la DEA le inició una investigación por aceptar financiamiento del Cartel de Sinaloa en su campaña del 2006 y que después fue cerrada por falta de pruebas contundentes; que si la detención del líder de la Mara Salvatrucha puso en duda la existencia de acuerdos del presidente Bukele con el Cártel Jalisco Nueva Generación; y así decenas de ejemplos más.
Es por ello que este 2024 se presenta particularmente preocupante en materia electoral y no solo por el número de elecciones que tendremos en todo el mundo y en donde poco más de la mitad de la población estará llamada a renovar a sus gobernantes; o por la ola populista que se cierne sobre gran parte de la orbe; o por el desencanto de la población sobre la democracia y sus resultados; sino por la amplia participación del crimen organizado que pone en riesgo no solo la integridad de los procesos electorales y la seguridad de los votantes, los candidatos y los funcionarios electorales, sino por el peligro que representa imponer gobiernos ilegítimos para el Estado de derecho, la gobernabilidad y la democracia a futuro.
En este sentido, hoy el calendario electoral va muy de la mano del calendario de estos poderes fácticos transgresores de la ley en su dinámica de apropiarse de las instituciones del Estado.
México es un caso particularmente preocupante en donde muy lejos ha quedado aquella máxima de que al crimen organizado solo se le puede administrar más que desaparecer, para dar paso a una real cooptación de funcionarios e instituciones completas. Pero como este país hay muchos más que se encaminan a convertirse en narcoestados, con sus respectivas narcoelecciones, sus narcocandidatos y para, finalmente, derivar en sus narcogobernantes.
Y entonces estamos pasando de un asunto de administración a un tema de vasallaje del crimen organizado hacia los Estados que requiere ser tratado como un fenómeno transnacional y una amenaza regional que derive en una respuesta coordinada a nivel internacional.
Marcela Jimenez Avendaño
Miembro Fundador y Directora Ejecutiva de Save Democracy. Directora General de la Revista La Llave de Pandora y Fundadora de la organización Proyecto Democracia. Ha trabajado en diversas áreas encaminadas al fortalecimiento de la democracia; la promoción de prácticas y valores democráticos, transparencia y rendición de cuentas; así como en la operación de programas de empoderamiento de las mujeres. Actualmente es socia y Directora Ejecutiva de Consultoría X-tratagema, empresa dedicada a la asesoría política estratégica. Colabora para diversos medios de comunicación impresos y electrónicos.
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