Secretaría de Marina (SEMAR), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y Secretaría de Gobernación (SEGOB), dependencias involucradas en la gestión y desarrollo de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han transcurrido los primeros 9 meses del año realizando gastos en bienes y servicios superiores a 11 mil millones de pesos, pero sin realizar ninguna licitación pública para ello y sin transparentar el gasto conforme manda la ley.
- Sin embargo, estas no son las únicas dependencias de la administración pública que quebrantan la ley al realizar sus gastos, mayoritariamente, a través de mecanismos como adjudicación directa, invitación restringida u otro tipo de contrataciones, según el estudio realizado por Mexicanos Contra la Corrupción.
- Según el estudio, de los 107 mil 205 contratos que han realizado las 306 instituciones federales en su conjunto, por un monto de 477 mil millones de pesos; 74 de cada 100 fueron otorgados por adjudicación directa, 15 por licitación pública, 4 por invitación restringida y 6 en otro tipo de contrataciones.
- Y aunque el monto de los contratos por adjudicación directa y licitación pública se divide de forma más homogénea, conforme a la ley, presentando una distribución 44 – 56 por cada 100 pesos gastados, positiva a favor de las licitaciones públicas, 72 instituciones son omisas a la hora practicar la licitación pública.
- De las 72 instituciones señaladas por Mexicanos Contra la Corrupción, por entregar más del 90 por ciento de sus contratos sin realizar ninguna licitación pública, destacan la Secretaría de Marina, Fonatur y SEGOB, las cuales solo licitan el 0.0%, 0.3% y 1.5% de sus compras y gastos respectivamente.
Al ampliar el margen de contracciones sin licitación al 50%, Mexicanos Contra la Corrupción señala que hay 184 instituciones que utilizaron procedimientos distintos a la licitación como regla para contratar bienes y servicios. La organización señala que esto “limita la competencia, puede generar precios más altos, menor calidad o irregularidades en el uso del dinero público”.
10 dependencias que más dinero gastan sin realizar una licitación pública son:
- Secretaría de Marina (SEMAR)
- Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)
- Secretaría de Gobernación (SEGOB)
- Laboratorios y Reactivos Biológicos de México (BIRMEX)
- Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)
- Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)
- Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM)
- Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)
- DICONSA S.A. DE C.V.
- Secretaría de Educación Pública (SEP)
El problema se agrava debido a que la plataforma CompraNet presenta irregularidades y vacíos de información que obstaculizan la transparencia en el gasto de las dependencias del gobierno, las cuales clasifican de manera equivocada la información de sus compras, impidiendo hacer un seguimiento del tipo de procedimiento para saber con precisión quiénes y cuántas licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas son realizadas por el gobierno.
Mexicanos contra la Corrupción señala que al menos 129 mil millones de pesos correspondientes a mil 482 contratos se han clasificado de manera equivocada, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIM) y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) los que más incurren en estas prácticas.
AIFA da contrato de 24.8 mdp a Dimsa
De acuerdo con El Sol de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) celebró el año pasado un contrato por 24.8 millones de pesos con Diseño, Ingeniería y Manufacturas S.A. de C.V. (Dimsa), empresa que en octubre de 2020 fue inhabilitada por un periodo de 45 meses, es decir, hasta agosto de este año.
- El contrato, publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), indica que la empresa prestó el servicio de mantenimiento y operación de distribución y utilización de energía en baja tensión, es decir, sistemas eléctricos, entre el 20 de julio y el 31 de diciembre del año pasado.
- Datos del portal Compranet señalan que la adjudicación se dio mediante una licitación pública en la que se descartó a las empresas Electrohm Servicios, Fabricante Eléctrico Nacional CSF, MAD Arquitectura y Diseño, así como Grupo de Ingeniería, Instalaciones y Mantenimiento.
En el contrato, Dimsa manifestó, bajo protesta de decir la verdad, que sus socios y accionistas no desempeñan cargos públicos ni se encuentran inhabilitados.
Asimismo, indica que está inscrita en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) desde 2013 y que cuenta con un grado de cumplimiento de cien por ciento con dos contratos evaluados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
No obstante, el 19 de octubre de 2020 la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió una circular en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la que comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que debían abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con dicha compañía.
- En un comunicado publicado ese mismo día, la dependencia explicó que Dimsa formaba parte de una lista de 13 proveedores que afectaron las operaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a quienes se multó, en conjunto, con 21 millones de pesos. La contratista, además de la inhabilitación por casi cuatro años, recibió una multa por poco más de 1.8 millones de pesos.
- En su portal web, la compañía muestra diversos proyectos de infraestructura en los que ha participado, como hospitales, aeropuertos, escuelas y presas, además de tener como clientes a instancias y empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Entre las obras que la compañía presume en su sitio de internet se encuentra una Clínica Hospital del ISSSTE en Sahuayo, Michoacán.
Este diario contactó a Dimsa para consultarla sobre el tema, sin embargo, un empleado que se identificó como Rafael dijo que no podía dar información al respecto debido a que no trabajaba para la empresa cuando fue inhabilitada.
Pero el AIFA no es el único organismo público que contrató los servicios de esta empresa inhabilitada. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), que preside Jenaro Villamil, entregó tres contratos en 2023 por 47.1 millones de pesos a la compañía.
Bancomext da contrato millonario a empresa
La empresa Atlantis Operadora Servicios de Salud S.A. de C.V obtuvo 16 contratos con diferentes dependencias federales y con el gobierno de Sonora en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de ser una firma de reciente creación.
- De acuerdo con los convenios publicados en la plataforma de Compranet, dichos contratos representan ganancias para la empresa de cinco mil 251.6 millones de pesos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- El contrato más reciente fue con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) por un total de 923.1 millones de pesos. Según el documento, Atlantis Operadora Servicios de Salud otorgará servicios de administración y atención médica hasta 2025.
- También Nacional Financiera (Nafin) contrató a esta empresa por un total de mil 580 millones de pesos, bajo el concepto de servicios de administración y atención médica, los cuales iniciaron en abril de este año y concluyen en dos años.
La empresa vendió sus servicios a otras dependencias públicas como Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional, el Banco del Ejército, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otras.
- Tan solo en lo que va de este año, la compañía ha ganado seis contratos por cerca de tres mil millones de pesos, de acuerdo con datos del portal Compranet, de los cuales 91.6 por ciento del monto total corresponde a los servicios transexenales otorgados a Bancomext y Nafin.
- Nafin, pagó el contrato más caro para esta empresa de reciente creación. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asignó un contrato a la subsidiaria de Grupo Empresarial Atlantis, pero por un monto que equivale apenas 11 por ciento de lo otorgado a Nafin.
Casi todos los contratos publicados en Compranet que fueron asignados a esta firma son muy similares, ya que brindan por lo regular el mismo servicio, de administración y atención médica, además de otros como anestesia y hospitalización.
La empresa Atlantis Operadora Servicios de Salud se constituyó en enero de 2019, recién iniciada la presente administración, según consta en un acta del Registro Público de Comercio.
Los contratos con la administración federal en estos años van desde los cuatro millones de pesos hasta los mil 600 millones, esto sin incluir el IVA, de acuerdo con el portal de compras del gobierno.
Gobierno perdona a empresa sancionada
- Una empresa de renta de autos que fue sancionada por irregularidades en el cumplimiento de contratos ya fue perdonada por el Gobierno federal, pues en lo que va de este año acumula 28 contratos por más de dos mil millones de pesos.
- En enero de 2021, la empresa Jet Van Car Rental recibió una sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incumplir un contrato federal.
- La dependencia federal informó que resolvió sancionar a la empresa con inhabilitación por un año y multa económica por un millón 433 mil 874 pesos, por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal.
El Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Protección Federal determinó que la empresa de renta de autos incumplió con entregar unidades con las especificaciones técnicas que se requerían.
El contrato señalaba que el servicio sería prestado con vehículos seminuevos, modelo 2015 en adelante, en perfecto estado de operación y funcionamiento, que no tuvieran más 40 mil kilómetros en el odómetro.
Sin embargo, la investigación confirmó que proporcionó 13 unidades con kilometraje superior al especificado y al menos un automóvil de mayor antigüedad.
- De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, algunos de los contratos firmados por la empresa de renta de autos son con el Tren Maya, a través del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), que le otorgó una adjudicación directa por 22.1 millones de pesos para el arrendamiento de unidades.
- Por adjudicación directa, en octubre de 2022, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) le entregó un contrato por 112.2 millones de pesos para el servicio de unidades de transporte terrestre.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida por Leticia Ramírez, le entregó otra adjudicación directa, en abril pasado, por un monto de 10.2 millones de pesos, para la renta de automóviles modelo 2020.
A su vez, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en enero pasado, contrató a la empresa mediante licitación pública para la renta de automóviles por este año, por un monto de 24.3 millones de pesos.
- Mediante concurso de licitación, el Registro Agrario Nacional (RAN) dio a Jet Van Car Rental un contrato de 17.3 millones de pesos, el cual se otorgó en octubre de 2022 y tiene vigencia hasta diciembre de este año.
- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) le entregó el servicio consolidado de renta de unidades oficiales para este año, a través de una licitación pública, con un total de 31.8 millones de pesos.
- Por adjudicación directa, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas contrató a la compañía por un monto de 8.9 millones de pesos para la renta de unidades vehiculares durante 2023 y 2024.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), sin concurso de licitación, pagó 7.5 millones de pesos por la renta de autos para este año.
- Sin someter a concurso, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) firmó con la compañía, en enero pasado, un contrato para el arrendamiento de autos sedán durante este año y 2024, con un máximo de 41.5 millones de pesos.
- A su vez, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) le adjudicó directamente, en marzo pasado, el servicio de arrendamiento de unidades automotoras hasta diciembre de 2024, por 144.6 millones de pesos.
La lista de dependencias que contrataron a la empresa, que fue sancionada por incumplir un contrato en 2021, la completan:
- El Instituto Federal de Telecomunicaciones, con 8.3 millones de pesos; la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), con 1.6 millones de pesos; la Comisión Nacional de Vivienda, 1.9 millones de pesos, y el Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (Conahcyt), con 4.5 millones de pesos./PUNTOporPUNTO
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