TEXTO ÍNTEGRO: Al alza SECUESTROS en MÉXICO; reportan un Total de 2, 402 VÍCTIMAS en 2023

Los secuestros en México subieron un 3.2% en 2023, en comparación con las cifras del año anterior, llegando a un total de 2,402 víctimas, de las que, 772 personas, cerca de un tercio, fueron identificadas como migrantes, reportó este lunes la asociación Alto al Secuestro.

• Entre enero y diciembre de 2023, de acuerdo con el “Reporte Nacional de Secuestro”, México vivió 919 secuestros, lo que supone un aumento ante los 890 casos de 2022.
• Estos raptos supusieron un total de 2,402 víctimas, 1,483 más que en el periodo anterior, y, de entre este total, un 79% son hombres adultos, un 14% son mujeres y el restante 7% son menores de edad, mientras que un 32% fueron migrantes.
• El estado que más secuestros sufrió es Sonora (en el norte), con 296 víctimas, siguen San Luis Potosí (en el centro), con 157, y Tamaulipas (noreste), con 107.
• Ocho estados, entre los que destacan Baja California Sur o Querétaro, no notificaron ningún tipo de secuestro durante el año pasado.
• En el último mes de 2023, la entidad federativa con mayor incidencia fue el céntrico Estado de México, con 12 secuestros, seguida de Veracruz y Sonora, con seis cada una.

La tasa de secuestro por cada 100,000 habitantes más alta ocurrió en Sonora (0.204).

• Aún así, los secuestros disminuyeron un 16.4% mensual en diciembre, con 71 casos registrados, en comparación con las cifras del mes anterior (85), por lo que el número de víctimas también bajó de 233 a 200.

También descendieron las cifras de personas detenidas, que pasaron de 75 en noviembre a 66 en diciembre.

• Alto al Secuestro denunció en su informe que, de las 200 víctimas de secuestro que la organización registró en diciembre de 2023, “las autoridades contabilizan 61”, por lo que “dejan fuera de la estadística oficial al 69.5%” de los afectados.
• Según la asociación, la Administración no considera los casos reportados en medios de comunicación, que suponen 41 secuestros y 139 víctimas, y no los “integra” en carpetas de investigación.

De estas personas excluidas de las cifras oficiales destacan 45 migrantes que, tal y como aporta Alto al Secuestro, fueron secuestrados en Tamaulipas en dos eventos diferentes.

• La organización también señaló que, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 6,120 secuestros, un descenso del 41.9% respecto al sexenio anterior de Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero un aumento del 17% en comparación con el de Felipe Calderón (2012-2018).

Así, se han reportado 9,265 víctimas y 6,588 personas detenidas, además de registrarse, de promedio, 3.3 secuestros por día.

El delito de secuestro pasa desapercibido

El secuestro “exprés” se sumó a la cifra negra (ilícitos que no se denuncian) de uno de los delitos que, aunque en los datos oficiales pareciera que va a la baja, en realidad su incidencia se ve cada vez más diluida entre la falta de denuncia y un cada vez mayor subregistro en categorías poco transparentes.

• Además de no denunciar, en estos casos suceden otras situaciones con las víctimas. Se convierte en un tema del que poco se habla, casi no se cuenta en el entorno familiar y, en algunos casos más.
• Las personas cambian de trabajo o “desaparecen” del lugar, convirtiéndose en un desplazamiento forzado que disipa toda posibilidad de saber de estas víctimas silenciosas.

Esta cifra negra, consideran especialistas, ocurre por varias razones, entre las principales se encuentra el desgano de padecer la burocracia de la justicia o la desconfianza que persiste en las autoridades locales y su falta de especialización para atender uno de los delitos más delicados ante el riesgo de rescatar con vida o no a la víctima.

Desmanteladas las unidades antisecuestro en el país y convertidas en “unidades de alto impacto”, que lo mismo se encargan de combatir la incidencia de extorsiones, trata de personas, homicidios, robo de hidrocarburos, entre otros delitos, los casos se acumulan y también se desvanece la expertise. Adicional a ello también se encuentra la ausencia de una estrategia en los tres niveles de gobierno que se enfoque al combate de quienes lucran con la libertad de las personas.

Pero hay algo más

El registro que hacen las fiscalías estatales de este delito no es confiable, y con razón, porque cómo se lleva el registro de los números y cómo se acomoda la tipología de los ilícitos distorsiona todo. Lo cierto es que los secuestros en México persisten, y no se están contando ni combatiendo como debería ser.

• En ese sentido, Fernando Escobar Ayala, investigador en la organización civil Causa en Común, apuntó que la CONASE ha transitado por una historia similar a la de la extinta Policía Federal, en la que prácticamente “se les ha abandonado, relegado, mientras que el grueso de los operativos está siendo comandado por la Guardia Nacional, y en consecuencia por la Sedena”.
• En 2022 hubo al menos 79 mil 852 secuestros que dejaron 77 mil 825 víctimas, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
• Sin embargo, de manera oficial las fiscalías y procuradurías del país abrieron 506 carpetas de investigación por los secuestros que acumularon 724 víctimas en todo el país, reportan las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Si se considera que la cifra negra de ese delito se ubicó en 2022 en 86.4%, la más baja desde 2017 (cuando el Inegi empezó a contabilizarla), aunado al hecho de que el grueso de la incidencia, tanto de casos como de víctimas, se aglomera en la subcategoría de “víctimas por otros delitos que atentan contra la libertad personal” (donde también se incluyen víctimas de desaparición forzada de personas cometidas por particulares, entre otras modalidades de secuestro), entonces la claridad sobre la situación de los secuestros en el país se vuelve difusa.

El politólogo, académico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializado en la sociología de las violencias, seguridad pública y militarización, destaca el hecho de que las fiscalías del país, subordinadas al Poder Ejecutivo de las entidades, actúen bajo un margen de discrecionalidad y una “nula coordinación” entre instancias tanto locales como federales.

Esto ha propiciado que actualmente “las fiscalías son en buena medida un embudo que obstaculiza por completo la procuración de justicia”.

• De acuerdo con una revisión de ejecentral a las estadísticas oficiales da cuenta de que de 2015, año en que la entonces nueva metodología del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a contabilizar el número de víctimas a nivel nacional, a noviembre de 2023, las 10 mil 586 víctimas que las fiscalías del país representaron el 5.3% de las 198 mil 842 que se concentraron en “otros delitos que atentan contra la libertad personal”.
• Para Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, el reflejo de esa situación se explica por el incumplimiento de las autoridades que “no acatan lo que marca la Ley (General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro), donde se define qué tipo de secuestro y cómo se debe de tipificar, pero esto, añade, no lo hacen los gobiernos en general, y si se trata de migrantes, menos”.

Y es que, a partir de los informes que mensualmente actualiza Alto al Secuestro, resulta cada vez más evidente el subregistro que se advierte en las cifras oficiales, que de manera sistemática se ubica entre el 70 y 80%, lo que “indudablemente genera impactos porque no hay una política adecuada para combatir el delito de secuestro”, sostuvo la activista.

La discrepancia en las cifras es evidente. El último informe de la asociación, al corte de noviembre, dio cuenta de un total de 85 casos con un total de 233 víctimas.

En contraste con las estadísticas del Secretariado, es decir, los informes proporcionados por las fiscalías del país, se abrieron 36 averiguaciones por ese delito durante el mes, con un total de 52 víctimas. De este grupo, el 86.5% correspondió a personas que fueron víctimas de secuestro extorsivo. En el mismo período, se registraron dos mil 781 víctimas de otros delitos que afectan la libertad personal.

• La discrepancia en cuanto al número de indagatorias que oficialmente se reportó que fueron abiertas en el penúltimo mes de 2023 se ubicó por encima del 42%, y en más de 22% respecto a la cantidad de víctimas contabilizadas por el SESNSP.
• Ante la crisis de secuestro que azotó al país, al grado de que en 2012 se superaron los 105 mil casos en todo el territorio, en enero de 2014 (en el arranque del segundo año de la administración de Enrique Peña Nieto), se puso en marcha la “Estrategia Nacional Antisecuestros”, y con ella el surgimiento de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), con Renato Sales Heredia (actualmente fiscal general de Campeche), como el primer zar antisecuestros del país.
• En 2015, ya integrado como un órgano de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), adscrita a la entonces Secretaría de Gobernación, la CONASE recibió un presupuesto de más de 79 millones 106 mil pesos, el mayor que ha recibido hasta la fecha.

Aunque a lo largo del sexenio anterior la CONASE mantuvo un monto presupuestal por arriba de los 72 millones de pesos, en 2019 registró la primera reducción que alcanzó el 24%, en comparación con los recursos con los que se echó a andar. Y desde entonces siguió cayendo su presupuesto.

• A partir de 2020, la CONASE pasó a ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y por los dos años siguientes recibió un presupuesto que osciló entre 52 y 54 millones de
  pesos.

El 19 de junio de 2023 se publicó en un decreto que la CONASE ahora se llamaría “Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto”.

El cambio no fue menor, pues en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación a las “atribuciones específicas” que se le confirieron a la ‘nueva CONASE’ para vincular las acciones entre las instituciones de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para la atención y el combate al delito de secuestro, se sumó también la extorsión y la trata de personas como delitos de alto impacto. En los hechos sus atribuciones y responsabilidades se diversificaron a muchos más ilícitos y en otras aristas.

Un efecto de la disminución en la efectividad de la estrategia y la lucha contra el secuestro se atribuye al hecho de que en las entidades ya no existen unidades especializadas contra este delito. Estas unidades fueron transformadas en ‘Unidades de Alto Impacto’, las cuales abordan diversos delitos de manera indiscriminada, tales como trata, extorsión, entre otros, según destacó Miranda de Wallace.

• Hoy personal de la CONASE se encarga también de auxiliar en la cumplimentación de órdenes de aprehensión y la realización de operativos para el combate de delitos que van desde la pornografía infantil, hasta el robo de hidrocarburos, los homicidios y el narcomenudeo, entre otros.
• La información tanto de Alto al Secuestro como del Secretariado indican que, pese al probable subregistro, desde 2020 ha habido una prevalencia en la disminución de secuestros, y en 2021 se registró la tasa de víctimas más baja desde 2012; no obstante, al año siguiente repuntó en más de 27%. La cifra negra en torno al secuestro es uno de los factores que podrían agravar los esfuerzos para combatirlo.

Si se toma en cuenta que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para este año se prevé destinar a la CONASE 78 millones 314 mil 533 pesos, la mayor cantidad de recursos desde su creación, el hecho de que ya no propiamente está enfocada a abatir el secuestro, sino a una amplia lista de delitos de alto impacto, el dilema recae en cómo hacer más eficientes esos recursos.

Maquillaje y víctimas invisibilizadas

Como en el caso de Ricardo, quien prefirió no denunciar el secuestro exprés que sufrió por temor a represalias del grupo criminal que lo mantuvo cautivo. La inquietud, principalmente en los casos donde hay una evidente participación del crimen  organizado, sigue siendo un factor que desincentiva la denuncia de los ciudadanos y aumenta la desconfianza en las instituciones.

• Desde la perspectiva de Fernando Escobar “es tal el colapso y la ineficacia que perciben los ciudadanos en las instituciones de procuración de justicia, es decir, son tan malos en la cercanía con la ciudadanía, en la práctica cotidiana, que no ofrecen ningún incentivo para aprovechar los canales que existen para la denuncia de los delitos”.
• En la opinión del investigador, un ingrediente que juega un papel central en lo que las organizaciones civiles señalan como el “maquillaje” de las cifras, tiene que ver con el “cálculo político”, y más en un año de elecciones, que se lleva a cabo en los gobiernos, en las entidades, a través de las fiscalías dependientes de los mismos.

Al reconocer que es “sumamente complejo” lograr un control de los secuestros de migrantes, ya que no cuenta con un control sobre el flujo y los albergues, Isabel Miranda de Wallace denunció que la Ciudad de México es un claro ejemplo de cómo los “secuestradores rodean los campamentos (de personas en tránsito) y piden rescates a larga distancia a sus familiares”.

• Uno de los fenómenos relacionados con el delito de secuestro se vincula a la afectación de niñas, niños y adolescentes. Según los datos del Secretariado, se registraron 1,070 casos cometidos contra menores de 18 años desde 2015 hasta noviembre de 2023.

De este total, el 64.7% correspondió a varones, sumando 693 víctimas, mientras que el 35.2% restante afectó a aproximadamente 377 niñas y adolescentes.

• La preocupación de la Red se da por el aumento que el año pasado se registró en el número de secuestros de niños, niñas y adolescentes, en comparación con los casos reportados en 2022, que pasaron de 50 a 81 (30 mujeres y 51 hombres), de enero a noviembre de 2023, y que se focalizó en ciertas entidades.
• En 2023, la mayor cantidad de niños y adolescentes secuestrados se concentró en la Ciudad de México, Chihuahua y Sonora.Pero en Chihuahua, Sonora y Oaxaca fue donde se tuvieron los mayores aumentos en la cantidad de víctimas de entre cero y 17 años, en los primeros 11 meses de 2022 y 2023.

“Es imperativo coordinar la cooperación entre autoridades, organizaciones de la sociedad civil y comunidad para abordar este problema de manera integral”, urgió la Redim. /PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro en el Enlace:

https://www.altoalsecuestro.com.mx/_files/ugd/3804e6_d04bcd4aa78647a4a44a7206bd590f04.pdf