En el tintero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) yacen un cúmulo de asuntos por resolver, y en la decisión ahora podrá participar la nueva ministra Lenia Batres , quien asumió el cargo este 4 de enero para un periodo de 15 años y es cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena.
- Entre otros asuntos participará en la decisión que se tome sobre las plazas automáticas para maestros normalistas, en acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolver sobre la militarización de la seguridad pública y un bloque de recursos promovidos recientemente ante la SCJN en los que se demanda la invalidez de 19 leyes o reformas legales, algunas por presuntas irregularidades de proceso legislativo, algo que ya dijo no estar de acuerdo.
- Estas reformas fueron aprobadas en el llamado “viernes negro” una sesión del Senado realizada del 28 al 29 de abril de 2023, en donde se avalaron reformas consideradas por la oposición como presuntamente inconstitucionales en su contenido y mediante vicios en el procedimiento.
Entre ellas se encuentra la llamada militarización del espacio aéreo, la concesión vitalicia del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la creación de la línea aérea del bienestar bajo mando militar (Mexicana de Aviación), la desaparición del Insabi y la de Financiera Rural.
También estará en su agenda la discusión sobre la extinción de 109 fideicomisos en 2020 (entre ellos el Fondo Mixto Conacyt, Fonden, Fondo Minero) y los 13 fideicomisos del Poder Judicial; el control de los puertos ahora otorgado a la Secretaría de Marina, (Semar), la estatización del litio, el tope de salario presidencial, entre muchos otros asuntos polémicos.
Anticipa voto pro 4T
Sin embargo, la nueva ministra prácticamente ya adelantó el sentido de su voto en contra de que prosperen un conjunto de acciones de inconstitucionalidad que deberá analizar la SCJN en el futuro y con las que se busca invalidar leyes y reformas impulsadas por Morena y sus aliados.
- Es decir, desde el día uno ya se colocó en defensa de las normas impugnadas, y del lado del bloque de la cuarta transformación.
Los asuntos a cuyo favor se manifestó de manera inicial son: sujetarse al tope de salario presidencial, la validez de reformas legales sin importar irregularidades de procedimiento legislativo y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial.
Por ejemplo, al asumir el cargo, el pasado 4 de enero, la ministra Batres criticó que la SCJN “desde hace 14 años ha incumplido” sujetar sus remuneraciones al tope de ingreso presidencial, que entró en vigor en 2010.
Semanas antes, el 27 de noviembre al ser entrevistada por la Comisión de Justicia del Senado, la hoy ministra ya había anticipado ese reclamo pues –dijo- el Poder Judicial “desde 2010, debió haber acatado el límite a las remuneraciones de las personas servidoras públicas” tras la reforma constitucional avalada en 2009 en la materia.
Ahora, durante su gestión, la ex legisladora deberá resolver si es válido topar las percepciones de todos los servidores públicos, incluso de un organismo autónomo como el Instituto Nacional Electoral (INE), al monto que percibe el Ejecutivo, pues la SCJN tiene pendiente la controversia constitucional 80/2021.
Esta fue presentada por el INE para impedir –entre otras cosas– que le aplicara la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, mediante la cual el Congreso buscó recortar los salarios de los consejeros y altos mandos electorales.
- Entre los argumentos del INE se expuso posible afectación a su autonomía presupuestal y a los derechos de sus trabajadores, por lo que el 3 de noviembre de 2021 la primera sala de la SCJN le concedió la suspensión solicitada para que las percepciones de sus servidores públicos en ese ejercicio fiscal “y hasta en tanto se resuelva la controversia constitucional” no le aplique ese tope.
Batres Guadarrama también fijó ya una postura respecto a la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial ordenada por la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que ya fue combatido vía acciones de inconstitucionalidad presentados ante la SCJN.
El 5 de diciembre el ministro Javier Lainez concedió una medida cautelar para que esos fondos no se toquen, y así evitar posibles afectaciones a los trabajadores judiciales, hasta que se emita sentencia de fondo.
Pero en su comparecencia ante la Comisión del Senado la ministra ya se manifestó a favor de esa desaparición de los fideicomisos e incluso consideró irregular que no se hayan destinado, como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, para paliar la emergencia en Acapulco, Guerrero, azotado por el Huracán Otis en octubre pasado.
“El reciente desacato para disponer de los recursos de 13 fideicomisos para las personas damnificadas en el estado de Guerrero, el Poder Judicial tiene ninguna justificación”, dijo a los senadores, aunque dar ese destino a los recursos fue sólo una sugerencia presidencial, no una disposición incluida en ley, ni siquiera la que ordenó la extinción de esos fondos y que está impugnada.
Leyes “haigan sido como haigan sido”
Batres también adelantó su rechazo a que prosperen acciones de inconstitucionalidad contra un conjunto de leyes que, según los quejosos, fueron reformadas en medio de violaciones a los procedimientos legislativos.
La ministra desestimó esos agravios como causal de una declaratoria de invalidez, pues afirmó que es el Poder Legislativo el que establece sus propios procedimientos y no la Corte.
- “El Poder Judicial actúa legislando, abrogando leyes completas aprobadas por el Poder Legislativo, con base en principios que él mismo definió y que asume deben cumplir los poderes legislativos, en los que (la Corte) determina elementos de validez de los procedimientos de los congresos que no existen en la ley”, censuró la ministra.
“El Poder Judicial, creo, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional. Por eso, violenta también el principio de actuación democrática, que ha dispuesto que sólo el Poder Legislativo, en tanto representación del pueblo produzca las normas”, dijo la ministra a fines del año pasado y ante senadores./Agencias-PUNTOporPUNTO
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