Tal parece que el espionaje telefónico y los hackeos en las redes sociales se han convertido en algo “muy común y constante” en México, pero el colmo es que ahora hasta las instancias de gobierno están involucradas en esa actividad.
Resulta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), encabezada por Ernestina Godoy Ramos,–quien por cierto quiere que la ratifiquen en el cargo por cuatro años más- se ha dado a la tarea de realizar labores de espionaje. Así como lo leen y hay elementos que lo confirman.
Es una relación que incluye a poderosos miembros del gobierno.
Y según consta en los registros judiciales, todos ellos han sido objeto de vigilancia permanente por parte de la FGJCDMX, desde hace unos meses.
Al menos 14 órdenes escritas revisadas por The New York Times muestran que la fiscal general ordenó a la mayor empresa de telecomunicaciones de México entregar los registros telefónicos y de texto, así como los datos de localización, de más de una docena de destacados funcionarios y políticos mexicanos.
Telcel, la empresa de telecomunicaciones, reconoció en una presentación judicial revisada por The Times que había recibido las órdenes y entregado los registros, que abarcaban desde 2021 hasta principios de este año. La vigilancia incluía tanto a opositores del partido gobernante Morena como a sus aliados.
Las órdenes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dicen que la información se buscaba en relación con investigaciones sobre secuestros y desapariciones.
Sin embargo, la Fiscalía capitalina dice que no tiene ninguna investigación penal en su expediente y “niega categóricamente” haber solicitado los registros telefónicos de los funcionarios y políticos mencionados en las órdenes. Es obvio que jamás va a reconocer que está espiando a los adversarios de Morena y posibles militantes traidores.
“Esta institución no espía a figuras políticas ni a ninguna persona”, afirma la Fiscalía. “Al contrario, investiga exclusivamente con fines legales”.
A pesar de las negativas, un juez federal dijo este año que la Fiscalía capitalina sí había solicitado que Telcel entregara los registros. La evaluación del juez se produjo en una demanda contra la Fiscalía que fue interpuesta por un alcalde de la capital, quien fue nombrado en las 14 órdenes escritas.
Muchas de las personas mencionadas en las órdenes, dicen que la verdadera razón por la que fueron monitoreadas es porque son objetivos políticos, víctimas de un abuso de poder sistemático.
México ha sido sacudido repetidamente por escándalos de vigilancia, y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018, prometió poner fin a cualquier vigilancia ilegal de los mexicanos, después de haber criticado a sus predecesores por tales acciones.
Pero su administración ha empleado algunas de las tácticas que condenó. Bajo el mandato de López Obrador, el ejército del país ha utilizado repetidamente el notorio software espía conocido como Pegasus para espiar a periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso a altos miembros de su propia administración.
“Se está utilizando el sistema judicial para perseguir a políticos”, declaró Santiago Taboada Cortina, titular de la alcaldía Benito Juárez que presentó la demanda. Miembro de la oposición política, el panista Taboada ha anunciado su intención de presentarse como candidato a la Jefatura de Gobierno en las elecciones del próximo año.
“Lo que no es normal es que ocurran estas cosas, que como consecuencia de tus aspiraciones, tengas al gobierno respirandote en la nuca”, dijo.
Alarmado por la noticia, Santiago Taboada interpuso una demanda para obligar a la Fiscalía capitalina y a Telcel a responder a la acusación.
En los documentos judiciales relacionados con la demanda, Telcel reconoció haber proporcionado los registros telefónicos de Taboada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en respuesta a 14 órdenes relacionadas con secuestros, así como a la Fiscal General de Justicia del estado de Colima por una orden.
Decenas de otros números telefónicos también se enumeran en las órdenes, dijo Telcel, incluidos los de figuras poderosas dentro de Morena —el partido gobernante— y algunos de sus opositores.
En los archivos judiciales, el fiscal general de Colima dijo que había solicitado los registros telefónicos del Sr. Taboada a Telcel después de que una persona anónima presentó su número de teléfono, y otros, en relación con un caso de secuestro local. La fiscalía de Colima dijo que esa línea de investigación no había aportado nada relevante y que desde entonces habían destruido los registros telefónicos.
En la misma demanda, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México negó haber solicitado los registros telefónicos del Sr. Taboada.
Según dos juristas, la actuación de la Fiscalía capitalina fue ilegal. Otro experto afirmó que, aunque no fueran necesariamente ilegales, constituían un claro abuso de poder.
”El sistema es fácilmente manipulable. Los fiscales pueden inventar expedientes de investigación o pueden utilizar expedientes abiertos para obtener datos de quien quieran sin ninguna supervisión judicial”, dijo Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de R3D, un grupo mexicano de derechos digitales.
”Definitivamente es un sistema que está diseñado para el abuso y del que se está abusando”, señaló.
La ley obliga a las empresas de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades, “pero también tienen la capacidad de rechazar las solicitudes abusivas”, afirma García. Pero estas empresas dependen de las licencias del gobierno y a menudo cumplen más de lo que deberían, tal vez por temor a las repercusiones, dijo.
No es la primera vez que una fiscalía general abusa de su poder. En 2016, la fiscalía federal de México solicitó en secreto los registros telefónicos de una abogada de derechos humanos, una periodista de investigación y una antropóloga forense mientras investigaban la masacre de 193 personas, argumentando que las mujeres estaban vinculadas a una investigación de secuestro.
El seguimiento ordenado por los fiscales “envía el mensaje de que pueden utilizar el sistema de justicia penal contra los defensores, contra los periodistas, contra los expertos independientes, contra los opositores”, dijo Ana Lorena Delgadillo, la abogada que fue monitoreada en 2016. “Envía el mensaje de que pueden hacerlo y no les va a pasar nada”.
En el caso más reciente, Telcel también entregó los datos telefónicos de Horacio Duarte, un aliado de Morena que en su momento dirigía la agencia de aduanas de México en 2022.
La senadora conservadora Lilly Téllez, hasta hace poco una de las principales candidatas presidenciales de la oposición, y Alessandra Rojo de la Vega, ex diputada y firme opositora de Claudia Sheinbaum —exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y candidata del partido gobernante en las elecciones presidenciales del próximo año—, también fueron vigiladas, según las órdenes escritas y los expedientes judiciales revisados por The Times.
El año pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusó a la ex legisladora Rojo de la Vega de delitos electorales, lo que, según esta última, fue una represalia política por oponerse a las políticas de Sheinbaum. Posteriormente un juez desestimó el caso.
Un portavoz de Sheinbaum, que era jefa de Gobierno cuando se solicitaron los registros telefónicos, declinó hacer comentarios.
Rojo de la Vega, indignada por el seguimiento, dijo que este tipo de vigilancia debería utilizarse para investigar a los verdaderos delincuentes.”Ese debería ser el trabajo de la fiscalía, pero están ocupados persiguiendo a gente que les incomoda”, dijo.
Téllez y Rojo de la Vega, cuyos datos telefónicos fueron solicitados en siete ocasiones entre 2021 y 2022, negaron cualquier implicación en casos de secuestro.
Los fiscales también solicitaron los datos telefónicos de Dolores Igareda, alta funcionaria del Tribunal Supremo, y de Ricardo Amezcua, miembro del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, según se desprende de los expedientes y órdenes judiciales. Ninguno respondió a las solicitudes de comentarios.
Se espera que Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, sea ratificada a finales de este año. Pero ante este panorama, ahora sí, señoras y señores, niños y niñas, dudo mucho que eso suceda. Y seguramente, “La Abuela Sinclaire” o “La Titina” se tendrá que ir a un asilo o bien, quedarse guardada en el baúl de los recuerdos.
APUNTES FIDEDIGNOS
Y en otros temas un poco más amenos y hasta cierto punto “agradables”, les comento estimados lectores que por primera vez en 94 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó a una mujer como su precandidata a la Presidencia de la República. Xóchitl Gálvez Ruiz será la encargada de representar al instituto político en la boleta electoral en el próximo proceso electoral.
Con una reunión en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la aún senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) anunció sus intenciones de representar en la contienda por la titularidad del ejecutivo al partido fundado en 1929, su documento fue recibido por la Dirigencia Nacional a cargo de Alejandro Alito Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria.
Al dirigir unas palabras, el presidente del tricolor pidió a la militancia no regatear apoyos para dar a conocer el proyecto que pretende instaurar en el país la próxima candidata del Frente Amplio por México. Además, le recordó a la política hidalguense que cuenta con el PRI para lograr los objetivos planteados en 2024.
“Hay que tener claro que Xóchitl es la que nos encabeza a todos, aquí no podemos regatear apoyos y hoy lo reitero: el PRI está contigo, va contigo y contigo vamos a ganar. ¡Arriba el PRI! y ¡Arriba Xóchitl!”, refirió Moreno Cárdenas…¡¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!!!
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