La economía de México creció 3.5% entre enero y septiembre de 2023, pero no es sostenible; porque está prendido del dinero que otorgan los programas sociales, gasto en las obras insignia de la 4T y endeudamiento, advierten especialistas.
- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el país alcanzó un crecimiento económico de 0.9% durante el tercer trimestre del año, contado entre julio y septiembre pasados.
- Destacó que, en términos anualizados, la economía nacional logró una expansión de 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB), solo entre el tercer trimestre de 2022 y el mismo periodo de este año.
- Con base en cifras preliminares del PIB, el instituto destacó que México sumó ocho trimestres consecutivos de crecimiento, tendencia que dejó atrás los pronósticos menores 1.8% que preveían los analistas al arranque de 2023.
“Las cifras sugieren que –en México– podríamos alcanzar un crecimiento de 3.5% anual –al cierre de 2023, cifra que no solo es alentadora, sino que supera las proyecciones de los analistas”.— Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda
México caerá en recesión
La directora de Análisis Económico del Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller Pagaza, confirmó que –tal como los estimó el subsecretario de Hacienda– la economía de México tendrá un crecimiento de 3.5% al cierre del año, lo cual “es buenísimo”.
- Sin embargo, advirtió que dicha expansión –que rompe con los pronósticos de hasta 0.8% del PIB, estimados al inicio de 2023– no es sostenible y esconde el riesgo de una recesión en México para 2025.
- Señaló que dicha expansión esta “empujada” por el gobierno federal a través del gasto y dinero otorgado a través de los programas sociales como la pensión para adultos mayores, las becas y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Explicó que estas transferencias aumentan el consumo de la población y ello empuja el dinamismo de la actividad económica, pero no es parte de un motor interno que genere valor agregado y un crecimiento sostenible de la actividad productiva.
Durante una videoconferencia, Siller Pagaza refirió que, en la misma línea, el gasto extraordinario en las megaobras de la 4T –Tren Maya, AIFA y la refinería Dos Bocas– dispararon la inversión; pero ésta no continuará en el próximo sexenio.
- Además, apuntó, para 2024 –que es último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se plantea un crecimiento de la deuda pública para sostener los programas sociales, obras insignia y gasto corriente.
Esto “es como acelerar un automóvil de 100 a 200 kilómetros por hora con las manos, a través del presupuesto público, cuando el coche no tiene un motor interno que sostenga a la economía.
Recesión y destrucción de empleo
La especialista del Grupo Financiero BASE anticipó que la recesión en México se materializará entre el segundo y cuarto trimestre de 2025, debido al sobrecalentamiento de la economía, que provocará el gasto del gobierno en programas sociales y las megas obras de infraestructura.
“El gasto del gobierno en obras de infraestructura no es sostenible, tan es así que el siguiente año se va a endeudar un montón; mientras que las trasferencias en programas sociales van a seguir, porque están en la ley y, ello, consumirá cada vez más presupuesto.
“Con esto, en 2025 no habrá dinero para grandes obras de infraestructura, entonces habrá un desplome en la inversión en el sector de construcción y una recesión en México”, apuntó.
- Gabriela Siller advirtió que dicha situación “traerá destrucción de empleo” en lugar de creación de puestos de trabajo; y en materia de consumo, habrá mayor cautela en las compras de las familias. Además, habrá presiones inflacionarias por las mayores tasas de crecimiento.
“Si este año el crecimiento de México es de 3.5% y el siguiente entre 2.5% y 3%, ya estaríamos viendo una economía sobrecalentada. El problema es que, de repente, el país aceleró de 100 a 200 kilómetros por hora y esto lo hizo el gobierno sin un motor interno, a través de las finanzas públicas”, dijo.
Gasto en protección social se llevó 30.1% del gasto programable del sector público
En el periodo de enero a agosto de este año, el gasto en protección social se llevó 30.1 por ciento del gasto programable del sector público, el mayor nivel para un mismo periodo en los últimos 17 años.
- Este gasto, que se destina a programas como becas para estudiantes y la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, entre otros, sumó un billón 117 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda al cierre de agosto pasado.
- Es así que dicho monto representó casi la tercera parte del gasto programable que concentra los desembolsos que el Gobierno federal realiza para entregar bienes y servicios a la población, financiar programas sociales y permitir el funcionamiento de sus instituciones, dependencias y entidades.
- Lo anterior sin contar que dicho gasto tuvo un incremento real anual de 7.9 por ciento en el periodo referido. De enero a agosto de 2007, año desde el que existe registro, este gasto social representaba el 17.8 por ciento del total del gasto programable.
Sin embargo, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) ha advertido que destinar más recursos a protección social implica castigar recursos para la formación de capital que impulsan el crecimiento económico.
- AMLO sigue incrementando la cantidad de recursos dedicados al gasto en protección social, pese a que no ayuda a la movilidad social de las personas, advirtió Enrique Díaz Infante, director de Estudios del Sector Financiero y Seguridad Social de la organización.
- En contraste, se castigan recursos a la formación de capital donde destaca la reducción de recursos para el desarrollo de infraestructura.
- Reiteró que este gasto se prioriza en determinados grupos de la población, como adultos mayores, sin tener como objetivo que logren una movilidad social que es el cambio en la condición socioeconómica de las personas beneficiadas.
En el mismo periodo de 2018, último año de la Administración federal anterior, el gasto en protección social se llevó el 22.7 por ciento del gasto programable, mismo que con el Gobierno federal actual se ha incrementado de manera considerable, colocándose como el mayor desde que se tiene registro.
En otro análisis, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) admitió que es positivo que el presupuesto en conceptos sociales se eleve.
Sin embargo, el problema es la forma en que se distribuye, ya que el Gobierno federal actual ha priorizado el gasto en pensiones al tiempo que se castigan o limitan recursos para otros rubros.
«Gastos obligatorios» absorben el 81.2% del presupuesto federal
El pago de salarios a servidores públicos, las pensiones, las aportaciones y participaciones a estados y municipios, los adeudos por los pasivos públicos, entre otros conceptos que se consideran gastos obligatorios que tiene la administración pública representarán 81.2 por ciento del presupuesto público del próximo año, lo que deja menos de una quinta parte del mismo para hacer política pública.
- El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 contempla un incremento real de 4.6 por ciento en los gastos obligatorios del próximo año, 7 billones 327 mil millones de pesos que no pueden ser tocados para inversión o política pública y que apenas rebasan los 7 billones 329 mil millones de pesos con los que espera contar la administración pública, sólo de ingresos presupuestarios.
- Prácticamente todo el resto del gasto, mil 694.5 millones de pesos –que va a inversión y a programas sociales– se financiará con endeudamiento, muestran los documentos que integran el paquete económico 2024.
- Las asignaciones para entidades federativas y municipios –que se integran por participaciones y aportaciones federales derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal– tendrán 2 billones 336 mil millones de pesos el próximo año, 0.5 por ciento real por encima de lo que se presupuestó para el año en curso.
- Las pensiones y jubilaciones absorberán un billón 499 mil millones de pesos, 7.3 por ciento más que el año pasado, al tiempo que el pago de la deuda pública y los adeudos del ejercicio fiscal anterior demandarán un billón 308 mil millones de pesos, 11.3 por ciento más que en 2023.
- El gasto en servicios personales –el cual comprende las percepciones ordinarias de los servidores públicos, así como las erogaciones de seguridad social y fiscales derivadas de dichas percepciones– alcanzará un billón 172 mil millones de pesos, 5.7 por ciento por encima de lo registrado en 2023 y en línea con la inflación promedio que estima Hacienda para este año.
Sólo estos cuatro conceptos las asignaciones para entidades federativas y municipios; las pensiones y jubilaciones; el pago de la deuda pública y los adeudos del ejercicio fiscal anterior; así como el pago de las remuneraciones de servidores públicos, representan 86.2 por ciento del gasto obligatorio el próximo año.
Programas sociales de la 4T no han logrado que los jóvenes tengan empleos
Es conocida la frase “juventud, divino tesoro” con la que el poeta Rubén Darío describe y añora esta época de la vida, pues se cree que es «un periodo lleno de oportunidades”, como refiere el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Pero en México hace años que ser joven significa lo contrario.
- Aquí, la población de 15 a 29 años registra la mayor tasa de desempleo. Si trabaja, percibe los salarios más precarios y accede menos a servicios de salud o a la seguridad social. La juventud es, además, el blanco de los grupos criminales.
- Ninguna política gubernamental ha logrado revertir las desigualdades que viven los menores de 30 años, ni el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, lanzado en 2019 para “impulsar las oportunidades laborales” de la juventud que no trabaja ni estudia. Sin embargo, no ha logrado que más jóvenes consigan un trabajo digno.
La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza lo documenta en el reporte Ir a la raíz de la pobreza: en diciembre de 2018 había 3.2 millones de jóvenes registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un puesto de trabajo formal. Para julio de 2023, la cifra disminuyó a poco más de 3 millones. Es decir que, en casi cinco años, 152 mil jóvenes salieron del empleo formal.
El impacto de Jóvenes Construyendo el Futuro
Cuando arrancó este programa social, uno de los más importantes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se identificó un total de 5.7 millones de jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo, los cuales constituían la población potencial del programa.
De 2019 a marzo de 2023, 2.7 millones de estos jóvenes habían recibido el apoyo, según informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia a cargo de la iniciativa. Los beneficiarios de 18 a 29 años han recibido transferencias monetarias, que pasaron de 3,600 pesos mensuales a 6,310. El requisito es que participen durante un año en una de las empresas registradas en el programa, a cambio del dinero y de seguro social.
Un estudio oficial de la Secretaría del Trabajo, titulado El efecto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, concluye que seis de cada 10 que participan en el programa encuentran trabajo.
- A decir de Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con esos resultados tendría que notarse un aumento en el número de jóvenes con trabajos formales.
Sin embargo, los datos disponibles sobre empleo, tanto del IMSS como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran una realidad diferente.
En 2018, el grupo de 15 a 29 años representaba 33% del total de los trabajos formales registrados en el IMSS. Cinco años después, en 2023, esta proporción bajó a 30%.
- Al analizar los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi, Gómez apunta que sí se nota que 400,000 jóvenes más tienen un empleo formal, pero es una cifra lejana a lo esperado.
- “Si, como dice el anuncio oficial, seis de cada 10 jóvenes que participan en el programa encuentran trabajo y 2.7 millones han participado, tendríamos que ver un efecto de alrededor de 1,600,000 jóvenes trabajando”, calcula.
- Pese a que en cinco años se han invertido 91,000 millones de pesos en Jóvenes Construyendo el Futuro, como reportó la Secretaría del Trabajo, no hay certeza del impacto positivo en el empleo formal de este programa.
“Yo no puedo decir que (los beneficiarios) no entraron a trabajar, porque no hay cómo. Lo que sí puedo decir es que no veo que sea mayor el incremento en participación laboral de jóvenes del que había antes y hay cero más jóvenes en trabajos formales que los que ya había en el inicio del sexenio”, explica Gómez.
- Puntos débiles. Con Jóvenes Construyendo el Futuro, este gobierno implementó una política pública para esta población que era necesaria, reconoce Gómez. Pero fallas en el diseño del programa lo han desviado de sus objetivos.
- Dos puntos son los más graves: un laxo registro de los centros de trabajo y, como sucede con otros programas sociales, no llega a quienes más lo necesitan.
- A los centros laborales no se les pidió RFC y, como documentó una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el programa hay personas físicas registradas como empresas, tiendas de abarrotes, negocios informales y hasta funcionarios públicos.
“No quiero minimizar ningún tipo de trabajo, pero si lo que quieres es resolver la empleabilidad de jóvenes, me parece que eso no añade mucho. Entonces, la probabilidad de que la mayoría de esos jóvenes no estén yendo a un centro de trabajo y que, sobre todo, no estén aprendiendo nada, es altísima”, indica.
- Por otra parte, agrega Gómez, 65% de los beneficiarios tienen estudios universitarios y mejores condiciones de vida. No significa que ellos no requieran el apoyo, pero esto demuestra que los jóvenes de contextos más adversos y con rezago educativo acceden menos al programa. El problema es que son ellos quienes enfrentan más barreras para conseguir un empleo digno.
- De acuerdo con el informe de Acción Ciudadana, existen 7 millones de personas de 12 a 24 años con rezago educativo. De ellas, 3 millones se ubican en los cuatro primeros deciles con menos ingresos y 91% son mujeres. Estos jóvenes pobres tienen cuatro veces más probabilidades de rezago educativo. Sin educación, las oportunidades laborales dignas son escasas para ellos y no es suficiente con un apoyo económico, señala el experto.
“Este sector que llamamos jóvenes sin oportunidades, que la mayoría son mujeres, requería ser visto y requería una política pública. Entonces, por primera vez apareció, pero se concentró en transferencias monetarias y lo demás no importó”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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