Luego de un ajuste ordenado por el Tribunal Electoral en los tiempos de precampañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) contará con 40 y no 57 días para fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos políticos durante las precampañas electorales, dejándolo al límite de hacer las revisiones antes de que inicien las campañas federales el próximo 1 de marzo de 2024.
- Se trata de nuevos plazos que modificó Consejo General del INE, lo que redujo el margen de maniobra que tenía el personal del Instituto para revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben los partidos políticos y candidatos independientes por cualquier tipo de financiamiento.
- Las consejeras Carla Humphrey y Claudia Zavala advirtieron en entrevistas por separado sobre el riesgo que implica la reducción de los plazos para la fiscalización del periodo de precampaña, ya que, de entrada, podría restar la calidad de las mismas.
“Creo que hay un riesgo de la calidad y la profundidad con que se debe revisar, porque cuando te enfrentas un proceso de fiscalización nunca sabes al final de cuentas cuánto vas a fiscalizar”, anotó Humphrey.
Al coincidir con Humphrey de que la reducción de plazos podría afectar la calidad de la fiscalización, Zavala dijo que son menos días para una contienda con mayor número de aspirantes.
“Materialmente, el tema es ¿cómo le vamos hacer para revisar, con todo mi equipo, los más de 4,000 y tantos dictámenes sólo de la elección federal (Presidencia de la República, así como elecciones para diputados y senadores)?”, cuestionó.
- Incluso, durante la sesión del pasado 12 de octubre, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, comentó que, si bien se trata de una situación compleja, implicará mayor compromiso institucional para salir adelante y cumplir con las actividades de fiscalización en tiempo y forma.
- Vaticinó que el INE, como en otras ocasiones, saldrá airoso y con niveles de excelencia.
“Estamos ante un cumplimiento de sentencia –para modificar el inicio de las precampañas para 2024– que nos hace tener exigencias diferentes. Sí, tendremos y vamos a encontrar el camino para darle respuesta y cumplir con la calidad que debemos con estos procesos de fiscalización”, garantizó.
Cambio en los tiempos
Fue en la sesión del Consejo General del pasado 12 de octubre cuando se modificó el inicio de las precampañas, para que se realicen del 20 de noviembre 2023 al 18 de enero del 2024. En la discusión, al inicio sólo cinco de los 11 consejeros coincidieron en ese sentido, pero, al final, la mayoría votó por el cambio de fechas.
- El INE había establecido que las precampañas se realizarían del 5 de noviembre del 2023 al 3 de enero del 2024. Además, había fijado que éstas no podrían durar más de 60 días.
- Pero, en acatamiento a una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le ordenó que las precampañas debían comenzar la tercera semana de noviembre, fue que modificó las fechas de inicio.
Con la fiscalización, se asegura que el origen de los recursos que utilizan los partidos y candidatos provenga de las fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano, indicaron las consejeras.
El consejero Jorge Montaño, en calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización, estimó que los plazos aprobados son viables y sostuvo que no hay condiciones que pongan en riesgo el resultado de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Modificación de fechas pone en riesgo calidad de fiscalización
Además, el INE otorgó un plazo de tres días a los partidos políticos, una vez concluidas las precampañas, para presentar sus informes de ingresos y gastos, criterio que también ratificó la sala superior de TEPJF.
- Ello, a fin de que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) realice las indagatorias correspondientes, elabore y envíe el proyecto a la Comisión del ramo que, una vez aprobado, lo deberá remitir al Consejo General, para su modificación o aprobación. Con ello, se cumple con la llamada rendición de cuentas.
La consejera Carla Humphrey explicó que ella emitió un voto particular y argumentó las razones del mismo por los riesgos:
“No se reduce un solo día a las precampañas de los partidos políticos, pero se reduce de manera importante el plazo para la fiscalización a 40 días, lo que pone en riesgo la calidad de las labores de verificación y comprobación de los recursos utilizados por partidos y precandidaturas”, alertó.
¿Qué establece la Ley?
La ley electoral establece que, bajo ninguna circunstancia, los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos en dinero o en especie de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos e iglesias.
- Tampoco, de organizaciones civiles ni mercantiles; tampoco de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, ni de personas no identificadas. Es así que la fiscalización busca mantener la equidad en la contienda y evitar el posible ingreso de dinero ilícito o de otras vías, no autorizadas por el Instituto.
- La rendición de cuentas es la obligación que tienen los partidos políticos de informar y explicar de manera transparente y clara los montos, uso y destino de los recursos que utilizan para sus actividades.
La revisión de los informes, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de los recursos, de la contabilidad y de la situación financiera de los partidos políticos está a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), quien es supervisada por la Comisión de Fiscalización y aprobados sus proyectos de resolución por el Consejo General del INE./Agencias-PUNTOporPUNTO
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