Expertos legales internacionales advirtieron que los constantes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte pone en “grave riesgo” la independencia judicial en México.
- De acuerdo con el informe “Diagnóstico sobre Independencia del Sistema Judicial Federal en México”, elaborado por el Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Poder Judicial de la Federación ha sido una de las instituciones más cuestionadas en la actual administración.
“El Presidente (AMLO), más que litigar los asuntos de su competencia ante la judicatura, ha atacado directamente a las y los integrantes de la judicatura, haciendo un explícito reclamo por no tomar decisiones judiciales de acuerdo a la agenda de su gobierno”, señala el documento publicado.
En ese sentido el documento sostiene que los ataques hacia integrantes de la judicatura federal se han vuelto una constante no sólo del mandatario en Palacio Nacional sino también de gobernadoras, gobernadores y otros funcionarios por emitir resoluciones que no favorece en sus intereses o su agenda. Lo cual implica además “una vulneración a los compromisos internacionales del Estado Mexicano que podría resultar en responsabilidad para el mismo”.
- El análisis de México forma parte de una serie de diagnósticos para 15 países en Latinoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia y Uruguay, cuyo objetivo es el visibilizar los principales problemas que enfrenta la judicatura en la región para actuar con independencia.
- Según el diagnóstico los constantes amagos del titular del Ejecutivo federal en el sentido de recortar el presupuesto para el Poder Judicial al señalar que cuentan con una asignación de recursos excesiva y que no cumplen con su mandato, enciende una “alarma a nivel regional sobre el futuro del Poder Judicial de la Federación”.
En el marco de la discusión en el Congreso por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo, los expertos señalan que es fundamental que el Poder Judicial federal cuente con el incremento solicitado por la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Norma Piña Hernández; de lo contrario, la reducción en un 32% que se plantea desde la Cámara de Diputados “afectaría gravemente el acceso a la justicia de miles de justiciables”.
La jueza costarricense Adriana Orocú, presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados destaca en el informe la preocupación por las “reacciones y presiones en contra de la judicatura federal” en el país, al señalar que en democracia “la judicatura no se gobierna, se administra desde de forma eficaz, idónea e independiente”.
- Para Jaime Chávez Alor, Director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, los ataques hacia juzgadores, que van desde menciones y campañas de desprestigio, hasta investigaciones administrativas y penales, “buscan someter a la judicatura a los intereses del gobierno, por lo que convocó a la comunidad jurídica nacional e internacional a trabajar en conjunto para garantizar la independencia judicial en México”.
Mientras que para Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados el hecho el hecho de que legisladores tengan la facultad de aprobar el presupuesto del Poder Judicial federal no avala la violación de su independencia ni la vulneración de derechos humanos, pues subrayó que “el acceso a la justica es un derecho humano y por lo tanto no está sujeto a negociación”.
Sin embargo, aunque dichas violaciones a los estándares internacionales han sido señaladas por diversas organizaciones nacionales e internacionales, los abogados señalan que el gobierno no ha dado una respuesta ni se ha tomado con seriedad la gravedad de los ataques, que advierteron resultan característicos de regímenes autoritarios en la región.
Al respecto, para el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, estos hechos resultan alarmantes por el papel de México como “un líder regional en muchos aspectos relevantes para el Estado de derecho”.
En tanto que el Vance Center consideró claro el hecho de que si los operadores de justicia se ven amenazados en su actuación por cualquier influencia interna o externa, la justicia va a funcionar de manera defectuosa, parcializada y esto tendría graves implicaciones sobre los derechos de las personas que acuden a ella para la defensa de los mismos.
Poder Judicial, en riesgo de parálisis
Al no subordinarse ante el Poder Ejecutivo, la coalición oficialista, hizo uso de su mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y, el 17 de octubre pasado, congresistas de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaron el decreto con el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se extinguen 13 de los 14 fideicomisos del PJF.
Al recibir el proyecto en la Cámara alta para modificar el artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF, senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural solicitaron que la minuta se analice en un Parlamento Abierto y que, además de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda, el documento también se turnara a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.
- Sin embargo, con 44 votos a favor, 39 en contra y una abstención, la Asamblea determinó que se mantuviera el turno sólo a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y a la de Estudios Legislativos Segunda.
- El rechazo a las peticiones de los legisladores de oposición y de los trabajadores del PJF marcaron el tono del debate y, finalmente, por mayoría, el día de ayer los integrantes de los órganos legislativos que presiden los senadores Ernesto Pérez Astorga y Rafael Espino de la Peña, dieron su respaldo para reformar el artículo 224 y eliminar 13 fideicomisos.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público avaló el dictamen con 10 votos a favor, siete en contra y una abstención; por su parte, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda lo aprobó con nueve votos a favor, seis en contra y una abstención, por lo que se pasó al pleno para su discusión, la cual, al cierre de esta edición, no había concluido.
Oposición alza la voz
La senadora Minerva Hernández Ramos, de Acción Nacional, propuso estudiar a fondo cada uno de los fideicomisos que, sostuvo, no son todos iguales y “no se pueden extinguir por capricho”.
En este sentido, criticó que el titular del Ejecutivo federal y Morena en el Congreso de la Unión quieran desaparecer unos fideicomisos, pero al mismo tiempo crear otros.
- El senador Luis David Ortiz Salinas, de Movimiento Ciudadano, denunció que este proyecto es inconstitucional, pues contraviene diversos artículos de la Carta Magna, ya que afecta los derechos de los trabajadores y pone en riesgo la funcionalidad operativa del Poder Judicial, por lo que consideró que se trata de una reforma para atacar políticamente a un Poder de la Unión.
A su vez, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, subrayó que en este tema “no todo es blanco y negro”, pues hay fideicomisos que quizá ya no sean útiles en el Poder Judicial, pero otros que, de suprimirse, podrían afectar su operatividad, por lo que consideró importante que hubiera encuentros con los propios ministros para analizar la reforma.
- El coordinador parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que el Senado actúa como una oficialía de partes, pues se le busca dar un trámite ‘fast track’ a la propuesta para que se apruebe hoy mismo (ayer) y solicitó que se declarara sesión permanente con el objetivo de organizar un ejercicio de Parlamento Abierto sobre el proyecto.
- Gustavo Enrique Madero Muñoz, senador del Grupo Plural, coincidió en que no se analizó a fondo el asunto ni se siguió el debido proceso, ante lo cual pidió a los integrantes de ambas comisiones que no se insista en precipitar la dictaminación de la minuta remitida por la Cámara de Diputados.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas asentó que el Senado debe escuchar todas las voces en la dictaminación de temas trascendentales y consideró que los fideicomisos fueron creados lícitamente, para objetivos específicos y se han operado con transparencia.
Advierten riesgos
De acuerdo con los propios integrantes del PJF y expertos en la materia, la extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas y autonomía del Poder Judicial de la Federación, así como en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a los derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras.
La activista y defensora de derechos humanos, Mina Moreno, explica para Reporte Índigo que el tijeretazo a los recursos que planea el Congreso de la Unión al presupuesto del Poder Judicial para el siguiente año pondrá en riesgo de parálisis a este poder.
“Si desaparecen estos fideicomisos será un golpe fatal para los trabajadores del Poder Judicial Federal. Se están violando tratados laborales de más de 55 mil trabajadores. Este recorte impacta a los que más trabajan y a los que menos ganan”, advierte.
- Pedro Zorrilla, magistrado de Circuito, acusa que “a los Secretarios de Estado, magistrados y funcionarios de dependencias gubernamentales les incomoda el PJF cuando están en el poder, pero cuando salen y son perseguidos por los grupos entrantes, saben que pueden confiar en esta institución porque somos independientes y no cedemos a presiones”.
- Gabriela Castro Figueroa, oficial judicial interina en Sinaloa, asegura que esta medida impulsada por el titular del Ejecutivo a quienes vulnera es a los trabajadores
“La eliminación de los fideicomisos lesiona los derechos de los trabajadores que estamos sindicalizados y que todos los días ponemos todo nuestro empeño en sacar el trabajo de esta institución”.
- Carlos Soto, magistrado de circuito y profesor de la Escuela Federal de Formación Judicial, comenta que muchos de los avances logrados en la materia al día de hoy se verán comprometidos.
“Se pondrá en riesgo la creación de Tribunales locales en el país y la consolidación del Sistema Penal Acusatorio. La extinción de estos recursos recae mayoritariamente en los trabajadores del Poder Judicial”.
Por su parte, a través de un mensaje público, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, reconoció la batalla que los trabajadores del PJF libran.
“Mi reconocimiento a las personas que de manera pacífica se manifestaron; los juzgadores somos guardianes de la Constitución. Trabajemos en unidad para que la justicia sea una realidad”, dijo después de que se le impidió participar en la discusión legislativa.
La pugna de los sindicatos
Los dos sindicatos de trabajadores que conforman el Poder Judicial de la Federación tomaron las calles en defensa de los 13 fideicomisos judiciales que busca eliminar Morena en el Congreso de la Unión, aunque difieren en las formas de protesta.
Ambas organizaciones sindicales han expresado su rechazo al recorte de recursos del presupuesto de este sector, por lo que cada una eligió manifestarse de forma diferente.
- La fuerza de agremiados más robusta está agrupada por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, el cual es dirigido por Jesús Gilberto González Pimentel, quien en un inicio descartó un paro de labores y priorizó el diálogo entre senadores y diputados federales.
- El secretario general de esta poderosa fuerza sindical que agrupa a más de 35 mil empleados, ha sido el único representante del Poder Judicial que ha mantenido mesas de trabajo con las comisiones del Senado y San Lázaro, lo que ha generado inconformidad entre algunas facciones de trabajadores que expresan que hay “tibieza” por parte del secretario.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJ, liderado por Juan Alberto Prado Gómez, ha sido más radical en sus protestas.
Desde el principio anunciaron un paro nacional de laborales y amagan con extender esta parálisis hasta el 15 de noviembre en caso de que senadores y diputados oficialistas no retiren la ofensiva que declararon en contra del PJF.
El secretario general de estos trabajadores reprocha que ha sido excluido de cualquier negociación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, por lo que anunció más acciones de protesta.
“No me han dejado entrar al Senado, únicamente le permitieron la entrada al representante del otro sindicato. Lo que no vamos a negociar es el retroceso de nuestros derechos y el agandalle de los recursos. No tenemos ningún privilegio y eso se ha demostrado”, sostuvo.
De acuerdo con la entrevista realizado por Reporte Índico al representante del Sindicato Nacional de Renovación insistió que, de concretarse el golpe a los fideicomisos por parte del Congreso de la Unión, el daño será irreparable para el Poder Judicial de la Federación.
“Los recortes afectarán principalmente a los más de 40 mil trabajadores que se desempeñan en el PJF y, como consecuencia, podría generar una parálisis en las funciones de esta institución”, detalla Alberto Prado.
- La demanda de ambos sindicatos se centra en el respeto a la división de poderes y de los fideicomisos, así como el cese a cualquier intromisión al PJF que afecte la impartición de justicia. También exigen que se garantice el presupuesto anual del próximo año.
- En contraste, empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los equipos de asesores de los 11 ministros del máximo tribunal de justicia del país, han guardado silencio ante las protestas y manifestaciones que se han registrado en los últimos días.
‘No son privilegios’
Uno de los principales argumentos tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador, como de los congresistas que apoyan la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, es que esos recursos han sido utilizados por los trabajadores para cumplir “caprichos” o darse “lujos”.
Así lo dijo AMLO durante su conferencia de prensa del 17 de octubre pasado, en la que sostuvo que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos “sólo financian lujos de jueces, magistrados y ministros”.
“Aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada. Al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y, sobre todo, las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo y eso es lo que se está haciendo”.
Los hechos
En entrevista con Reporte Índigo, Carlos Alfredo Soto Morales, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en Puebla, y quien tiene quince años de experiencia como juez y magistrado y una antigüedad total de 30 años en el Poder Judicial de la Federación (PJF), explica por qué no es verdad que los recursos de los fideicomisos se usan para ‘lujos’.
“El Gobierno federal y los legisladores de Morena insisten en que son privilegios, pero me parece que parten de una idea equivocada de lo que es el PJF.
“La desaparición de los fideicomisos impacta en dos aspectos principales: uno, en las prestaciones de las personas trabajadoras, y dos, en el sistema de impartición de justicia, lo cual repercute de manera directa en la atención al público en general”.
- De acuerdo con Soto Morales, un ejemplo del primer aspecto es el fideicomiso que beneficia de manera directa a los más de 50 mil trabajadores del PJF y el cual es el relativo al plan de prestaciones médicas complementarias, que auxilia a todos los trabajadores de todos los niveles, desde intendentes, cuando el seguro de gastos médicos mayores con el que cuentan no cubre ciertas enfermedades.
- En relación al punto dos, explica que hay diversos fideicomisos, como son los de desarrollo de infraestructura que implementa las reformas en materia de justicia federal, fondo de apoyo a la administración de justicia y de remanentes presupuestales.
“Estos tienen por objeto, en términos generales, la instalación, mantenimiento y adquisición de bienes inmuebles donde se instalarán juzgados, tribunales u oficinas administrativas, lo cual impacta directamente en las condiciones de trabajo de todas las personas servidoras públicas, así como de los usuarios del sistema de impartición de justicia”.
Por último, el magistrado dice que los fideicomisos también garantizan personal calificado y preparado, pues el PJF es el poder de la Unión con mayor profesionalización.
“Para ser oficial administrativo, actuaria, jueza o magistrada, además de ser licenciado en Derecho, hay que hacer exámenes rigurosos. Además, las y los servidores públicos están en constante educación, ya sea en instituciones públicas, privadas o la propia Escuela Federal de Formación Judicial”.
En riesgo las elecciones de 2024
Por otra parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial es un despropósito, ya que ahuyenta inversiones, abre la puerta al deterioro en la calidad de perfiles y a la impunidad y pone en riesgo la certidumbre jurídica de la elección en 2024.
“Claramente asfixiar al Poder Judicial es un contrasentido que mandaría una pésima señal al mundo y desalentaría la llegada de nuevas inversiones tan necesarias para crear los empleos que los jóvenes demandan”, aseveró el organismo a cargo de José Medina Mora Icaza.
- El directivo aseguró que México tiene frente a sí la oportunidad de crecer hasta 10 puntos porcentuales adicionales del PIB en los próximos 5 años de aprovecharse el fenómeno de relocalización de empresas, conocido como nearshoring.
“Pero eso solo será posible si se cumplen al menos 3 condiciones impostergables: Combatir la inseguridad, invertir en infraestructura y robustecer el Estado de Derecho”, apuntó.
- La Coparmex señaló que uno de los mayores pendientes que tiene México es garantizar el acceso de todos a la justicia porque actualmente solo el 1 por ciento de los delitos se persigue.
“Si realmente se quiere que México goce de un Estado de Derecho sólido donde la ley impere y se acabe con la corrupción se debe fortalecer al Poder Judicial. Debilitarlo presupuestalmente, y más bajo premisas equivocadas, valoraciones políticas o amagos para su sometimiento a otros poderes, dañará no solo a jueces, magistrados y ministros; sino a las víctimas y a quienes claman justicia”, .
Al igual que para un enfermo no puede ser negociable si es recibido o no en un hospital para ser atendido, una víctima tampoco puede estar sometida a una determinación de saber si hay o no presupuesto suficiente para que su caso sea llevado ante un juez y se le 8 de pesos al Poder Judicial de la Federación, un recorte que podría representar el 31 por ciento del presupuesto que tuvo en 2023.
- “Esto resulta inaceptable en un contexto donde año tras año crecen el número de casos y de personas que recurren a instancias legales para hacer valer sus derechos”, afirmó Coparmex.
- El organismo aseguró que el Poder Judicial desde 2019 ha sido golpeado en materia presupuestal.
- “De haber tenido un presupuesto en 2018 de 95 mil 677 millones de pesos, para 2019 ese monto se redujo a 82 mil 994 millones, un recorte del 15 por ciento. Para 2023, el presupuesto aprobado bajó aún más, llegando a 80 mil 646 millones”, detalló.
Agregó que para solventar su operación en 2024 se solicitó a los diputados asignarle 84 mil 792 millones, pero “se ha anunciado que el bloque mayoritario pretende recortar hasta en 31 por ciento ese monto, lo que claramente es un riesgo enorme de dejar inoperante al sistema de justicia”.
El presupuesto propuesto por el propio Poder Judicial representaba apenas un incremento del 4 por ciento en términos reales para 2024.
- “Desde Coparmex nos manifestamos para que se haga un análisis profundo de rubros donde el Poder Judicial podría generar economías o reorientar el gasto de manera más eficiente como lo mandata el artículo 134 constitucional”, comentó el organismo.
- Señaló que una cosa es optimizar el gasto y otra -muy distinta- asfixiar a un Poder por cuestiones políticas o venganzas personales.
- El recorte afectaría el ya de por sí complejo funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que es la instancia encargada de sancionar a los impartidores de justicia que realizan mal su trabajo o cometen algún acto indebido, puntualizó.
Afectará también a la capacitación y profesionalización de los perfiles que laboran en el sistema de justicia, añadió.
“Otra instancia afectada sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en un momento clave de la historia del país”, destacó.
- En 2024, se renovarán más de 20 mil puestos de elección popular; entre ellos, la Presidencia de la República, 9 gubernaturas, 128 senadores, 500 diputados, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades
“Hoy el padrón de electores es el más grande del que se tenga registro: 98.6 millones de mexicanos. Es evidente que el número de casos a resolver será enorme, por lo que no es deseable incrementar los riesgos políticos ni poner en juego la estabilidad social por incertidumbre en la elección”, concluyó./PUNTOporPUNTO
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