Enarbolada como una de las principales banderas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción no se investiga hoy de forma efectiva, lo que se evidencia en altos niveles de impunidad en delitos por este tipo de hechos.
- De hecho, el combate a la corrupción no es prioridad de este gobierno y el presupuesto proyectado para las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción lo comprueba pues presenta una disminución real de 10% con respecto a 2018.
- Entre 2023 y 2024 se proyecta un tan solo aumento de 4%, asegura el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
- La Fiscalía Especial en Materia de Combate a la Corrupción ha tenido un subejercicio presupuestal cercano a 50%, lo que puede afectar la investigación de posibles delitos por hechos de corrupción.
Pese a las promesas y compromisos de López Obrador, lo cierto es que en México la corrupción persiste. Según datos oficiales del INEGI, 57.1% de la población mexicana considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes del país.
Además, uno de los dos Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial en los que México más ha caído en los últimos años es precisamente en el de control de la corrupción.
- De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, las instituciones anticorrupción que conforman el Comité Coordinador recibirán, en conjunto, 84 mil 375 millones de pesos para su operación, lo que significa un aumento de 4% con respecto al monto aprobado en total para estas instituciones en 2023.
- Sin embargo, en total es 10% menor al que tuvieron en 2018, cuando el SNA estaba en su primera etapa de consolidación. Específicamente, para cuatro de las siete instituciones consideradas (INAI, TFJA, CJF y SESNA), la reducción del presupuesto ha sido en promedio de 23%. Según el PPEF 2024, de cada 100 pesos destinados a la lucha anticorrupción, el CJF recibirá 88.6 pesos, la ASF 3.7, la SFP 1.9 y el TFJA 3.9 pesos.
- Por otro lado, las instituciones que menos participación tienen del presupuesto total de la lucha anticorrupción son el INAI y la Fiscalía Anticorrupción, con 1.4 y 3 centavos de cada 100 pesos, respectivamente. La Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA), como órgano de apoyo técnico, tendrá solo 2 centavos
El IMCO explica que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la instancia encargada de coordinar a autoridades de los distintos órdenes de gobierno y actores sociales para prevenir, investigar y sancionar la corrupción en nuestro país desde 2016.
Está constituido por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistema Estatales Anticorrupción.
Cada institución que conforma el Comité Coordinador del SNA tiene una tarea específica en la lucha contra la corrupción en México.
- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encarga de garantizar la transparencia de la información pública. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se enfoca en la detección de irregularidades junto con la Secretaría de la Función Pública (SFP), que tiene también tareas de prevención.
- Por su parte, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) es responsable de investigar los casos de corrupción, mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dicta sanciones en el ámbito administrativo. Por último, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) garantiza la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial que permiten el funcionamiento de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito.
De acuerdo al IMCO, la corrupción no se investiga de forma efectiva en la actualidad, lo que se evidencia en altos niveles de impunidad de delitos por hechos de corrupción.
- Ello se relaciona con las limitaciones presupuestales que asigna el gobierno lopezobradorista a los órganos encargado de combatir la corrupción en México donde la Fiscalía Especial en Materia de Combate a la Corrupción ha tenido un subejercicio presupuestal cercano a 50%, lo que puede afectar la investigación de posibles delitos por hechos
Incluso es la única institución del SNA cuyo presupuesto proyectado es menor en 2024 con respecto a 2023.
Por ello, el IMCO demanda al gobierno federal asegurar que la asignación presupuestal de las instituciones anticorrupción sea coherente con su función principal.
En la impunidad, 60% de implicados en corrupción con AMLO y Peña
En el Tablero de la Impunidad, trabajo realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se descubrió que en 16 casos de corrupción analizados sólo se les inició un proceso penal a 85 de 212 personas involucradas, lo que significa que alrededor del 60% de los implicados no han sido investigados ni procesados por la justicia.
De las 85 sólo ocho personas han sido sometidas a todo el proceso penal.
- El trabajo analizó nueve casos correspondientes al sexenio de Andrés Manuel López Obrador y siete al de Enrique Peña Nieto, que revelaron desvíos de recursos que ascienden a una cifra de, por lo menos, 26,738 millones de pesos.
- Además, los resultados revelaron que el grado de avance promedio en la resolución de los casos es de tan solo el 25%, y ninguno de ellos ha superado el 60%, evidenciando la persistente impunidad en el país. Ninguno de los casos de corrupción del sexenio pasado o actual ha sido resuelto en su totalidad, una situación inaceptable.
- La presidenta de MCCI, María Amparo Casar destacó que el Tablero será una herramienta actualizada en tiempo real para verificar el fin de la impunidad; pues es necesario hacerle un marcaje preciso a todos los casos no resueltos en México.
Diana García Ángeles, investigadora de la ONG, apuntó que la principal tarea del Tablero es proporcionar información accesible y comprensible para la población, que les permita conocer el funcionamiento del proceso penal y exigir a las autoridades que cumplan con su deber en la lucha contra la corrupción; además de que evalúa el progreso en la persecución de los actos de corrupción.
Según la investigadora, para realizar este Tablero se analizaron notas periodísticas y más de 1,000 expedientes judiciales y sentencias del Poder Judicial de la Federación. También, se examinó la línea procesal de los presuntos responsables en casos de este tipo, tanto en vía penal como en vía administrativa.
- Datos por asunto. Actualmente, con un nivel de impunidad entre ocho y 10 se encuentran los casos de los presuntos actos de corrupción de familiares de AMLO, los moches en el DIF, los Diezmos de Delfina en Texcoco, la utilización de la FGR por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero contra sus enemigos, las operaciones con empresas fantasmas de la Cooperativa Cruz Azul, las irregularidades en el Indep y los desvíos en los Cendis.
Mientras que calificados entre cinco y siete, se ubican los casos de Segalmex, la corrupción en la Conade, la Estafa Maestra, Odebrecht, los espionajes con Pegasus y los contratos millonarios de medicamentos con empresas relacionadas al superdelegado Carlos Lomelí.
- Los casos con menos nivel de impunidad son la Línea 12 de Metro, Agronitrogenados y la Operación Safiro.
Jorge Alberto Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, reconoció el proyecto presentado por MCCI y destacó la necesidad de contar con herramientas transparentes e imparciales para consultar y dar seguimiento a este tipo de delitos.
El presidente del CPC reconoció que la impunidad y la falta de seguimiento adecuado a los casos han llevado a una desilusión generalizada entre la población, fomentando un fatalismo que socava los principios democráticos. Alatorre enfatizó la importancia de exigir mayor eficacia a las instituciones en la lucha contra la corrupción.
AMLO pone en riesgo el combate a la corrupción
La llamada austeridad republicana promovida por el presidente López Obrador está en un punto álgido, pues uno de sus decretos para generar ahorros —si no se modifica en San Lázaro— vulnerará la lucha que él mismo emprendió contra la corrupción e impunidad, advirtió Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia, Corrupción y Digitalización del Tecnológico de Monterrey (ITAC).
- En abril de este año, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó una iniciativa para ajustar 18 dependencias, ello para reducir la burocracia en el Estado mexicano y, al mismo tiempo, seguir satisfaciendo las necesidades que éstas cubren.
- No obstante, la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que generaría un ahorro de 136 millones de pesos —de acuerdo con el PPEF 2024—, modificará la forma en la que el gobierno combate la corrupción y la impunidad.
- Por un lado, está el discurso del mandatario, quien sostiene que es tarea de la Secretaría de la Función Pública (SFP) hacer los trabajos de combate a la corrupción en México, por lo que tener la Secretaría Ejecutiva del SNA, a su parecer, es una duplicidad de funciones. En consecuencia, promueve su eliminación.
Sin embargo, sí existen diferencias entre las funciones de ambas dependencias, además, el esfuerzo por reducir el gasto público en este rubro representa menos del 10% del costo de la SFP, pues, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, la dependencia a cargo de Roberto Salcedo solicitó un presupuesto de mil 636 millones de pesos.
- A detalle, el jefe de Estado planteó un reordenamiento jerárquico de 18 organismos descentralizados, órganos desconcentrados y unidades administrativas. Cabe destacar que, por su naturaleza constitutiva, los organismos son los más caros, seguidos de los órganos y, hasta el final, las unidades.
- La propuesta del presidente consiste en que siete órganos desconcentrados se vuelvan unidades administrativas, un organismo descentralizado se vuelva un órgano desconcentrado, seis organismos descentralizados se vuelvan unidades administrativas y un organismo descentralizado (Secretaría Ejecutiva del SNA) desaparezca.
Asimismo —las menos trascendentes—, se plantea que dos unidades administrativas cambian de dependencia y se elimina la participación del Servicio Geológico Mexicano en el Fideicomiso de Fomento Minero. Pero ¿qué significa todo esto?
Los órganos desconcentrados están subordinados a las secretarías de Estado, por lo que el jefe máximo es el presidente, y ayudan a la realización de fines específicos y, cuando éstos se cumplen, se elimina el objetivo de los órganos.
- En cambio, los organismos descentralizados no dependen jerárquicamente del Ejecutivo y, por tanto, poseen libertad presupuestal, de gestión y patrimonial. Es decir, con la iniciativa de AMLO, además de desaparecer un organismo, siete más perderán diferentes libertades, pues pasan a depender directamente a una secretaría.
- Por tanto, entre otras cosas, dejarán de presentar su requerimiento presupuestal a la Cámara de Diputados y éste se les asignará desde la secretaría a la que se les adscribió; lo cual se traduce en que el Ejecutivo Federal incidirá directamente en las actividades que ahora se desempeñan con cierto nivel de autonomía.
“Lo que realmente busca el presidente es tener control sobre los órganos que no tiene control, al menos no control directo”— Ángeles Estrada
Austeridad republicana y eficiencia del Estado
La maestra del Tecnológico de Monterrey especificó que este tipo de medidas sí hace más barata la administración pública, pues se adelgaza la nómina y se eliminan costos por renta de edificios y pago de servicios; asimismo, no advierte un problema mayor con la desaparición de órganos desconcentrados, toda vez que sus objetivos estén cubiertos.
Sin embargo, en relación a los organismos descentralizados que pasan a ser órganos desconcentrados, unidades administrativas o desaparecen, deben de ser valorados a consciencia en San Lázaro, pues son las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Gobernación y Población las que analizan dicho documento.
En caso de que la iniciativa de López Obrador sea aprobada sin modificar, además del SNA, se verán trastocados seis institutos y un consejo:
- Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura
- Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
- Instituto Mexicano de la Juventud
- Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
- Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Diferencias entre el SNA y la SFP
Finalmente está el tema de las diferencias entre el SNA y la SFP. Por un lado, la Función Pública, es una dependencia subordinada al Ejecutivo Federal dedicada a “procurar que lo público funcione con eficacia y probidad, con un enfoque en la prevención de riesgos y en la gestión para resultados, a fin de que se atiendan los problemas públicos para lograr la satisfacción de la ciudadanía”.
- Por el otro lado, está el SNA, que es “el espacio de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.
- Su diferencia más evidente es la distancia que guardan del Poder Ejecutivo y la ciudadanía, misma que, en teoría debe de ser complementaria. Pues la Secretaría Ejecutiva del SNA tiene una Comisión Ejecutiva vinculante con el Comité de Participación Ciudadana del Comité Coordinador del SNA —Comité integrado por otras dependencias, entre ellas, la SFP—.
- Además, la dependencia que busca desaparecer AMLO se vincula con los sistemas estatales anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. Es decir, si se aprueba el decreto de López Obrador sin modificación alguna, las funciones que realiza la Secretaría Ejecutiva del SNA, pasarían a formar parte de las responsabilidades de la SFP.
Se acumulan casos sin resolver de contratos por adjudicación directa
Uno de los grandes pendientes que existen en materia de transparencia, a nivel nacional, es la adjudicación de contratos de manera directa. De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, al igual que en años y sexenios anteriores, 8 de cada 10 contratos se asignaron por esta vía en 2022.
- En el ámbito local, la organización informó que desde hace cuatro años, el gobierno capitalino no ha publicado la información completa de las compras públicas que ha hecho.
- Incluso, aseguró que al realizar solicitudes de información para obtener datos de entre 2019 y 2022, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México respondió con discos compactos llenos de carpetas vacías y documentación incompleta.
- El problema de transparencia por adjudicación directa ha escalado a la Cámara de Diputados, pues en enero de este año, Jaime Bueno, legislador de la bancada priísta, presentó una iniciativa para identificar y frenar este tipo de contratos.
Sin embargo, aunque la propuesta ya fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, los contratos por adjudicación directa continúan haciendo mella en el gasto público.
- Alcaldía Cuauhtémoc. Esta alcaldía presidida por Sandra Cuevas, otorgó durante 2022 dos contratos a Concretos Asfálticos Pirámide S.A. de C.V. para obras de mantenimiento de infraestructura vial, por un monto de 10 millones 545 mil 835 pesos.
Esta compañía ha estado involucrada en diversas irregularidades como el incumplimiento de contratos y cobros excesivos.
A pesar de que la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México estipula que las adjudicaciones directas deben ser una excepción, ambos contratos fueron otorgados de esta forma, lo que significa que no hubo un concurso de licitación que garantizara las mejores condiciones para la alcaldía.
- CONDUSEF. Otro caso reciente es el del Servicio Médico para los derechohabientes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), que preside Óscar Rosado Jiménez, misma que incluye los servicios de administración y atención médica, así como estudios de radiología e imagen médica y que fue otorgado a la empresa ASISMED, S.A.P.I de C.V, por un monto máximo de 50 millones. De acuerdo con la información, la compañía no cumplió con los requisitos y fue la más cara de la licitación, la cual se declaró desierta y posteriormente se le hizo una asignación directa a la misma empresa.
- PeMex, la reina de la corona. Recientemente, el diputado Héctor Sául Tellez del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un punto de acuerdo para solicitar a Octavio Romero, director de Pemex, la explicación de un contrato por adjudicación directa a la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V.
El legislador asegura que Petróleos Mexicanos otorgó 5 mil 356 millones de pesos en la renta de 2 mil 200 camionetas que se utilizarán para el combate al huachicol; sin embargo, no hubo un proceso de licitación lo que levantó sospechas por la forma en la que dicho contrato fue asignado./PUNTOporPUNTO
Documento íntegro en el Enlace:
https://imco.org.mx/el-sistema-nacional-anticorrupcion-no-ha-sido-prioridad-en-este-sexenio/
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