Los homicidios en el país se han incrementado en los últimos tres sexenios, siendo el Gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación el que se ha convertido en el de mayor incidencia de ese delito, lo cual se establece según datos del Quinto Informe.
- Durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador la cifra de homicidios dolosos (2019-2023) alcanzó los 165 mil 59, según datos oficiales, estadística que supera al mismo período del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
- De acuerdo con datos contenidos en los anexos del Quinto Informe, basados en estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en el periodo 2007-2011, en la administración de Felipe Calderón, se registraron 95 mil 646 asesinatos.
- A su vez, en los primeros cinco años del sexenio de Enrique Peña Nieto, los datos indican un total de 120 mil 473 homicidios dolosos, con base en los registros de actas de defunción por ese tipo de muerte del Inegi.
Respecto a las cifras de los penúltimos años de los tres sexenios, en la administración de Felipe Calderón la cifra oficial de homicidios fue de 27 mil 213; con Peña Nieto, en 2017, se registraron 32 mil 79 asesinatos, mientras que en lo que va de 2023, hasta el corte del 14 de octubre, se ha dado cuenta de 23 mil 707 casos de ese delito.
El 8 de mayo de 2018, como presidente electo, López Obrador presentó un decálogo para que no volviera a pasar el “saldo triste y doloroso” de homicidios registrados en los sexenios pasados.
Durante ese acto, el mandatario electo se pronunció por atender las “causas de la violencia”, como combatir la pobreza, evitar la desintegración familiar, rescatar al campo, fortalecer valores culturales, morales y espirituales.
Desde su campaña, el Presidente indicó que su estrategia era no combatir al crimen organizado con violencia y lo ejemplificó con la frase “abrazos, no balazos”.
- Durante la conferencia Mañanera del 22 de abril de 2019, el mandatario nacional se autoimpuso su primera promesa fatal: en seis meses bajarían la violencia y asesinatos, porque la mayoría de la población tendría acceso a programas sociales.
- López Obrador cumplió su primer año de Gobierno sin lograrlo, por lo que el 15 de enero de 2020, dio otro plazo: el 1 de diciembre de ese año, para reducir los índices de violencia en el país.
A más de tres años de distancia y a menos de un año de culminar su mandato, no se han cumplido los ofrecimientos del jefe del Ejecutivo.
- Hace un año, el Presidente dio un viraje a su discurso sobre el combate a la delincuencia, al señalar que combatir la inseguridad y frenar los homicidios es el principal desafío de su administración.
“Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro Gobierno”, aseveró.
- El mandatario nacional indicó que sus adversarios se burlan de que “he dicho que ‘abrazos, no balazos’ y vamos a demostrar que funciona”, aunque las cifras de violencia siguen al alza y esa frase se contradice con el despliegue militar en el país.
Respecto a la estrategia contra el crimen en el último año, el Quinto Informe destaca que “en coordinación con el Ejército se mantiene la estrategia en nueve estados prioritarios con el objetivo de lograr la pacificación del país, de los cuales siete sostienen una tendencia a la baja en el delito de homicidio.
- A pesar de que se trata del sexenio con más homicidios, el Gobierno de la Cuarta Transformación presume que tienen una tendencia a la baja en Guanajuato, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Sonora y Zacatecas.
- El Quinto Informe reconoce que hay dos entidades con tendencia al alza en la incidencia de homicidios: Guerrero y Quintana Roo, con corte hasta junio de 2023.
- “En el marco de la estrategia de seguridad en los 50 municipios prioritarios, donde se concentra el 47% de homicidios dolosos registrados en el país, se establecieron 47 Mesas de Paz Regionales”, dice el documento.
El Gobierno federal resalta que se realizaron 504 mil 131 patrullajes; 20 mil 982 verificaciones a giro negros y la revisión a mil 702 establecimientos residenciales de atención a las adicciones, con lo que presume que con “estas acciones se redujo el 17% de los homicidios dolosos de 2019 a junio de 2023”.
Sin embargo, las estadísticas indican que durante el actual sexenio la incidencia de homicidios es mayor que en los pasados dos sexenios.
Violencia no cede en ‘municipios prioritarios’
A finales de 2020 el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia integral para la reducción de homicidios. Se basó en la atención de “15 municipios prioritarios”. El criterio fue atender a “los más violentos de México”; sin embargo, seis meses después, en 2021, mientras aumentaban los homicidios en todo el país, la lista se amplió a 50 localidades.
- La estrategia de ubicar medio centenar de alcaldías resultó una réplica de la ejecutada en 2016 por el expresidente Enrique Peña Nieto. Incluso, 36 municipios determinados en el presente gobierno ya habían formado parte del listado del gobierno anterior. En esto coincide un análisis publicado en 2021 por la organización México Evalúa.
Estos territorios llevan siete años padeciendo una espiral de violencia que parece no tener fin. En algunos casos el número de homicidios aumentó con todo y estrategia preventiva y de contención.
- Por ejemplo, Zamora, Michoacán, pasó detener una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 28 en 2015, a 163 en 2022. El segundo registro más alto del país.
Fresnillo, Zacatecas, pasó de registrar 33 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2015 a 105 en 2022. A pesar de que su tasa por homicidios se triplicó en ese periodo no fue seleccionado en el primer filtro de 2020 que lanzó el gobierno federal actual. Fue ingresado hasta 2021.
Estas regiones muestran las fallas de las estrategias de los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador.
- Se seleccionaron municipios en donde se concentra 50% de los homicidios a nivel nacional, pero lo hicieron tomando en cuenta el número absoluto de asesinatos y dejando de lado contextos sociales y elementos como la tasa de incidencia del delito, es decir, no priorizaron lugares donde sus pobladores son más propensos a ser víctimas de homicidio, coinciden especialistas en seguridad consultados.
Álvaro Vizcaíno, exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), asegura que debe haber criterios diferentes para evaluar los municipios que están en la lista. Explica que la cantidad no es lo relevante, sino sus problemáticas y sus metas.
“Es una estrategia que no se ha implementado adecuadamente y hay que reconocerlo (…) Ninguna de las dos [ni la de Peña Nieto ni la de López Obrador] estableció una meta de reducción del número total de homicidios en determinado periodo”, señala Vizcaíno.
Violentos e ignorados
Según datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay por lo menos 10 alcaldías que se encontraban en la lista de municipios prioritarios de 2016 y que, con base en sus cifras, tendrían que haber permanecido en el primer listado de 2020, pero no fue así. Y es que sus tasas de homicidio se ubican por encima de lanacional o han aumentado durante este sexenio.
- Entre ellos se encuentra Guadalupe y Calvo, Chihuahua, una región con apenas 50 mil habitantes y que en 2020 tenía una tasa de 52 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el doble de la nacional. En 2022 esta cifra creció a 91.
Otro ejemplo es la ciudad de Colima, con alrededor de 170 mil habitantes, que a pesar de haber estado en la lista de municipios prioritarios de 2016 que publicó el gobierno de Enrique Peña Nieto, la dejaron fuera en 2020 y tuvo un crecimiento de 24 a 163 homicidios por cada 100 mil habitantes en ese periodo.
- Comparando las estrategias de ambos mandatos, la diferencia principal es que en 2016 se resaltaba la “profesionalización” de las corporaciones policiacas y fortalecimiento institucional, elementos que no se hallaron en los puntos de 2021.
“Las acciones se han concentrado únicamente en el despliegue operativo temporal”, dice Vizcaíno. Sin recursos
- Hay otro problema que no se ha abordado en el plan de contención de homicidios dolosos en México: el presupuesto en seguridad de los estados, es elemento indispensable para implementar cualquier estrategia, según el especialista del Inacipe.
El Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad en Entidades Federativas y Municipios (Fortaseg), que se otorgaba a los municipios y, en su caso, a los estados cuando ejercían la función de seguridad pública, inició en 2016 con un monto de 5 mil 952.7 millones de pesos. En 2020, éste se redujo a 4 mil millones de pesos y en 2021 desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
“La gran diferencia entre 2016 y 2018 es que en ese entonces había presupuesto. El Fortaseg era para que los municipios pudieran invertir en seguridad. Se les obligaba a invertir en las personas, en sus policías”, asegura Vizcaíno.
- Pero en 2020, a pesar de tener una tasa de 23 homicidios por cada 100 mil mexicanos, una de las más altas en la última década, el gobierno de López Obrador decidió eliminar este apartado. La desaparición de este subsidio, dice el investigador, ha sido una “agonía para muchos municipios condenados a que su policía se debilite cada vez más”.
La escasez presupuestaria para las policías locales es una de las causas principales de que la violencia no disminuya desde hace seis años en estas 36 alcaldías, concluye el investigador del Inacipe.
La estrategia de los “municipios prioritarios”, similar a la que implementó Peña Nieto, tiene un vacío de resultados: no se encontró ningún indicador de desempeño que pruebe su efectividad.
Además, añade que tomar como resultado la disminución de homicidios de un mes a otro no es técnicamente correcto y “las reducciones que se dan [en] 2020, 2021 y 2022 están en la cima de la montaña”. Es decir, los asesinatos crecieron tanto desde 2015 que están en un punto tan alto que las bajas que actualmente se presentan son casi imperceptibles para el ciudadano.
Violencia en nuevos estados
- Las últimas semanas el país ha estado inmerso en episodios de violencia: desaparición de jóvenes en Zacatecas, enfrentamientos en la frontera sur en Chiapas, secuestros y homicidios de autoridades en Guerrero o de migrantes en San Luis.
- Al respecto, el presidente asegura que la violencia no está generalizada, sino que se concentra en solo algunas zonas de país.
- De acuerdo con expertos en seguridad pública, el presidente está en lo correcto al asegurar que México no padece de violencia en sus 32 entidades, sin embargo, afirman que bajo su administración la violencia se acentuó en algunas zonas y en otras más que antes no enfrentaban este problema y hoy lo padecen.
“Lo que estamos viendo es que estos estados que ahora acaparan los titulares sobre la violencia son nuevos, son territorios en los que esto no había ocurrido antes. También estamos viendo que los lugares donde de manera consecuente siempre habíamos estado viendo violencia se mantienen”, explica Angélica Canjura Luna, investigadora de la organización Causa en Común.
- Algunos de los estados que se han mantenido con problemas de violencia por el número de homicidios dolosos son Guanajuato, que se coloca en el primer sitio en de asesinatos del país, al concentrar el 10 % de ellos, así como Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco.
“No es haya habido una reconfiguración de dónde se localiza la violencia en estos años recientes, sino que se sumaron nuevos lugares a estas expresiones de violencia tan extrema”, agrega la investigadora Canjura Luna.
La violencia se ha exacerbado en Guanajuato donde se encontraron coches bomba, en Michoacán donde por ejemplo el exlíder de las autodefensa, Hipólito Mora, fue asesinado con más de 1,000 disparos y la extorsión de ha extendido a los productores de limón y aguacate, y a prácticamente todas la actividades económicas; en Guerrero donde con diferencia de días fueron asesinados el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) y al teniente coronel del Ejército Víctor Manuel Salas Cuadras y se captura a autoridades.
Tranquilidad interrumpida
Entre los estados que se han incorporado a la espiral de violencia está Chiapas. En esa entidad una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, ha propiciado secuestros de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, homicidios (incluido el de dos encuestadores de Morena), quema de casas, bloqueos de carreteras y desplazamientos.
- “Chiapas siempre ha sido un estado complicado por su geografía ya tenía presencia del Cártel Jalisco desde hace buen rato, pero ahorita lo que estamos viendo son pugnas donde reclaman que ciertos acuerdos no se están cumpliendo, ya sea con los cárteles o con las propias autoridades del gobierno estatal.
- En Chiapas se está replicando lo que ocurre en Puebla con los grupos huachicoleros o en Guanajuato lo que hacía el cártel de Santa Rosa de Lima, de que fuerzan a la gente a que salga, que muestre apoyo al cártel”, plantea Víctor Hernández, experto en seguridad e investigador de la Universidad Panamericana.
“Chiapas ya se nos sumó a la lista de entidades con problemas de violencia. En este momento la única entidad que no tiene un problema de seguridad pública, y eso puede cambiar en cualquier momento, es Yucatán. Entonces, ese es el mayor síntoma de que esto es un problema crónico, es un problema generalizado y sistémico. Nadie está exento de tener uno de estos brotes de violencia en un dado momento”, agrega Hernández, maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional del King’s College London.
- Otro de esos estados que se sumaron a la espiral de violencia extrema es Zacatecas. Previo a la llegada de Morena al gobierno del estado, esa entidad mostró un repunte en la violencia y que se ha traducido en homicidios dolosos, desapariciones de personas y enfrentamientos armados.
- En las últimas semanas, en ese estado se difundió la desaparición de siete jóvenes en el municipio de Villanueva. Meses atrás, esa entidad fue escenario de la localización de 10 cadáveres en una camioneta, del asesinato de Josué Urzúa Padilla, encargado de la Guardia Nacional, entre otros episodios de violencia.
Hace algunos meses, también la violencia marcó a Quintana Roo, Colima, Puebla y Sonora, entre otros.
- Armando Zuñiga, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex) y de Agrupaciones de seguridad unidas por México (Asume), afirma que como empresarios no consideran que la violencia esté generalizada, hay dos delitos que les preocupan: extorsión y asaltos en carretera.
“De los temas más preocupantes es el robo a carretera, se ha estado disparando y esto afecta mucho a las empresas desde sus costos de operación, la confianza en la misma inversión. Es ahora lo que más preocupa a las empresas, junto con el tema de extorsión que también no se ha podido controlar”, sostiene.
Cierre de sexenio violento
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que buscara que la disminución de homicidios sea de 20%, sin embargo, los expertos consultados advierten que podría haber un cierre más violento.
“Los últimos tres presidentes han alcanzado su máximo de homicidios en su último año, pero eso responde a cómo se ha peleado en la guerra contra el narco, o sea, cada presidente es peor que el anterior… Si revisamos las estadísticas previas al 2006, al contrario, había una tendencia a la baja en los homicidios sistemática desde 1990″, agrega Víctor Hernández, quien recuerda que las transiciones de Carlos Salinas, la de Ernesto Zedillo y la de Vicente Fox, no fueron violentas.
«No había una situación generalizada de desorden en el país. Es peligroso que nos acostumbramos a que esto se vuelva normal”, expresó.
- El proceso electoral para renovar a más de 20,000 cargos a nivel federal y local, suele ser un factor que podría incrementar la violencia, pues en ese momento en el que el crimen intenta quitar o poner candidatos para que después respondan a sus intereses.
“Al ser una elección tan grande la que se viene en 2024, son muchos los territorios que son estratégicos y que requieren este tipo de acomodos para que los grupos delictivos puedan seguir prosperando”.- Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común./Agencias-PUNTOporPUNTO
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