Gráfica: DESAPARICIÓN de PERSONAS se multiplicó en la 4T; disparando IMPUNIDAD 99%

En 2022, el número de reportes de desaparecidos o no localizados recibidos por las instituciones de seguridad pública estatales en México se multiplicaron 2.7 veces respecto a 2021, señaló el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2023.

• Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el CNSPE detalló que las instituciones conocieron 18 mil 28 reportes de desaparecidos, 12 mil 139 no localizados y 3 mil 311 casos que no fueron clasificados en ninguno de los rubros anteriores, lo que suma 33 mil 478 personas ausentes, es decir, un aumento de 171.1 por ciento en comparación con 2021.
• De acuerdo con las estadísticas del censo, la suma de registros de desaparecidos o no localizados en 2020 (14 mil 397) y 2021 (12 mil 348) no supera 27 mil, cifra muy por debajo de lo contabilizado sólo el año pasado.
• El Estado de México concentró, por mucho, la mayor cantidad de reportes de desapariciones, con 8 mil 917; le siguen Nuevo León, con mil 918, y Sinaloa, con mil 623. La Ciudad de México está a mitad de la tabla, con 375, mientras Veracruz tuvo la mayor cantidad de personas no localizadas, con 3 mil 751. Chiapas, estado de México y Guanajuato reportaron 2 mil 46, mil 335 y mil 231 expedientes, respectivamente.

En el mismo periodo, las instituciones de seguridad pública estatal anunciaron el hallazgo de mil 239 personas reportadas como desaparecidas y 2 mil 260 como no localizadas. Nuevo León y Yucatán concentraron las cifras más altas, con 869 y mil 154, respectivamente.

Robos y asaltos

Durante 2022, se reportaron mil 885 probables robos y asaltos en carreteras y puentes de jurisdicción estatal, lo que representó un aumento de 11.9 por ciento con respecto a la cantidad que se dio a conocer en 2021 (mil 685 probables ilícitos), reveló el CNSPE 2023.

• Detalló que las instituciones de seguridad pública estatal dieron a conocer 280 tomas de casetas de peaje, mil 229 obstrucciones de carreteras y mil 885 probables robos y asaltos en carreteras y puentes de jurisdicción estatal en 2022.
• De acuerdo con las estadísticas del censo, el número de probables robos en 2022 fue superior al informado en 2021, pero no lo fue con respecto a 2020, el primer año de pandemia, cuando se contabilizaron 3 mil 155 probables eventos.

Del total, 49.9 por ciento se cometieron en vehículos particulares. Guerrero fue la entidad que concentró la mayor cantidad de robos en carreteras y puentes estatales, con 476, seguida de Zacatecas, con 400. Las entidades federativas que menos reportaron fueron Colima, con uno, y Tabasco y Aguascalientes, con dos cada uno.

• En 2022, ocurrieron 444 enfrentamientos en los que participaron elementos de las instituciones de seguridad pública estatal. En contraste con 2021, el total de estos eventos disminuyó 23.8 por ciento.
• En el mismo periodo, Tamaulipas y Veracruz concentraron la mayor cantidad de enfrentamientos, con 84 y 82, respectivamente, mientras en Colima, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala ocurrió un solo acto de estos, según datos del censo.

A escala nacional, en los enfrentamientos se informó de 49 civiles armados lesionados, 137 fallecidos y 284 detenidos. En comparación con 2021, los civiles armados lesionados disminuyeron 5.8 por ciento, mientras los fallecidos y los detenidos aumentaron 1.5 y 12.3 por ciento, respectivamente.

México registra impunidad casi absoluta de 99%: ONU

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) alertó que en México hay una impunidad casi absoluta en el combate a este crimen.

• Dentro de sus observaciones finales entregadas al Estado mexicano, la comisión sostuvo que esto es un tema de suma importancia.
• “(El CED) expresó su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones, con su consecuente bajo número de condenas y una impunidad casi absoluta”, indicó.
• Por esto, hizo un llamado al gobierno mexicano a implementar más acciones para poder contrarrestar el incremento en las cifras de este crimen.

“Instó al Estado parte a garantizar la investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de las denuncias de desapariciones forzadas, pero también de las desapariciones cometidas por personas o grupos que actúan sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, sentenció.

• Asimismo, el CED resaltó su preocupación por la falta de recursos que se le designan a los organismos encargados de combatir este crimen.
• “La limitada capacidad de investigación; el seguimiento de hipótesis de investigación basadas en prejuicios y estereotipos sobre las personas desaparecidas; y el insuficiente presupuesto asignado a las fiscalías en el ámbito federal como estatal”, expresó.
• En este sentido, recomendó al Estado mexicano fortalecer a las instituciones encargadas de combatir estos crímenes.

“(Es necesario) fortalecer a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales, particularmente a sus fiscalías especializadas en materia de desaparición, asegurando que cuenten con la asignación, continuidad en el tiempo e incremento gradual de los recursos financieros y materiales necesarios”, expuso.

• Según cifras oficiales, en México hay más de 111 mil personas desaparecidas y cerca de 52 mil personas fallecidas sin identificar, muchas de las cuales son buscadas por sus familiares.

La tragedia de los desaparecidos, que se suma a una crisis forense, tomó fuerza a partir de 2006, coincidiendo con el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico en México.

No hay política de prevención

Con respecto a la propuesta de Política Nacional de Prevención y Erradicación de Desapariciones al CED le preocupa “la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones y el escaso impacto de las mesas de seguridad nacional y estatales para la construcción de la paz en la prevención y erradicación de este crimen’’

Asimismo, deplora “la falta de reconocimiento de las autoridades hacia las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales, así como la ineficacia de las medidas adoptadas para combatir las causas estructurales de la impunidad”.

• Sobre este punto recomienda “asegurar que al diseñar e implementar la política nacional de prevención y erradicación de desapariciones forzadas, las autoridades del Estado parte reconozcan y tomen en cuenta las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales frente a las desapariciones, al tiempo de erradicar todas las causas estructurales de impunidad”
• Exhorta al gobierno a “diseñar e implementar una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre las desapariciones dirigida a toda la población, incluso en las escuelas y medios de comunicación, con el fin de, entre otros objetivos, informar sobre los mecanismos de denuncia, y combatir la estigmatización a la que se enfrentan las víctimas”.

El Comité toma nota de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta 111,540 personas desaparecidas en México desde el 1 de enero de 1962 al 12 de septiembre de 2023 y ante esta cifra el CED “lamenta la persistencia de una situación generalizada de desapariciones”.

Militarización

Al CED le preocupa “la publicación del Decreto de noviembre de 2022 que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, así como la mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y la falta de controles civiles eficaces que regulen o supervisen su actuación”.

• Sobre ese punto la ONU “reitera su recomendación y exhorta al Estado a fortalecer las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro ordenado y inmediato.
• Que sea verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública, con plazos determinados y acciones específicas.
• El Comité también recomienda asegurar el debido funcionamiento de los mecanismos de control civil y rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”.

Madres buscadoras sin acceso a expedientes

Al Comité “le preocupa que los familiares y allegados de las personas desaparecidas en general continúan encargándose de la búsqueda (en campo y en vida) e investigación que le competen al Estado.

• “Además, el Comité está preocupado por las dificultades de acceso de los familiares y representantes de las víctimas a los expedientes de investigación, y por alegaciones recibidas sobre el cierre paulatino de espacios de participación de las víctimas en asuntos que les conciernen.”
• Exhorta al gobierno a “asegurar que los colectivos de madres buscadoras y otros actores de la sociedad civil involucrados en los procesos de búsqueda siempre cuenten con el acompañamiento de personal capacitado, y asegurar la identificación, investigación, resguardo y seguimiento de los hallazgos que encuentren”.
• Urge “velar por que los familiares, allegados y representantes de las personas desaparecidas puedan acceder de manera efectiva a los expedientes de investigación y sean informados de manera completa, oportuna y respetuosa acerca de la evolución de dichos procesos’’.

Sobre desapariciones de larga data el CED observa “el limitado acceso a los archivos de las fuerzas militares en donde el equipo de investigadores ha realizado trabajo de campo y búsquedas, así como las dificultades para el análisis pericial de la documentación recuperada de dichos archivos”.

Teniendo en cuenta el carácter continuo de la desaparición forzada, el CED reitera sus recomendaciones y exhorta al gobierno a “fortalecer la Comisión para el Acceso a la Verdad, garantizando su independencia y que cuente con los recursos humanos, financieros, y técnicos necesarios para cumplir con su mandato’’.

Además, pide a Palacio Nacional “asegurar que la Comisión para el Acceso a la Verdad tenga acceso a los archivos estatales relevantes, incluidos los de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Estado Mayor Presidencial, y los servicios de inteligencia, incluidos aquellos que se encuentran en los campos y bases militares que operaron como lugares de privación de libertad’’.

• Búsqueda y coordinación efectiva. El CED cuestionó “que se encuentre pendiente el nombramiento de la persona titular en la Comisión Nacional de Búsqueda; la ausencia de Consejos Ciudadanos de Búsqueda en 19 estados, así como el insuficiente presupuesto de las instituciones a cargo de la búsqueda, en particular las Comisiones Locales de Búsqueda, pese al otorgamiento de subsidios federales, así como el reducido número de personal.

En este sentido urge “asegurar que el proceso de selección de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda cumpla con los estándares establecidos en la Ley General’’.

Destaca también “la limitada aplicación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB) y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PABNNA), su ineficacia para activar una búsqueda inmediata, y la ausencia de evaluación de la implementación de estos instrumentos’’.

• Subraya la gravedad del “aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, siendo los estados de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero los que cuentan con el registro más alto, así como el hecho de que la aplicación del Protocolo Alba no obliga a la realización inmediata de bu´squedas en las entidades federativas, pese a la publicación de los Criterios Mínimos para la Construcción y/o armonización del Protocolo Alba (2023)’’.

Critica “el mantenimiento de la exigencia por parte de algunas autoridades de que hayan pasado hasta 72 horas después de una desaparición para recibir una denuncia, impidiendo la búsqueda inmediata de la persona desaparecida’’.

• La ONU manifestó su alarma por “las alegaciones recibidas sobre amenazas, vigilancia, represalias, desapariciones y asesinatos sufridos por familiares de las personas desaparecidas que realizan actividades de búsqueda e investigación, las personas que les acompañan, las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, y periodistas’’.

Deploró el hecho de que “ los recursos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de los mecanismos locales de protección sigan siendo insuficientes.

• Igualmente lamentó la falta de individualización en la protección de personas pertenecientes a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, las dificultades para el reconocimiento de las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y su acceso a la protección estatal, y la falta de efectividad de las medidas de protección estatal otorgadas”.

El CED lamentó “la situación de inseguridad que enfrentan los servidores públicos a cargo de las búsquedas e investigaciones de personas desaparecidas, así como “la falta de respuesta del Estado parte durante el diálogo acerca del impacto de las renuncias de diversos funcionarios a cargo de procesos de investigación y búsqueda’’

• El CED insta a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los mecanismos locales de protección de víctimas, “con recursos financieros, técnicos y personal adecuados para cumplir con su mandato de manera eficaz, y diseñar programa de protección para servidores públicos que investigan las desapariciones’.

Exhorta a “garantizar que todas las personas incorporadas al Mecanismo de Protección puedan recibir asesoría jurídica, apoyo psicológico y atención de salud, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones estatales de atención a víctimas, así como consolidar un programa nacional de reparaciones integrales a las víctimas de desaparición, con enfoque diferencial’’.

Crisis forense

El CED se mostró alarmado por el “elevado número y aumento de la cantidad de cuerpos y/o restos humanos recibidos por los servicios médico-forenses y la incapacidad de estos servicios para su debida identificación y resguardo’’.

• Al respecto, información recibida por el CED indica que “89% de los 53 mil 347 cuerpos y/o restos humanos almacenados en anfiteatros, laboratorios y centros de resguardo forense no se identificó durante 2022’’.
• El CED lamenta que “la Fiscalía General de la República no haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y que no se cuente con el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas y toma nota de la “ausencia de una política pública articulada en materia de resguardo institucional de personas fallecidas’’.
• El Comité destaca que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) en San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas “no ha logrado ninguna identificación, pese al tiempo transcurrido desde su establecimiento’’.

Finalmente, la ONU recordó al gobierno de México “las obligaciones contraídas por los Estados al ratificar la Convención sobre Desaparición Forzada e insta al Estado a asegurarse de que todas las medidas que adopten, sean de la naturaleza que sean y emanen de la autoridad que emanen, se ajusten plenamente a la Convención y a otros instrumentos internacionales pertinentes’’.

Cuestiona ONU falta de protocolo para búsqueda de menores

Rosa Carmen Villa, presidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, señaló que hay una falta de respuestas claras, por parte de México, sobre aspectos específicos como la aplicación del protocolo de búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.

• La experta también cuestionó, en el segundo día de comparecencia del Estado mexicano sobre el tema, que cuánto más habría que esperar para que se aprueben los reglamentos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y si se planea hacerlo este año.

También planteó la inquietud sobre cómo una Comisión de Búsqueda puede funcionar sin los reglamentos necesarios.

• Por su parte, las autoridades mexicanas respondieron que hay un compromiso con la implementación de protocolos y reglamentos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas.
• Se destacó que se espera aprobar el reglamento interior de la Comisión Nacional de Búsqueda este año y que se están llevando a cabo diálogos, con las familias, para recibir sus observaciones y comentarios sobre el Reglamento de la Ley General.

Además, destacaron que se está trabajando en la actualización de protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas.

• Estrategia de seguridad. Autoridades mexicanas afirmaron que, entre las acciones clave de la Estrategia Nacional de Seguridad, que forma parte de las acciones para prevenir desapariciones en el país, están el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el desarme voluntario y la creación de equipos de béisbol de jóvenes.

Froylán Enciso, titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz y Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México dijo que la estrategia está basada en tres ejes fundamentales: la coordinación, inteligencia y precisión territorial.

• También destacó que un punto esencial de la estrategia es la atención a las causas que generan la violencia, esto mediante programas sociales universales destinados a la población.
• Además destacó el programa de desarme voluntario y el Tianguis del Bienestar, que proporciona bienes de primera necesidad a comunidades en situación de pobreza.
• En cuanto a la búsqueda coordinada de personas desaparecidas, Froylán Enciso mencionó la colaboración con diversas instituciones, incluyendo la Guardia Nacional, para llevar a cabo jornadas de búsqueda en campo en varios municipios de todo el país.

Por su parte, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, resaltó el crecimiento en el número de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda, pasando de 43 personas en 2019 a 243 en 2022.

Desaparición de jóvenes aumenta 64%

La cifra de desaparecidos en el sector juvenil se ha disparado 64% durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según las estadísticas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al registrar más de 19 mil casos en lo que va de este sexenio, siendo que en el mismo periodo de la administración pasada eran poco más de 11 mil 800.

• De acuerdo con los datos, del 1 de diciembre de 2018 al 25 de septiembre de 2023 hay un registro de 19 mil 502 personas no localizadas, con un rango de 12 a 29 años, mientras que el mismo lapso del sexenio anterior se reportaron 11 mil 845.
• El comparativo incluye a personas que siguen con el estatus de no localizadas y están contenidas en las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas gestionado por la Secretaría de Gobernación.
• La cifra de 19 mil 502 jóvenes no localizados forma parte de las 44 mil 953 personas de las que no se tiene noticia durante la administración de López Obrador, de acuerdo al último corte del Registro.
• Dicha cifra se aproxima a la reconocida en los anexos del Quinto Informe presidencial, entregado hace unos días a la Cámara de Diputados, que hasta esa fecha aparecía con 42 mil 452 casos.
• Los más de 40 mil desaparecidos en lo que va del sexenio significan más de los que se reportaron como no localizados en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, según el mismo documento./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro en el Enlace:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspe/2023/doc/cnspe_2023_resultados.pdf