#MÉXICO no prioriza entregar MÁS RECURSOS al MEDIO AMBIENTE ni atender #DESASTRES NATURALES

México es uno de los países con más peligro de enfrentar desastres naturales asociados al cambio climático y este riesgo no es cosa del futuro. Las afectaciones por estos fenómenos ya se registran en distintas zonas del país y en las últimas décadas han impactado, aproximadamente, a 12.3 millones de personas.

• Pese a la urgencia de priorizar recursos para la protección del medio ambiente y el combate al cambio climático, el gobierno proyecta recortar 11.4% al presupuesto del sector en 2024.

“No es una asignación de recursos que sea, digamos, acorde a la emergencia climática que te va demandando progresivamente más recursos para poder enfrentar la emergencia”, explica Carlos Asunzolo Morales, gerente de investigación y política pública en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

El impacto de los desastres naturales

Entre el año 2000 y 2022, alrededor de 6.2 millones de personas resultaron afectadas en México por el paso de distintas tormentas. Es el segundo país de América Latina y El Caribe, solo por debajo de Cuba, con mayores daños por este fenómeno natural.

• Además, México ocupa el quinto lugar de la región con uno de los riesgos más altos de exposición física a ciclones tropicales. También está en el puesto cinco de las naciones con más población impactada por sequías, con 2.5 millones de personas afectadas.
• Paradójicamente, el país registra serios daños por inundaciones y, al menos, 3.6 millones de mexicanos han padecido este desastre natural en las últimas dos décadas.

Todos los datos anteriores se han estimado en el informe Panorama de los Desastres en América Latina y El Caribe 2000-2022, publicado en junio de 2023 por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) y por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Como demuestra este reporte, México es uno de los países con más riesgo de enfrentar desastres naturales asociados al cambio climático y las consecuencias de estos ya se viven en distintas regiones del país, con alrededor de 12.3 millones de personas afectadas de 2000 a 2022.

A decir de Asunzolo Morales, esto es consecuencia de la carencia de una política preventiva y de un fondo de recursos que permita reaccionar frente a desastres ambientales provocados por el cambio climático.

“Por un lado México es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. A nivel global se encuentra entre los 10 primeros lugares y a nivel Latinoamérica es solamente el segundo por detrás de Brasil, en términos de emisiones, por ejemplo, de metano. Pero, al mismo tiempo, es un país que se encuentra en una posición de vulnerabilidad alta frente al fenómeno climático”, expone.

• Para “salvar vidas y reducir pérdidas económicas” asociadas a los desastres naturales, la ONU ha exhortado a los gobiernos a realizar inversiones públicas y privadas que atiendan esta problemática.
• Sin embargo, en el caso de México, el gobierno federal no ha puesto la protección del medio ambiente como una prioridad de su agenda política y económica.
• La falta de atención a estos problemas aumentan la posibilidad de mayores daños por desastres naturales y las personas más vulnerables son las más afectadas, advirtió en un comunicado Shelley Cheatham, jefa regional de OCHA en América Latina y El Caribe.

“En América Latina y el Caribe, los eventos climáticos y sísmicos extremos están ocurriendo en lugares donde la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y la violencia son parte de la vida diaria de millones de personas”, declaró.

Presupuesto medioambiental 2024

Para el próximo año, el Ejecutivo federal planea destinar 9,004.8 millones de pesos menos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada de la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad; de la gestión integral de los recursos hídricos y del combate al cambio climático.

• En 2023, la dependencia tuvo un presupuesto aprobado de 79,250.3 millones de pesos y para el próximo año se prevé otorgarle un monto de 70,245.5 millones de pesos, es decir, 11.4% menos recursos en términos reales, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se trata del segundo recorte presupuestal a esta dependencia, al menos en términos nominales, que impulsa la actual administración federal. El primero ocurrió de 2019 a 2020, cuando el gobierno pasó de aprobar un gasto de 31,020 millones de pesos a 29,869 millones de pesos.

Dentro del presupuesto de la Semarnat se incluye el gasto del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, encargado de «generar e integrar investigación técnica y científica en materia de ecología y cambio climático, para apoyar la toma de decisiones», según la misión de su portal web.

• Este Instituto fue creado con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático y para 2024 se prevé destinar 196 millones 244,130 pesos. Este gasto sería el mayor que el gobierno federal ha destinado en seis años. Sin embargo, es menor al de 2018. Ese año, al Instituto se le aprobó un gasto de 221 millones 420,963 pesos.
• Existen anexos transversales, es decir, un programa a través del cual el gobierno federal etiqueta recursos para atender grupos poblaciones o problemáticas específicas y uno de ellos está destinado al combate del cambio climático.

No obstante, en ese anexo se incluyen recursos para la construcción de grandes obras que no se relacionan con el cambio climático o para dependencias que producen energías fósiles.

• En el caso del Anexo de los Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, el PPEF 2024 proyecta entregar 125,937 millones 262,357 pesos exclusivamente para el Tren Maya; para Petróleos Mexicanos (Pemex), 1,878 millones 394,012 pesos, y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 36,872 millones 240,446 pesos.
• “Al ponerle esta etiqueta verde al presupuesto, recursos que se supone que tendrían que estar destinados para reducir la vulnerabilidad climática de México, realmente están siendo utilizados para profundizar el uso de un combustible fósil”, señala Carlos Asunzolo Morales, y soy gerente de investigación y política pública en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

A esto se suma que la construcción de Tren Maya genera impactos ambientales, según han documentado académicos de la UNAM, al tiempo que el gobierno lo incluye en la bolsa de recursos de mitigación al cambio climático.

«Nos acercamos a una crisis ambiental y de funciones ecosistémicas en la región a partir no solo del trazo del Tren Maya, sino del conjunto de proyectos, obras de distintos niveles y envergaduras que se están construyendo de manera simultánea», advirtió Sara Cuervo, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Quitan a desastres 21% durante 2023

Para el ejercicio de este año, el Programa Fondo de Desastres Naturales tuvo un recorte de 21 por ciento.

¿Qué fue del Fondo de Desastres Naturales?

Este programa surgió como sustituto del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual está en proceso de extinción por decreto presidencial y cuyo objetivo es aplicar recursos para mitigar los efectos que produzcan los fenómenos naturales en el País.

• Aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PEF), inicialmente tenía aprobados 17 mil 156 millones de pesos, al cierre del segundo trimestre del año.
• El monto autorizado se redujo a 13 mil 568 millones de pesos, 21 por ciento menos, según información de la Secretaría de Hacienda.
• Previamente, al cierre del primer trimestre, ya había tenido un ajuste a la baja al pasar de 17 mil 156 millones a 16 mil 722 millones de pesos.

«El monto que tenía aprobado para 2023 ahora sí que es mucho más pequeño que el monto que ya tiene para poder usar ante estos desastres», comentó César Rivera, investigador en Energía y Medio Ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

• Señaló que en los primeros meses de este año, se registró un bajo precio del petróleo que afectó los ingresos del sector público y que obligó al Gobierno federal a hacer ajustes en el presupuesto. «En ese contexto, tienen que modificar la bolsa del presupuesto y uno de ellos fue el del programa Fondo de Desastres Naturales», comentó.
• Para 2024, el programa recibirá un total de 18 mil millones de pesos, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).
• Anteriormente, los recursos para mitigar efectos que produzca un fenómeno natural en México se aplicaban mediante el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que fue parte de los 109 fideicomisos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó extinguir y cuya orden se materializó en noviembre de 2020.

Adriana Hernández, economista y consultora de Finanzas Públicas, señaló que el uso de recursos para desastres naturales en México mediante un programa presupuestal limita la aplicación de los mismos, ya que si no se ejercen, se deben regresar a las arcas del

Gobierno federal, lo que no ocurría con el fideicomiso extinto

«Si no te lo gastas al final del año hay que reintegrarlo a la Tesorería y lo que hacía el fideicomiso (el extinto Fonden) es que si no se ejecutaba ese año, se guardaba ahí y así las entidades podían seguir disponiendo del recuso», señaló.

Consideró que con el nuevo esquema, sólo se puede autorizar lo que hoy se pida y el siguiente año del presupuesto hay que ponerle otro monto.

• En el caso de Guerrero, afectado por el huracán «Otis», este año puede solicitar, por ejemplo, 500 millones de pesos, pero quizás ya no los ejerza todos porque el año está por terminar, ejemplificó Hernández.

En tanto que Rivera consideró que más que desaparecer, el Fonden debió pasar por un proceso de revisión para mejorar su operación.

«La discusión sobre si era eficiente o cuestiones de corrupción, era localizar lo que estaba mal y solventar ese problema, pero mantenerlo», dijo.

Ignoran plan ante cambio climático

De acuerdo con una nota de El Universal, las autoridades y empresarios desdeñaron las recomendaciones que se generaron en los Estudios de Vulnerabilidad al Cambio Climático en el Sector Turístico, específicamente en el caso de Acapulco.

• Estas pudieron evitar o reducir los daños económicos, sociales y ambientales ocasionados por el huracán Otis, dijeron catedráticos a El Universal. Los estudios se presentaron en septiembre de 2014 y fueron encabezados por la Secretaría de Turismo (Sectur), el Conacyt, el Centro de Estudios Superiores de Turismo y la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo.
• En primer lugar, se pasaron por alto las recomendaciones de “actualizar permanentemente la información y estudios realizados en temas de cambio climático”. Los documentos incluían una “matriz de medidas de adaptación al cambio climático para Acapulco”, para el caso de vientos extremos, olas de hasta siete metros, lluvias torrenciales y deslaves.
• Dentro de esas encomiendas estaba el fortalecimiento de anclajes de infraestructuras, cuyo objetivo era evitar el derrumbe, por ejemplo, de anuncios espectaculares y daños en construcciones, pero hace una semana dentro de los destrozos se observó que, incluso, el bungee, que fue reabierto en 2021, se desplomó ante los vientos de más de 250 kilómetros por hora.

Los hoteles perdieron plafones, instalaciones eléctricas, de telecomunicación, cristalería, mobiliario, obras de arte, y aparatos tecnológicos ante su exposición directa a los vientos del meteoro categoría 5.

• Un segundo aspecto fueron las recomendaciones para el establecimiento de redes eléctricas y telefónicas resistentes a los vientos huracanados para evitar la pérdida de los servicios, pero lo que se observó fue que se desprendieron 38 líneas de alta tensión y más de 10 mil postes, y se perdió la totalidad de las telecomunicaciones.
• Tampoco se ejecutaron las sugerencias para implementar un sistema de alerta temprana que faculte a los tomadores de decisiones, individuos y comunidades que enfrentan una amenaza, a que actúen con suficiente tiempo y de modo adecuado para reducir lesiones
  personales, pérdidas de vidas y daños a los bienes y al medio ambiente.

Otra acción omitida fue la de realizar las obras de contención necesarias en laderas, para evitar derrumbes en carreteras.

Más recursos para desastres naturales, privados y públicos

La advertencia llegó desde hace varios años: los eventos meteorológicos de fuerte impacto serán cada vez más comunes debido a los efectos del calentamiento global y se debe destinar grandes sumas de dinero para la contención de sus afectaciones a la población.

Tanto el Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) afirman que tienen recursos suficientes para atender la catástrofe generada por el Huracán Otis categoría 5 que impactó en Guerrero y con mayor fuerza al puerto turístico de Acapulco.

Sin embargo, organismos internacionales y análisis de compañías privadas apuntan a que el impacto económico por los eventos naturales extremos crecerá más que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial, además del poco espacio fiscal de los gobiernos para destinar recursos a estos eventos.

• Por ejemplo, en 2021 el sector asegurador a nivel mundial desembolsó 105 mil millones de dólares para cubrir las pérdidas de las catástrofes naturales, la cuarta cifra más alta desde 1970, de acuerdo con estimaciones del Instituto Swiss Re, una reaseguradora multinacional.
• En ese mismo año las pérdidas económicas para los seguros superaron las de la década previa con una tendencia de un incremento anual del cinco al seis por ciento. Por ello el instituto apunta a la importancia de invertir en infraestructura crítica para mitigar el impacto de condiciones climáticas extremas.
• En México, durante 2022 el monto de siniestros de riesgos hidrometeorológicos cubiertos por las aseguradoras fue de dos mil 200 millones de pesos, de acuerdo con datos de la AMIS quien además informó que sus empresas afiliadas están listas para dar atención oportuna a sus asegurados que registran daños generados por el huracán Otis.

“A nivel individual, como familia, empresarios, tenemos que empezar a adquirir esta cultura de estar asegurados, estas herramientas financieras se consideran un gasto, pero cuando consideramos estos impactos negativos nos hace recordar que un buen seguro evita estos impactos económicos, pero el mexicano promedio no tiene la cultura de asegurarse”, afirma James Salazar, subdirector de análisis económico y bursátil de CIBanco.

Hasta 2021 la AMIS tenía registro de que en México 6.5 por ciento de las viviendas estaban aseguradas por iniciativa propia de sus dueños, 20 por ciento tenían una de estas herramientas financieras ligada a su crédito hipotecario, en tanto que en el caso de las empresas se tenía registro de que 18 por ciento de ellas contaban con un seguro.

Recursos para manejo de riesgos

La administración de Andrés Manuel López Obrador asegura contar con 18 mil millones de pesos para la mitigación de daños provocados por fenómenos naturales a través del Programa para el Fondo de Desastres Naturales, además de contar con una cobertura adicional a través del Seguro para Catástrofes 2023-2024 que asciende a cinco mil millones de pesos y un Bono Catastrófico 2020-2024 con un valor de 485 millones de pesos.

La aclaración la hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 25 de octubre pocas horas después de que la información en torno a la catástrofe provocada por el huracán Otis empezará a fluir y diversos actores políticos de oposición recordaron la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en 2021.

• El Fonden era un instrumento financiero interinstitucional que tenía por objetivo ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que producía un fenómeno natural, todo ello en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y para obtener estos recursos, las entidades federativas debían demostrar que la magnitud de los daños excedía su capacidad financiera.
• Sin embargo, la administración actual impulsó su desaparición al considerar que se trataba de una “caja chica millonaria”. Pero al concentrar recursos para la atención de desastres naturales de forma programática, hay riesgo de disminución de estos montos, toda vez que al no usarlos en un año fiscal determinado se consideran subejercicio presupuestal y se destinan a otras actividades, explica Salazar.
• “Se requiere una buena estrategia de manejo de riesgos, pero parece ser que no ha sido la principal característica de la actual administración, igual y no es algo fácil con tantos compromisos que hay en materia fiscal, los recursos son escasos, queda poco para este tipo de eventualidades y adicionalmente con los cambios legislativos que se hicieron con la desaparición de Fonden y trasladarlo a una estructura programática… o sea, si existen pero se han visto reducidos en los últimos años”, detalla el especialista.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para el 2030, se necesitarán entre 160 mil y 340 mil millones de dólares para enfrentar la emergencia climática sobre todo para las comunidades más vulnerables./Agencias-PUNTOporPUNTO