El presupuesto que solicitará el Poder Judicial de la Federación (PJF) para 2024 y la propuesta de reforma a éste, avecinan dos nuevas batallas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra Norma Piña Hernández.
- Y es que desde el pasado 2 de enero, cuando Piña Hernández asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente se ha pronunciado a favor de una transformación en el Poder Judicial, al que acusa de corrupción, nepotismo y de estar alejado del pueblo.
- Tan solo en el inicio de su quinto año de gobierno, López Obrador confirmó que presentará una reforma constitucional para “limpiar” al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Y ante los 84.7 mil millones de pesos que el PJF pidió en 2024, AMLO lo calificó de exceso.
“Dicho sea de paso está excedido. No es que les haga falta, tienen de más. Además, tienen un fideicomiso de 20 mil (millones de pesos) para financiar todos sus excesos”, remarcó el presidente López Obrador en una mañanera.
Presupuesto del Poder Judicial ha ido a la baja desde 2017
Para 2024, el Poder Judicial solicitará un presupuesto total de 84,792.4 millones de pesos, un 4% de crecimiento real respecto al año anterior, dividido en la siguiente manera:
- SCJN: 6,109.1 millones de pesos
- Consejo de la Judicatura Federal (CJF): 74,793,3 millones de pesos
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): 3,890.0 millones de pesos.
Del total, el 80% se destinará para el personal jurisdiccional y operativo, 16.5% para servicios; 1.5% para la adquisición de materiales y suministros de trabajo; 1.2% para la inversión en muebles e inmuebles, mientras que un 0.8% será para inversión pública.
Los recursos representan tan solo el 0.9% del Presupuesto Federal y desde 2017, el porcentaje del presupuesto de egresos del Poder Judicial ha ido a la baja.
- En 2017, representaban el 1.4%
- En 2018, se redujo a 1.3%
- En 2019, pasó a 1.0%
- En 2020 y 2021 se ubicó en 1.1%, respectivamente
- Para 2022, fue de 1.0%
- Y en 2023 bajó a 0.9%.
El presupuesto del Poder Judicial equivale tan solo al 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Además, la inversión por persona en materia de justicia federal en nuestro país es de 1.8 pesos diarios, lo que equivale al 0.08% del salario mínimo, según revelan datos de la Corte.
¿Para qué utiliza el Poder Judicial su presupuesto?
Fortalecer la formación jurisdiccional de sus más de 55,800 integrantes (de los cuales 8 de cada 10 realizan labores jurisdiccionales) y brindar defensa gratuita a quienes no pueden pagar un abogado, son algunas de las tareas en las que el Poder Judicial destina los recursos públicos que le son entregados por la Federación.
- Tan solo en este último rubro, a través de la Defensoría Pública, se brinda asesoría gratuita en más de 32,500 asuntos y se llevan 41,340 asesorías jurídicas.
- El Poder Judicial también tiene como misión cumplir las obligaciones constitucionales derivadas de las reformas laborales de 2017 y 2019 que prevén la creación de nuevos tribunales en la materia.
- Ello, sin descuidar los compromisos que tiene el Estado mexicano como los acuerdos derivados del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).
De cara al inicio del proceso federal 2024, en el que además de la presidencia, se renovará el Congreso de la Unión, se elegirán ocho gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México, además de cerca de 20 mil cargos de elección popular, le corresponderá dirimir los conflictos electorales que podrían llegar a las instancias judiciales federales.
¿Qué hay de la reforma constitucional al Poder Judicial?
En el marco de su Quinto Informe de Gobierno dado a conocer en Campeche, el presidente Andrés López Obrador reiteró: “voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos”.
- Consideró indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y que a éstos no los designe la élite del poder económico y político de México.
“Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, a las gobernadoras, gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros”, planteó.
AMLO plantea dos días de elección de ministros
Ya en las mañaneras había adelantado que los impartidores de justicia “deben servir al pueblo, a sus causas y a sus mandatos, y no como ocurre ahora que operan bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas, y hasta bajo consigna de intereses delictivos”.
De tal suerte propuso que la elección de los integrantes del Poder Judicial sea un tema de campaña en las elecciones de 2024.
“No veo más que una renovación tajante que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto en las urnas”, lanzó. Incluso propuso dos vías:
- Una, en la que la ciudadanía solicite a los candidatos presidenciales emitir su postura en torno a si impulsarán o no una reforma para modificar la forma en que se nombran a los ministros, magistrados y jueces.
- Advirtió que si los candidatos no responden es porque no votarán por la reforma para modificar la manera de elegir a los integrantes del Poder Judicial. «Entonces el ciudadano ya va a decidir, ‘quieres que siga más de lo mismo, por ti no voy a votar’«, expuso.
Y la segunda vía sería vía consulta ciudadana una vez pasadas las elecciones, aunque previó complicado esa opción, al recordar que su aprobación dependería de la aprobación de la Corte.
«Como la consulta la tienen que validar en la Corte, está más complicado, está muy complicado eso, está mejor la primera», anotó.
Presupuesto, la otra batalla AMLO vs Piña
La presidenta de la Corte, Norma Piña, advirtió que un recorte al presupuesto solicitado para el Poder Judicial de la Federación en el 2024, pondría en riesgo el Estado de Derecho.
“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado, ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad sino (que) nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”, planteó.
- Lamentó que “la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”.
- Ello, al recordar que el presupuesto solicitado representa un aumento de 4% real en comparación con los 5, 630 millones 534 mil pesos que el Poder Judicial recibió en 2023.
- El presidente López Obrador reviró y criticó que dicho monto no se apegue a la austeridad e incluso aprovechó para recordar que desde la llegada de la ministra presidenta “están peor” las cosas en el Poder Judicial y los jueces hacen lo “quieren”.
“pero ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho de paso está excedido, no es que les haga falta, tienen de más, porque además del presupuesto tiene un fideicomiso de 20,000 millones de pesos”, expresó desde Palacio Nacional.
Anticipan una nueva batalla
La relación institucional está prácticamente rota. La última muestra fue la no invitación de Piña a los actos conmemorativos de la Independencia por parte del Ejecutivo. Un acto simbólico sin precedentes recientes.
- La campaña de López Obrador contra los jueces ha escalado durante los últimos meses con señalamientos personales y acusaciones de corrupción, que van más allá de la estrategia polarizadora de considerar al poder judicial como parte del bando adversario de “los conservadores”.
- Fuentes judiciales confirman que la hostilidad no se limita solo a las declaraciones públicas. Los canales de comunicación han saltado por los aires y todo parece encaminado a un nuevo choque de trenes de aquí a finales de año, seguramente la última gran batalla en la agenda de López Obrador.
Piña solicitó en agosto un presupuesto de casi 85.000 millones de pesos para el Poder Judicial, que comprende a la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral federal (TEPJF). López Obrador consideró que la bolsa solicitada era excesiva y volvió a cuestionar los fideicomisos para el pago de prestaciones médicas y pensiones de jueces.
Según información pública, los tres órganos del Poder Judicial tienen en conjunto 12 fideicomisos con un saldo con casi 15.500 millones de pesos. Aunque eliminar esos instrumentos para liberar los fondos requiere de un trámite legislativo de otro tipo (es decir, no relacionado con la elaboración del paquete económico anual), el señalamiento de López Obrador fue un anuncio velado de lo venidero.
En grave riesgo la independencia judicial en México
Expertos legales internacionales advirtieron que los constantes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte pone en “grave riesgo” la independencia judicial en México.
- De acuerdo con el informe “Diagnóstico sobre Independencia del Sistema Judicial Federal en México”, elaborado por el Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Poder Judicial de la Federación ha sido una de las instituciones más cuestionadas en la actual administración.
“El Presidente (AMLO), más que litigar los asuntos de su competencia ante la judicatura, ha atacado directamente a las y los integrantes de la judicatura, haciendo un explícito reclamo por no tomar decisiones judiciales de acuerdo a la agenda de su gobierno”, señala el documento publicado este miércoles.
En ese sentido el documento sostiene que los ataques hacia integrantes de la judicatura federal se han vuelto una constante no sólo del mandatario en Palacio Nacional sino también de gobernadoras, gobernadores y otros funcionarios por emitir resoluciones que no favorece en sus intereses o su agenda. Lo cual implica además “una vulneración a los compromisos internacionales del Estado Mexicano que podría resultar en responsabilidad para el mismo”.
- El análisis de México forma parte de una serie de diagnósticos para 15 países en Latinoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia y Uruguay, cuyo objetivo es el visibilizar los principales problemas que enfrenta la judicatura en la región para actuar con independencia.
- Según el diagnóstico los constantes amagos del titular del Ejecutivo federal en el sentido de recortar el presupuesto para el Poder Judicial al señalar que cuentan con una asignación de recursos excesiva y que no cumplen con su mandato, enciende una “alarma a nivel regional sobre el futuro del Poder Judicial de la Federación”.
En el marco de la discusión en el Congreso por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo, los expertos señalan que es fundamental que el Poder Judicial federal cuente con el incremento solicitado por la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Norma Piña Hernández; de lo contrario, la reducción en un 32% que se plantea desde la Cámara de Diputados “afectaría gravemente el acceso a la justicia de miles de justiciables”.
La jueza costarricense Adriana Orocú, presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados destaca en el informe la preocupación por las “reacciones y presiones en contra de la judicatura federal” en el país, al señalar que en democracia “la judicatura no se gobierna, se administra desde de forma eficaz, idónea e independiente”.
- Para Jaime Chávez Alor, Director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, los ataques hacia juzgadores, que van desde menciones y campañas de desprestigio, hasta investigaciones administrativas y penales, “buscan someter a la judicatura a los intereses del gobierno, por lo que convocó a la comunidad jurídica nacional e internacional a trabajar en conjunto para garantizar la independencia judicial en México”.
Mientras que para Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados el hecho el hecho de que legisladores tengan la facultad de aprobar el presupuesto del Poder Judicial federal no avala la violación de su independencia ni la vulneración de derechos humanos, pues subrayó que “el acceso a la justica es un derecho humano y por lo tanto no está sujeto a negociación”.
Sin embargo, aunque dichas violaciones a los estándares internacionales han sido señaladas por diversas organizaciones nacionales e internacionales, los abogados señalan que el gobierno no ha dado una respuesta ni se ha tomado con seriedad la gravedad de los ataques, que advierteron resultan característicos de regímenes autoritarios en la región.
Al respecto, para el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, estos hechos resultan alarmantes por el papel de México como “un líder regional en muchos aspectos relevantes para el Estado de derecho”.
En tanto que el Vance Center consideró claro el hecho de que si los operadores de justicia se ven amenazados en su actuación por cualquier influencia interna o externa, la justicia va a funcionar de manera defectuosa, parcializada y esto tendría graves implicaciones sobre los derechos de las personas que acuden a ella para la defensa de los mismos./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
