Guatemala, #México y Venezuela, los países de AL que tienen peor puntaje en Combatir CORRUPCIÓN

La administración de López Obrador no cumple con los estándares mínimos de transparencia y datos abiertos.

La publicación de la quinta edición del Índice de Capacidad para Combatirla Corrupción (Índice CCC)refleja un entorno anticorrupción bajo presión en toda América Latina. El estudio, a cargo de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, volvió a mostrar a México entre los últimos puestos de la región.

  • Dos de los 15 países, Guatemala y Venezuela, experimentaron disminuciones significativas en sus puntajes de 2023 respecto del año anterior, mientras que Panamá experimentó una mejora sustancial.

Los autores del informe subrayaron que Guatemala y México son los dos únicos países cuyos puntajes generales han disminuido cada año desde que se publicó el Índice por primera vez en 2019. Es decir, que desde la primera publicación hasta el momento, han empeorado siempre.

El ranking de Capacidad para Combatirla Corrupción El país mejor ubicado en este ranking es Uruguay y el que peor está es Venezuela. El penúltimo lugar lo ocupa Bolivia.

  1. Uruguay (6,99 puntos sobre 10 posibles)
  2. Costa Rica (6,76)
  3. Chile (6,67)
  4. Perú (5,53)
  5. República Dominicana (5,42)
  6. Panamá (5,39)
  7. Argentina (5,07)
  8. Brasil (4,83)
  9. Colombia (4,78)
  10. Ecuador (4,68)
  11. Paraguay (4,61)
  12. México (3,87)
  13. Guatemala (2,86)
  14. Bolivia (2,56)
  15. Venezuela (1,46)

La quinta edición del Índice CCC cubre 15 países, que juntos representan el 96% del Producto Interno Bruto de América Latina. En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta son más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados.

  • Según explican los autores, el Índice CCC analiza 14 variables clave, incluida la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.
  • El índice se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de control risks, el mundo académico, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado.

Principales hallazgos

Uruguay volvió a ocupar el primer puesto del Índice, aunque experimentó un año consecutivo de retroceso. A pesar de retrocesos moderados,Costa Rica y Chile también conservaron la segunda y tercera posición.

  • Panamá registró el mayor aumento proporcional en su puntuación general, impulsado principalmente por las mejoras en su capacidad legal. Panamá, la República Dominicana y Paraguay mejoraron su puntuación general por tercer año consecutivo. Guatemala y Venezuela tuvieron cada uno descensos sustanciales en sus puntuaciones generales.

Guatemala y México son los dos únicos países cuyas puntuaciones generales han disminuido cada año desde que se publicó el Índice por primera vez en 2019.

México se estanco en transparencia en 2022

Por tercer año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos. La escala del índice va de cero, la peor calificación, a 100, la mejor calificación posible. Con 31 puntos, México se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

  • México obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán. Los países mejor evaluados en 2022 fueron Dinamarca (90 puntos), Finlandia y Nueva Zelanda (87 puntos), seguidos de Noruega (84 puntos), Singapur y Suecia (83 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Sudán del Sur con 13 puntos, y Somalia, el peor calificado, con 12 puntos.

Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición. En el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares.

Los resultados de México en este índice en 2019 y 2020, ilustraban una tendencia positiva para este país en materia de control efectivo de la corrupción.

  • Sin embargo, la ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes casos de corrupción, como Odebrecht o la Estafa Maestra, o los vinculados con el caso de Agronitrogenados en PEMEX o de Segalmex, han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio.

Pese a que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas; ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados. Cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político-electoral.

El gobierno de AMLO está reprobado en transparencia

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló los resultados de un estudio que arrojó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es «opaco» en la información que debe proporcionar al ciudadano.

  • De acuerdo con el estudio, titulado “Sin otros datos. El legado de la política de transparencia de AMLO y el abandono de la información pública”, revela que la administración de López Obrador no cumple con los estándares mínimos de transparencia y datos abiertos.
  • La organización resume que por ley toda la información del gobierno es pública, salvo en casos excepcionales, sin embargo, en el gobierno de AMLO «hay una tensión en nuestro derecho al acceso a la información y las acciones de las autoridades para resistirse al escrutinio público».

Añade que de las 12,570 bases de datos con información del gobierno que están disponibles en la plataforma de http://datos.gob.mx actualmente el 71% están en el abandono, sin ninguna actualización al menos en los últimos 24 meses.

La política de este gobierno ha sido reservar y negar cada vez más información, a la vez que ataca y desactiva a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia

También señala que al revisar la información que las dependencias publican en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se encontró que el número total de reportes presentados por las instituciones ha disminuido 36% entre 2018 y 2022.

MCCI indica que de acuerdo con la “Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública” del gobierno de López Obrador, se dividió a las instituciones de la APF en cuatro grupos.

Sin calificación aprobatoria algún grupo en el gobierno de AMLO

El Grupo 1 engloba a instituciones encargadas de proyectos prioritarios y con mayor presupuesto; el Grupo 2, a las que tienen presupuestos menores de 5 mil millones de pesos; el Grupo 3, a las de presupuesto menor de 3 mil millones de pesos, y el Grupo 4 al resto, pero «ninguno tuvo una calificación aprobatoria».

  • Identificamos que hay una creciente demanda ciudadana por información gubernamental mediante solicitudes de acceso y recursos de revisión promovidos ante el INAI, agrega Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

«Sin embargo, el gobierno de López Obrador ha optado por paralizar por distintas vías las instituciones y mecanismos de transparencia construidos a partir de 2002».

Asimismo, apuntó que el presupuesto del INAI disminuyó 24% en términos reales de 2018 a 2023, «al mismo tiempo que se ha intentado mermar su reputación e impedido su funcionamiento al obstaculizar el nombramiento de los comisionados necesarios para que el Pleno pueda sesionar».

  • De acuerdo con la agencia EFE, al dar a conocer el estudio María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), explicó que “universalmente se entiende por transparencia y el derecho de información de poner a cualquier ciudadano que lo solicite toda la información disponible, y esto que dice la Constitución no se está cumpliendo” en el gobierno de López Obrador.

En “Sin otros datos. El legado de la política de transparencia de AMLO y el abandono de la información pública” se recopilaron todas las bases de datos del gobierno federal para evaluar la calidad de la información de los archivos.

Con 12,570 bases públicas, MCCI encontró que 8,890 archivos (71%) llevan al menos dos años sin haber sido actualizados, es decir, 7 de cada 10 bases están abandonadas o sin actualizar.

  • Lorenzo León, analista de datos de la organización, aseveró que el objetivo del reporte es remarcar la deficiencia que hay hoy en día con la transparencia, debido a la creciente demanda de solicitudes de información desde finales de la administración pasada.
  • En general todos los portales tienen datos, pero la mayoría están desactualizados cuando se supone que algunas de ellas tienen que estar actualizadas diaria, semanal y mensualmente, pero no lo están y esto es algo preocupante

Reiteró que hay muchas bases de datos que apenas sirven como relleno y solo 30% sí cumplen los estándares de utilidad, sin ser operables.

«Ninguno de los 5 sectores estratégicos principales del Gobierno, entre los que se encuentran bienestar, salud, educación, energía y ejército, aprobó la evaluación realizada por el estudio, pues el puntaje más alto fue para bienestar, que obtuvo 41 puntos sobre 100, mientras que el sector del ejército obtuvo la peor calificación con 30 puntos».

  • María Amparo arremetió contra el presidente López Obrador debido a que en este sexenio no tienen la puerta abierta para hablar con ninguna dependencia, mientras que en otros podían al menos tener diálogo.

“Para (López) Obrador la transparencia es la información que se transmite diariamente en las conferencias matutinas, pero esos datos a veces son falsos e imprecisos», expresó.

Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), expresó que impulsaron una política de datos abiertos, la cual iniciaron el año pasado, para que cualquier persona pueda investigar datos que puedan servir a la ciudadanía mexicana.

Las instituciones con más bases de datos abandonadas son el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Oficina de la Presidencia de la República, el Centro Nacional de Control de Energía, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, afirma el estudio./Agencias-PUNTOporPUNTO

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