OCHO ESTADOS en la República concentran el 80% de los DESPLAZAMIENTOS FORZADOS

En el primer semestre de 2022, fueron 15 los eventos de desplazamiento interno y 1,439 las personas desplazadas identificadas, versus 10 eventos y 8,163 personas desplazadas de julio a diciembre.

La “situación alarmante” de violencia que se registra en gran parte del país ha agravado el desplazamiento interno de familias y hasta comunidades en este primer semestre del año pues en promedio se registra un evento de desplazamiento por semana y 43 personas al día que huyen de la inseguridad y riesgo de perder la vida, secuestrados, “levantados” o “ejecutados que se presenta en sus estados o regiones por parte principalmente de grupos criminales.

  • Los eventos de desplazamiento interno se dispararon un 80% en esta primera mitad del año de enero a junio, en comparación con el mismo periodo del año pasado y se ha detectado una tendencia al alza en las cifras pues cada vez la guerra entre grupos criminales ya afecta de manera directa a la población de esa comunidades.
  • Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas son los 8 estados que concentraron los eventos de desplazamientos que en este primer semestre afectaron al menos a 7 mil 710 personas.
  • Se trata, en promedio, de un evento de desplazamiento por semana y 43 personas desplazadas al día, según un informe semestral de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) sobre el desplazamiento interno en México de enero a junio de este año.

Sin embargo en las últimas semanas se ha registrado una serie de desplazamientos en Tamaulipas donde 94 familias de Los Guerra, municipio de Miguel Alemán, en esa entidad gobernada por el morenista, Américo Villarreal, han comenzado a huir de sus casas por la guerra que mantienen los cárteles del Noreste (CDN) y del Golfo (CDG), por el control del territorio.

  • El pasado 15 de agosto 40 familias más se sumaron a otras 54 que días antes habían abandonado esa comunidad habitada por gran parte de agentes aduanales que ahora se ha convertido en una población fantasma.
  • Según el informe de la CMDPDH entre enero y junio de 2023, se registraron 26 eventos de desplazamiento interno por violencia en el país.
  • Los desplazamientos ocurrieron en esos 8 estados mencionados donde se ha recrudecido la violencia e inseguridad derivado del enfrentamiento entre grupos criminales que se ha extendido a agresiones a la sociedad civil y las poblaciones.

El documento da cuenta “de una situación alarmante”: “Hemos observado una tendencia al alza en las cifras en comparación con periodos anteriores y una intensificación de la violencia en varias regiones del país.

  • En el primer semestre de 2022, fueron 15 los eventos de desplazamiento interno y 1,439 las personas desplazadas identificadas, versus 10 eventos y 8,163 personas desplazadas de julio a diciembre.
  • Ello contra los 26 eventos de este primer semestre que equivale al 80% más mientras que el número de desplazados se incrementó más de 500 % al pasar de mil 439 personas desplazadas a 7 mil 710 personas en este periodo.

En el documento la CMDPDH advierte que se ha observado que la dinámica de la violencia en el país, ha alcanzando nuevos espacios geográficos como el estado de San Luis Potosí y nuevas características.

Durante estos primeros seis meses de 2023, se reportó por primera vez un episodio de desplazamiento interno por violencia en el estado de San Luis Potosí.

Por otro lado, el desplazamiento masivo que ocurrió en mayo en Frontera Comalapa, Chiapas, debido a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado cerca de la frontera con Guatemala da lugar a una serie de reflexiones sobre la consolidación de las lógicas de violencia asociadas al narcotráfico y a otras actividades delictivas en la frontera sur.

En junio hubo cinco eventos de desplazamiento interno masivo causado por violencia en México, en los estados de Oaxaca, Michoacán y Chihuahua.

  • El primer desplazamiento ocurrió en la localidad de El Tlacuache, en el municipio de Zimatlán de Álvarez, estado de Oaxaca, por un conflicto de tierras entre este municipio y el de Santo Domingo Teojomulco.
  • Pobladores de este último municipio entraron armados a El Tlacuache amenazando y despojando a las personas de sus tierras, provocando el desplazamiento interno de al menos 300 personas, entre las cuales había menores de edad y adultos mayores.

El 5 de junio ocurrió un enfrentamiento violento entre grupos vinculados al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Juárez en una iglesia de la localidad de Santa Anita, en el municipio de Guachochi, Chihuahua.

  • La información preliminar señala que al menos 150 familias tuvieron que desplazarse de tres localidades del municipio para protegerse de la violencia, mientras que quienes no pudieron huir se escondieron en sus viviendas por miedo a ser víctimas de algún enfrentamiento.

El tercer desplazamiento comenzó el 9 de junio en el municipio de Apatzingán, en Michoacán, específicamente en las localidades de El Alcalde, Los Tepetates, El Alazán, Llano Grande, Pinzan Gacho y Las Bateas.

  • Un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado desencadenó el desplazamiento de al menos 800 personas en las localidades mencionadas, de las cuales aproximadamente dos tercios serían niñas, niños y adolescentes.
  • A finales del mes se reportó el retorno de parte de la población desplazada tras la implementación de medidas de seguridad por parte de autoridades locales y federales.
  • En la localidad de La Sierrita, municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, al menos 39 personas tuvieron que desplazarse como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados.

Las personas desplazadas pertenecen al pueblo tepehuano y la mayoría —al menos 31 personas— son niños y niñas. Finalmente, se reportó que una familia de 31 personas tuvo que desplazarse de la localidad de Las Coloradas en la región serrana de Chihuahua debido a disputas de grupos del crimen organizado por los territorios en donde se extrae madera ilegalmente.

Pueblos indígenas, a quienes más impacta el desplazamiento forzado

La exrelatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, advirtió que tras visitar México logró identificar que el desplazamiento interno impacta de manera preocupante a los pueblos indígenas, así como a las mujeres y personas defensores y periodistas.

  • Lo anterior es parte del informe final sobre la visita que realizó a México la extitular de la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de ONU, Cecilia Jiménez-Damary, que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Entre los principales hallazgos de la visita realizada entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, por la entonces relatora especial a México, se observó que las causas del desplazamiento interno en la nación son diversas y multifactoriales, ya que incluyen diferentes tipos de violencia originada por el crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios por la tierra, cambio climático, desastres y, en algunos casos específicos, la creación de áreas naturales protegidas.

En especial, observó con gran preocupación que el fenómeno del desplazamiento interno afecta mayoritariamente a los pueblos indígenas, los cuales, pese a representar el 10% de la población total de México, se vieron afectados por el 40% de los episodios de desplazamiento registrados por la sociedad civil en 2020.

Asimismo, expresó que el desplazamiento interno impacta de forma diferenciada a mujeres y niñas, ya que se enfrentan a la violencia por razón del género, incluyendo la violencia sexual. Además de que observó los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad de las mujeres indígenas y afrodescendientes, así como del temor de los hombres a ejercer actividades económicas en una zona controlada por el crimen organizado, obligando a las mujeres a convertirse en las únicas proveedoras.

  • En este sentido, también alertó sobre la presencia de niñas, niños y adolescentes en casi todos los episodios de desplazamiento en 2020 y resalta su impacto diferenciado debido a su condición particular de dependencia y vulnerabilidad, incluyendo el reclutamiento forzado, la ruptura de la unidad familiar, la pérdida de entornos protectores, el abandono de sus procesos académicos.

Mientras que subrayó que los riesgos enfrentados por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como su desplazamiento a raíz de amenazas, agresiones, criminalización y otros ataques, han sido objeto de preocupaciones por distintos expertos de las Naciones Unidas.

“Esta violencia tendría un efecto inhibitorio para otras personas que ejercen el mismo rol. Las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan con medidas de protección inadecuadas, e incluso conoció casos de periodistas que fueron asesinados en su nueva ubicación. Observa la falta de medidas diferenciadas para la protección de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la ausencia de planes integrales para la reubicación de la familia directa de las personas objeto de medidas de protección”, dicta el informe.

Durante la 53ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ante la nueva relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria Betancur, la representación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sostuvo que este informe genera esperanza para que sea una guía para el Estado mexicano, y así avanzar en la protección de las personas desplazadas internas.

  • Asimismo, sostuvo que aunque existe una necesidad de que se creen instrumentos normativos y programáticos, así como políticas públicas específicas para atender la situación de desplazamiento interno de México, la ausencia de estos no puede representar una excusa para que el Estado no cumpla con sus obligaciones.
  • Y es que lamentó que a pesar de que hay organismo que ya cuentan con atribuciones para reconocer y atender a las personas desplazadas internas, como por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), no pueden seguir siendo omisas ante las necesidades de esta población.

En tanto, también ante este consejo de la ONU, Dora Lilia Roblero Garcia del Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), expresó que la violencia generalizada en México ha obligado a que miles de personas tengan que desplazarse forzadamente, siendo la población indígena de Chiapas una de las más afectadas.

Indicó que actualmente se registran desplazamientos forzados vinculados al actuar de grupos civiles armados, algunos sucesores del paramilitarismo y la estrategia contrainsurgente desplegada por el Estado mexicano desde los años noventa.

Por lo que este fenómeno se complejiza por la violencia ocasionada, por grupos de la delincuencia organizada, contra la población y por las características de este fenómeno lo llegan a considerar una forma de tortura, y entorno torturante, ya que, de manera permanente, se infunden sufrimientos físicos y mentales contra la población, con el fin de una apropiación del territorio.

“Frente a este fenómeno se identifica una ausencia de medidas de prevención, así como para la atención integral de las víctimas, por lo que urgimos se retomen las recomendaciones propuestas por la Relatora”, subrayó ante los representantes de diferentes países.

  • Por otro lado, Francisca Méndez, embajadora de México ante la ONU, reconoció que México aún enfrenta enormes desafíos para prevenir y brindar atención al desplazamiento interno, al tiempo que, dijo, el país está consciente de que debe garantizar los derechos de las personas desplazadas, brindarles protección y ofrecerles soluciones duraderas.

Por ello, aseguró que el Estado mexicano se compromete ante este Consejo a dar seguimiento y cabal atención a las recomendaciones planteadas en sinergia con todos los actores de la sociedad mexicana y con el apoyo técnico de los mecanismos internacionales especializados.

Y es que resaltó que México tiene la voluntad de fortalecer su marco normativo, robustecer los mecanismo de protección y asistencia, mejorar la cooperación interinstitucional y contar con registros de personas desplazadas y producción de estadísticas oficiales.

Registra ONG 9,602 personas desplazadas durante el 2022

El fenómeno no atendido sobre desplazamiento interno de personas, a causa de la violencia dejó a lo largo de 2022, al menos, 9,602 personas sin su hogar; principalmente en entidades como Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

  • Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), también advierte que entre 2016 y 2022, cerca de 386,197 personas fueron víctimas de desplazamiento interno forzado en México.
  • El Informe sobre la situación de desplazamiento interno en México en 2022 de la organización, muestra que durante ese año, en siete estados de la República se presentaron 25 episodios masivos de desplazamiento interno por violencia, afectando a poblaciones de 27 municipios y 33 localidades.

Mientras que Chiapas fue el estado con mayor número, tanto de eventos de desplazamiento como de personas desplazadas. En este estado, 4,634 personas se vieron obligadas a salir de sus hogares el año pasado (48.3% del total de las víctimas).

Es de resaltar que en dicha entidad se presentaron todas las causas de desplazamiento que la organización estudia: violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales; violencia generada por grupos armados organizados y violaciones a derechos humanos.

Además de que el episodio con el mayor número de personas desplazadas del año pasado, también ocurrió en Chiapas, en los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria, donde 4,250 personas huyeron de sus hogares tras enfrentamientos entre grupos armados que duraron casi 24 horas en estos municipios de la frontera con Guatemala.

  • Por otro lado, Michoacán, con 2,507 personas desplazadas, se colocó como otra de las entidades con un número considerable de casos los cuales, en su mayoría, están vinculados con la actuación de grupos del crimen organizado y en particular con las dinámicas de control y disputa territorial entre facciones de la Familia Michoacana, así como por disputas de estos con autodefensas.

Al tiempo que a finales de septiembre de 2022, una incursión y ataque violento perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Chinicuila desplazó a 600 familias (un estimado de 2,100 personas).

En el caso de Zacatecas, la organización mostró preocupación, ya que en 2021 fue la primera vez que se registraron desplazamientos relacionados con la violencia del crimen organizado en la entidad, y donde se presentaron más eventos de desplazamiento (10).

Esta situación se mantuvo en 2022: Los cinco eventos de desplazamiento que documentamos en Zacatecas fueron causados por el crimen organizado, en tres municipios (Jerez, Valparaíso y Tepetongo) en los que también hubo desplazamientos el año anterior”, dicta el informe.

Por lo anterior, se dijo que cerca del 90% de las personas desplazadas en 2022 residían en estas tres entidades (Chiapas, Michoacán y Zacatecas).

  • Las causas. El Informe sobre la situación de desplazamiento interno en México en 2022 indica que del total de los episodios de desplazamiento interno forzado masivo, registrados el año pasado, 18 fueron por violencia generada por grupos armados organizados; seis por violencia política y conflictos territoriales, y uno por violaciones de los derechos humanos.

Cabe resaltar que desde 2016, la violencia de grupos armados ha corrido de sus hogares a unas 61,184 personas, mientras que la violencia política y territorial, a unas 27,214.

  • Asimismo, se documentó que de las 9,602 personas desplazadas en 2022, al menos 527 eran indígenas y en la mayoría de los eventos se reporta el desplazamiento de familias completas, con perfiles específicos, como: personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes.
  • Finalmente, la CMDPDH estimó que del total de las víctimas de desplazamiento interno forzado registradas durante 2022, únicamente 284 (2.9%) retornaron a sus hogares, lo que dejó en evidencia que este fenómeno sigue presente y sin ser atendido a nivel nacional./Agencias-PUNTOporPUNTO

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