El estudio AC Consultores realizó un análisis sobre la presencia del crimen organizado en territorio mexicano y señaló al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las organizaciones delictivas con más presencia en el país.
- De acuerdo con el informe, el crimen organizado tiene hasta un 81% de presencia en todo el territorio nacional, que a su vez se traduce en más del 60% a nivel municipal. El estudio definió “presencia del crimen organizado” como la existencia identificada de un grupo criminal en un espacio determinado.
- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, sería el grupo criminal con mayor control territorial al tener influencia en 28 de los 32 estados de la república, según el estudio. Mientras que el Cártel de Sinaloa, liderado por el Mayo Zambada y familiares del Chapo, tendría presencia en 24 estados.
Los únicos estados en donde el CJNG no tiene presencia es Campeche, Coahuila, Durango y Sinaloa. Por su parte, el también llamado Cártel del Pacífico no ha logrado irrumpir de manera adecuada en Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán y Querétaro.
Le siguen el Cártel del Golfo (10), el Cártel del Noreste (8), la Familia Michoacana (7), los Zetas (6), los Caballeros Templarios (5), Zetas Vieja Escuela (5), los Chapitos (4), Guerreros Unidos (4) y el cártel de los hermanos Beltrán Leyva (3).
- A nivel municipal, el estudio detectó la presencia del crimen organizado en al menos mil 488 municipios de los 2 mil 469 que conforman la república mexicana. El CJNG sería el grupo más preponderante con influencia en 427 municipios, seguido por el Cártel de Sinaloa (293).
- La Ciudad de México es el lugar donde operan más grupos delictivos en el país, según el estudio. Algunos grupos locales de la capital mexicana, por mencionar algunos, son la Unión Tepito, La Fuerza Anti Unión, el Cártel de Tláhuac, Los Tanzanios, Los Canchola, Los Rodolfo, Los Molina, El Hércules y el E.T. El estudio registra también la presencia de grupos de Colombia y Venezuela.
- Después seguirían Michoacán (24), Sonora (21), Edomex (19), Chihuahua (18), Oaxaca (16), Guerrero (14), Hidalgo (14), Morelos (11), Puebla (11), Tamaulipas (11), Baja California (9), Tabasco (9), Yucatán (9), Baja California (7), Guanajuato (7), Nuevo León (7), etc.
En un escala por partidos políticos, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es el partido que tiene más municipios donde gobierna el crimen organizado, con el 22.2 por ciento del total. Le siguen el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el 16.5% y el Partido Acción Nacional (PAN), con el 12.8%
Cabe mencionar que el estudio de AC Consultores se realizó durante seis meses. Además de retomar datos del gobierno federal y las fiscalías estatales, también se contemplaron los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron hackeados por el grupo “Guacamaya”.
Narco se apodera de municipios clave
En México, el crimen organizado va ganando terreno a nivel local. De acuerdo con un informe del International Crisis Group (ICG), publicado en junio pasado, 80 de los 2,500 municipios del país son considerados altamente inseguros, con niveles extremos de violencia armada y altas tasas de homicidio de hasta 83 asesinatos por 100,000 habitantes.
- Sin embargo, «los municipios han sido dejados fuera de la estrategia de seguridad nacional y muchas veces también de las estrategias estatales», critica Rafael Ch Durán, analista sénior de economías de conflicto del ICG.
Señala que las redes delictivas se han fragmentado en todo México, donde se calcula que operan más de 200 grupos criminales. Estos también han diversificado su portafolio, incursionando en el robo de combustible, el tráfico humano, los productos agrícolas, la minería y el control de puertos.
- De ahí que Durán insista en la necesidad de una estrategia de seguridad que se adapte a las amenazas específicas de cada estado y municipio. «Una policía militarizada y centralizada no ha sido capaz de cumplir esta misión», agrega.
- Grupos de macro criminalidad, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, se apoderan de nuevo de territorios a través del conflicto armado o forjando alianzas con las mafias locales, cuenta a DW el analista en seguridad David Saucedo.
«Esta expansión implica generar anillos de protección policial y política. Es un juego de ida y vuelta», explica el consultor: «Por un lado, los narcotraficantes se interesan por controlar las estructuras de poder locales y, por otro, la propia clase política corrupta aprovecha el interés para obtener financiamiento negro para sus campañas y eliminar o amedrentar a los opositores».
Desde luego, también existe una «clase política minoritaria que está al margen de cualquier actividad delictiva, pero que se ve forzada a vincularse con el crimen organizado, que la amenaza mediante el soborno, el amedrentamiento, el secuestro o el asesinato», completa Saucedo.
«Las policías locales son la primera línea de respuesta, la autoridad más cercana frente al ciudadano», subraya el analista en seguridad. Sin embargo, prosigue, «tienen todo tipo de carencias: bajos presupuestos, están mal armadas, mal equipadas, mal entrenadas, con pocas atribuciones, penetradas por el crimen organizado. Nos encontramos ante un panorama desolador».
- Saucedo aboga, por ejemplo, por una modificación de la ley de armas de fuego que permita a las policías locales, municipales y estatales disponer de los mismos calibres que usan los grupos del crimen organizado.
- Ambos expertos concuerdan en que los funcionarios y las policías municipales deberían desempeñar un papel más importante en la estrategia de seguridad, puesto que suelen ser quienes mejor conocen las dinámicas del crimen en sus comunidades.
«Este enfoque, por supuesto, entraña el riesgo de devolver el poder a autoridades locales propensas a la corrupción», reconoce Rafael Ch Durán.
De ahí que sea importante identificar de manera temprana los municipios en mayor riesgo de corrupción y captura por grupos criminales, e implementar iniciativas para prevenirla, dice, y agrega que el International Crisis Group ha identificado 166 municipios que cumplen con estos criterios.
«Tendremos al narco en campaña»
65 alcaldes y funcionarios locales asesinados son el triste balance del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Desatarán los comicios de 2024 una nueva ola de violencia contra candidatos y gobernadores locales?
- «Los mayores riesgos de violencia se concentran ahora en 80 municipios en los que las elecciones pueden desencadenar feroces batallas por el control», se lee en el informe del ICG.
- Según David Saucedo, las mafias financian a candidatos y movilizan a votantes para que, una vez electas, las autoridades políticas tengan una actitud laxa o de respaldo al crimen organizado.
- «Tendremos al narco en campaña», subraya el experto, quien asegura que la participación electoral es uno de los «pilares» del crimen organizando con el que se están «construyendo vastos narco imperios en México».
En opinión de Saucedo, «las autoridades políticas federales y estatales no están combatiendo la penetración del narco en las elecciones, sino que más bien se benefician de su participación».
Focos rojos se concentran en gobiernos de Morena
Los “problemas y desafíos estructurales” que se visualizan en México tienen algo en común: los principales focos rojos en materia de violencia, migración y narcotráfico se concentran en entidades gobernadas por Morena.
- Así lo identifica el Paisaje Estratégico Mexicano que elabora el Instituto de Investigaciones para la Estrategia y el Desarrollo (ISDR, por sus siglas en inglés), el cual señala las tendencias más relevantes a seguir en el mes en curso en cada una de las regiones del país.
- Partiendo de la región norte del territorio, el análisis advierte sobre el incremento de los hechos violentos y el creciente poderío y presencia de los grupos del crimen organizado en carreteras federales y municipios de Nuevo León, el cual atribuyen principalmente a “la evolución del panorama criminal que atraviesa Tamaulipas”.
- En el marco de la reciente visita del presidente López Obrador a la entidad gobernada por Américo Villarreal, en la que revisó las obras para modernizar las aduanas, el ISDR destacó la relevancia de un trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y federal, más aún por el plan para que Nuevo Laredo sea la sede de la agencia nacional de aduanas.
En ese sentido, el instituto señala que además de mejorar la seguridad de las zonas rurales y “recuperar la gobernabilidad”, la participación de las Fuerzas Armadas en la administración aduanera evidencia que “no existen mecanismos que aseguren una adecuada rendición de cuentas o transparencia” en esa encomienda.
- En la región del Bajío y Occidente, el resumen apunta hacia las entidades de Colima y Michoacán, las cuales se mantienen entre las más violentas del país por el elevado número de homicidios, pero también por el incremento de operativos e incautaciones en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, como los principales ingresos de drogas y precursores químicos en el país.
Considerando la “gran presión” de Estados Unidos para que México tenga una mayor participación en el combate al tráfico de drogas, particularmente de fentanilo, el informe destaca el decomiso de dos toneladas de cocaína en las costas michoacanas, donde días después se aseguró un contenedor con fentanilo procedente de Qingdao, China; y en el puerto de Manzanillo, la Marina incautó más de ocho mil kilos de metanfetamina escondida en botellas de tequila.
- En el caso de la región Centro, el resumen regional subraya como desafío el aumento en la incidencia de robo de combustible (huachicol), ya que sólo en el caso de Puebla el número de tomas clandestinas de combustible y gas LP se disparó en 571 %, siendo Tepeaca y San Martín Texmelucan los municipios con la mayor cantidad de tomas ilegales al cierre de 2022.
Al señalar que tanto en Puebla como en Hidalgo, donde se incautaron 200 mil litros de combustible hurtado, el huachicol “parece imparable”, el centro de estudios lamenta que a pesar de los esfuerzos del gobierno federal para contener ese delito, “no ha sido capaz de generar alternativas económicas para impulsar el desarrollo de muchas comunidades de esta región”.
- Aunado a ello, el instituto identifica las implicaciones del “acaparamiento” de empresas chinas en tierras agrícolas poblanas, como en Tehuacán, Tepanco de López y Tlacotepec de Benito Juárez, donde el director de Desarrollo Rural de Tehuacán, Armando Bravo Gines, admitió que los productores chinos pagaron rentas por 50 años a los propietarios de los terrenos en esas localidades.
Esta situación ha generado una crisis en el sector agrícola que ha llevado a los productores mexicanos a optar por alquilar sus tierras en lugar de cultivarlas. Además de otros problemas como denuncias por sobreexplotación del agua y hasta abusos laborales contra los jornaleros mexicanos.
- La crisis migratoria y el aumento de la violencia son las dos principales alertas que se indican en los estados de la región sur,aunque el caso de Chiapas destaca por la pugna violenta que mantienen los grupos criminales que operan en la entidad, que en el último mes implicó el asesinato de Jerónimo Ruiz, identificado como líder de “Los Motonetos” o “Los Jerónimos”, el cual desató una serie de bloqueos y enfrentamientos en San Cristóbal de las Casas.
Los grupos armados que se disputan el territorio en Chiapas han crecido junto con las zonas con altos niveles de ingobernabilidad, como la selva Lacandona, donde los grupos criminales aprovechan la poca presencia del Estado para hacer de esta zona su base de operaciones para la comisión de actividades ilícitas”, refiere el informe, lo cual reconoció el presidente López Obrador en su conferencia del pasado 20 de marzo, al referir sobre las pistas clandestinas de aterrizaje en la región zapatista.
Las “oleadas de migrantes” que siguen llegando a los municipios del sur del país sigue generando una preocupación para los analistas, en el marco de la entrada en vigor de la política migratoria estadounidense del Título 8, la cual implica expulsiones y procesos penales para quienes intenten ingresar ilegalmente a ese país.
Al respecto, la carencia de infraestructura y recursos financieros particularmente de los gobiernos y autoridades en Chiapas y Oaxaca para atender el flujo migratorio pone en evidencia “el fracaso de la política migratoria mexicana y las grandes limitaciones que enfrentan los gobiernos locales para atender las necesidades humanitarias”.
- Mayores tasas de feminicidios. Sólo dos de esos cinco estados se corresponden con las tasas más altas de feminicidios, delito ante el cual Colima otra vez ocupa el primer lugar con 4.68 feminicidios por cada 100 mil mujeres; le sigue Nuevo León, gobernado por el emecista Samuel García Sepúlveda con 3.54 feminicidios por cada 100 mil mujeres y con una tasa de 23.05 homicidios dolosos por cada 100 mil neoloneses.
En tercer lugar está Morelos con 3.45 feminicidios por cada 100 mil mujeres; le sigue Campeche, estado gobernado por la morenista Layda Sansores San Román con 2.11 feminicidios por cada 100 mil mujeres y una tasa de 9.19 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Y el quinto lugar lo ocupa Oaxaca, gobernado desde diciembre pasado por el morenista Salomón Jara, que cerró 2022 con 2.07 feminicidios por cada 100 mil mujeres y una tasa de homicidios de 23.12 por cada 100 mil habitantes. Anteriormente, el mandatario de la entidad era el priista Alejandro Murat.
Ejército sospecha de los gobiernos de Morena en el sureste
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) considera que hay autoridades estatales y municipales de Morena que podrían estar vinculadas con cárteles y grupos delictivos en el sureste del país, de acuerdo con una de las conclusiones de un informe fechado el 19 de enero por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise).
- El documento es una radiografía de la operación y estructura del crimen organizado en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, estados gobernados por Morena, donde se identifica con nombre y apodo a los cabecillas regionales, pero no detalla qué políticos y funcionarios podrían estar vinculados con los grupos delincuenciales.
- Después de detallar los problemas de violencia en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, la conclusión del Cerfise es que “sí es viable que funcionarios estatales de nivel medio, así como funcionarios municipales, puedan tener vínculos con estas personas”.
- El reporte, que se encuentra entre los miles de documentos y correos electrónicos obtenidos por los hackers “Guacamaya” advierte que en las entidades gobernadas por Layda Sansores (Campeche), Rutilio Escandón (Chiapas), Carlos Manuel Merino Campos (Tabasco) y Cuitláhuac García (Veracruz), la violencia puede aumentar.
“No se descarta el incremento de los índices delictivos en estas entidades federativas debido a la pugna que mantiene el CGNJ con los diversos grupos delictivos”, indica el documento firmado por un teniente coronel que es parte del Cerfise.
Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García, es calificada como la peor entidad en incidencia delictiva de los cuatro estados analizados.
“De los 4 estados con gobiernos de extracción ‘morenista’, Veracruz es el estado que presenta mayor incidencia delictiva, pudiéndose relacionar esto por la presencia de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la mayor parte de la entidad”, refiere uno de los párrafos con los que concluye el informe.
- La Sedena apunta la presencia del Cártel del Pacífico (CDP), Zetas Vieja Escuela (ZVE), Fuerza Especial Grupo Sombra, Cártel del Noreste, Los Pelones y Células Independientes.
- Con la información proporcionada es posible saber que en Veracruz predominan los delitos de secuestro, extorsión, homicidios dolosos, trasiego de droga, cobro de cuotas a indocumentados y robo de vehículos e hidrocarburos.
- En Campeche, el organismo de inteligencia detecta cuatro organizaciones delictivas: Pura Gente Nueva-Zetas Vieja Escuela (PGN-ZVE), Cártel del Pacífico (CDP), Valencia Salgado e Independientes.
Por su parte, en Chiapas observa a dos organizaciones delictivas predominantes: CJNG y Cártel del Pacífico, los cuales se disputan esa entidad.
De acuerdo al reporte de la Sedena, en Tabasco hay tres organizaciones delictivas: el CJNG, que está presente en el 60 por ciento de la entidad, Los Panteras y Cártel del Noreste (CDN).
En 5 estados, 98 % de narcolaboratorios
Baja California, Durango, Jalisco, Michoacán y Sinaloa concentran 98 por ciento de los laboratorios clandestinos asegurados en el país.
Del 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2023 se identificaron y destruyeron mil 308 narcolaboratorios, con un impacto superior al billón de pesos en las finanzas del crimen organizado, de acuerdo con el Cuarto Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
- El aseguramiento de estos espacios ilegales en los que se fabrican drogas sintéticas aumentó 154 por ciento en la actual administración, ya que entre el 7 de septiembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2018 se localizaron 515 instalaciones de este tipo.
- También se reportan incrementos en el decomiso de fentanilo, metanfetamina y cocaína, con mil 98, 91 y 145 por ciento más, respectivamente, y una disminución de 13 por ciento en heroína y 77 por ciento de mariguana.
- Además, un aumento de 136 por ciento en detenciones de personas vinculadas con la producción y distribución de drogas sintéticas, al pasar de 29 mil 171 a 68 mil 895 personas.
Debido al incremento de aseguramientos de precursores de drogas sintéticas, se estableció una estrategia en la materia y se creó la lista de vigilancia de sustancias susceptibles de uso dual, para dar seguimiento a las sustancias químicas no reguladas y evitar que se utilizaran en actividades ilegales, además que garantizó el abasto para los procesos de la industria y otras actividades lícitas.
“El 28 de abril de 2022 se modificó esta lista, con la eliminación de tres sustancias de las 14 que la conformaban y la adición de 58 nuevas. De este modo, la lista suma 69 sustancias de uso dual para su monitoreo y alertamiento cuando su ingreso y traslado en territorio nacional incumpla la normatividad”, reporta el informe.
Vinculan 70,898 homicidios con crimen organizado
- Una investigación realizada por Intersecta y Data Cívica reveló que la metodología aplicada durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, se mantuvo, por lo menos, durante los dos primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- El informe “Con copia Oculta”, creado por las ONG muestra como los registros del gobierno actual sobre asesinatos, relacionados con el narcotráfico, mantienen casi la misma metodología utilizada durante la “guerra contra el narco”.
- Esta información, destaca el informe, se ha mantenido oculta y ha sido negada por el gobierno federal. Sin embargo, se pudo conocer gracias a la filtración de miles de correos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el colectivo Guacamaya.
En su investigación, Data Cívica e Intersecta detallan que a lo largo de 16 años de la “guerra contra el narco”, el gobierno federal ha elaborado una base de datos de eventos de violencia y homicidios que considera vinculados al crimen organizado y su combate. No obstante, su investigación recopila, principalmente, información de 2017 al 2020.
Es así que durante este periodo, se halló que las autoridades registraron 58,183 hechos violentos en todo el país, que causaron 70,898 muertes; en el 98.9% de los casos reportaron que al menos uno de los muertos era un “presunto delincuente”, a pesar de no tener más información precisa para clasificarlos así.
“Entre 2017 y 2020 fueron asesinadas 130,583 personas en México. Según el Estado, 70,898, la mayoría de ellas (54.2%), fallecieron como consecuencia de la delincuencia organizada y su combate”, se añadió en el informe.
- Lo anterior también resulta una acción de criminalización, ya que en apenas 5.4% de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía y sólo en 52.6% de las ocasiones se anotó el nombre de la víctima, cifra que baja hasta 36% cuando fue resultado de un enfrentamiento en el que las autoridades dispararon. Mientras que únicamente en 22.3% de eventos se reportó alguna acción de seguimiento legal.
Por lo anterior, se destaca que a partir de estos correos se sabe que la información no solamente existe, sino que se recopila y actualiza de forma constante y que se ha mantenido, incluso, pese a los cambios de gobierno y se sigue usando en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
- Ello luego de recordar con exactitud que el 30 de enero del 2019 el actual presidente Andrés Manuel López Obrador declaró “el fin de la guerra contra el narcotráfico”, lo que deja ver la base oculta es que la lógica de la guerra sigue presente.
- La base oculta contiene información sobre agresiones, enfrentamientos y ejecuciones de 2017 al 2020, conceptos similares utilizados durante el sexenio de Felipe Calderón y, ahora sabemos, en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador”, subrayan las organizaciones.
Otro de los hallazgos señala que no sólo hay deficiencias de información cuando se trata de enfrentamientos entre grupos delincuenciales rivales, o hallazgos de cuerpos, que se podrían explicar por una incapacidad para recabar todos los detalles, sino que se nota una preocupante falta de datos en los reportes cuando participan autoridades, lo que lleva a pensar que se trata de sesgos deliberados y malintencionados.
- En casos de presuntos homicidios del crimen organizado, se registró el calibre del arma utilizada el 73% de las veces; pero si fue un enfrentamiento en el que las autoridades también dispararon, aunque sería de esperarse un mejor registro, ocurre todo lo contrario, pues solo se anotó en el 8% de esos eventos.
- Algo similar ocurre con la apertura de investigaciones: se reportó alguna acción de seguimiento legal para 24% de homicidios atribuidos al crimen, pero solo en 8% de las veces en que fue un intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y autoridades.
- Además de que sorprende el vacío de información incluso con el registro de nombres de las víctimas: están anotados para 52% de homicidios atribuidos a criminales o 60% de enfrentamientos entre grupos delincuenciales, pero solo en 36% de los casos en los que también hubo autoridades disparando.
“Estos y otros hallazgos son un reflejo de lo que el Estado cree que es la violencia que más amerita su atención e intervención: la vinculada a la delincuencia organizada (…) Además, revela la solidificación de la estrategia de militarización de la seguridad pública de los últimos sexenios y la estigmatización de las víctimas”.
En un lapso de 4 años: Mueren 1,341 menores en enfrentamientos
- Entre el 2017 y el 2020, el Ejército mexicano tiene el registro de 1,341 menores de edad que fallecieron en el marco de enfrentamientos relacionados con el crimen organizado.
- De esta cifra, en 2017 se registraron 293 víctimas; para 2018 sumaron 212. En 2019 se documentaron 433, mientras que en 2020 se contabilizaron 403.
- Es decir si se comparan los casos reportados en 2017 con el 2020, hay una alza de 37.5 por ciento.
De acuerdo con la base de datos denominada como “base oculta” por parte de las organizaciones civiles Intersecta y Data Cívica, la mayoría de los crímenes están relacionados con el uso de armas de fuego.
En cuanto al lugar de los hechos, la información divulgada por la ONG y que forma parte de las filtraciones del colectivo de hacktivistas, Guacamaya, refiere que la tendencia dominante es la vía pública.
- Sobre los detenidos en los hechos, la base de datos de la Sedena registra apenas 15 en el periodo de tiempo reportado.
- En estos eventos, el Ejército documentó que no fallecieron soldados, guardias nacionales ni marinos. No obstante, se registró el fallecimiento de un policía ministerial.
Cambios en las dinámicas del Crimen Organizado, factor de violencia
El Instituto para la Economía y la Paz en México (IEP) realizó el estudio Índice de la Paz en México, el cual plasma que en los últimos ocho años los homicidios asociados al narcotráfico han aumentado casi un 300%, pasando de 8 mil muertes en 2015 a 23 mil 500 en 2022.
- También dice que las muertes violentas que no estuvieron vinculadas con el narco se mantuvieron entre 10 mil y 12 mil anuales en el mismo periodo.
Un análisis de la organización experta en narcotráfico, Insight Crime, descubrió que los cambios en las dinámicas del crimen organizado son el factor principal en el aumento de la violencia.
Puso el caso de Colima como ejemplo, que actualmente es considerada la entidad más violenta de México. Su situación, según el estudio, se le atribuye en gran medida al auge de las drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina.
- Manzanillo es un punto de entrada para todos los precursores de estos enervantes que ya no requieren grandes cantidades de héctareas de plantíos para su producción.
Por lo tanto, al volverse un flujo de entrada de químicos para la elaboración de drogas sintéticas, se convierte también en un punto codiciado por las organizaciones criminales, que luchan por hacerse del control del tráfico.
- Durango es un buen ejemplo para explicar la tendencia opuesta ya que, al menos en el último año, ha registrado cifras positivas en materia de seguridad y homicidios, pues estos van cada vez más hacia la baja.
- El análisis lo atribuye al dominio que tiene el Cártel de Sinaloa en la entidad, y por lo tanto en la ausencia total de cambios en la dinámica criminal.
- Guanajuato, al igual que Colima, es un estado que debido a los constantes cambios en la logística criminal ha registrado en los últimos cinco años un aumento exponencial de la violencia.
“Mientras que en 2010 nadie hablaba de Guanajuato, hoy es uno de los estados que acaparan los titulares de la prensa”, señaló la directora de investigación del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California a Insight Crime.
Sin embargo, el auge del “huachicoleo” o robo de combustible dio pie a que grupos criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima se apoderaran de la entidad y aumentaran su poder diversificando su agenda criminal con otros delitos como el narcotráfico y la extorsión.
Chiapas es un estado que está llamando la atención de los analistas de seguridad, pese a estar considerada como la tercera entidad más pacífica, pues los enfrentamientos entre grupos criminales han provocado el desplazo de miles de habitantes. “El riesgo es que nuevas zonas del país lleguen a afectarse”, dijo el analista de Crisis Group a Insight Crime.
- Impacto económico. El estudio Índice de Paz México también estimó que el impacto económico de la violencia para el país en 2022 fue de 4.6 billones de pesos (unos 230 mil millones de dólares), lo que representa 18.3% del producto interno bruto (PIB) mexicano y equivale en un costo per cápita de 35 mil 700 pesos (1,988 dólares).
México es la única gran economía mundial que mide el impacto de la violencia en su PIB.
- Este indicador también muestra una caída por tercer año consecutivo, con una reducción de 5.5%, equivalente a 271 mil millones de pesos (15.1 millones de dólares) respecto del año anterior.
- El estudio compara que esta misma cantidad fue seis veces más a las inversiones públicas realizadas en salud y cinco veces mayor a las realizadas en educación en el mismo año.
- El gasto en México durante 2022 para seguridad pública y el sistema judicial fue por 0.6% del PIB nacional, menos que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 1.7%./PUNTOporPUNTO
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