Gobierno LÓPEZ OBRADOR sigue sin resolver SubREGISTROS de #MIGRANTES #DESAPARECIDAS

En este lapso hay nueve estados que concentran los más altos registros de desaparición de extranjeros y son: Coahuila, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Sonora

A cuatro años de la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) no existe claridad sobre el número de personas migrantes desaparecidas en México.

  • Las cifras oscilan desde poco más de un centenar (más de 100 mil) y hasta 35,000 personas, lo que complica el proceso de búsqueda e impide visibilizar el alcance de la desaparición de migrantes en el país. “No hay datos exactos de cuántas personas están desaparecidas desde hace muchos años”.
  • La Comisión Nacional de Búsqueda [CNB, que gestiona el RNPDNO] no tiene un registro claro porque no quieren reconocer que en México están desaparecidas las personas migrantes, y esa ha sido nuestra exigencia, dice en entrevista Ana Enamorado, activista y madre hondureña que busca a su hijo en México desde hace más de diez años.
  • Datos del RNPDNO bajo la categoría de “Migrantes desaparecidos”, de 2008 —año en que repunta la violencia en el país por el combate al narcotráfico— al primer semestre de 2023, el registro arroja 122 casos de personas provenientes de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos y México, la mayoría hombres (72.99 por ciento).

El registro incluye a cinco niñas de menos de 10 años y a 13 menores de entre 10 y 20 años. El número asciende a 137 si se suman las personas inscritas como “no localizadas”.

  • Estas cifras contrastan con las de organizaciones como la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que el año pasado contabilizó 2,000 personas migrantes reportadas como desaparecidas por sus familiares en los últimos 20 años.
  • El Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe, que registró 1,414 casos de Honduras, El Salvador y Guatemala de 2000 a 2022, y el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro), con 1,600 casos atendidos de 2012 a 2020.

El gobierno mexicano también maneja cifras distintas

En mayo de 2022, la senadora Olga Sánchez Cordero reconoció que hasta esa fecha había estimaciones de 35,000 personas migrantes desaparecidas. En contraste, el pasado 17 de marzo, Angélica Neiszer Lujano, directora de Búsqueda de Migrantes en la CNB, afirmó en un foro regional sobre desapariciones, convocado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central, que actualmente hay 1,400 personas migrantes desaparecidas en su tránsito hacia Estados Unidos, sin aclarar el marco temporal.

“No quiere decir que sea un total absoluto”, reconoció, “sino que deja ver el problema de subregistro tan fuerte al que nos enfrentamos”. Enamorado, al igual que la hondureña Génesis Ramírez y la mexicana Graciela Pérez Rodríguez, también madres buscadoras y activistas, coinciden en que este subregistro revela que las personas migrantes siguen siendo invisibles para las autoridades mexicanas y, en consecuencia, no hay acciones contundentes para enfrentar su desaparición.

Casos en aumento

El primer registro de personas migrantes desaparecidas en el RNPDNO data de 2003. Ocurrió en Chiapas, y es un hombre hondureño de entre 35 y 39 años. Desde entonces, las cifras y las nacionalidades no han dejado de aumentar, lo mismo que las entidades donde ocurren estos crímenes.

  • Los estados con mayor número de reportes son Tamaulipas, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. En 2022 se registraron 63 casos, un significativo incremento en comparación con los 12 del año anterior; de enero a junio de 2023 se han reportado 22 casos.
  • Este aumento tiene explicaciones multifactoriales. Una es el crecimiento de flujos migratorios al país en los últimos dos años, explica Tomás Martínez Sánchez, doctor en estudios latinoamericanos y académico de la UNAM.
  • Considera que el incremento se relaciona con las políticas de reforzamiento del control fronterizo, a través de agentes de migración y de la Guardia Nacional en el norte y sur del país, como parte de acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos. “Eso implica mayor visibilización del fenómeno; mayores detenciones, etc”.

En ese sentido, Jérémy Renaux, coordinador regional del Programa de Protección de Vínculos Familiares del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), agrega que el cierre de los cruces fronterizos aumentó la vulnerabilidad de las personas migrantes, pues ahora viajan en condiciones cada vez más extremas al tener que transitar por rutas inhóspitas, limitando su acceso a mecanismos de protección y asistencia humanitaria.

Para Yolice Quero, oficial nacional de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) México, el aumento en el número de personas migrantes desaparecidas puede estar relacionado con los esfuerzos por obtener más y mejores registros, precisando que este objetivo debe traducirse, a su vez, en acciones de búsqueda en vida y en la localización de las personas.

Yesenia Valdez Flores, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) —organización que promueve el acceso a la justicia para familias de migrantes víctimas de violaciones a los derechos humanos— destacó la creación del Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE), que permite denunciar en Centroamérica la desaparición de familiares en México sin tener que trasladarse al país.

  • Problemáticas que persisten: Los retos para lograr que la desaparición de una persona migrante sea registrada también se explican por su misma condición, afirma Martínez: desde el temor a las autoridades migratorias hasta las dificultades para buscar a alguien desde el extranjero dificultan realizar las denuncias.

Valdez señala que estas problemáticas son consecuencia de la falta de acceso a la justicia, entendida como el desconocimiento de los mecanismos de búsqueda y el proceso para denunciar una desaparición tanto en el país de origen de la persona como en el que sucedió el hecho, así como la lejanía geográfica de las instituciones en las que se tiene que abrir la causa. También ocurre que no todas las personas denuncian una desaparición, ya sea por miedo a represalias, por falta de confianza en las autoridades, o para evitar el maltrato por parte de ministerios públicos.

  • “El acceso a la justicia”, subraya, “sigue siendo un privilegio solamente para aquellos que están relacionados con el tema de procuración de justicia, o bien que tienen la posibilidad de contar con una asesoría”.
  • Los relatos de las hondureñas Génesis Ramírez y Ana Enamorado ilustran cómo algunos de estos factores complicaron los procesos de búsqueda de su madre y de su hijo, respectivamente. Aunque sus historias remiten a temporalidades y circunstancias diferentes, los resultados son similares y demuestran que las problemáticas expuestas persisten.
  • Todo rastro de Julia Velásquez Sierra se perdió en México un agosto de 2012, a más de 1,446 kilómetros de su familia y de su país de origen. “Mi mamá huyó de Honduras rumbo a EEUU porque recibió amenazas de muerte”, recuerda Ramírez, de ocho años.

El destino llevó a Julia a radicar en Monterrey, donde desapareció junto a su pareja, un hombre mexicano.

Ramírez, que actualmente forma parte del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe, no recuerda el momento en que se dio cuenta de que su madre desapareció, pues pasaron días sin que se comunicara, lo cual no le extrañó en un principio:

  • “Primero pensé que podría estar muy ocupada, luego que podría ser falta de interés; una puede pensar muchas cosas en estas situaciones”. Pasados los días confirmó que en Monterrey ninguno de sus conocidos sabía dónde estaba su madre.

El registro de una persona desaparecida y su búsqueda también se pueden dificultar debido a que muy pocas veces los reportes ocurren de forma inmediata, ya que a nivel personal procesar que se está enfrentando este delito lleva tiempo. Esto contrasta con el hecho de que, para las autoridades, las 24 horas siguientes a una desaparición son vitales para actuar, precisa Enamorado.

  • En el caso de nosotras, las familias que no somos de México, no podemos activar una búsqueda en 24 horas; para empezar, porque no tenemos una certeza clara de qué está pasando y cómo responder al problema”.
  • La madre activista, que lidera el colectivo Red Regional de Familias Migrantes, perdió contacto con su hijo Óscar López un día de enero de 2010, cuando sostenían una llamada telefónica que, minutos después, se cortó de manera abrupta.

Óscar había partido a Estados Unidos un año antes, pues en Honduras, su país natal, tenía escasas oportunidades laborales. En su camino encontró una propuesta de trabajo en Jalisco, último lugar desde el que contactó a su madre. Hasta la fecha, Enamorado desconoce qué ocurrió con su hijo durante esa llamada y, al igual que Ramírez, cuenta que no reconoció de inmediato que se enfrentaba a una desaparición.

“Yo no entendía si era una desaparición o qué había pasado con él. Y mientras tanto te haces tantas preguntas, y no son horas, son meses y a veces hasta años, cuando decidimos actuar, buscar a una autoridad”, agrega Enamorado.

  • Otro factor es el desconocimiento de la ruta a seguir. Cuando Julia desapareció en 2012, Ramírez era una adolescente. Su hermana mayor interpuso una denuncia, pero no tuvo ningún alcance, ya que la hizo ante un policía que no estaba especializado en atender esos casos. “En ese tiempo no sabía que existían la cancillería y el consulado; no teníamos información de cómo hacerlo”.

Seis años transcurrieron para que Ramírez pudiera recibir asesoría del Movimiento Migrante Mesoamericano, una red de familiares y activistas que coadyuvan en la búsqueda de personas desaparecidas, y en 2022 pudo viajar a México como parte de una de las caravanas que esta ONG organiza desde Centroamérica para que sus integrantes busquen a sus seres queridos. Una década antes, Enamorado también había recorrido el país.

Hasta ahora, ninguna ha encontrado respuestas; desconocen el paradero de Julia y de Óscar, y el porqué desaparecieron. Ramírez solo tiene una corazonada de lo que pudo haberle pasado a su madre. Relata que, por los días en que Julia desapareció, hubo una masacre en un restaurante:

  • “Mi mamá estaba de turno [sabía que era mesera en la ‘zona caliente’ de Monterrey]. Murieron unas diecisiete personas, ella pudo estar entre ellas”. Ninguna autoridad ha confirmado esta hipótesis.

Cuando Enamorado llegó a México en 2012 enfrentó la falta de capacitación de las autoridades ministeriales para atender su denuncia, agravada por el hecho de que no existía la figura legal de “persona desaparecida”, aquella cuyo paradero se desconoce y se presume que su ausencia está relacionada con la comisión de un delito.

  • “En aquellos tiempos era tan complejo porque las familias estábamos totalmente solas; nos daban la espalda tanto autoridades de nuestros países como las mexicanas”.

Al respecto, Martínez confirma que, en esa época, en las procuradurías el término utilizado era “persona no localizada”, una figura que aún existe y que identifica a aquella cuya ubicación se desconoce, pero su ausencia no se relaciona con ningún delito. Puede interpretarse incluso, agrega, que esa persona eligió ocultarse, lo que complica que las autoridades atiendan la denuncia como una desaparición.

En este sentido, la activista Graciela Pérez Rodríguez recuerda que, en su caso, la ausencia de la figura legal de persona desaparecida fue usada como argumento para no activar la búsqueda de sus familiares. “Decían que era peligroso”, dice.

  • Ella tampoco ha obtenido respuestas sobre qué ocurrió con cinco integrantes de su familia; una es su hija, de nacionalidad estadounidense, que tenía 13 años cuando desaparecieron en 2012, mientras viajaban en auto por la carretera de Ciudad Mante, de vuelta a su casa de Tamaulipas tras un viaje a Houston, Texas.

Al menos un migrante ha muerto y/o desaparecido en el gobierno de AMLO

Al menos un migrante ha muerto y/o desaparecido al día en la frontera de México-EU en lo que va del gobierno de AMLO.

  • Así lo indica el Proyecto Migrantes Desaparecidos (MMP por sus siglas en inglés) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que refiere que en los 43 meses que va del sexenio actual han muerto y/o desaparecido mil 701 migrantes en la Frontera México-EU. Uno al día.
  • Este lunes 51 migrantes -entre ellos 27 mexicanos- fueron localizados muertos en la caja de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, con ellos van 291 migrantes fallecidos en la frontera en 2022.

Estos 50 decesos se suman a las cifras del fenómeno -actualizadas al 28 de junio– del MMP sobre los 43 meses que han transcurrido del gobierno obradorista:

  • 2018 (Diciembre): 26
  • 2019: 418
  • 2020: 371
  • 2021: 595
  • 2022: 290

Mientras que entre 2014 y 2018 -parte del gobierno de Enrique Peña Nieto– los datos disponibles son:

  • 2014: 303
  • 2015: 305
  • 2016: 344
  • 2017: 347
  • 2018 (hasta noviembre): 355

Y si bien hubo mil 654 migrantes muertos y/o desaparecidos en los años registrados del sexenio de Peña Nieto, con López Obrador van mil 701 además de que -según el Proyecto Migrantes Desaparecidos- 2021 es el año con más incidentes: 595.

Alberto Cabezas Talavera coordinador de comunicación de la OIM en México refirió que el MMP reporta muertes y/o desapariciones porque:

  • «A veces lo que vas a encontrar es a una persona que reporta que alguien desapareció pero nunca se sabe qué pasó con esa persona, si se encontró el cadáver ni nada parecido. Otras veces vas a tener lo contrario: encuentras un cadáver no identificado, sin documentos y no sabes quién es y las autoridades entierran a la persona».
  • El Proyecto genera su propia estadística pues en muchos países sus sistemas de contabilidad no cubren dicha necesidad; sus datos se basan en información oficial disponible, reportes periodísticos entre otras fuentes para:
  • «Registrar muertes y desapariciones a fin de tener datos más claros de las rutas más complicadas -para los migrantes- y permitir y facilitar que algunas instituciones que se dedican a la identificación de una persona desaparecida/no identificada puedan hacer su trabajo y de alguna manera llegar a la identificación».

A su vez el funcionario de Naciones Unidas subrayó que la estadística del Proyecto no es dato duro final:

«Los datos del proyecto son una aproximación a la dimensión del problema de la muerte y la desaparición en las rutas migratorias de todo el mundo (…) Es un mínimo de casos que hemos logrado contar a través de más de una sola fuente oficial».

El MMP surgió en Berlín en 2014 –tras la desaparición de una embarcación con 91 migrantes en el Mar Mediterráneo- con el fin de llevar un registro del fenómeno en todas las regiones del mundo.

Nueve estados concentran los más altos registros de desaparición de migrates

  • En poco más de cuatro años, es decir, del 1 de enero del 2019 al 10 de abril del 2023, se han registrado 810 desapariciones de migrantes de Centroamérica y Sudamérica en nuestro país en su intento de llegar a Estados Unidos de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
  • En este lapso hay nueve estados que concentran los más altos registros de desaparición de extranjeros y son: Coahuila (125); Chiapas (57); Veracruz (56); Tabasco (56); Tamaulipas (55) y Chihuahua (46). Le siguen Nuevo León (38); Jalisco (33) y Sonora (31).

Especialistas describen que las desapariciones son ejecutadas principalmente por los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivado de la pugna que existe por el derecho de paso entre los corredores hacia el norte, lo que lleva a que los extranjeros padezcan secuestro, extorsión y hasta reclutamiento forzado a sus filas.

  • Rubén Ortega, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), expresa que existe un triángulo. Es un triángulo del terror migrante, porque van a bordo de vehículos o caminando y a cada rato los van extorsionando o los cambian de ubicación, y después desaparecen”, precisa.

El también académico señala que en algunos casos los emplean como una especie de trabajadores casi esclavos en distintos lugares, por ejemplo, sembradíos, bodegas, laboratorios e incluso en labores de halconeo.

  • “En un sinnúmero de tareas refuerzan las estructuras de los cárteles que se quedaron en algunas ciudades o regiones de las rutas de los migrantes. También hay un corredor del terror que comprende Chiapas, Tabasco, Estado de México y Tamaulipas, entre otros”, asevera.

Ortega indica que en medio del triángulo queda, por ejemplo, Matehuala, en San Luis Potosí, donde rescataron a más de 100 extranjeros y es asolada por la delincuencia organizada de distintas células.

  • Armando Rodríguez, director de Proyectos de la División de Seguridad e Inteligencia de Strategic Affairs, expresa que la ruta Veracruz-Tamaulipas es la más corta para llegar a la frontera con Estados Unidos.
  • Asevera que en Veracruz operan diversos grupos criminales como el CJNG y escisiones de Los Zetas; los que alcanzan a llegar a Tamaulipas enfrentan el riesgo de ser desaparecidos por el Cártel del Golfo.
  • “En esos lugares hay más participación de policías municipales en la desaparición de migrantes y esto viene desde hace 10 años, y se ha incrementado, ya que desde hace cinco años los flujos de migrantes subieron.

“¿Por qué Coahuila refleja más desaparecidos? Esto es reciente. Los migrantes buscaron una ruta diferente para evitar ser susceptibles, pero en Coahuila se encontraron que en los municipios cercanos a la frontera están el Cártel del Noreste y el CJNG”, indica.

  • Israel Ibarra, investigador en la Consultoría y Estudios de Migración, Continente Móvil, subraya que en México tenemos la política de securitizacióny mientras se siga fortaleciendo la gente opta por tomar medidas más riesgosas para llegar a la frontera.
  • Indica que en la ley tendríamos un marco legal de política de desarrollo humano, porque existe el artículo 1 constitucional, que obliga al país a garantizar los derechos de cualquier individuo en el territorio independientemente de su nacionalidad.

Sin embargo, “en los hechos, como lo vimos en el incendio en el centro provisional migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo, tenemos una política de securitización aplicada por el Instituto Nacional de Migración (INM), es decir, buscan contener y deportar”, expresa Israel Ibarra.

Jesús Carmona, consultor en derechos humanos, refiere por su lado que en el caso del estado de San Luis Potosí, éste se ha convertido en un lugar de tráfico de personas y de delincuencia organizada, además de que existe colusión por parte de algunas autoridades./Agencias-PUNTOporPUNTO

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