AMLO y sus huestes van Contra el PODER JUDICIAL; la división de Poderes “se tornó letra muerta” con la Presidencia IMPERIAL en 4T

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Diputados de Morena presentaron hoy una solicitud de juicio político en contra de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

  • Los morenistas señalan a Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán por la presunta violación del artículo 127 constitucional, en el que se establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República.

“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 110 y 114, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, venimos a formular la denuncia de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia”, dice el documento entregado en la Cámara de Diputados.

  • El diputado Alejandro Robles Gómez, de Morena, aseguró que los ministros han abusado y faltado a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

“Presentamos esta demanda de juicio político porque no es capricho presidencial, sino es una definición de la voluntad del pueblo de México, para dar esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros que han decidido ampararse”, expresó.

  • Robles Gómez es quien dijo en mayo de este año que van a “obradorizar” el Poder Judicial. Hasta la noche de este miércoles 19 de junio, ninguno de los ministros aludidos se ha pronunciado de manera pública sobre la denuncia presentada en su contra.
  • La morenista Adriana Bustamante Castellano celebró que se haya presentado la denuncia de juicio político contra los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

— “¡Nunca más jueces, jueces, magistrados y magistradas que se pongan en contra de la voluntad del pueblo!”, expresó en redes.

— “¡Nunca más iniciativas que el pueblo proponga y que sean rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación!”, agregó.

Adriana Bustamante Castellanos comentó que la SCJN ha mandado “un mensaje que simboliza la prevalencia del neoliberalismo al estar yendo en contra de las decisiones del pueblo de México e inmiscuirse en el trabajo legislativo y rechazar normativas que se han legislado a favor del pueblo”.

  • Los morenistas explicaron que esta denuncia tiene por objeto que los ministros se sujeten al cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y acatar la soberanía popular expresada en las urnas en el 2018, a fin de que haya austeridad en el servicio público.
  • María Clemente García Moreno advirtió la usurpación de funciones de los ministros de la SCJN al rebatir decisiones del Congreso; esto dijo, ha violentado al país, y por ello esta iniciativa, “porque es importante visibilizarlo”.
  • “La constante intervención de los ministros del Poder Judicial en el ámbito Ejecutivo y Legislativo, ha significado un ataque a la democracia y un ataque a la forma de gobierno republicana y representativa que hemos logrado recuperar con los gobiernos de la Cuarta Transformación”, apuntó.

Por su parte, Juan Guadalupe Torres Navarro señaló que esta acción es definitiva para hacer frente al combate a la impunidad, porque se debe sancionar la corrupción y “los ministros han incurrido una y otra vez en actos de corrupción”.

¿Qué es un juicio político?

El Sistema de Información Legislativa (SIL) define al juicio político como un procedimiento administrativo que aplica cuando los actos u omisiones de funcionarios de alto nivel redundan en “perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.

  • En caso que se determine la culpabilidad del o los acusados en la Cámara a de Diputados, será el Senado de la República quien fije la sanción, misma que va desde la separación del cargo hasta una inhabilitación de uno a 20 años del servicio público.

Para que éste se lleve a cabo, se debe de atender un criterio temporal, es decir, las solicitudes de juicio político se atienden conforme van llegando y, aunque existen criterios para acelerar juicios en específico, la regla general es que se procedan de manera cronológica.

  • Primero, el quejoso puede promover el juicio ante la sección instructora; después, la solicitud llega a la subcomisión de examen previo, dicha subcomisión está integrada por los miembros de las comisiones de Justicia y de Gobernación en San Lázaro.
  • En este caso, son los presidentes de dichas comisiones quienes operarán como copresidentes de la subcomisión.
  • Es decir, será Alejandro Moreno (PRI), presidente de la Comisión de Gobernación y Población, junto con Felipe Macías (PAN), presidente de la Comisión de Justicia, quienes copresidirán la subcomisión.

Cabe destacar que el carácter temporal de los procesos de juicio político podría aletargar la solicitud de los morenistas, pues existen decenas de juicios pendientes, como el promovido contra Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Gerardo Fernández Noroña, Alejandro Gertz Manero, Jaime Bonilla y más.

Finalmente, se recuerda que las personas servidoras públicas pueden ser objeto de juicio político, máximo, hasta un año después de que dejen su cargo, por lo que este criterio puede utilizarse para acelerar algunos juicios políticos; no obstante, no aplica en el corto plazo a los ministros de la Corte, pues aún están en funciones.

Reforma Judicial y Consulta Popular contra los privilegios

Además del amago de juicio político, las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo (PT) esperan el inicio del periodo ordinario de sesiones para promover una reforma al Poder Judicial y un tema para la próxima Consulta Popular que trastoca los privilegios de la SCJN.

  • Tanto Ignacio Mier, Hamlet García y Alejandro Robles, de Morena, como Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), se han pronunciado en este tema, donde la eliminación de fideicomisos, bajos salarios y combate al nepotismo es la constante.
  • Robles Gómez y Fernández Noroña coincidieron en que la iniciativa que se promueva desde la 4T contra el Poder Judicial debe de eliminar los privilegios de la SCJN para que se apegue a la “austeridad republicana” que promueve AMLO.

Por su cuenta, Mier Velazco y García Almaguer esperan que en la siguiente Consulta Popular se le pueda preguntar al pueblo si desea que los ministros de la SCJN deban de ser elegidos por voto popular.

AMLO y la Reforma Judicial

El presidente López Obrador es el mayor promotor de reformar al Poder Judicial. En sus propias palabras, el mandatario asegura que presentará “una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y (que) esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se les entreguen becas”.

  • Entre los privilegios que busca eliminar están los sueldos mayores a 297 mil pesos mensuales, aguinaldos de 586 mil pesos, seguros de gastos médicos por 30 millones de pesos, prima vacacional de 95 mil pesos.
  • Fondo para comer en restaurantes por 723 mil pesos mensuales, 30 días de vacaciones, apoyo de gasolina de 22 mil pesos mensuales, 540 mil pesos mensuales para la contratación de personal particular, pensión vitalicia por su último salario, entre otras.

Asimismo, Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación, señaló que la Reforma Judicial es fundamental para mejorar la impartición de justicia de México. “Necesitamos una Suprema Corte justa y que los corruptos se vayan. Los jueces, magistrados y ministros son como mercaderes del templo, si los dejamos, venderán las estatuas que hay en la Suprema Corte”, sentenció desde una mañanera.

La oposición apuesta por el freno a la iniciativa

Después de que los primeros morenistas se comenzaran a pronunciar en favor de una reforma integral al Poder Judicial, algunas voces al interior de la oposición advirtieron un sentido de “revanchismo” desde el poder, por lo que comenzaron a promover en redes sociales una consigna concreta “la Corte no se toca”.

  • Al igual que “el INE no se toca”, Santiago Creel (PAN), presidente de la Cámara de Diputados, señaló que no permitirá que el oficialismo transforme a modo el Poder Judicial, pues esto atentaría contra el Estado de derecho de México.

Asimismo, sostuvo que AMLO sostiene un encono contra Norma Piña, ministra presidente de la SCJN, todo esto derivado de sus diferencias de criterio respecto a la impartición de justicia en los casos de la esposa de Genaro García Luna y, sobre todo, el fallo en contra del Plan B de la Reforma Electoral.

  • “Le pido que respete la vida institucional del país, al Poder Judicial de la Federación, en donde existen jueces, magistrados, ministras y ministros con plena solvencia moral, técnica, de experiencia que le sirven al país”, dirigió a AMLO.

Juicio político contra ministros: ¿por qué sería improcedente?

El artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades estipula que son motivo de juicio político el ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno republicano, violaciones a derechos humanos, usurpación de atribuciones perjuicios graves a la Federación o violaciones graves y sistemáticas a los presupuestos de la administración pública; y no procederá el juicio político por la mera expresión de ideas.

  • “Como con este artículo de la Ley Federal de Responsabilidades deberá desahogarse la demanda de juicio político presentada en contra de algunos ministros de la Suprema Corte, desde ahora puede pronosticarse su evidente improcedencia”, escribió el ministro en retiro José Ramón Cossío.

  • El tema es relevante porque hace una semana Morena presentó ante un representante de la Corte, el ministro Laynez, las conclusiones del foro que realizó a nombre de su bancada para perfilar una reforma al Poder Judicial que presentaría en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.

Incluso, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier (quien aspira a ser candidato de Morena al gobierno de Puebla), afirmó que la Cámara de Diputados realizaría parlamentos abiertos para abordar el tema a nivel institucional.

  • Además, esto ocurre en el contexto de las diferencias que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado contra el Poder Judicial en cuento a su integración, resoluciones, prestaciones y sueldos.
  • Pero el tema creció después de que asumió la titularidad de la Corte, previa elección, la ministra Norma Piña; y no su cercana la ministra Yasmin Esquivel quien se vio envuelta en un escándalo de probable corrupción por presunto plagio de tesis.

En San Lázaro, el órgano encargado de revisar las solicitudes de juicios políticos es la Comisión Jurisdiccional, misma que no se ha instalado en esta legislatura.

  • En caso de que proceda la petición de Morena, existe la posibilidad de que no sea la primera en ser analizada ya hay una lista de decenas de solicitudes de juicio político interpuestas anteriormente, mismas que están en lista de espera.

Las últimas dos más polémicas fueron las que presentó legisladores de la 4T contra los entonces consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó sus diferencias con el órgano electoral en 2021 y 2022.

  • La bancada de Morena en San Lázaro solo difundió la primera cuartilla del documento; en esta se precisa que, aunque la bancada de Morena respalda la petición de juicio político, designa como su principal representante al legislador Manuel Robledo.
  • Este, en los últimos meses se ha convertido en uno de los principales legisladores mediáticos de la 4T para plantear diversos temas desde plantear que los ministros de la corte deben ser elegidos por «el voto del pueblo» hasta afirmar que el poder judicial debe ser «obradorizado».
  • Tras el anuncio de la demanda, expertos señalaron que Morena y sus fracciones aliadas en la cámara baja necesitan 2 terceras partes de los votos para que proceda el juicio político contra los ministros de la Corte.

La diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, por su parte, dijo que Morena espera tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para el 2024, ya que debido a eso se han bloqueado las reformas emprendidas por la Cuarta Transformación. Sin embargo, justificó la demanda contra los ministros con el objetivo de que los recursos que no sean percibidos con ellos sean utilizados para el presupuesto de la Secretaría de Seguridad.

  • “Yo, de mi manera de pensar, nada más les digo: A ver, ¿cómo es posible que ellos siendo jueces no puedan pensar que cómo la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana va a tener para hacer una escuela profesional, que ya la tiene la Secretaría de la Defensa, cómo van a educar a esas personas de la Guardia, si no hay quien los instruya.
  • Para hacer una escuela de la secretaría de seguridad seguro Rosa Icela lo va a hacer, pero tiene 4 años la Secretaría con Rosa Icela y a poco ya ahorita van a tener el dineral, el instrumento, la estructura y todo para tener una escuela y después de eso, a dónde los van a meter, quiénes les van a hacer los cuarteles, qué les van a ofrecer para que no se corrompan, porque por eso se corrompió la Policía de Seguridad.
  • Entonces, necesitamos cuidar a nuestros guardias, porque si no, ¿por qué hasta los mismos conservadores los piden?, entonces, estamos ante una buena acción, la Guardia Nacional es algo que deberas necesita el país y si no lo cuidamos en que el mismo Poder Judicial no nos apoya en la Guardia Nacional esté instruida por la Sedena, quien tiene el poder y las escuelas y los instrumentos para que no se corrompa nuestra Policía”, expuso la legisladora./PUNTOporPUNTO

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