En 2022 se creó oficialmente y por decreto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el organismo público descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, una institución pública, con personalidad jurídica (capacidad de autoregirse) y patrimonio propios.
Esto quiere decir que podrá firmar acuerdos y celebrar convenios sin depender de una autoridad superior y tendrá infraestructura, personal y todo lo necesario para brindar servicio a quien será su población objetivo: la que no tiene seguridad social.
De esta forma nace una nueva institución, perooo…
En la práctica, sustituye al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que tiene como función principal justo atender a la población sin seguridad social y que también es un OPD, aunque sectorizado en la Secretaría de Salud.
- El problema es ese, que ahora hay dos organismos descentralizados que, uno por decreto, y otro por la Ley General de Salud tienen la misma encomienda, explica David Sánchez Mejía, especialista en derecho y salud pública.
En la Ley General de Salud, se señala que será el Insabi quien atienda a la población sin seguridad social, eso no se ha reformado, por lo tanto, con el decreto parece que habría dos instituciones dedicadas a lo mismo, coincide Juan Ortiz, especialista en Gestión Pública y director de LupaLegislativa, un proyecto digital para explicar a la ciudadanía qué hace el gobierno y cómo lo hace.
- La reforma a la Ley de Salud es imprescindible para evitar duplicidad, a qué se iba a dedicar el Insabi y cuáles eran los alcances de esto. Pero no solo eso, dijo David Sánchez Mejía, sino que también haría falta la reforma a esta Ley porque está enfocada a la federalización y lo que quieren hacer ahora es transitar a la centralización.
- Para operar, el IMSS-Bienestar firmará acuerdos con los estados que deseen adherirse a él (hasta ahora van 15 los que ya manifestaron que lo harán) y que le transferirán su infraestructura y su personal.
- Aquí hay otro problema, porque hasta el momento hay estados que tienen firmados acuerdos con el Insabi, hay otros (ocho en total), como Nayarit, Colima y Tlaxcala, que firmaron acuerdos, desde febrero, con el IMSS ordinario y ahora hay otros que los van a firmar con el IMSS-Bienestar.
“Acá no se sabe y el decreto no lo dice, si es que el IMSS ordinario le va a transferir al IMSS-Bienestar la infraestructura y personal que ya le transfirieron los estados con los que ya firmó acuerdos o qué va a pasar con esto”, dice Sánchez Mejía.
Lo que sí dice el decreto es que la atención a la población sin seguridad social, el IMSS Bienestar la dará con los recursos presupuestarios, materiales, humanos, financieros y de infraestructura que le transfieran los gobiernos de las entidades federativas, con los recursos del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud), así como con recursos federales que se determinen (de estos no se aclara en el decreto cuáles serán y cuánto es el monto).
Insabi dice adiós
En su informe de despedida, presentado el pasado mes de junio el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) reportó al Congreso de la Unión “buenas cuentas”, con un 91 por ciento de abasto de medicinas e insumos, el pago de nóminas en los 32 estados, “cero corrupción” y el “retiro de los malos funcionarios” por corruptos.
- En el último reporte de resultados al 2023, titulado “Informe de cumplimiento de cobertura de la prestación gratuita de servicios de salud, de medicamentos y demás insumos logrado durante la gestión de este organismo descentralizado”, destaca que “el abastecimiento de medicamentos y material de curación cambió del 48 por ciento, que se tenía al cierre del ejercicio del 2021, al 91 por ciento en mayo del 2023″.
“Se trabajó para garantizar el abastecimiento permanente de los medicamentos oncológicos, logrando cubrir el 100 por ciento de la necesidad de dichos insumos” y señala el ejemplo del estado de Guerrero.
- A sólo dos días de su desaparición oficial -con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)- el documento recibido, por la Secretaria General de Servicios Parlamentarios, firmado por Juan Antonio Ferrer Aguilar, asegura que “se realizaron visitas de fomento sanitario a todos los almacenes estatales y jurisdiccionales, para garantizar que las medidas de conservación de los medicamentos fueran las mejores posibles y que los almacenes regionales o locales se convirtieran únicamente en lugares de tránsito”, precisó.
Además, expone que “la homologación de catálogos de medicamentos en las unidades de salud permitió optimizar su utilización y el envío continuo”.
- El informe de resultados destaca la “Transformación del Sector Salud de México 2019-2024″, y resalta que no hay “ningún tema de corrupción en la institución y sí el retiro de malos funcionarios por tratar de sobornar a empresas”.
- En sólo 24 hojas -16 cuartillas de texto, seis con tablas de los recursos enviados a los 32 estados y dos carátulas- indica también que, en “transferencias líquidas”, entregó a los gobiernos estatales 141 mil 643 millones de pesos. En 2020 envió 46 mil 950 millones, en 2021 otros 45 mil 227 y en 2022 49 mil 486 millones de pesos.
- Las transferencias de los “recursos líquidos” y “en especie” fueron “para la adquisición de material de curación, gastos de operación, pago de nómina, medicamentos y otros insumos”.
- También reportó que “el Insabi contrató a 16 mil 731 profesionales de la salud, para hacer frente a la emergencia sanitaria en las 32 entidades federativas del país”, que “fueron devueltos a sus estados”, y con programas del propio Insabi contrató a otros 24 mil 140. Además, contrató 553 médicos especialistas en 43 especialidades.
Insabi dejó sin transparentar 177 mil mdp en sólo dos rubros
En los tres años de existencia, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) gastó 234 mil millones de pesos mediante la figura del fideicomiso con la finalidad de cubrir gastos catastróficos por enfermedades y mejorar la infraestructura sanitaria; sin embargo, el 75 por ciento de esos recursos fueron gastados en total opacidad.
- Reportes financieros revelan que el Insabi destinó entre 2020 y 2022 cerca de 57 mil millones de pesos del Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), para comprar vacunas contra el covid-19, medicamentos, servicios médicos y ambulancias; así como para apoyar el desarrollo de infraestructura en las entidades federativas.
- Sin embargo, los 177 mil millones de pesos restantes que se reportan en el fideicomiso se mantienen en total opacidad, ya que no aparecen en ningún reporte de gastos del instituto, ni tampoco se especifican en los informes trimestrales que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante el Congreso de la Unión.
- Cabe señalar que en 2020 el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud se convirtió en el Fonsabi, pero entre 2015 y 2019 los gobiernos federales destinaron ingresos acumulados por 109 mil 700 millones de pesos, los cuales derivaban del 11 por ciento del presupuesto que fuera aprobado cada año para el extinto Seguro Popular.
A partir de dicho cambio, los montos de ingresos y gastos en el Fonsabi comenzaron a registrar incrementos importantes respecto a lo que se registró en los años anteriores.
- En 2020 se inyectaron 46 mil 305 millones de pesos y para 2021 se registró el récord de ingresos con 92 mil 344 millones. De esta manera en tan solo dos años se habían depositado más recursos a este fideicomiso que en los cinco años anteriores.
- Los reportes de la SHCP añaden que para 2022 los gastos del fideicomiso fueron de 44 mil 214 millones de pesos, lo que representa un decremento de casi la mitad respecto a lo reportado un año anterior.
IMSS-Bienestar no tiene viabilidad económica
Actualmente, el Insabi cuenta con un presupuesto de 107 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2023; dicha cifra es cuatro veces mayor a lo que se destinó para IMSS-Bienestar, la organización que se hará cargo de atender a la población que carece de protección social.
- Para Mariana Campos, investigadora de México Evalúa, el IMSS-Bienestar, programa que absorberá las responsabilidades del extinto Insabi, no cuenta con la capacidad financiera para hacer frente a la carga de trabajo que deberá atender, además de que no cuenta con el servicio de tercer nivel en salud que sí tenía el Seguro Popular.
- “El IMSS-Bienestar no tiene la capacidad financiera, ni institucional, ni el andamiaje institucional para hacerse cargo de la salud de millones de personas como lo hacía el Seguro Popular, estamos hablando de 50 millones de personas. Es un programa minúsculo comparado con el tamaño que debería tener”.
Apenas el 31 de agosto pasado fue creado el IMSS-Bienestar como un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa y de gestión para atender a personas que carezcan de seguridad social en el país.
De acuerdo con el decreto de creación, el IMMS-Bienestar brindará atención médica “bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna (…) con independencia de los servicios de salud que presten otras instituciones públicas o privadas”.
- Reportes de la ASF: A pesar de que los diputados aprobaran la desaparición del Insabi, esta institución todavía tiene cuentas pendientes con las arcas públicas por 6 mil 750 millones de pesos por malos manejos al momento de comprar vacunas y ventiladores para atender la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el Insabi realizó un probable daño al erario por 3 mil 643 millones de pesos por no comprobar la entrega de medicamentos, material de curación e insumos a las entidades federativas para garantizar el servicio personas infectadas que carecieran de seguridad social.
De igual manera, los procesos de adquisición de ventiladores presentaron diversos señalamientos de malos manejos. El primer caso se dio al momento de comprar 2 mil 250 ventiladores a cuatro proveedores donde se presumió un daño por mil 600 millones.
La 4T redujo el gasto en medicinas del Insabi
Durante 2021 se dejaron de ejercer más de 15,498 millones de pesos en medicamentos y atenciones médicas a habitantes sin seguridad social laboral, por diferentes inconsistencias detectadas en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como en el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).
- La posible corrupción detectada, incluye el subejercicio de recursos, pagos y prestaciones laborales sin justificar, así como compra de medicamentos a sobrecosto o pago a proveedores sin justificar.
- La revisión al “Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013)” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), menciona que la falta de recursos equivale una reducción del 24.6% del total de los fondos que se tenía presupuestados.
- “Como resultado de lo anterior, las entidades federativas dejaron de ejercer los recursos destinados para la atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral por 15,498.4 millones de pesos de los 63,086.7 millones de pesos que debieron recibir por Ley, que representa el 24.6%”.
Durante los últimos años diferentes habitantes de las 32 entidades federativas han denunciado la falta de medicamentos para atender distintos padecimientos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el desabasto para atender a los habitantes.
“Esto va para Juan Ferrer, para el doctor Alcocer: Yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos sin medicamentos para atender a enfermos”, expresó el mandatario el 10 de noviembre durante una gira por Colima.
El 22 de octubre López Obrador fue cuestionado por habitantes de Olinalá, Guerrero, quienes le gritaron “no hay medicamentos”. El presidente respondió: ahora no, pero va a haber, es mi compromiso».
“Vamos a hacer realidad el derecho a la salud, que no es un privilegio, es un derecho, de nuestro pueblo, universal, es decir, para todos y gratuitos”.
- La auditoría: La revisión que llevaron a cabo los auditores de la ASF fue al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013) que se creó en 2019 en sustitución, primero del Programa de Inclusión Social (PROSPERA) y después, del Seguro Popular.
El programa está dividido en dos sectores. El primero es: “prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social”. El segundo es “fortalecimiento del acceso efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación”.
- Al fiscalizar los más de 63 mil millones de pesos que se destinaron en 2021 para el programa, los auditores detectaron la falta de documentación para comprobar 711 millones de pesos que tenían que ser entregados a los gobiernos estatales.
“La principal irregularidad detectada en la revisión del programa U013, fue la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 711.3 millones de pesos, la cual representó el 43.9% del monto total por aclarar. Dicha irregularidad fue determinada en 7 de las 32 entidades federativas; cabe resaltar que 402.2 millones de pesos corresponden a pagos realizados en el capítulo 1000 (servicios personales) sin la acreditación correspondiente de la erogación de los recursos”.
Una segunda inconsistencia son los pagos por más de 182 millones de pesos en supuestos sueldos o prestaciones a empleados.
- “En 4 entidades se realizaron pagos excedentes en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados por 182.1 millones de pesos, monto que representó el 11.2% del monto total por aclarar».
- Además, se efectuaron transferencias bancarias por más de 443 millones de pesos sin que se tenga certeza del destino, así como en qué se utilizaron los recursos públicos que se destinaron para la implementación del programa.
- “Se realizaron transferencias de recursos del programa U013 a otras cuentas bancarias sin acreditar la trazabilidad que demuestre el destino final del gasto en los objetivos del programa por 443.0 millones, que representó el 27.3% del monto total por aclarar”.
El subejercicio de recursos
Los auditores también detectaron la falta de reintegros a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por más de 83 millones de pesos.
- “Los recursos o rendimientos financieros no devengados ni pagados, sin ser reintegrados a la TESOFE fue la cuarta observación más representativa por un monto de 83.3 millones de pesos, que representó el 5.1% del monto total por aclarar”.
- En la auditoría se enlista al Instituto de Salud para el Bienestar, dependencia que no ha aclarado 98 millones de pesos que supuestamente utilizó en la compra de bienes, así como siete millones en medicamentos a sobreprecio.
“Se emitió una solicitud de aclaración al INSABI por 98.4 millones por no acreditar la entrega de bienes en especie a las entidades federativas; asimismo, se le observó un monto por 7.3 millones por adquirir medicamentos con un precio superior al contenido en el Listado de Precios de Referencia establecido por la SHCP”.
Otra de las inconsistencias es la transferencia que recibió el Fondo de Salud para el Bienestar por cinco mil millones de pesos, sin que hasta el momento se detalle el motivo.
“Se transfirieron recursos del programa U013 al FONSABI por 16,703.5 millones de pesos, debiendo ser 11,680.0 millones, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud. Como resultado de lo anterior, se transfirieron en exceso 5,023.5 millones, dejando de suministrarlos a las entidades federativas. El monto total que el INSABI debió transferir a las entidades federativas es de 63,086.7 millones”.
- La lista de presuntos actos de corrupción es el pago de más de 3 millones 939 mil pesos a diversos proveedores sin que a la fecha de la auditoría se haya acreditado la entrega total de los bienes a las entidades federativas.
“Asimismo, de la diferencia por 8,997.0 millones, mediante adecuaciones presupuestarias y sin fundamento, el INSABI transfirió recursos a la partida 46101 Aportaciones a Fideicomisos Públicos (FONSABI) por 6,232.3 millones, dejando de suministrarlos a las entidades federativas para la compra de medicamentos; y de los restantes 2,764.7 millones de pesos, efectuó el traspaso al Ramo General 23, por considerarlos como economías, aún y cuando estos recursos corresponden por Ley a las entidades federativas”.
19 clínicas obtuvieron contratos por colusión
Empresas de servicio de laboratorio clínico y de banco de sangre han cometido irregularidades, por medio de colusión en contrataciones durante las administraciones, denunció el Director general del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo.
- En total, 19 empresas han incurrido en actos de colusión principalmente en contrataciones anteriores a la actual administración, afirmó Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública.
- Estas realizaron acuerdos con objeto de repartirse ilícitamente las contrataciones mediante la omisión de información, detalló el funcionario. Por lo tanto, incurrieron en prácticas monopólicas, subrayó.
Detecta 112 contratos de Salud en opacidad
Durante la epidemia de COVID-19, la Secretaría de Salud registró 170 proceso de compra por 3,423 millones de pesos, de los cuales 66% –112 contratos– está en “total opacidad” debido a que no hay documentación que respalde las adquisiciones.
- Este es uno de los hallazgos del estudio «Un año de compras de emergencia, seis propuestas para mejorar» del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el que señala que las compras que se han hecho durante la epidemia han sido “opacas, tardías y otras irregularidades”.
- Respecto a las compras correspondientes a Salud, el IMCO hizo una solicitud de información para requerir los contratos, dictámenes, excepción y documentos anexos sobre esos procesos de compra, a lo que la dependencia respondió que no fue posible localizar evidencia documental que coincidiera con la petición, por lo que se declaró inexistencia de la información.
- “Es decir, a pesar de que existen registros de los procesos de compra en las bases de datos de Compranet, la Secretaría de Salud negó la existencia de las compras. Estas equivalen al 92% del monto registrado en Compranet con referencia clara a COVID-19”, señala el documento.
Por su parte, Fernanda Avendaño, investigadora del IMCO, explicó que se desconoce en qué se gastaron 3,000 mdp de los 112 contratos reportados como sin información, pues aunque la SSa tiene el dato del proveedor, en el campo de hipervínculo para ver el contrato, está vacío.
Para la investigadora, el caso es un ejemplo de las fallas que ha habido en las compras durante la pandemia, por lo que urgió a que se tenga un Identificador de compras de emergencia.
Las compras durante COVID-19
Del primero de enero al 28 de febrero de 2021, fueron registrados un total de 158,392 contratos celebrados por el gobierno federal por 532,00 mdp. De los cuales, 66,059, el 41%, corresponden a las instituciones facultadas para hacer compras de emergencia, por un monto acumulado de 207 mil 935 millones de pesos (39% del total).
Las seis dependencias facultadas para hacer estas compras son las que están en el frente de atención a la pandemia:
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
- Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
- Secretaría de Marina (Semar)
- Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
- Secretaría de Salud (Ssa)
No obstante, ante la falta de un identificador de compras destinadas a la atención de la pandemia, no es posible asegurar que todas las compras se hicieron bajo una justificación de emergencia.
Por lo que IMCO hizo una búsqueda en la plataforma Compranet sobre aquellas adquisiciones referentes a la atención de la epidemia y detectó que la Administración Pública Federal (APF) realizó 4,084 compras con referencia a COVID-19, por un monto de 16,756 millones de pesos. De éstas, el 83%, es decir, 3,423 compras corresponden a las seis dependencias facultadas, un monto total de 16,423 millones de pesos de enero 2020 a febrero de 2021. Entre los que encontraron algunas irregularidades.
Hallazgos e irregularidades
- Compras tardías. Aun cuando se empezó a difundir información de la epidemia desde diciembre, el primer contrato que se identificó para la atención a la pandemia tiene fecha del 4 de marzo, días después de que se registró el primer contagio, en tanto que el primer contrato de IMSS está registrado el 21 de marzo y el de la Secretaría de Salud, el 24 de marzo.
- Casi 1 de cada 2 compras (45%) para atender la emergencia fueronpublicadas entre uno y 327 días después de la fecha de inicio del contrato, en el caso de un contrato de Sedena, que se publico en febrero de 2021 cuando comenzó en marzo de 2020.
- El 47% de los contratos por el gobierno federal fueron otorgados a proveedores que no se localizanen el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC).
- Sobreprecios en las compras. De acuerdo con el IMCO, por ejemplo, la Sedena pagó 2.3 veces más por el mismo medicamento en contratos con un mes de diferencia.
- Además se encontró que se compró a empresasque no son precisamente relacionadas en salud; por ejemplo, la Sedena compró medicamentos para atender la pandemia a una empresa dedicada a la venta de muebles.
Pablo Montes, coordinador de Anticorrupción, señaló que en la revisión que hicieron se encuentran empresas de salud y textiles, lo cual es entendible, pero hay otras que “no son normales”, por ejemplo empresas de muebles, comercializadores, empresas de seguridad o que no tienen objeto social definido, pero que han hecho reparaciones a Semar y Sedena.
Detalló que por encontraron una empresa que había vendido instrumentos musicales en Chihuahua, y ahora medicamentos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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