Si bien México no ha tenido atentados terroristas de gran impacto perpetrados por grupos fundamentalistas como en otra naciones, nuestra país no está exento de sufrir un evento de este tipo sobre todo ahora que cada vez se observan acciones cada vez más cruentas de grupos criminales en contra de civiles, lo que ha reforzado el debate sobre la necesidad de considerar a estos carteles en ese nivel de terroristas.
- Los daños causados a la población civil por parte de actos sangrientos realizados por la delincuencia organizada han puesto el debate acerca de si se deben considerar o no como actos terroristas; con las consecuencias legales y estratégicas que ello implica.
El problema es que el gobierno no tiene una estrategia y menos un plan para combatir un eventual ataque terrorista o lidiar con este concepto que ha provocado decenas de miles de personas inocentes fallecidas, además de grandes pérdidas económicas, tanto para gobiernos, empresas y personas en otros países.
- De acuerdo al análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), “México frente al Terrorismo y cooperación internacional“ la palabra terrorismo ni siquiera está en el Plan Nacional de Desarrollo y apenas se menciona en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) pero como parte del combate al lavado de dinero.
Dicha estrategia advierte sobre los riesgos de la violencia ocasionada por las actividades de la delincuencia organizada, además de los problemas ante un colapso de la infraestructura de importancia social; paz social o combate al delito. No obstante, al igual que el PND, no se hace énfasis particular al tema del terrorismo.
- “El terrorismo es una amenaza a la población y la seguridad nacional a escala internacional, por lo que diferentes países tienen que prepararse para evitar, y en su caso usar los protocolos de emergencia ante este tipo de ilícitos. México no es ajeno a estos riesgos”, advierte el IBD
Detalla que algunas voces han hecho llamados para considerar los actos de violencia ocasionados por la delincuencia organizada en México como actos terroristas, pues los daños y consecuencias de los actos de esos grupo criminales cada vez son mayores tanto en costo de vidas como económicos.
- Según este análisis del IBD, existen testimonios de personas afectadas que han dado cuenta de que las compañías aseguradoras han clasificado la quema de vehículos por parte del crimen organizado como terrorismo, para no pagarles daños pues ese concepto no está bien tipificado en las leyes mexicanas.
- “México está viviendo el fenómeno de la utilización del terrorismo como un método del crimen organizado. Debido a ello, los gobiernos, la sociedad, los medios de comunicación, académicos y líderes de opinión tienen el reto de encontrar métodos eficaces para entender y enfrentar a este fenómeno de manera conjunta y, de tal modo, no caer en el círculo perverso de causar más temor en la mente de la población”, establece
- En varios países de Sudamérica, el terrorismo es una amenaza de seguridad nacional y orden social; en ese sentido, sus gobiernos han realizado políticas públicas para desarrollar la inteligencia que permita prever y evitar estos actos, que han cobrado la vida de cientos de personas en la región. Países como Perú, Uruguay, Brasil y Colombia han sufrido la presencia de movimientos armados de carácter nacional que han usado tácticas terroristas con el fin de alcanzar objetivos políticos.
¿Terrorismo en México?
En el caso de México, se han registrado atentados como el caso del auto bomba en Plaza Universidad de la Ciudad de México; o la destrucción de torres de electricidad en distintas entidades federativas en enero de 1994.
En fechas más recientes, algunos activistas han realizado manifestaciones para analizar la procedencia de declarar como grupos terroristas a las organizaciones que en una o más ocasiones cometan ilícitos con el fin de controlar territorios e instituciones, afectar la paz social y la seguridad nacional.
- Paralelo a ello, funcionarios y políticos de EU, presionan para que los cárteles del narcotráfico en México sean considerados como organizaciones terroristas.
- Al respecto, “el fiscal general Jason Miyares encabeza una coalición de 21 estados que piden al presidente de Joe Biden designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas”.
- De prosperar esa propuesta, habría un cambio en las políticas públicas americanas para contrarrestar las operaciones de la delincuencia organizada procedente de nuestro país.
Los estados que apoyan esa propuesta son “Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidenta.
- Por su parte, Mike Pompeo, exsecretario de Estado (2018 -2021) en la Unión Americana refirióen su libro Never give an inch que en los espacios donde los cárteles del narcotráfico de México ejercen su dominio pueden brindar refugio seguro a terroristas que busquen atacar regiones de nuestro país, o el oeste de los Estados Unidos.
De acuerdo con el autor de dicho libro, estas bandas han tenido acercamientos con grupos yihadistas y el Hezbollah por el comercio internacional de armas y drogas, por loque en el preámbulo de la lucha contra el fentanilo en el país vecino del norte, así como los discursos de las elecciones de 2024, será posible escuchar este tipo de comentarios por parte de funcionarias y candidatos estadounidenses.
El fantasma del narcoterrorismo resucita en México
Cuando un grupo de sicarios acribilla a balazos a vecinos a discreción, quema vehículos que cortan carreteras y sitian pueblos completos, incendia comercios con empleados dentro, como ha observado México estos días, está enviando un mensaje que va más allá de las propias víctimas. Es una declaración de poder dirigida al Estado mexicano y a su población, un recordatorio de quién manda.
- Los múltiples ataques del crimen organizado, que exportaron al mundo la imagen de un país en llamas, han resucitado el fantasma del terrorismo. Un término delicado para cualquier país, más aún cuando el vecino del norte, Estados Unidos, mantiene vigente una cruzada contra él y cuando asumirlo supone también aceptar el fracaso de una estrategia de seguridad que no solo no ha desmantelado los cárteles de la droga, sino que se encuentran más fuertes que nunca.
- Más allá del debate académico y jurídico del término narcoterrorismo y de las agendas políticas a las que le convenga mencionarlo, a ningún vecino de Ciudad Juárez le queda duda de que lo que vivió el jueves pasado, el asesinato a sangre fría de ciudadanos que estaban trabajando o iban a cenar a una pizzería, no se trató, como insistió el Gobierno, de una respuesta del narco «debilitado».
- Más bien que, una pandilla local, Los Mexicles, que hasta ahora no había figurado entre los grandes cárteles, desató sin que nadie lo impidiera el terror en sus calles con el objetivo de frenar el traslado de su líder, Ernesto Piñón de la Cruz, El Neto, a una prisión federal. Es decir, los que murieron en el restaurante o los que perdieron sus negocios, formaban parte de una estrategia más macabra si cabe: cambiar los planes de la autoridad.
Esto en el Código Penal federal mexicano tiene un nombre claro: terrorismo. La tipificación en México no contempla que el grupo tenga que tener un posicionamiento político o religioso, como se asume en los grupos terroristas en otros lugares del mundo.
Simplemente el acto de ejercer violencia contra la población, o bienes públicos o privados, creando «alarma», con el objetivo de presionar a una autoridad a que tome una determinación a su favor, se considera que cumple los requisitos para ser juzgado por este delito. Y los riesgos de pasarlo por alto, según explica el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, suponen «el acrecentamiento de la impunidad».
- «Si tú mediante la violencia logras un efecto en las autoridades para un determinado fin, cada vez que las autoridades quieran operar en ese sentido, quienes se oponen llevarán a cabo medidas semejantes, sabiendo que serán exitosas», explica Cossío.
- El Neto sabía que se saldría con la suya, porque otros lo hicieron antes. El intento de detención de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio, desató el caos en la ciudad de Culiacán (Sinaloa).
El cartel que fundó su padre, entonces ya estaba detenido en Estados Unidos por narcotráfico, sitió la localidad y amenazó con una sangría tal que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la liberación inmediata del heredero. La decisión del mandatario, sumamente polémica, para evitar la matanza de inocentes, sentó un precedente del que se agarraron los sicarios de El Neto en Juárez.
- El experto en terrorismo internacional, Mauricio Meschoulam, explica lo complejo de llamar a las acciones del narco «actos terroristas». Para la definición del terrorismo tradicional, la motivación para ejercer la violencia está clara y suele implicar una reivindicación política o religiosa, pero los motivos del narco en México varían tanto como el propio ecosistema de decenas de organizaciones que conviven en el país.
«El objetivo de los actos criminales es a veces la sociedad en general, no solo las víctimas directas; pero a veces es otro grupo criminal, el Ejército, las autoridades; y otras veces es una combinación de todo lo anterior», señala Meschoulam.
- «No está claro que la motivación del narco sea solo económica, como se suele entender. Para algunos grupos es tanto el poder económico que manejan, que se meten en otros asuntos y no necesariamente su lucha es para ganar más recursos o rutas de tráfico, más bien entran en temas de poder y dominación de territorios. Por eso es importante comprender el fenómeno más allá del debate con el término», añade el experto.
- El investigador en temas de terrorismo y seguridad en México, Brian J. Philips, profesor en la universidad de Essex (Reino Unido) y asociado al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), insiste en diferenciar los ataques del narco como «prácticas terroristas», pero no considerarlos como terrorismo. Philips considera que la distinción es crucial para poder enfrentar el problema.
«Terroristas y criminales a veces usan los mismos métodos, pero tienen motivos diferentes. Eso es lo importante. Grupos con motivos diferentes requieren soluciones diferentes. El cartel Jalisco no quiere su bandera en Los Pinos, no quieren escribir la Ley de Educación. Un grupo criminal quiere que el Gobierno los deje en paz», señala el investigador. «Y la evidencia sugiere que el método de contraterrorismo no funciona bien con grupos criminales», agrega.
- El investigador explica que la estrategia para combatir el terrorismo no es eficaz para desmembrar al crimen organizado en México: «Matando líderes de grupos terroristas puede disminuir la violencia, porque afecta a su reputación. Y esos grupos políticos dependen de su reputación política. Mientras que un grupo criminal, no. La decapitación no tiene los mismos efectos, sino que provoca más violencia. Por eso no son solamente palabras, es necesario que seamos precisos».
- El Gobierno de López Obrador ha tachado de «amarillista» a quienes han comparado los ataques con prácticas terroristas. Sí ha aceptado, no obstante, que existe una «propaganda criminal» por parte de estos grupos. Un mensaje que ha conseguido su objetivo: generar alarma y pánico en la población, tanto la que vivió los atentados, como quienes los observaron por televisión conscientes de que algo así puede suceder en su pueblo.
- «Lo que sucedió está claro en términos jurídicos, se puede acusar de terrorismo con el Código Penal a los que provocaron los ataques. Pero para el Gobierno, aceptar que se cometen actos terroristas, implica asumir públicamente que tienes una política de seguridad fracasada», critica el exministro Cossío.
La etiqueta riesgosa de «terrorismo»
Los riesgos de asumir terrorismo dentro de tus fronteras van más allá, según Meschoulam. Y recuerda que el debate surgió por primera vez en 2010, cuando Hillary Clinton, que era secretaria de Estado de Estados Unidos en el Gobierno de Barack Obama, mencionó que existía narcoterrorismo en México. El país se encontraba en plena guerra contra el narco, que emprendió Felipe Calderón (2006 a 2012).
«Se volvió un tema muy delicado porque cuando lo usan los actores políticos para sus propias agendas, el término se convierte en una moneda de cambio para otros fines», explica.
- «Cuando desde Estados Unidos se asigna esa etiqueta, las consecuencias pueden ser enormes. El mayor problema es la extraterritorialidad de la ley estadounidense, que los faculta para llevar a cabo operaciones especiales, porque están en guerra contra el terrorismo y les permite, a veces sin coordinarse con las autoridades locales, desde ataques militares hasta temas de sanciones internacionales que no solo tienen que ver con lavado de dinero del crimen, sino quién financia el terrorismo», explica Meschoulam.
Cuando el Estado Islámico comenzó a difundir vídeos torturando en vivo y asesinado a cuchillo a sus secuestrados, México ya había observado algo similar años antes. Los cárteles de la droga no solo atentaban contra la población, y lo siguen haciendo, sino que a menudo filman la violencia y la comparten en redes sociales y algunos medios de comunicación se hacen eco de ella. Circulaban ya entonces cientos de vídeos, y circulan, donde se observa a hombres uniformados, armados con AK 47, enviando mensajes a sus rivales, pero también, desollando a gente, decapitándola. Su público es toda la sociedad, es el terror como doctrina.
El día que estalló el terror del narco
El 15 de septiembre de 2008, en la celebración del Día de la Independencia en Morelia (Michoacán), el narco dejó su primer aviso contra la ciudadanía: dos granadas que estallaron en la plaza principal de la ciudad repleta de gente. Murieron ocho personas y hubo un centenar de heridos, según el conteo oficial. Se acababa de declarar la guerra contra el narco y la percepción de la población sobre los criminales cambió para siempre.
- Después, vinieron más matanzas, como la de San Fernando en 2010, donde el narco asesinó a más de 72 migrantes en un ejido en Tamaulipas. Luego, la de Allende (Coahuila) en 2011, donde las autoridades ni siquiera lograron contar todas las víctimas, que se estiman en 300, pues muchos vecinos de ese pueblo fueron disueltos en ácido por Los Zetas.
- En el último año, pueblos completos como Aguililla (Michoacán) y otros municipios rurales de ese Estado y otros de Guerrero han sido tomados por el crimen, miles de habitantes desplazados; localidades de Zacatecas sin policías, colgados de puentes, cadáveres torturados a las puertas de ayuntamientos; masacres en Reynosa (Tamaulipas) contra 14 vecinos, similar a los ataques que vivió Juárez la semana pasada.
- Pueblos como Caborca (Sonora), donde los criminales asedian a la población sin que se desplace un soldado durante horas; fusilamientos a las puertas de un funeral en Michoacán a plena luz del día, minas antipersona en zonas de cultivo. Cuando López Obrador lamentó lo sucedido en Ciudad Juárez y habló de un ataque «nunca visto» a la población, olvidó más de una decena de rincones del país acorralados por el narco.
Culiacanazo 2.0 ¿un acto terrorista?
Las acciones realizadas por grupos de la delincuencia organizada para evitar la captura de Ovidio N, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, podrían ser actos terroristas, tomando en cuenta el Artículo 139 del Código Penal Federal, destacó el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién Santos.
- Al contrario de Sapién, el catedrático de Conacyt de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE, Édgar Guerra, dijo que los actos de violencia de 2019 y 2023 en Culiacán y Sinaloa no encajan con la definición clásica de terrorismo.
- Es un debate donde han estado participando diversos actores políticos, como la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien presentó una iniciativa, y la familia LeBaron, que ha sufrido la pérdida de varios de sus miembros debido a la violencia.
- Asimismo, en Estados Unidos, en su momento el entonces presidente Trump y ahora gobernadores y senadores republicanos están abogando para que se nombre a los cárteles como una amenaza terrorista.
Reglamentos
Aquí un fragmento del Código Penal Federal, que en el Capítulo VI señala que se le impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a 1 mil 200 días de multa a “quien utilizando (…) explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a este para que tome una determinación”.
Por lo tanto, encuadran perfectamente los hechos acontecidos durante el “culiacanazo” con este tipo de conducta, sostiene Sapién.
- En contraste, el catedrático de Conacyt del CIDE Edgar Guerra rechazó que los dos “jueves negros” entren en la definición clásica de terrorismo: “Se refiere a todos aquellos actos de violencia contra el Estado, actores de la iglesia, empresarios, la sociedad que busca aterrorizar, sembrar miedo, con objetivos políticos, religiosos o de cualquier otra índole muy concreta”.
De tal forma que, subrayó, el crimen organizado no busca en México imponer una religión o derrocar un gobierno, lo que se quiere es causar cierto temor en la población con fines de extorsión, explicó.
“Se está tomando como rehén a la población para extorsionar a las autoridades en cuestión”.
- Con él coincidió Marco Antonio Hernández, experto en balística de Pribacrim, quien consideró que no se puede hablar de terrorismo porque la lucha no estaba enfocada en gobierno.
- “No es como que se hiciera un atentado directamente para socavar la instancia gubernamental, sino que es un daño colateral; en un enfrentamiento armado siempre va a haber un daño colateral”.
Ya que si bien a los criminales no les interesaba asesinar a los civiles, sí querían deshabilitar los aviones por el traslado de Ovidio N.
¿Existe el narcoterrorismo?
Por otra parte, David Saucedo, experto en seguridad, consideró que más que terrorismo, los hechos acontecidos en Sinaloa son actos de “narcoterrorismo”, pues aun cuando no va totalmente de acuerdo con la descripción clásica, sí son actos violentos en contra de la población civil con el objeto de generar pánico y obligar a las autoridades de gobierno a asumir alguna postura, siempre con una motivación económica criminal.
“Quizá habría que añadirle el prefijo de narcoterrorismo para señalar que son actos violentos perpetrados por grupos armados en contra de la población civil para obligar a las autoridades a tomar una postura o dejar de tomar una política pública en específico”, dijo. Destacó que también muchos académicos en el país se resisten a usar el término de atentados terroristas debido a que temen la intervención de Estados Unidos en México.
“La intervención de Estados Unidos no es que vaya a suceder, ya sucede, no veo que haya un riesgo adicional a que haya un intervencionismo por parte de los americanos”.
Por otro lado, Guerra, catedrático de Conacyt, señaló que el narcoterrorismo es un término mal empleado. “Hace más daño que lo que explica. No veo actos de terrorismo. En su definición compleja, son actos de violencia para amedrentar a la población”.
- Falta prevención: Los disparos en el Aeropuerto de Culiacán, en los que un avión de la aerolínea Aeroméxico con pasajeros a bordo sufrió impactos de bala por parte de civiles armados, fue una situación que debía preverse, apuntó Sapién Santos, y se tuvieron que haber tomado acciones de inmediato para no poner en estado de vulnerabilidad a los ciudadanos en el sitio.
“Era necesario haber previsto ese hecho delictivo, incluso prever el error, no solamente puedes pensar en un solo escenario, tienes que tener cuando menos tres escenarios, y más cuando hubo una planeación de 6 meses de anticipación a este operativo”.
Saucedo recordó que en México ocurrieron distintos eventos, como la caída del avión de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, donde pudieron estar involucradas organizaciones criminales; sin embargo, nada esto ha sido comprobado, sentenció.
“Que yo recuerde, en México, es la primera vez que se lanza un atentado en contra de una aeronave comercial, en contra de civiles; me parece que es un hecho inédito”
Violencia incrementará
Para Édgar Guerra, es impredecible saber si la violencia podría continuar, pero es probable que sí, sentencia, debido a que cada vez que capturan a una figura del narcotráfico hay una recomposición en los liderazgos, tanto en el Cartel de Sinaloa como en sus rivales.
Ante el caso, el presidente de CNSP, Raúl Sapién, dijo que se debe trabajar en la seguridad y los protocolos para no permitir el reacomodo de la delincuencia organizada y las otras células delictivas tras la captura de Ovidio N.
Así mismo, deben hacer el rastreo de las armas aseguradas para conocer bajo qué esquema de tráfico ilegal de armas entraron al país, pues “al no introducirse armas de manera ilegal a nuestro país, en automático el medio violento y número de homicidios dolosos seguramente tendrá que disminuir”.
Incrementan ataques con narco-bombas, advierte la Sedena
El uso de explosivos por el crimen organizado se ha incrementado y su propósito es generar terror entre la población, consideraron especialistas.
- Las acciones criminales con diferentes tipos de bombas han ido en aumento. La noche del martes, delincuentes emboscaron y atacaron con minas terrestres a personal de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía de Tlajomulco de Zúñiga en una colonia popular de ese municipio jalisciense aledaño a Guadalajara.
La Secretaría de la Defensa Nacional había advertido no sólo del incremento en el uso de explosivos sino la sofisticación de los mismos por parte de criminales.
- Un reporte castrense documentaba 288 ataques con explosivos improvisados entre diciembre de 2018 y febrero de 2022 lo que significaba un incremento de 223 por ciento respecto al sexenio anterior.
- Según el informe, fueron utilizados en esos incidentes mil 342 artefactos explosivos.
- Ante ello, la Sedena indicó que han tratado de variar estrategias como el empleo de unidades antiterrorismo e inteligencia con el fin tratar de contrarrestar los ataques, pero estos no cesan.
Elementos castrenses han acudido a cursos en Belice, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá y España sobre artefactos explosivos y han adquirido RPAS (drones) y AntiRPAS (antidrones) a fin de emplearlos en operaciones militares.
- La Sedena ya advertía que el diseño, sofisticación y componentes empleados (controles electrónicos a distancia, interruptores y medios de iniciación) dan más seguridad y ventajas a grupos criminales y aumentan el grado de letalidad.
- En los últimos años, se han producido distintos incidentes con el uso de drones para lanzar bombas a distancia o el empleo de granadas hechizas colocadas en contenedores de herramientas.
También se han usado coches bomba y minas, principalmente en Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Chiapas, donde tiene presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“(Su propósito) es generar terror, generar inconformidad e incidir en la psicología en toda la comunidad; los artefactos improvisados son los que se han visto en Colombia y regularmente en América Latina”, confirmó el ex director antinarcóticos de la Policía Nacional en Colombia, General Fabián Cárdenas.
- El militar indicó que la fabricación de los artefactos se ha venido gestando por la influencia de desertores de grupos guerrilleros.
- Alberto Capella, socio fundador de la empresa AC Consultores, expuso que el uso de artefactos explosivos improvisados revela una escalada en la violencia criminal.
“En Michoacán se tienen reportados 170 eventos con 801 explosivos; en Guanajuato, 126 eventos con 497 explosivos; en Jalisco y Chiapas son menos de 100 eventos, pero con 227 y 118 explosivos, respectivamente”, detalló.
“Las otras entidades donde los informes oficiales (de la Sedena) reportan que se han utilizado explosivos o artefactos al menos una vez por parte de cárteles son Tamaulipas, Guerrero, Edomex, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Quintana Roo, Colima y Veracruz”, abundó.
Preparan análisis legal contra narcoterrorismo
Ante los ataques que se han registrado a elementos de la Guardia Nacional con bombas en diferentes estados del país, se deben analizar algunas iniciativas que consideren el terrorismo o, en su defecto, el narcoterrorismo.
Así lo consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, quien dijo que, no obstante, se debe considerar en principio el acuerdo entre todas las fuerzas políticas para trazar la agenda que revisarán en el próximo periodo ordinario de sesiones.
- Consultado brevemente, señaló que no se puede anticipar que esté sucediendo algún fenómeno específico de terrorismo: “No se puede generalizar”, dijo, en referencia al concepto de narcoterrorismo, por lo que indicó que en principio se tiene que analizar la situación también con las autoridades respectivas.
“Como los afectados, que han sido integrantes de la Guardia Nacional y otras instancias encargadas de la seguridad nacional del país.
- “No se puede utilizar con facilidad ese concepto (de narcoterrorismo), se tiene que revisar con los encargados de la seguridad respectiva lo que está sucediendo en el país. Entonces, las iniciativas que tengamos en la materia se revisarían a partir de acuerdos con todos los grupos.
“Se buscará una agenda amplia y atender los pendientes”, declaró.
En el Senado ya habían advertido que es necesario que en México se considere al terrorismo como una amenaza real.
A través del estudio del Instituto Belisario Domínguez titulado “México frente al terrorismo, cooperación internacional, trabajo legislativo y políticas públicas”, se explicó que a pesar de que en el país no se han registrado atentados terroristas de gran impacto perpetrados por grupos fundamentalistas, como sucede en otros países, los hechos violentos derivados de actos cometidos por la delincuencia organizada abren la puerta a la consideración de que sean tomados como terroristas.
- Juan Pablo Aguirre Quezada, quien realizó el estudio para el Instituto Belisario Domínguez del Senado, comentó anteriormente a La Razón que, actualmente, la clasificación de los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas “es parte del debate que se llega a tener por parte de las y los legisladores”.
- “En la 64 Legislatura, la que fue de 2018 a 2019, se presentaron 14 iniciativas acerca del terrorismo. Ocho fueron presentadas en el Senado de la República, seis en la Cámara de Diputados, y todas esas iniciativas buscan mayores sanciones, actualizar los códigos penales”, indicó.
Agresiones con bombas, acto de terrorismo: experta
Organizaciones civiles aseguraron que los recientes actos delictivos en donde se utilizan explosivos en vehículos contra autoridades, deben considerarse como terrorismo por el nivel de violencia y sofisticación de sus ataques.
- La directora de Causa en Común, María Elena Morera explicó que ante la falta de una estrategia que combata a los grupos delictivos, se refuerzan y atacan a las autoridades para hacerse del control de los territorios, con un uso de violencia cada vez más sofisticada que les permite perpetrarse en el poder.
- “Ellos pueden hacer los acuerdos que se les antojen porque nadie les dice nada, nadie los ataca, ni combate, por ello se apropian de los territorios y atacan a la población y autoridades para generar miedo. Ellos administran la violencia para sus propios intereses”, dijo.
Señaló que a medida que pasa el tiempo y no se les toca, se van fortaleciendo, mientras que el Estado se mantiene al margen, a pesar de tener mucho mayor poder de fuego.
“Es terrorismo, lo que pasa es que al Gobierno de México le da miedo utilizar esa palabra.
- “A medida que pase el tiempo y no se combata se verán escenarios más fuertes, aparte, que todo está en el marco de un proceso electoral de cambio de administraciones en donde buscan acuerdos con quien puedan llegar al poder a través de la violencia”, indicó.
- La experta en seguridad dijo que si bien no existe una estrategia que combata a los criminales, se debe reformar el artículo 29, para que pueda entrar las Fuerzas Armadas y tomar el control para garantizar un estado de derecho, y paz social para los habitantes.
- “No es brazo duro contra la delincuencia, sino recuperar los territorios y el Estado de derecho, eso es lo que se necesita si no, los ataques se fortalecerán a medida que pasan los meses”, dijo.
La madrugada de ayer, en Jalisco, al menos seis agentes de la Fiscalía y la Policía municipal murieron mientras otras 12 personas resultaron heridas al detonar un artefacto explosivo en un auto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga según lo reportó el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro.
El pasado 28 de junio en Celaya se registró la explosión de un autobomba mientras la Guardia Nacional atendía un reporte de un vehículo abandonado con cuerpos humanos./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro en el Enlace:
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
