Pagos indebidos, incertidumbre jurídica, incumplimiento de las disposiciones normativas, falta de mecanismos de control y contrataciones con vicios, son algunas de las irregularidades detectadas en los últimos tres años por el órgano interno de control de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que absorbió a las empresas estatales Diconsa y Liconsa.
- Desde que inició su operación, Segalmex ha sido señalada en diversas ocasiones por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de ejercicio indebido de los recursos públicos.
En 2022 el gobierno federal denunció ante la Fiscalía General de la República a tres directores de Segalmex, Diconsa y Liconsa por posibles irregularidades en compras y licitaciones. De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública detectó el mal uso de recursos públicos en estas empresas estatales durante 2019, 2020 y 2021.
- Segalmex es un organismo público descentralizado creado el 18 de enero de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para promover la seguridad alimentaria y la nutrición, mediante programas de apoyo a pequeños productores y la distribución de alimentos básicos para la población más vulnerable del país.
Desde las primeras auditorías realizadas a Segalmex por el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, se registraron irregularidades.
En la auditoría 01/2020, el Órgano Interno de Control reveló pagos indebidos por 311.6 millones de pesos del programa Precios de Garantía al programa de Agromercados Sociales y Sustentables a cargo de ASERCA; incumplimiento a la normatividad establecida para la compra del maíz y frijol del ejercicio 2019; falta de evidencia documental que acredite el depósito de la ministración del subsidio a los beneficiarios de leche, por importe de 155 millones de pesos, además de pagos indebidos en la adquisición de bienes y servicios, entre otros posibles actos de corrupción.
Entregan arrendamiento de equipos por 245 mdp
En su primer año de operaciones, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entregó un contrato de arrendamiento de equipo por 245 millones de pesos a una empresa que no tiene empleados registrados ante el IMSS y que, a su vez, subcontrató a una firma inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.
- Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Segalmex entregó a Micro Credit un contrato con vigencia del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2022 para proveer transportadores helicoidales tipo bazooka y sets de laboratorio para el control de calidad del maíz, frijol, arroz y trigo del programa Precios de Garantía.
Segalmex debía recibir 600 sets de laboratorio y 156 transportadores helicoidales antes del 1 de octubre de 2019, pero Micro Credit seguía entregando los equipos en marzo de 2020, el último mes auditado por el Órgano Interno de Control. Un retraso de más de 100 días.
- Pese a ello, Miguel Carrillo Villarreal, director de Planeación y encargado de supervisar el cumplimiento del contrato, no aplicó las multas económicas correspondientes por los retrasos. Incluso, la dependencia ha realizado pagos mensuales a la empresa hasta por 8 millones de pesos a pesar de no haber recibido los bienes en el tiempo pactado.
Además de Carrillo, firmó el contrato René Gavira Segreste, el ex director de Administración.
Fue en el Órgano Interno de Control de Diconsa donde se descubrió que Micro Credit no tenía registrados trabajadores activos ante el IMSS y que subcontrató a Multicorporación Brexot, una empresa que fue inhabilitada en 2020 por entregar fuera de tiempo 250 ventiladores que el ISSSTE había adquirido para hacer frente a la pandemia de Covid-19.
- Según una auditoría interna del ISSSTE, esos ventiladores tuvieron un sobrecosto de 250 millones de pesos, deterioraron la condición de dos pacientes y condicionaron el fallecimiento de uno más en el Hospital 20 de Noviembre de la CDMX porque fallaban súbitamente y no eran volumétricos, que son los requeridos para tratar a enfermos de Covid-19.
- En julio de 2021, MCCI también documentó que Ana Valeria Quintana Contreras, una joven de 24 años y residente de una colonia popular, aparecía como accionista de Gentsai Hoon, la cual formaba parte de una red de seis empresas irregulares que recibieron 800 millones de pesos de Segalmex. De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, Ana Valeria también es representante legal de Multicorporación Brexot.
Garrafones para el agua, el agujero millonario
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), firmó un convenio por 99,9 millones de pesos —unos 5,3 millones de dólares— para adquirir 1,8 millones de garrafones para el agua, de los cuales solo recibió como máximo un tercio.
Documentos a los que tuvo acceso EL PAÍS señalaron un desfalco de al menos 51,6 millones de pesos —unos 2,7 millones de dólares— en la adquisición de este producto en 2019. Los cálculos internos de la paraestatal, enterrada desde hace tiempo en denuncias de corrupción, señalan que del total de los envases adquiridos solo se utilizaron unos 214,000 garrafones a lo largo de los tres años que lleva la dependencia desde que inició operaciones.
La red de Segalmex operaba bajo la idea de comprar productos supuestamente para garantizar la autosuficiencia alimentaria, pero los proveedores nunca entregaban la totalidad de los artículos que Segalmex había pagado. Esto fue lo que sucedió con la compra de carne que publicó este periódico recientemente, y con la de azúcar, revelada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y que ha llevado a la liberación de 22 órdenes de aprehensión.
Este esquema volvió a replicarse con la compra de 1,8 millones de garrafones para ser llenados con agua, que el organismo pensaba repartir en las tiendas de Diconsa para vender a la gente.
- En 2019, Segalmex firmó un convenio con la empresa Productora Procesadora Agrícola de México para adquirir tres tipos de estos envases: se trataba de 605,850 piezas de cinco galones (aproximadamente unos 19 litros), 605,850 piezas de tres galones (unos 11 litros) y 605,850 piezas de cinco litros. Las especificaciones eran que fueran de PVC o PET, unos botellones utilizados normalmente en México, y que tuvieran certificaciones para ser usadas con agua potable. Este periódico intentó reiteradas veces contactar con la compañía proveedora, pero no tuvo éxito.
La empresa firmó con Segalmex una recepción jurídica, una figura poco común en la administración pública y que se utilizó con frecuencia bajo el mandato de Ovalle. Esto significaba que cuando el organismo compraba algo, pagaba a los proveedores la totalidad de los contratos, pero las empresas conservaban esos productos hasta que Segalmex los solicitaba. Esta práctica llevó a que los proveedores nunca terminaran de entregar el 100% de lo que se les había comprado, generando un daño a la Hacienda pública.
En el caso de la compra de los garrafones, solo se entregaron los de cinco galones. Un análisis interno reconoce que Segalmex no sabe cuántos garrafones recibió del pedido de piezas, porque los productos no formaron parte del inventario de la paraestatal. Pero el mismo recuento señala que no se recibió ninguno de los envases de tres galones ni cinco litros. A pesar de que la empresa tenía, según determinaba el contrato, hasta el 31 de diciembre de 2019 para despachar esos productos, solo dio como mucho un tercio de los botellones que se le pagaron.
- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó esta compra puntualmente y señaló irregularidades en el proceso. Por un lado, hizo un análisis de tres facturas presentadas por el proveedor, trasferencias bancarias y pólizas contables con fechas de entre el 20 de diciembre de 2019 y el 9 de enero de 2020. En esos papeles pudo documentar que la paraestatal pagó 99,9 millones de pesos a la empresa, pero el organismo no tiene “evidencia de la recepción de los bienes, no obstante que la fecha límite de entrega era el 31 de diciembre de 2019″.
Además de la falta de entrega de los productos, la ASF registró irregularidades en la adjudicación de la compra a la empresa Productora Procesadora Agrícola de México. Durante el proceso se hizo una investigación de mercado y se compararon presupuestos de varios proveedores. Segalmex eligió a esta empresa a pesar de que ofrecía el producto a un precio mayor que sus competidores.
“No se documentaron ni justificaron los criterios bajo los cuales, de los tres proveedores consultados, se adjudicó el pedido a Productora Procesadora Agrícola de México, S.A. de C.V., aun cuando presentó la cotización más costosa”, dice la auditoría. Lo adquirido, comparado a lo que podría haberse comprado, tenía un sobreprecio del 14%.
Quien debía controlar que la compra se ejecutara con normalidad, de acuerdo al contrato, era Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial de Segalmex y brazo operativo del titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira.
Este último dejó la dependencia en junio de 2020 envuelto en acusaciones de corrupción y actualmente es buscado por la justicia por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por una compra irregular de azúcar a la empresa Servicios Integrales Carregin, que se hizo bajo el mismo esquema. Este periódico buscó su versión la adquisición de los garrafones, pero no obtuvo respuesta. Lozano Jiménez está actualmente detenido por el fraude con el azúcar.
El cálculo de Segalmex, según señala un análisis interno, estima que los únicos garrafones que fueron finalmente utilizados para vender agua a la gente fueron unos 214.000 de cinco galones. Segalmex había pagado en total por 1,8 millones de garrafones, por lo que solo se utilizó el 11% del total de los envases adquiridos.
- Plantas de agua irregulares: Los garrafones que sí entregó el proveedor fueron utilizados por dos empresas a las que Segalmex les compró agua: Servicios Integrales Carregin —involucrada en el fraude del azúcar— y Gainmate Comedores Industriales, que comparte representante jurídico con la primera.
Los envases fueron enviados a unas plantas de purificación y envasado de agua que habían levantado Carregin en asociación con Segalmex dentro de los almacenes de Diconsa. De acuerdo a un documento al que tuvo acceso este periódico, Diconsa compró en 2020 unos 3,4 millones de pesos en agua con estos garrafones, y unos 1,5 millones de pesos en 2021.
Estas plantas de agua fueron construidas bajo múltiples irregularidades, como lo adelantó esta semana Nmas. Primero se planearon unas 274 purificadoras, pero solo alcanzaron a hacerse unas 25, que dejaron de operar en 2021 y actualmente se encuentran abandonadas. Eran de inversión privada pero se levantaron dentro del territorio perteneciente a Diconsa, por el que no pagaban una renta.
Tampoco pagaban por servicios como la luz o el agua. Esto quedó registrado en una auditoría de la Secretaría de la Función Pública, en la que se documentó que las purificadoras “se encuentran conectadas a las líneas eléctricas de los almacenes”, motivo por el que registraron “incrementos en las cuotas por consumo de energía eléctrica”.
Las plantas también estaban conectadas a las líneas de agua, lo que provocaba problemas en comunidades en las que escasea el agua. La auditoría señala además que no hay ningún “documento que acredite la situación jurídica de la instalación” de las plantas.
- Otro punto que documentó la Función Pública es que, como los garrafones que costaron casi 100 millones de pesos al erario no forman parte del inventario de Diconsa, ni de las empresas involucradas, terminaron perdiéndose o quedando abandonados en las plantas, que también cerraron sus puertas.
Para construir estas purificadoras, Segalmex firmaba convenios de colaboración con empresas privadas en las que establecían las bases del acuerdo, y a los que ha podido acceder este periódico. Allí, Segalmex se comprometía a poner inicialmente 500.000 garrafones vacíos para que las empresas pudieran llenarlos con agua y vendérselos. Esto era así porque supuestamente los recipientes habían sido comprados para “ser donados a los beneficiarios del programa”.
La dependencia pública aseguraba que comercializaría esos productos en unos 13.040 puntos de venta, siempre de acuerdo a los convenios firmados tanto por Lozano Jiménez, como por Gavira. Los documentos señalan que se trata de “información confidencial” y que tienen vigencia hasta septiembre de 2024.
Segalmex firmó la asignación de contratos por montos millonarios a empresas fachada
Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revelan que desde la Dirección de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria (Segalmex), a cargo de René Gavira Segreste, operó una red de corrupción que abarcó a los tres organismos encargados de garantizar la producción y abasto de productos alimenticios de primera necesidad para la población más vulnerable –leche, maíz, frijol, arroz, trigo– y que además se ocupan de fijar precios de garantía para pequeños productores agrícolas y agropecuarios del país.
- Las auditorías de la ASF, los reportes y el seguimiento financiero a compañías y supuestos empresarios, muestran que Gavira Segreste, en coordinación con Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Segalmex, firmaron la asignación de contratos por montos millonarios a empresas fachada, al igual que a compañías que no tenían capacidad o los giros comerciales que requerían las empresas Diconsa y Liconsa.
- En los dos primeros años de operación de Segalmex, una institución creada en enero de 2019, la ASF detectó irregularidades financiero-administrativas que sumaron 12 mil 806 millones 651 mil pesos, equivalentes a 16.9 por ciento del total de los recursos ejercidos en 2019 y 2020, que ascendieron a más de 75.6 mil millones de pesos.
Datos en poder de la FGR abarcan también pagos realizados por Segalmex, Diconsa y Liconsa por adelantado por decenas de millones de pesos a transportistas, supuestos productores o centros de almacenamiento que no pudieron acreditar la prestación de los servicios ni la entrega de productos o bienes en las tres instituciones. Hubo casos en que los registros se escribieron a mano en documentos que no correspondían a esquemas de contabilidad ni a los programas digitales respectivos.
Da Segalmex 142 mdp… ¡a empresa de hielo!
Segalmex pagó, en este sexenio, más de 142 millones de pesos por un presunto embarque de azúcar a una empresa que sólo tenía siete empleados y vendía hielo y agua purificada.
- Servicios Integrales Carregín, la compañía en cuestión, fue constituida el 4 de octubre de 2018 en la Ciudad de México por Jorge Saúl Romero Valencia y Dafne Ivana Pomar Colín, con un capital social mínimo de 50 mil pesos.
- De un año a otro, sus ingresos dieron un salto de 222 mil 788 pesos a 346.9 millones de pesos.
La transa de supuestamente comprar toneladas de azúcar a una empresa que producía hielo, fue fraguada por René Gavira, ex jefe de la Unidad de Administración de Segalmex, quien se encuentra prófugo.
El 23 de abril de 2020 Gavira firmó con Carregín un «Convenio para suministro de productos para la comercialización o distribución», pero en su indagatoria la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que dicha empresa en realidad fue utilizada como «fachada» para simular un contrato y desviar dinero.
El 6 de abril de 2022, el IMSS informó a la FGR que dicha persona moral ya sólo tenía reportados a tres trabajadores. En 2020, cuando suscribió el contrato azucarero, tenía siete empleados en su nómina.
- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a la Fiscalía que en sus constancias de situación fiscal, dicha razón social «manifestó como actividad económica la purificación de agua y comercio al por mayor de agua purificada y hielo».
- Según el registro que hizo la propia empresa ante el SAT, el 75 por ciento de su actividad era todo lo relacionado con purificación de agua y comercio al por mayor de agua purificada y hielo; 15 por ciento, la venta al por mayor por comisión y consignación, y 10 por ciento el comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias.
En los documentos hacendarios, en los que manifiesta su intención de darse de alta como proveedor de garrafones de agua, Carregín reportó ingresos en ceros en 2018 y no contar con activos de mobiliario de transporte.
Un año después precisó que sólo tuvo ingresos de 222 mil 788 pesos en el rubro de ingresos por partidas discontinuas y extraordinarias e ingresos no usuales y no frecuentes.
«Además, que en 2020 presentó ingresos por 346 millones 980 mil 29 pesos; situación anómala que una moral en cuestión de un año haya pasado a manejar ingentes cantidades de recursos, aunado a que manifestó sólo tener 6 trabajadores y activos en maquinaria tan sólo por 125 mil 190 pesos y mobiliario por 406 mil 48 pesos», señaló el juez al librar la captura.
Estafa lechera en Segalmex
El desfalco a Segalmex mediante dos contratos fraudulentos de leche alcanza los mil 700 millones de pesos debido a que se hizo por partida doble.
Segalmex no sólo pagó por los procesos para obtener leche en polvo y crema, sino que además entregó la materia prima, es decir, la leche bronca que debía ser deshidratada, pero las empresas contratadas no le regresaron ni el producto ni el dinero.
En su investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que, además de pagar 435 millones de pesos por contratos incumplidos de deshidratación, Segalmex entregó leche con un valor de mil 251 millones de pesos que las empresas no le devolvieron procesada.
- Los convenios fueron suscritos por Diconsa y Liconsa en 2020 con Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac) y Grupo Vicente Suárez 73.
- La FGR concluye que, tomando en cuenta el pago del contrato y el valor de la materia prima, Coprolac recibió mil 228.4 millones de pesos, mientras que Vicente Suárez 73 obtuvo 458.6 millones de pesos.
«Quisieron justificar el pago de un supuesto procesamiento, deshidratado y la maquila de leche bronca a polvo, que también incluía la obtención de la crema, lo cual no se materializó.
«En los archivos de Liconsa, no obra documentación alguna que soporte o ampare el procesamiento del producto», dice el expediente de la FGR.
De Grupo Vicente Suárez 73, ya fue vinculado a proceso Édgar Alejandro Armenta Peralta, socio y representante legal de la firma.
Los jueces hallaron elementos que vinculan a Armenta con René Gavira Segreste, ex titular de Segalmex.
- La Auditoría Superior de la Federación confirmó que la empresa incumplió con el procesamiento de leche pactado con Liconsa.
- La FGR suma 27 carpetas de investigación por los desfalcos a Segalmex, aunque un ex directivo de ese organismo se convirtió en asesor del Fiscal Alejandro Gertz.
- Se trata de Roberto Antonio del Valle, ex gerente de Estrategia Institucional y Comercial de Segalmex y uno de los colaboradores más cercanos de su ex director general Ignacio Ovalle.
La cercanía de Ovalle con Del Valle se remonta a la época en la que ambos militaban en Movimiento Ciudadano (MC) y encabezaban la Fundación México Con Valores.
Hoy, de las 25 órdenes de captura, la FGR ha detenido a 12 de los imputados. Sin embargo, sólo 4 han sido vinculados a proceso y están presos, mientras que los 8 restantes han quedado en libertad.
- Y dispersan a privados botín de Segalmex: Las dos empresas investigadas por la estafa lechera a Segalmex, dispersaron entre empresas y particulares parte del dinero público que obtuvieron de los contratos que incumplieron con el organismo federal que sustituyó a la ex Conasupo.
La Fiscalía General de la República (FGR) encontró que de los más de 435 millones de pesos que Liconsa pagó a las empresas Coprolac y Vicente Suárez 73 para procesar la leche bronca, un total de 294 millones de pesos fueron dispersados o triangulados a cuentas bancarias de empresas y particulares que quedaron plenamente identificadas en la investigación.
En el caso de Coprolac, que de Segalmex recibió en su cuenta bancaria 243.7 millones de pesos, transfirió 117.7 millones a ocho personas físicas y morales entre enero de 2020 y diciembre de 2021.
Los beneficiarios son Óscar Iván Medina González, Importaciones Juárez Martínez, Le Cuisine Banquetes, El Trébol de San Juan, Juan Carlos Burillo González, Productos Loneg, Carlos Ernesto Herrera Reza y Servicios Dominsil.
En tanto, de los 191.4 millones de pesos que Segalmex pagó a Grupo Vicente Suárez 73, esta empresa transfirió 176.2 millones a 11 compañías y personas.
Los destinatarios fueron nuevamente Productos Loneg, Nasí como Negocios Estratégicos de Infraestructura, Comercializadora Maynur, Polietilenos del Sur, Printallaminación y Carlos David Sotelo Lozano.
También Fernando Carrillo Alfonso, Leche Diecinueve Hermanos, Ana Paula Luna Castañeda, Karen Alicia Pizarro Magallane y Lorena Soto Cedillo.
Fraude a Segalmex es de 9 mil 500 mdp y no 15 mil mdp: SFP
Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dio a conocer que las irregularidades en las cuentas públicas 2019 y 2020 en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ascienden a otra cifra de lo informado.
- Son 9 mil 500 millones de pesos y no 15 mil millones de pesos. En conferencia mañanera, el secretario dijo que en 2022, la fiscalización a Segalmex arrojó observaciones por 9 mil 500 millones de pesos.
De ese monto, 6 mil millones de pesos fueron señalados por la SFP y 3 mil 500 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
No obstante, se informó que el monto de irregularidades era mayor, lo cual no es así, precisó.
“La cifra de 15 mil millones de pesos que se ha manejado recientemente en la opinión pública, como los presuntos montos de las irregularidades en Segalmex, Liconsa y Diconsa, no es precisa y no está fundamentada. Como se informó en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales 6 mil millones de pesos fueron señalados por la SFP y 3 mil 500 millones de pesos por la ASF».
Mencionó que las afectaciones patrimoniales aún deben aclararse y, por lo tanto, no se pueden tomar de esa manera.
“Es importante puntualizar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden considerarse daños patrimoniales hasta tanto no se hayan agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o el resarcimiento de los daños. Esto es así porque las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarlas o para dejar en firme una presunta responsabilidad”.
El funcionario dejó en claro que no se entregaron los documentos justificativos de gastos y demás comprobantes.
“Segalmex, Liconsa y Diconsa están recopilando evidencias para aclarar las observaciones, pues la información estaba dispersa, como lo informé en su momento, en las diversas oficinas de las entidades en los estados de la república. Es así que la SFP ha recibido información de 2 mil millones de pesos de los 6 mil observados cuya procedencia está en proceso de dictaminación»./Agencias-PUNTOporPUNTO
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