Sin Resolver actos de CORRUPCIÓN con PEÑA y AMLO; familiares y socios DISFRUTAN de TOTAL IMPUNIDAD

Ninguno de los 16 casos más emblemáticos de corrupción de los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña Nieto ha sido resuelto. En el mejor de los casos, solamente se cuenta con un avance del 60%, pero el promedio total de resolución es del 25%, informó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

• De 16 casos de corrupción analizados (nueve del sexenio actual y siete del pasado), los desvíos de recursos implican al menos 26 mil 738 millones de pesos, explicó la organización.

“Se identificó que el grado de avance promedio en la resolución de los casos es de solo 25% y ninguno de ellos supera el 60%, por lo que aún está muy lejos que pueda decirse que se acabó la impunidad. Ni uno solo de los casos de corrupción del sexenio pasado o el actual ha quedado resuelto en su totalidad, lo que resulta inaceptable”, añaden.

• Para llegar a estas conclusiones, MCCI construyó el “Tablero de la Impunidad”, una herramienta para que ciudadanos, periodistas e investigadores puedan conocer qué ha pasado en realidad con los principales casos de corrupción del sexenio pasado y el actual, así como los detalles de las investigaciones y juicios contra las personas involucradas.
• De las 212 personas involucradas en los casos de corrupción, sólo se han iniciado procesos penales contra 85 de ellas, por lo que 60% de los implicados no han sido investigados ni procesados por la justicia.

“En el caso de La Estafa Maestra, por ejemplo, sólo ha habido nueve procesos a pesar de que hay identificados al menos 80 presuntos responsables. En el caso de Segalmex, destaca la impunidad del exdirector de la institución durante los desfalcos, Ignacio Ovalle, quien fue premiado con otro puesto público en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), a cargo de la Secretaría de Gobernación. Exigimos que todos los implicados en los casos de corrupción sean investigados y, en su caso, procesados para poder hacer un deslinde de responsabilidades real a través de un juicio apegado a Derecho”, explicó MCCI.

De igual forma, de los 212 responsables, únicamente ocho juicios han transitado por todo el proceso penal, por lo que apenas 4% de las personas involucradas han recibido una sentencia.

• En promedio, los casos de corrupción del sexenio de Peña Nieto suman ya 6 años y 4 meses sin ser resueltos; mientras que los del sexenio de López Obrador ya superan 3 años sin una resolución jurídica o un avance significativo en las investigaciones.
• La presidenta de MCCI, María Amparo Casar, acompañada de Diana García Angeles y Leonardo Núñez González, señaló que el Tablero será una herramienta que se seguirá actualizando en tiempo real para saber en todo momento si realmente ya se acabó la impunidad, pues “no basta con palabras para terminar con la corrupción y es necesario hacerle un marcaje preciso a estos y todos los casos no resueltos de corrupción”.
• El evento estuvo acompañado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyos integrantes denuncian falta de resultados y avances en resolución de los casos de corrupción en el Tablero de la Impunidad.

María Amparo Casar explicó que, aunque hasta el momento los resultados del Tablero no se han compartido con las y los aspirantes a puestos de elección popular, sí se les podría hacer llegar en un futuro cercano.

• Actualmente, con un nivel de impunidad entre ocho y 10 se encuentran los casos de los presuntos actos de corrupción de familiares de AMLO, los moches en el DIF, los Diezmos de Delfina en Texcoco, la utilización de la FGR por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero contra sus enemigos, las operaciones con empresas fantasmas de la Cooperativa Cruz Azul, las irregularidades en el Indep y los desvíos en los Cendis.
• Mientras que calificados entre cinco y siete, se ubican los casos de Segalmex, la corrupción en la Conade, la Estafa Maestra, Odebrecht, los espionajes con Pegasus y los contratos millonarios de medicamentos con empresas relacionadas al superdelegado Carlos Lomelí. Los casos con menos nivel de impunidad son la Línea 12 de Metro, Agronitrogenados y la Operación Safiro.

Jorge Alberto Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, reconoció el proyecto presentado por MCCI y destacó la necesidad de contar con herramientas transparentes e imparciales para consultar y dar seguimiento a este tipo de delitos.

El presidente del CPC reconoció que la impunidad y la falta de seguimiento adecuado a los casos han llevado a una desilusión generalizada entre la población, fomentando un fatalismo que socava los principios democráticos. Alatorre enfatizó la importancia de exigir mayor eficacia a las instituciones en la lucha contra la corrupción.

4% de avance en el proceso penal del caso familiares de AMLO

En el Tablero de Impunidad, en una sección dedicada a los familiares del presidente, MCCI asegura que ellos han estado envueltos en presuntos actos de corrupción.

• Desde videos filtrados donde se observa a sus hermanos recibiendo dinero en efectivo, la Casa Gris donde vivió su hijo José Ramón, la empresa de cacao de su hijo Andrés que presuntamente se beneficia del programa Sembrando vida, e incluso los contratos que su prima ha recibido del gobierno.
• No obstante, todos han gozado de inmunidad, ningún caso ha sido sancionado en materia penal y, en el caso de Pío López, la FGR le ha dado carpetazo. Dada la cercanía del fiscal Gertz con el presidente, es casi imposible que la FGR lleve a cabo acciones para investigar y sancionar los casos que vinculan a la familia López Obrador.

Los hechos van desde la filtración de videos del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta las nuevas tienda de Chocolates Rocío en Tabasco.:

• El 20 de agosto de 2020 se filtraron videos de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero de David León. Presuntamente fueron recursos utilizados para financiar la campaña de AMLO.

Al día siguiente de la revelación del video, AMLO declaró que: “como se están ventilando casos graves de corrupción como el de Lozoya, nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir que todos son lo mismo …. en el caso del video de mi hermano, hay notorias diferencias en relación con los otros asuntos”.

• El 24 de agosto de 2020 la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos electorales y delitos relacionados con actos de corrupción.

El INE solicitó a la FGR tener acceso a la carpeta de investigación de este caso, sin embargo, la información le fue negada bajo la excusa del secreto ministerial. Ante la negativa, el INE promovió un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano que resolvió que la FGR debía brindar la información solicitada al INE.

La FGR, en su afán de mantener la carpeta de investigación bajo llave, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no tuviera la obligación de entregar la información. En abril del 2022, la ministra Yazmín Esquivel le otorgó una suspensión a la FGR para que no entregara la información. Tiempo después, la controversia fue desechada.

• El 24 de octubre de 2022, después de más de dos años que el escándalo salió a la luz, la FGR decidió darle carpetazo al caso y no ejercer acción penal en contra de Pío López, permitiendo que el caso quedara impune y el hermano del presidente, intocable.

• El 8 de julio de 2021 se filtraron videos donde Martín Jesús López Obrador, también hermano del presidente, recibía dinero en efectivo por parte de David León. Dinero que presuntamente fue utilizado para la campaña presidencial de AMLO en 2018.

Se presentaron quejas y denuncias ante el INE y la FGR, pero hasta la fecha, no ha habido avances en la investigación y sanción de este caso.

Investigación de Latinus y MCCI

El 27 de enero de 2022, una investigación de Latinus y de MCCI reveló que José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador vivía en una lujosa residencia de Houston, ahora conocida como la Casa Gris.

• El propietario de la casa es un alto directivo de la compañía Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos con Pemex por más de 151 millones de dólares.
• AMLO declaró que “en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado; en el asunto del matrimonio ahí está complicado meterse.
• Ellos se casaron, al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada qué ver con el gobierno ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”.

Ha habido denuncias ante la FGR; sin embargo, hasta ahora no hay ningún avance. Además, la Secretaría de la Función Pública determinó que no había elementos que demostraran una falta administrativa, por lo que cerró la investigación de este caso.

• El 3 de diciembre de 2020, una investigación periodística reveló que Felipa Obrador Olán, prima del presidente Andres Manuel López Obrador, era propietaria de una empresa contratista de Pemex, Litoral Laboratorios.
• La empresa ha recibido contratos por más de 365 millones de pesos. Ante esto, el presidente López Obrador expresó que: “No somos iguales, aunque se trate de familiares no va a haber corrupción”.

Como resultado, Pemex rescindió los contratos que tenía con Felipa Obrador, dado que AMLO había expresado que no podrían asignarse contratos a sus familiares.

A pesar de que Pemex rescindió los contratos con la empresa de Felipa Obrador, el 9 de noviembre de 2022 se reveló que la empresa Litoral Laboratorios, la cual es propiedad de Felipa Obrador, obtuvo un contrato con el ISSSTE el 14 de febrero de 2022, el cual terminaría hasta el 14 de julio de 2022.

• El 28 de noviembre de 2021 una investigación periodística reveló que a través del programa Sembrando Vida se inició el cultivo de cacao en Tabasco, pese a que la comunidad no estaba de acuerdo con este cultivo.
• Esto, probablemente, con la finalidad de beneficiar a Hugo Chávez Ayala, quien era compañero de escuela de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente y con quien presuntamente tiene vínculos empresariales a través de la venta de cacao para su empresa Chocolates Rocío.
• Al día siguiente de que se reveló la investigación, AMLO declaró que no es cierto que Chocolates Rocío se beneficie del programa Sembrando Vida. El 19 de abril de 2022, se abrió la segunda tienda de Chocolates Rocío en Tabasco.

Al día de hoy, no ha habido ninguna denuncia penal para la investigación del presunto conflicto de interés o tráfico de influencia que puedan existir en este caso.

Los casos que han manchado al gabinete de AMLO

Por años, una de las principales arengas de Andrés Manuel López Obrador ha sido el combate a la corrupción, pero los hechos demuestran que el “principal cáncer en México”, como lo ha señalado el propio mandatario, sigue expandiéndose por todo su círculo cercano.

Muestras hay muchas, tanto dentro de su familia como en el gabinete de quien hoy ostenta la silla presidencial.

Una de las frases más utilizada por el inquilino de Palacio Nacional es que “las escaleras se barren de arriba para abajo” en referencia a la “limpia” que -según él- se está realizando dentro del gobierno. Sin embargo, pareciera que las cerdas de la escoba no han llegado a los personajes más cercanos a la 4T.

• Manuel Bartlett. Uno de los más claros ejemplos de ello es el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, quien sin importar los escándalos de corrupción o ineptitud en los que esté involucrado, el político poblano goza del total respaldo del presidente de la República.

Esto volvió a quedar de manifiesto el miércoles 30 de diciembre, cuando López Obrador le dio un nuevo espaldarazo ante las voces que piden la renuncia del titular de la CFE, tras el apagón nacional ocurrido el pasado lunes, y que de acuerdo con las explicaciones del propio Bartlett, se debió al incendio en unos pastizales ubicados en Tamaulipas, lo cual ha sido desmentido por el propio gobierno estatal, e incluso, acusó a la Comisión Federal de Electricidad de haber falsificado un documento con el que buscaba responsabilizar a la administración tamaulipeca.

• Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe una campaña en contra de Bartlett Díaz y dejó en claro que quien se mete con el titular de la CFE, se enfrenta con el mismo presidente, ya que fue él quien lo nombró.

“Es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores y muchos, yo respeto a todos, hay un grupo que no quiere a Bartlett.. Es más, no es con Manuel Bartlett, es con el presidente, porque Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré. Piensan que Manuel Bartlett es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo que va (contra) esos contratos, no vamos a ser cómplices de corrupción”, aseguró López Obrador.

• De 84 años de edad, Manuel Bartlett realizó prácticamente toda su carrera política de más de medio siglo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
• Hay quien lo recuerda como el gran artífice de la llamada “caída del sistema”, en los resultados electorales de 1988 y gracias a lo cual, Carlos Salinas de Gortari “ganó” la presidencia del país.

Aunque el hecho lo marcó para siempre, su carrera política no se detuvo y siguió escalando posiciones importantes bajo el abrigo del partido tricolor, como la gubernatura de su estado natal, Puebla.

Sin embargo, renunció al partido en 2006 y llamó a los priistas a dar un “voto útil” a favor del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Su incorporación al Partido del Trabajo (PT) lo llevó nuevamente al Senado de la República en donde se convirtió en el coordinador parlamentario del partido.

Después, fortaleció su relación con Andrés Manuel López Obrador quien tras ganar las elecciones como presidente de la República en 2018, lo nombra como director de la Comisión Federal de Electricidad, cargo en donde a pesar de los escándalos en los que se ha visto envuelto, sigue al frente.

• El 28 de agosto de 2019, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que el actual director de la CFE posee una fortuna 16 veces mayor a la que reportó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
• De acuerdo con la información, Bartlett tendría una riqueza de 51 millones de pesos de ingresos anuales, aunque sus percepciones son menores, considerando el valor de las supuestas propiedades a su nombre, el de sus hijos y su pareja sentimental, Julia Abdala.
• La investigación reveló que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, el director de la CFE se hizo de un imperio inmobiliario de 25 propiedades, con un valor superior a 800 millones de pesos, y junto con sus familiares poseen 12 empresas.

Bartlett Díaz “omitió” incluirlas en su declaración porque no está casado, y porque sus hijos son mayores de edad.

Tras el escándalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un espaldarazo a Bartlett y aseguró que se trataban de ataques y “un intento de desprestigio” por parte de “los conservadores” y de la “prensa fifí”.

• En mayo de 2020, justo cuando México atravesaba por el primer pico de la pandemia por COVID-19, una investigación periodística realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, vendió al gobierno del estado de Hidalgo, ventiladores respiratorios para atender a pacientes con coronavirus a un precio más alto que el del mercado.
• De acuerdo con la investigación, la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios, es decir, 1,550,000 pesos por cada equipo, “que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19”.
• La investigación ocasionó un escándalo. En algunas entrevistas periodísticas, León Manuel Bartlett Álvarez se defendió y aseguró que no existía ningún conflicto de intereses. El 13 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores que compró a León Manuel Bartlett, argumentando que no cumplía con los requerimientos.

En una presunta investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública, su titular Irma Eréndira Sandoval, aseguró que no hubo daño al erario nacional, pues derivado de la investigación, el proceso de adquisición fue suspendido.

• En medio de la polémica, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que el contrato de los ventiladores respiratorios a sobreprecio no es el único. Detalló que León Manuel Bartlett había obtenido al menos siete contratos con el gobierno federal por un monto de 162 millones de pesos.
• Días después, el domingo 10 de mayo, el comunicador reveló que la casa desde la que Andrés Manuel López Obrador despachó como candidato presidencial y durante la etapa de transición, tenía un oscuro lazo con Manuel Bartlett.
• La casa porfiriana ubicada en la calle de Chihuahua #216 en la colonia Roma, era propiedad de José de Jesús Hernández Torres, quien habría trabajado 49 años con Bartlett Díaz. La renta del inmueble ascendió a 130 mil pesos mensuales durante un año y cuatro meses, además de que realizó un depósito por 452,400 pesos.

Desde 1997, la empresa “Top Real Estate Company, S.A. de C.V” cuyo socio mayoritario es Hernández Torres y además es socio del hijo de Bartlett.

• Layda Sansores. El senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, encabezó un contraataque a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, esto a través de la difusión de un programa llamado Miércoles del León, en el que la acusó de “corrupta”, de violar la ley con su programa semanal y de haber comprado 83 propiedades de contado.

En la primera emisión del programa, Alejandro Díaz Durán dijo que Layda Sansores compró de contado la mayoría de propiedades a través de su “clan”, y que “del dinero de los mexicanos metió facturas por 700 mil pesos en el Senado”.

• El senador suplente dijo que la información es pública; sin embargo, la retomó de una investigación periodística de la cual se reservó las fuentes. Además enfatizó que Layda Sansores es “la reina del cash”, en referencia al libro de Elena Chávez sobre el financiamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que Sansores difundiera una presunta conversación entre el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal y Alejandro ‘Alito’ Moreno, diputado y líder nacional del PRI,Alejandro Rojas dijo que la gobernadora violaba la ley en tres sentidos:

1. Por mentir sobre la forma en la que las conversaciones de ‘Alito’ Moreno llegaron a sus manos.
2. Por manipular la información de las conversaciones.
3. Por difundir las conversaciones de la forma en que lo hace cada semana.

Rojas Díaz Durán, siendo morenista, admitió que Sansores difundió los audios de ‘Alito’ Moreno con la finalidad de “doblegarlo” para que aceptara las iniciativas relacionadas con la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Ejército en las calles hasta 2028.

• La acusó de no ser superior moralmente a nadie, y que en Morena nadie tenía esa “superioridad moral”, a la que se refiere. También criticó que Layda Sansores presuntamente apoyó al expresidente Carlos Salinas de Gortari en 1988.

“Su objetivo es Ricardo Monreal porque usted, y quienes coinciden con usted y su candidata favorita, Claudia Sheinbaum, les estorba Ricardo Monreal, porque él no tiene una lealtad ciega… Yo luché contra Salinas y usted no… Hay un objetivo interior: tratarlo de descarrilar en su aspiración presidencial y que se vaya de Morena, ¿Por qué?, porque tiene independencia de criterio”, dijo Alejandro Rojas.

“Sabemos que Morena tiene que rectificar muchas cosas, pero ustedes quieren que Monreal no sea el candidato, por eso no quieren piso parejo, por eso explíqueme… ¿Por qué lo ataca? Porque Monreal pidió una elección primaria interna (para las elecciones de la Ciudad de México en 2018), porque en 2017 ya nos la aplicaron, con sus encuestas patito, Monreal ganó todas las encuestas, excepto las de Morena”, acusó Rojas Díaz Durán.

En 2020, Fernando Zárate, exdiputado federal del Partido Verde la acusó por tener un tigre como mascota en su oficina, la alcaldía Álvaro Obregón señaló que el felino sí estuvo en la oficina, pero que había sido llevado por una organización civil ya que había programas sociales para la protección de animales.

• Durante su gestión como alcaldesa de Álvaro Obregón, también fue acusada de entregar de forma directa tres contratos a una “empresa fantasma”, investigada por la Fiscalía General de la República por desvío de recursos y lavado de dinero.

Ese mismo año, fue señalada por abandonar sus funciones en la alcaldía y concentrarse en su campaña para ser gobernadora de Campeche.

• Así mismo la actual alcaldesa de esa demarcación ha levantado al menos 150 actas administrativas y dos denuncias penales en contra de su antecesora, hoy gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, por irregularidades financieras, obras mal ejecutadas o no realizadas, tráfico de influencias, extravío o robo de vehículos y mal manejo de recursos, entre otras causas.

Entre las irregularidades, destaca la construcción de una escalera eléctrica en esa demarcación, en que erogó, asegura, más de 90 millones de pesos, pero la obra nunca funcionó y permanece inservible; también hay obras no concluidas, otras que se encuentran en malas condiciones, más de 100 parques públicos abandonados, y el robo de al menos dos vehículos propiedad del Municipio de Álvaro Obregón, que sospechosamente aparecieron en Campeche.

Cabe recordar también que Tania Larios, diputada local del PRI en la Ciudad de México, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en contra de la exdelegada en Álvaro Obregón y actual gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, su vocero Walther David Patrón Bacab, y quien o quienes resulten responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, peculado, cohecho, delincuencia organizada, asociación delictuosa y operaciones con recursos provenientes de actos ilícitos. Esas son entre otras las irregularidades cometidas por Sansores San Román a su paso por la Alcaldía Álvaro Obregón.

• La Auditoría Superior de la Federación halló que el año pasado la alcaldía no reintegró más de 364 mil pesos de aportaciones federales correspondientes al 2020. Sansores San Román fue electa como alcaldesa en el año 2018 y, en marzo de 2021, se separó de su cargo para competir por la gubernatura de Campeche.
• En el primer trimestre del 2021, la ASF publicó los resultados de la auditoría de cumplimiento 2020-D-09010-19-0674-2021 674-DS-GF practicada a la alcaldía Álvaro Obregón en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el ejercicio 2020.
• De acuerdo con la auditoría, hace dos años la demarcación dispuso de 605 millones 353 mil pesos del FORTAMUNDF y la ASF revisó una muestra de 589 millones 258 mil pesos, el 97.3 por ciento del total. La primera anomalía hallada es en la transferencia de los recursos porque no se abrió una cuenta bancaria específica para que la demarcación hiciera uso del presupuesto.

Mientras que la segunda observación consiste en la falta de reintegro de rendimientos financieros de los recursos otorgados por el FORTAMUNDF.

• “Durante el ejercicio fiscal 2020 a la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, se le asignaron recursos por 605 mil pesos para ejercerse en el FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2020, y durante su administración se asignaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2020 por cuatro millones 122 mil pesos”, detalla la auditoría respecto a los rendimiento generados por el FORTAMUNDF.

De dicho monto de rendimientos, la ASF encontró que no se ejercieron más de tres millones de pesos; sin embargo, la alcaldía de la ciudad no los reintegró.

“Se determinó que existieron recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 por tres millones 179 mil pesos, sin que se proporcionara la documentación de los reintegros a la Tesorería de la Federación (Tesofe) en incumplimiento de los artículos 13, fracciones I, IV y VIII; 17, y 21, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; cuatro, fracciones XIV y XV, de la de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y ocho, párrafo primero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020”, menciona.

• El informe detalla que, durante el transcurso de la auditoría, la alcaldía Álvaro Obregón proporcionó la documentación que acredita el reintegro de recursos de rendimientos a la Tesorería de la Federación por dos millones 815 mil 314 pesos bajo el concepto de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, informó de la solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del reintegro por 364 mil pesos; no obstante, hasta el término de la investigación en marzo de 2021, no se encontraron evidencias de que se hayan devuelto.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 364 mil 629 pesos más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2020, por los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 que no se reintegraron de acuerdo con lo establecido en la norma, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, explica la ASF.

Lo anterior, significa que los recursos del FORTAMUNDF no fueron devueltos mientras Sansores San Román estuvo al frente de la demarcación.

• El 11 de enero de 2021, Layda Sansores inauguró el proyecto emblema de su administración: unas escaleras eléctricas que atraviesan la colonia Estado de Hidalgo, ubicada en la zona de barrancas.
• Durante el acto, la actual gobernadora de Campeche informó que entregaba 58 metros de escaleras, equivalentes a subir siete niveles de un edificio, en beneficio de los habitantes de 18 colonias.

Sin embargo, tanto los plazos de terminación de la obra como los metros construidos no concuerdan con la información otorgada por la misma exalcaldesa cuando presentó el proyecto en una conferencia de prensa el 16 de junio de 2019.

• En esa fecha, Sansores San Román indicó que serían al menos 63 metros de escaleras y que, supuestamente, serían el equivalente a un ascenso de 23 niveles. Además, prometió que la fecha de entrega sería en diciembre de 2020.
• Lo anterior significa que la exalcaldesa entregó cinco metros menos de obra, la inauguró un mes después de lo prometido e, incluso, según sus mismas palabras, cubre la tercera parte de lo anunciado al pasar de una distancia similar a 23 pisos a abarcar el equivalente a siete pisos.
• Además, cuando las personas concluyen su recorrido, deben subir por un corredor de escaleras de concreto de aproximadamente 100 metros que, al finalizar, se convierte en una calle peatonal que va hacia la avenida Santa Lucía.

El costo de la obra fue de 81 millones 732 mil 973 pesos, por lo que vecinos opositores al Gobierno de la morenista nombraron a las escaleras como un “Monumento a la corrupción”.

• Exhiben a sobrino: Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, fue exhibido en un par de audios donde presuntamente pide un moche de “80 milloncito de pesos” a cambio de la autorización de los permisos de construcción en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México cuando su tía era alcaldesa de Álvaro Obregón.

En redes sociales comenzaron a circular dos audios que señalan a Sánchez Sansores de presuntamente incurrir en actos de corrupción. En la primera grabación, de 35 segundos de duración, se escucha la charla del sobrino de la ex alcaldesa de Álvaro Obregón (2018-2021), en la que hace referencia al precio de una propiedad en El Pedregal.

“Un departamento en México, ¿cuánto cuesta en una zona cerca del Pedregal? ¿Cómo cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle cuatro millones, multiplícalo por 200, son 800 millones de pesos ¿Cuánto quieres darle de mordida? el 10% son 80 milloncitos; bueno pues, ¿cómo con cuántos me voy a quedar yo de estos, o con cuánto te vas a caer?

• Gerardo Sánchez habla en la segunda grabación sobre las licencias de construcción y el uso de suelo, que son facultades de las alcaldías de la Ciudad de México. En ese sentido, en el audio se escucha lanzar la advertencia de que sin ese pago o comisión el permiso podría demorar más de tres años.

“Aquí debe haber unos 5 o 10 millones para que yo te suelte la licencia y si no, te avientas unos tres o cinco años más en los que tú no construyes, eso en un área donde no se permite construir. Cualquier cabrón que quiera hacer un edificio que necesite un permiso, tú ve y pregunta, óyeme tengo tal predio, quiero sacar una licencia y el permiso te cuesta por punto uno”, se escucha en la grabación.

• Rocío Nahle. El sobrecosto de la refinería de Dos Bocas, que pasó de los 8 mil millones a cerca de 20 mil millones de dólares, y las relaciones de la familia de Rocío Nahle con contratistas del proyecto son solo la punta del icerberg de los negocios que ha propiciado la secretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se ha puesto la lupa sobre la operación de diversas empresas relacionadas con sus sobrinos Arturo Nahle Pascual y Luis Eduardo Nahle Pascual, quienes desde 2019 han aumentado su facturación en gobiernos estatales, muchos de priistas allegados al gobierno de la 4T.

Los números totales de los contratos que se encuentran disponibles en las plataformas de transparencia rebasan los 100 millones de pesos.

• La razón social Diza Soluciones de Oficina SA de CV, cuyo accionista es Arturo Nahle Pascual, acumula en los últimos tres años 493 contratos de proveeduría con los estados de Durango, Oaxaca, Hidalgo y Zacatecas.
• La empresa fue constituida en Durango el 14 de diciembre de 2016 y en esa entidad los sobrinos de Nahle acumulan 353 contratos con casi todas las secretarías del gobierno del estado, con el Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública y con el Colegio de Bachilleres del Estado.

Su adjudicación de servicios de mayor volumen corresponde al folio SECESP/041/20 por 5 millones 600 mil pesos.

• En Zacatecas, uno de los bastiones de Morena y con fuerte arraigo de la familia Nahle, la compañía tiene reportados 119 contratos por conceptos que van desde la adquisición de papelería, material de oficina, equipo de cómputo, consumibles y paquetes de útiles escolares para programas sociales, los cuales representaban desde cantidades menores hasta los 11 millones de pesos por servicio, como el que se ofreció a la Secretaría de Administración del gobierno estatal a través del procedimiento SAD/DJ/LPE/024/2019, para entregar los paquetes escolares que fueron repartidos por el gobierno en turno.

La empresa Diza Soluciones de Oficina, por su parte, se ha adjudicado 18 contratos del gobierno de Oaxaca y otros de Hidalgo.

• En el primer caso, a los hermanos Nahle Pascual se otorgaron contratos para el servicio de fotocopiado en las diversas dependencias de la administración de Alejandro Murat—muy cercano a la 4T y al presidente López Obrador—, mientras que, en el caso de Hidalgo, Omar Fayad les compró materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
• También resaltan entre las contrataciones las que corresponden a la constructora Habrica Inmobiliaria, de los hermanos Nahle Pascual, la cual se presenta ante las instancias de gobierno con otras dos razones sociales: Grupo Constructor Habrica S de RL de CV y Habrica Desarrollos S de RL de CV.

Estas empresas han obtenido por lo menos 13 millones de pesos de los ayuntamientos de Zacatecas y de Guadalupe para realizar obras menores como construcción de muros y drenajes.

• Se dice que los números disponibles en los registros de gobierno son apenas un 10% de lo que estas empresas y otras tantas de la familia Nahle han obtenido como cosecha de los cabildeos de la secretaria Rocío Nahle, quien sueña con ser gobernadora de Veracruz, aunque su historia como legisladora y secretaria de Estado la persigan.

Pese a que lo ha negado, existen documentos que prueban que la familia de Rocío Nahle se beneficia con contratos millonarios en la 4T. Algo que han reportado varios medios de comunicación.

El periodista Mario Maldonado publicó una columna en El Universal, donde exhibió cómo la familia de la secretaria de Energía (Sener) Rocío Nahle se ha beneficiado con contratos multimillonarios otorgados por el gobierno federal.

• Tras lo publicado por el comunicador, el hermano de la titular de la Sener, Arturo Nahle García le respondió, rechazando que alguno de sus familiares sea un contratista millonario:
• “Señor @MarioMal ojalá pueda visitar una pequeña tienda de granos y café que se llama “La Buena Cosecha” ubicada en Spencer # 314 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, lo va atender mi hijo Luis Eduardo, es socio y mesero, no contratista millonario como dolosamente asegura en su columna”.

Luego de la respuesta dada por Antonio Nahle, Mario Maldonado exhibió información sobre la empresa Diza Soluciones de Oficina:

• “No sé si su hijo también es propietario de una tienda de café en Polanco, yo me refiero en mi columna a la empresa Diza Soluciones de Oficina, donde usted y sus hijos aparecen como accionistas y apoderados, y con la que han ganado contratos. Le pongo en seguida documentos públicos”, reviró.

Aunque el hermano de la funcionaria lo intentó negar, existen documentos que prueban que la familia de Rocío Nahle se beneficia con contratos millonarios en la 4T.

• La maestra Delfina. Delfina Gómez (Delfi, como la llama el presidente Andrés Manuel López Obrador) la actual gobernadora electa del Estado de México, en la primera ocasión que compitió por dicha entidad y que perdió en 2017, en aquella ocasión el SAT detectó que el partido guinda recurrió a los servicios de al menos dos “empresas fantasma”.

Bajo ese tenor, el libro La casa gris de Raúl Olmos, director de periodismo en la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que durante el primer intento de Delfina Gómez, el partido guinda habría contratado a las empresas Servicios Logísticos HMC Negrete y Servitransportadora Turística Olmeca, las cuales están declaradas oficialmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como simuladores de operaciones o compañías “fantasmas”, debido a su carencia de infraestructura y capacidad para desempeñar las actividades por las que emitieron factura.

De acuerdo con el libro de Olmos, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y entonces coordinador de Morena, habría pagado 15 millones de pesos a Servicios Logísticos HMN Negrete por supuestos servicios en mítines del partido guinda, mientras que a Servitransportadora Turística Olema cerca de 5 millones de pesos por transportar a simpatizantes hacia eventos de campaña de la titular de la SEP.

• Marco Antonio Negrete Galicia era el administrador de Servicios Logísticos HMN y por medio de redes sociales evidenciaba que el partido guinda era uno de sus principales clientes desde 2015, año que fue creada la empresa, según el libro de Olmos.

Asimismo, se señala que Francisco López Miranda, representante legal de la empresa Sevitransportadora Turística Olmeca, habría recibido cheques presuntamente expedidos por María Victoria Anaya Campos, directora regional de los Programas del Bienestar en Texcoco y coordinadora de giras de la campaña de Delfina Gómez en 2017, además que se le vinculó con los “diezmos” de la actual candidata de Morena al Edomex cuando era presidenta municipal de Texcoco.

El año de Hidalgo

Desde hace algunas décadas, en la política mexicana se conoce como ‘el año de Hidalgo’ al último año de gobierno, ya sea de un presidente, un gobernador o prácticamente de cualquier servidor público. Y aunque es una frase muy usual —sobre todo en estos tiempos en que, justo, estamos en el último año del sexenio—, quizá te preguntes cuál es el origen, la historia y el significado de esta expresión, o de dónde viene.

• Y es que esta frase tiene más que ver, tristemente, con la corrupción en el gobierno que con don Miguel Hidalgo y Costilla, o con una manera particular de dar cuenta de ciertas bebidas alcohólicas.
• Miguel Hidalgo y Costilla es llamado ‘el padre de la Patria’ por haber iniciado el movimiento insurgente que buscaba la independencia de la Nueva España, y que terminó dando origen al país en que vivimos. Por ello es que su nombre, y sobre todo su apellido, están presentes en infinidad de calles, avenidas y monumentos de todo México.
• Una expresión que hace mención a Hidalgo, sin embargo, poco tiene que ver con la historia o la política: tomar una bebida ‘de Hidalgo’. Esto no tiene que ver con el insurgente nacido en Corralejo, sino más bien obedece a la rima del ilustre apellido con otra expresión popular: «chingue a su madre el que deje algo».

Así, tomar una bebida alcohólica ‘de Hidalgo’ se refiere a un reto en el que el sujeto debe beberla de golpe hasta no dejar ni una sola gota en el vaso o la copa, pena de ser enviado a importunar a su progenitora.

Esta misma expresión, según algunas fuentes, empezó a usarse en la política mexicana entre las décadas de 1970 y 1980 para referirse al último año —o, a veces, los últimos meses— de una gestión gubernamental, cuando la consigna es gastar todo el presupuesto hasta no dejar ni un centavo en las arcas. Tal como sucede con las bebidas, la consigna que aplica es la misma: «chingue a su madre el que deje algo».

• Del mismo modo, y en un tono más descarado, el ‘año de Hidalgo’ se refiere a la corrupción, ya que el último año de gobierno puede aprovecharse para sacar provecho de todos los recursos posibles y beneficiarse —uno mismo, los colaboradores cercanos, el partido o los familiares— antes de que se acabe ‘el hueso’, que es como se conoce coloquialmente a un puesto político de nivel medio o alto.

Según algunos críticos y analistas, este fenómeno es más común o vehemente cuando el partido saliente es distinto al partido que asumirá el poder. En esos casos, dicen los entendidos, la consigna del ‘año de Hidalgo’ es no dejar ni un peso del presupuesto sin ser ejercido, para evitar beneficiar a los adversarios políticos./PUNTOporPUNTO