Fracasó LÓPEZ OBRADOR en reducir la tasa de HOMICIDIOS y el combate a la CORRUPCIÓN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la población a celebrar el 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México el quinto aniversario de su victoria electoral. Garantizó: “la vamos a pasar muy bien, requetebién”. Dijo el Mandatario que habrá música y festejo, pero no dio detalles de cuáles artistas o grupos asistirán.

Mientras el Gobierno federal organizaba la fiesta, esta semana se han registrado hechos violentos a lo largo y ancho del país; hay cuatro que destacan debido a su magnitud.

• Se reportó el secuestro de 16 empleados de la Secretaría de Seguridad, en Chiapas; el estallido de un auto bomba en Celaya, Guanajuato; el asesinato del líder de las autodefensas, Hipólito Mora, en La Ruana, Michoacán; y para colmo, asaltaron una joyería de lujo en una plaza en Polanco y los delincuentes escaparon caminando.

A pesar del reforzamiento del Ejército y la consolidación de la Guardia Nacional, este sexenio es el más violento de las últimas tres administraciones federales.

Según el Inegi, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reporte Diario de la Secretaría de Seguridad, la estrategia “abrazos, no Balazos” no funcionó.

• En tan sólo cuatro años y medio de la gestión de López Obrador, se documentan 156 mil 136 asesinatos, que superan los 156 mil 066 registrados en el sexenio del priista de Enrique Peña Nieto, que era el más sangriento. También se rebasaron los 120 mil 463 asesinatos del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Con más de 156 mil asesinatos, Gobierno de AMLO el más violento en la historia

• El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impuso un récord de asesinatos, registrando, en el periodo de diciembre del 2018, cuando llegó al poder, al pasado 24 de mayo del 2023, 156 mil 136 asesinatos. Esto covierte a este sexenio en el más violento de la historia moderna de México.

Y es que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Reporte Diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el llamado gobierno de la Cuarta Transformación superó las 156 mil 066 víctimas de homicidio doloso, contabilizadas durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, quien estuvo al frente del país de 2012 al 2018, el cual estaba catalogado como el más violento.

• En el 2022, el gobierno de López Obrador rebasó los 120 mil 463 asesinatos que registró el sexenio de el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, y anteriormente, rebasó los 60 mil 280 alcanzados en la gestión del panista Vicente Fox Quesada.
• Eso quiere decir que, de ahora en adelante, cada día que pase se impondrá un nuevo récord de violencia homicida en el acumulado de muertes intencionales durante el gobierno del presidente López Obrador. A año y medio de concluir la administración de la 4T, ésta cuenta con varios récords en materia de homicidios dolosos, en números absolutos.

Los datos duros reflejan el terror constante de vivir en México

• Según cifras del Inegi, durante el año 2020 se registraron en el país 36 mil 773 asesinatos, por lo que es considerado como el año más violento de la historia moderna. Le siguen el 2019, con 36 mil 661; 2021 con 35 mil 700 y 2022 con 31 mil 944.

De enero a mayo de este 2023 se han registrado 11 mil 967 asesinatos, según datos del SESNSP y del Reporte Diario de la SSPC.

• Además, acumula el mayor número de meses con más de 3 mil asesinatos, pues en octubre de 2020 se registraron 3 mil 347; en diciembre de 2019, se registraron 3 mil 309; en diciembre de 2020 se registraron 3 mil 207; en octubre de 2019, 3 mil 198 y en marzo de 2021, 3 mil 186.
• El gobierno del presidente López Obrador también registra los días más violentos de los que se tenga registro: el primero de diciembre de 2019, se registraron 127 asesinatos; el 24 de mayo de 2022, 118 asesinatos; el 7 de junio de 2020, 117 asesinatos y el 4 de julio de 2021, 115 asesinatos.

Además, durante el gobierno de López Obrador también se han registrado diversas masacres. Por ejemplo, en abril de 2019 fueron asesinadas, al menos 14 personas cuando se encontraban en una fiesta en Minatitlan, Veracruz, lo que aceleró el despliegue de la naciente Guardia Nacional.

• En agosto de 2019, un ataque de la delincuencia organizada en un bar llamado El Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, Veracruz, dejó un total de 29 muertos. Meses después, nueve integrantes de la familia LeBarón y Langford, en Bavispe, Sonora, fueron asesinados. Entre ellos se encontraban seis niños.
• En julio de 2020, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, un grupo armado asesinó a 24 jóvenes al interior de un centro de rehabilitación sin registro oficial. Cabe destacar que Guanajuato es considerado el estado más violento del país en números absolutos.
• En junio de 2022 también murieron, en un enfrentamiento, 18 personas, en la sierra de Valparaíso, Zacatecas, una entidad azotada por la disputa territorial entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, entre otras masacres que han sucedido a lo largo de este sexenio.

IP pide al gobierno de López Obrador ajustar la «estrategia de seguridad»

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya es el más violento en la historia de México, por lo que debe ajustar su estrategia de seguridad y considerar acciones que incluyan a la iniciativa privada.

• “Este es ya el sexenio más violento de la historia de nuestro país, ya que se han rebasado los 156 mil asesinatos desde diciembre de 2018 a la fecha, un récord muy doloroso”, detalló el sindicato patronal.
• Además, durante 2022, más de 67 mil 318 mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas, la cifra anual más alta desde que se tiene registro, agregó la organización a cargo de José Medina Mora Icaza.

“Queda claro que, aunque debe ser una de sus máximas prioridades, no todo es responsabilidad del gobierno; la violencia es un problema social, por lo tanto, todos tenemos mucho qué hacer para frenar de una vez por todas”, manifestó.

• El dirigente empresarial pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador brindar seguridad a los mexicanos para que vivan y desarrollen sus actividades en paz: “No podemos tolerar más la situación en la que nos encontramos”.
• El asesinato de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en la Sierra Tarahumara hace un año es un caso de homicidios que se suma a la larga lista del común de mártires inocentes que han perdido la vida en el territorio nacional, apuntó.

Añadió que los atentados y asesinatos de periodistas son una muestra de las capacidades de la delincuencia que no tiene límites y pretende arrebatar la voz, la pluma y la inteligencia a cientos de periodistas, que con su trabajo solo buscan informar y transmitir la verdad.

“Los ataques contra jueces son inaceptables y aún más, que pasen años y no haya detenidos ni sentenciados”, expresó.

La Coparmex alerta que miles de personas siguen desapareciendo cada año

• Más de 105 mil personas fueron reportadas como desaparecidas entre 2006 y el mes de septiembre de 2022, según el Informe Mundial 2023 de la organización Human Rights Watch. El común denominador en estos casos es la impunidad, consideró la organización empresarial.
• El mismo reporte, apuntó, indica que cerca del 90% de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos del 16% de las investigaciones se resuelven.

Las autoridades resolvieron poco más del 1% de todos los delitos cometidos en 2021.

“Esto representa que las puertas están abiertas de par en par para los delincuentes, es prácticamente nula la posibilidad de que sean sancionados por el daño que provocan”.

• La Coparmex dijo que es evidente que las autoridades están rebasadas, por lo que es momento de ajustar la estrategia y profundizar la inteligencia. Los ajustes a la estrategia no deben ser sólo policiales, deben ser sensibles y sociales, añadió.

En ese marco habrá un diálogo el 3 de julio en Guadalajara en el Encuentro entre Obispos y Empresarios convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano para enriquecer una propuesta común, a fin de complementar diversas perspectivas y crear un frente unido.

También tendrá lugar el Diálogo Nacional por la Paz, del 21 al 23 de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla convocado por los Jesuitas en México con el objetivo de elaborar una agenda que articule las iniciativas locales de paz y replique los casos de éxito que han permitido recobrar la armonía, a partir de recuperar las comunidades y las familias.

Por otro lado, la Coparmex indicó que los responsables de sus 68 centros empresariales se reunieron en la Sierra Tarahumara con comunidades rarámuris para aprender sobre su cultura que enseña el valor del respeto a lo divino, a lo humano y a lo natural como parte de un todo armónico.

• “Frenar la violencia pasa por fomentar la cultura del respeto al otro; hoy, por desgracia la educación pública se ha despojado de ello y del civismo para la correcta formación de ciudadanos”, expresó.

Hace falta sumar acciones solidarias para que el piso se haga parejo en todas las regiones del país, ya que solo así las oportunidades podrán llegar a todos, precisó Coparmex.

“Hoy hacemos un llamado por la justicia y por la paz en todo México y Llamamos a que, en cada rincón del territorio nacional, los gobiernos locales, estatales y el federal, generen las condiciones necesarias de forma integral para construir la paz, para garantizar la seguridad y la justicia para todos”, apuntó el sindicato patronal.

Promesas de seguridad que el gobierno de AMLO no ha cumplido

Antes de ganar la elección del 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador hizo 10 compromisos en materia de seguridad pública, varios de los cuales refrendó ya como titular de Poder Ejecutivo Federal.

Una de las promesa fue cambiar la estrategia de seguridad, pues el presidente consideraba que la anterior no funcionaba ya que había en promedio 70 homicidios en el país. Sin embargo, cinco años después ese promedio diario se ha incrementado a 94 muertes violentas cada 24 horas.

• Regresar a los militares a los cuarteles: Aunque la estrategia de seguridad cambió, pues ahora la prioridad es atender las causas que generan la violencia, el Ejército se mantiene en las calles.

En 2010, López Obrador se pronunció en contra de que se utilizara al Ejercito en tareas de seguridad.

• “No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No se necesita al ejército en las calles, no podemos aceptar un gobierno militarista”, dijo entonces en un video.

El presiente ha defendido la presencia de las Fuerzas Armadas y dijo que hechos violentos como los de Chihuahua, en donde en 2022 tras una riña entre Los Mexicles y Los Chapitos se registraron actos de violencia contra la población, son muestra de que se requiere al Ejército en las calles.

“¿Qué hace la policía municipal en Juárez si no interviene el Ejército para detener a los responsables de estos crímenes? Entonces se necesita. Se presenta el motín en el reclusorio. Pues se puede decir: ‘Es un asunto del estado, no es asunto nuestro, no es del fuero federal, ¿para qué intervenimos?’ Bueno, ¿y cómo resuelven con los custodios un enfrentamiento de bandas al interior de un reclusorio cuando hay enfrentamientos con armas de fuego? Pues se requiere que intervenga el Ejército”, afirmó.

• Disminuir homicidios: En agosto de 2018, Alfonso Durazo, propuesto en ese momento como secretario de Seguridad Pública, afirmó que la estrategia de seguridad pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador buscaba reducir entre 30 y 50% los homicidios dolosos cuando se cumpliera la primera mitad de la administración.

López Obrador tomó las riendas del país con 33,740 homicidios dolosos, sin embargo, ese delito no ha tenido las disminuciones proyectadas: el 2019 cerró con 34,689 muertes violentas, el 2020 con 34,555 y solo el 2021 tuvo un ligero descenso al cerrar con 33,318 eventos.

Desarme de cárteles: El Plan Nacional de Paz y Seguridad contempla además procesos de pacificación con los grupos del crimen organizado y también de desarme.

• “¿Qué ofrecer a los delincuentes para que dejen de delinquir? En primer lugar un aumento en la esperanza de vida: los integrantes de las organizaciones criminales suelen morir jóvenes y de manera violenta y ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona.
• En segundo lugar la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos; en tercero la posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares. En cuarto, alcanzar la respetabilidad social”, se lee en el documento .
• Sin embargo, los cárteles del crimen organizado han dado muestra de que se mantienen armados como ha sucedido en los hechos violentos en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Baja California, en los que se decomisaron armas cortas, granadas, drones con explosivos, entre otros.

Personas desaparecidas: Cuando fue candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador prometió atener el problema de personas desaparecidas.

“Vamos a atender este triste y grave asunto de los desaparecidos, es una demanda pendiente, formalmente se reconoce que hay 36 mil desaparecidos, según cifras oficiales, pero los familiares hablan de que son más. De todas maneras, aún con la cifra oficial, son muchísimos y en todos los estados hay comités, hay colectivos de familiares de víctimas que están pidiendo que se les ayude a encontrar a sus seres queridos. Vamos nosotros a actuar en esta demanda justa, por eso mi llamado a la paz, por eso mi llamado a que se termine la guerra», dijo el entonces el candidato de Juntos Haremos Historia.

• No obstante, en la administración actual las desapariciones siguen a la alza: 104,390 personas se encuentran como desaparecidas y no localizadas; 35,208 (33%) de estas se han registrado en esta administración.

Estancado, combate a la corrupción en México

• Por cuarto año consecutivo, México continuó su tendencia a la baja en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) divulgado por la Sociedad de las Américas y el grupo Control Risks.
• El puntaje de México bajó 4%, de 4.05 en 2022 a 3.87 en 2023, aunque se mantuvo en el lugar 12 entre 15 países estudiados. El descenso más pronunciado se produjo en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación.

El texto apuntó que «los periodistas mexicanos siguen enfrentándose a condiciones de trabajo adversas, incluida la tasa de violencia más alta del mundo fuera de Ucrania».

Anotó, que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo sus duras críticas a periodistas y miembros de la sociedad civil, y surgieron nuevas acusaciones sobre el uso del software espía Pegasus en contra de informadores, activistas y el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, que el gobierno rechaza.

• Precisaron que pese al aumento de presupuesto para las instituciones anticorrupción bajo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el programa enfrenta aún desafíos de implementación.
• Consignaron que se investiga un caso relacionado con el presunto desfalco de cientos de millones de dólares de la agencia mexicana para la seguridad alimentaria (Segalmex) entre 2019 y 2021.
• Recordaron que México tendrá elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores en junio de 2024. La corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de votantes y puede estar presente en las campañas.

Los autores afirmaron que la quinta edición de su trabajo «refleja un entorno anticorrupción bajo presión en toda América Latina» ante «democracias e instituciones críticas en una situación precaria en muchos países».

Combate a la corrupción se redujo con la 4T

Durante su sexenio se ha registrado una disminución en la apertura de carpetas de investigación y sanciones por el delito de corrupción, lo que se ha traducido en un frente que no se ha traducido en “una política de Estado coherente, articulada y efectiva que contribuya a revertir el problema de la impunidad”, afirmó un informe publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Ello, ha llevado a que entre 2020 y 2021, el número de personas llevadas a prisión por delitos de corrupción pasaron de mil 942 a 857. Esto es una reducción de 55.88 por ciento en solo un año, de acuerdo con un censo del Instituto Nacional Estadística, Geografía (INEGI).

• En el último índice de Transparencia Internacional citado por el Instituto, en su edición más reciente de 2022, indica que México ocupó el lugar 126 de entre un total de 180 países evaluados.
• Mientras que de acuerdo con el INEGI, en el año 2021, el 57.1 por ciento de la población en México consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en sus entidades.

Esta encuesta, publicada en diciembre de 2022, consideró que el costo promedio de la corrupción, esto es los montos por generación de dinero, regalos o favores, por persona fue equivalente a los 3 mil 044 pesos por persona y a 7 mil 419 en cuanto a empresas.

• Una revisión de datos del Instituto Belisario Domínguez encontró que las sanciones administrativas a funcionarios de la Administración Pública Federal han disminuido notablemente desde 2016 y hasta 2020, datos que comprende el Censo Nacional de Gobierno Federal del INEGI.
• Se encontró que entre 2016 y 2020 se sancionó a 22 mil 824 servidores públicos por faltas administrativas, varias de ellas por faltas no graves y que involucran negligencia. De estas sanciones, 7 mil 656 se realizaron en el año 2016, luego 7 mil 303 en el año 2017; 3 mil 197 en 2018 y ya durante la administración del presidente López Obrador, bajaron a 2 mil 747 en 2019 y mil 921 en el año 2020.

Las sanciones aplicadas a los funcionarios públicos fueron desde una amonestación pública o privada, la suspensión del cargo, la destitución, la inhabilitación temporal y la aplicación de sanciones económicas.

• Por ejemplo, solo en el caso de las suspensiones en el cargo, en el año 2016 fueron 2 mil 743, presentaron un aumento y se colocaron en 2 mil 910 en el 2019 y desde entonces presentaron una disminución para posicionarse en mil 074 en 2018, y baján aún más en 2019 para situarse en 697 y llegar a 2020 a 390 sanciones.

Mientras que respecto a la apertura de averiguaciones previas por corrupción, es decir, su combate por la vía penal, por parte de la extinta Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República (FGR), estas también han presentado una reducción.

• Estas alcanzaron su punto más alto durante la actual administración federal en el año 2019, con 3 mil 661, y cayeron drásticamente para el año 2020, cuando se abrieron 2 mil 554.
• Mientras que, en cuanto a las imputaciones, estas cayeron para todos los delitos, pero el cambio más importante se dio en el relacionado con el de abuso de autoridad, que pasó de 2 mil 563 en el año 2014 a los 527 en el año 2020.

De acuerdo con los informes que la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, presentó al Senado, en el año 2021 las carpetas de investigación y las imputaciones por este delito también presentaron una caída, al pasar de 773 indagatorias en 2019, 794 para el año 2020 y solo 121 en el año 2021.

Mientras que en cuanto a las personas imputadas, la reducción fue aún más marcada pues se pasó de 6 mil 111 en el año 2014 a solo 22 entre los años 2019 y 2021.

¿Por qué se sanciona menos la corrupción con la 4T?

El Instituto Belisario Domínguez advirtió que algunos de los factores que intervienen en que este delito sea menos sancionado es la menor cantidad de auditorías y fiscalización de los recursos públicos en la Administración Pública Federal, pues estos también registraron una disminución durante el gobierno del presidente López Obrador.

• De tener 4 mil 042 auditorías en el año 2017, pasaron a 2 mil 610 en el año 2018; posteriormente en el año 2019, aumentaron a 2 mil 919 para caer nuevamente hasta 2 mil 209 en el año 2020, esto, con datos del Censo del Gobierno Federal del INEGI.
• Aunque las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han logrado un aumento en las revisiones de la Cuenta Pública. Por ejemplo en el caso de la correspondiente al año 2021, se realizaron 2 mil 050 auditorías, desde mil 617 realizadas en el año 2020.

No obstante, las muestras fiscalizadas han caído. Estas pasaron de un 79.7 por ciento en el año 2019 a solo 42.1 por ciento para el año 2021, lo que ha generado una caída también en las recomendaciones emitidas a la Administración, las cuales pasaron de 5 mil 299 a 4 mil 446.

Otro factor que se señalaron son los recortes presupuestales a las instituciones fiscalizadoras, esto es, a la Secretaría de la Función Pública (SFP). De acuerdo con el informe, esta dependencia, que inició el sexenio a cargo de Irma Eréndira Sandoval y que actualmente se encuentra a cargo de Roberto Salcedo, pasó de tener un presupuesto de mil 824.3 millones de pesos para el año 2018, a solo tener mil 533.4 para el año 2023.

Mientras que para el caso de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, se mencionó que la problemática no solo radica en la reducción de presupuesto, sino también en el subejercicio de este.

También se suma a la imposibilidad de combatir la corrupción el desmantelamiento de instituciones relacionadas a ello. Por ejemplo, en el año 2020 se eliminó la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, la cual estaba a cargo de Luis Gutiérrez Reyes.

• Y para junio de 2021, el subsecretario de Fiscalización y Combate a la Impunidad, Roberto Salcedo, ascendió a titular de la SFP, en sustitución de Irma Eréndira Sandoval. Sin embargo, el cargo que el funcionario dejó vacante permanece así.

Por otro lado, se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que actualmente sesiona con solo cinco de siete integrantes de su Pleno y cuyo futuro es incierto, ante la próxima salida del comisionado Javier Acuña Llamas, que dejaría a este órgano autónomo con solo cuatro comisionados, esto, si el Senado no logra acuerdos para el nombramiento de los comisionados faltantes.

Las veces que AMLO dijo que acabaría con la corrupción y demostró lo contrario

A un año de terminar su sexenio, es importante contrastar sus afirmaciones con datos y casos específicos que han ocurrido durante su administración y demuestran lo contrario a lo que prometió.

• ¿Adiós al amiguismo? Durante su campaña e incluso todavía el 1 de diciembre de 2018 cuando López Obrador asumió la presidencia afirmó que en su administración «No habría amiguismo, nepotismo e influyentismo», pero hay más de un caso que se relaciona con la injerencia de sus relaciones personales en la asignación de cargos públicos y encomendación de proyectos

Además de una docena de amigos, los hijos del presidente López Obrador tienen en la nómina federal a cuatro primos. Rodrigo Beltrán Campero Calderón fue nombrado este año coordinador administrativo en la SEP, responsable de la preparación de licitaciones y Martha Alicia Magdaleno Medina, también prima de los hijos del presidente, se ha desempeñado como asesora jurídica en Pemex y en la dirección general de la CFE bajo las órdenes directas de Manuel Bartlett.

• Pío López Obrador y el delito electoral: En agosto de 2020 el portal de noticias Latinus sacó a la luz un video grabado en 2015 que mostraba a Pío López Obrador, hermano del presidente, mientras recibía dinero en efectivo por parte de David León, quien en ese entonces se desempeñaba como consultor del gobernador de Chiapas en ese año, Manuel Velasco.

Esto constituye un delito electoral pues los recursos entregados como «aportaciones» a Morena no fueron transparentados y cada peso que entra a una campaña o a un partido político y no se reporta a la autoridad electoral es dinero ilegal.

El pasado mes de octubre las autoridades decidieron cerrar la investigación por presuntos delitos electorales por «carecer de pruebas suficientes».

• Ignacio Ovalle, el intocable: El claro ejemplo de que la corrupción existe es el caso Segalmex, en el que se desviaron recursos por aproximadamente 12 mil millones de pesos, hasta ahora no hay un solo detenido.

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso por segunda vez a René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex durante la gestión de Ignacio Ovalle por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

A pesar de que existen pruebas de que el exdirector general de Segalmex, Ignacio Ovalle, autorizó la compra de certificados bursátiles con recursos de la dependencia, la FGR no ha presentado ninguna acusación en su contra.

• Los fantasmas de Segalmex: Durante el sexenio de López Obrador se han registrado varios escándalos ligados a corrupción en los que utiliza empresas fachada para disfrazar el desvío de recursos.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó en torno al caso Segalmex que la identidad de una ama de casa fue utilizada para crear una empresa «fantasma» que firmó un convenio por 465 millones de pesos para la venta de toneladas de azúcar. Hasta ahora quedan por recuperarse 80 millones de pesos por 4 mil 700 toneladas que nunca se entregaron.

El combate contra la corrupción

Cuando AMLO inició su gobierno, la confianza por parte de los ciudadanos a su proyecto de nación era mucho mayor que ahora, las cifras de la Encuesta MCCI 2022- Reforma indican que irá en descenso en los próximos años.

• En 2019, 72% de las personas consideraban que la estrategia contra la corrupción del presidente López Obrador estaba teniendo buenos resultados pero con el pasar de los años eso ha cambiado, en 2022 solo el 44% de las y los mexicanos aprueban el combate a la corrupción del gobierno actual.

Sin consecuencias para los corruptos

Aunque López Obrador insiste en que su administración se distingue por una tolerancia cero a la corrupción, sus acciones dicen lo contrario, pues políticos que forman parte de su círculo no han tenido consecuencias pese a haber participado en prácticas ilícitas.

• Delfina Gómez, siendo presidenta municipal de Texcoco, retuvo, de febrero de 2013 a julio de 2015, el 10% del salario de cientos de trabajadores públicos para financiar ilegalmente a Morena. Pese a ello, este año se destapó como candidata a la gubernatura del Estado de México.

No se acabó la impunidad

La reacción de las autoridades ante un delito o un acto de corrupción es invitar a denunciar, pero en México las denuncias no garantizan el acceso a justicia.

Idealmente las denuncias deberían iniciar un proceso de investigación para confirmar el acto de corrupción, dar con los responsables y tomar medidas, sin embargo, a veces la denuncia solo se traduce en enfrentarse a la indiferencia por parte de las autoridades.

El 65% de los mexicanos cree que denunciar es un acto inútil ya que no les garantiza el inicio de un proceso de investigación ni la ausencia de represalias. Es así como la falta de confianza en las autoridades genera impunidad.

• Funcionarios que persiguen a sus propios enemigos: De cada 500 denuncias por delitos de corrupción solo una termina en sentencia, sin embargo, en este gobierno, personas que ocupan altos cargos políticos han utilizado su posición de poder para resolver asuntos personales.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero usó su cargo para ejercer acción penal contra Laura Morán y Alejandra Cuevas que fueron acusadas del delito de homicidio por omisión en contra de Federico Gertz Manero, su hermano.

¿Ya no es la misma corrupción?

Aunque el 66% de las y los mexicanos considera al presidente honesto, las expectativas de que disminuyera la corrupción en este sexenio han caído gradualmente. Actualmente solo tres de cada diez personas consideran que la corrupción disminuirá en los próximos meses.

En México la percepción de la corrupción está normalizada porque los ciudadanos no ven un cambio aparente. La impunidad es percibida como la causa principal de corrupción en el país. La pobreza y la desigualdad también son vistas como causas importantes.

• La opacidad de los Bartlett: Cuando asumió la presidencia en 2018, Andrés Manuel López Obrador nombró como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Manuel Bartlett, un año después agradeció públicamente por limpiar la corrupción la CFE, sin embargo, este político ha estado involucrado en casos de corrupción más de una vez.

No tan solo omitió su relación con 12 empresas en su declaración ante la Secretaría de Función Pública, también durante la caída de CompraNet, la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de su hijo León Manuel Bartlett recibió contratos millonarios.

Estos dichos contrastados con la realidad nos permiten tener un panorama más amplio sobre cómo está actuando realmente el gobierno para frenar la corrupción y la impunidad./PUNTOporPUNTO