El ministro Javier Laynez Potisek propone declarar inconstitucional la segunda parte del Plan B de reforma electoral, debido a que durante su aprobación la Cámara de Diputados y el Senado incurrieron en múltiples violaciones al proceso legislativo. Por la misma razón fue declarada inconstitucional la primera parte del Plan B, en mayo pasado.
“En el apartado relativo al estudio de fondo se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez relacionados con el procedimiento legislativo, e incluso parcialmente fundado el relacionado con la falta de consulta tanto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad”, señalan los efectos propuestos en el proyecto, que necesitarán de cuando menos 8 votos para ser aprobado.
- Bajo este argumento, Laynez propone invalidar completamente el derecho publicado el 2 de marzo pasado, que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que el próximo proceso electoral federal deberá realizarse con base en las leyes anteriores.
ONG presentan ante la SCJN 360 mil firmas contra el «Plan B» de AMLO
Organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un «amicus curiae» (amigo de la corte) con el respaldo de 360 mil firmas ciudadanas en contra de la reforma electoral del presidente, Andrés Manuel López Obrador, conocida popularmente como “Plan B”.
- “Presentamos el amicus curiae ciudadano, que demuestra a la SCJN la inconformidad absoluta de las mexicanas y mexicanos en la aprobación de este ‘Plan B’”, señalaron en un escrito conjunto las organizaciones Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México.
El acto estuvo acompañado de gritos de apoyo al máximo tribunal del país y a la ministra presidenta, Norma Piña, quien ha recibido ataques del mandatario y sus seguidores. “La ley es la ley”, gritaban los mexicanos reunidos a las afueras del recinto de la SCJN.
Plan B es inconstitucional, aseguran
Las organizaciones, que conforman el movimiento Unid@s, manifestaron que el «Plan B» de López Obrador, promulgado el 2 de marzo pasado, es inconstitucional y viola los derechos políticos electorales de la ciudadanía.
- También advirtieron de afectaciones a otros derechos humanos como el derecho de identidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión, y el acceso a la justicia.
Unid@s expresó que con este recurso jurídico se pretende demostrar al Supremo que el “Plan B” atenta contra los pilares democráticos de México y cambia las reglas electorales sin importar los principios constitucionales, “sin consenso y diálogo alguno”.
- El amicus curiae se entregó en la Suprema Corte por los consejeros de UNE, Beatriz Leycegui y Juan Torres Landa, acompañados de simpatizantes vestidos de rosa.
“Venimos hasta la Corte para expresar el sentir de miles de mexicanos que seguimos creyendo en la democracia y el respeto a las instituciones que nos han formado como un pueblo que elige”, señaló Landa.
La SCJN invalidó a inicios de mayo una primera parte del llamado «plan B», al considerar que la mayoría oficialista del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) incurrió en graves violaciones al proceso legislativo.
- Actualmente, los ministros del Supremo mantienen la discusión de una segunda parte, que también ha sido impugnada por el órgano autónomo que organiza las elecciones en el país, el Instituto Nacional Electoral (INE).
Estos cambios han causado polémica entre organizaciones nacionales e internacionales por las alertas que se han generado en contra de la democracia, el debilitamiento del organismo que organiza las elecciones y que se realizan cambios previo a la renovación presidencial del próximo año.
- Algunos de los principales cambios se centran en la reducción del 80 % de los salarios del órgano y la eliminación de los organismos locales.
- También se debilitan acciones afirmativas para garantizar la representación de minorías y paridad de género.
“No queremos una reforma electoral misógina y machista, excluyente y discriminatoria que ignora la paridad de género en candidaturas y que implica clara regresión en cuanto al reconocimiento de los derechos de las minorías”, señaló UNE.
Plan B “ya está muerto” y no puede ser aplicado en 2024
Exconsejeros electorales y especialistas señalaron que el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador “ya está muerto” y no puede ser aplicado en las elecciones federales de 2024, ello, al margen de que el plazo para su entrada en vigor está por vencerse en los primeros días de junio.
La ley electoral establece que para que una reforma pueda entrar en vigor debe hacerse 90 días antes del arranque del proceso, lo que ocurrirá la primera semana de septiembre próximo, por lo que expertos ven inviable aplicarla.
- Marco Antonio Baños, exconsejero del INE, dijo a EL UNIVERSAL que de acuerdo con la legislación vigente, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no determina su viabilidad, la validez legal del plan B antes del 7 de junio, prácticamente la “estaría liquidando” para su aplicación en las elecciones federales de 2024.
Incluso, consideró que si en los próximos días, la SCJN avala la validez de la segunda parte del plan B que se encuentra suspendida, ya sería “un suicidio” para el INE aplicarla porque ya están avanzadas diversas tareas en la organización del proceso de 2024 que incluye la elección del Presidente de la República, renovación del Congreso de la Unión y nueve gobernadores.
- De acuerdo con la ley vigente, el proceso electoral debe empezar en la primera semana de septiembre, por lo que si se toma en consideración que ello es del 1 al 7 de septiembre, los 90 días previos se agotan en junio y en consecuencia si no hay una decisión de la SCJN en cualquier sentido, es decir, que revoque la suspensión que emitió el ministro Laynez o que resuelva el fondo del asunto y dice que el plan B continúa, lo cual se ve muy complicado que ocurra por la complejidad de la reforma, ésta quedaría nula.
Dijo que la Constitución en su artículo 105 establece que ninguna ley podrá ser modificada 90 días antes de que inicie el proceso electoral, esto es el próximo 8 de junio, por lo que si la SCJN valida la próxima semana el plan B, “el INE ya estaría a contrarreloj para instrumentar el nuevo marco legal, sería complicado que el instituto realice todos los ajustes estructurales, a los reglamentos y normas.
- “Creo que lo sensato, lo racional, lo jurídicamente viable es que el plan B quede pendiente en una resolución de fondo, pero ello ya ocurrirá después de que inicie el proceso electoral de 2024. La implementación en este momento por parte del INE sería suicida, porque el instituto ya tiene la locomotora corriendo, con toda la logística preparada, listo el esquema de planeación y se aprobaron diversos formatos”, apuntó Baños Martínez.
Consideró que los ministros tienen la sensibilidad y el conocimiento necesario para determinar que el plan B ya no se resuelva de fondo hasta después del proceso electoral: “Para mí, el plan B prácticamente está liquidado para los comicios de 2024, no creo que la Corte tenga tiempo de terminar la revisión de los documentos antes del 7 de junio, es muy complicado que reviva”.
- El exconsejero del INE, Ciro Murayama, precisó que las reformas electorales más recientes se publicaron en diciembre pasado y en los primeros meses de 2023 “fueron declaradas inconstitucionales, de tal manera que hoy podemos decir con satisfacción que México irá a las elecciones de 2024 con las reglas electorales que le dieron certeza al país, las que permitieron organizar las elecciones de 2018, las reglas que le dieron el poder al presidente López Obrador”, puntualizó.
- Pese a ello, consideró que aún no están despejados todos los riesgos: “Estamos viendo una actitud de actores vinculados al poder que toman una postura de poco respeto y ese precisamente es el principal riesgo, la falta de respeto a las normas y a la Constitución”, detalló Murayama Rendón.
Dijo que el INE acaba de dictar medidas cautelares al Presidente y le ordenó borrar mañaneras de sus redes sociales, al considerar que en ellas llama a votar por su partido y también ordenaron el cese de propaganda de Morena, “porque tiene tapizado al país con anuncios utilizando recursos de procedencia desconocida”.
- Benito Nacif, exconsejero del INE, consideró que al margen de que esta semana la SCJN se pronuncie a favor o en contra de la segunda parte del plan B, sería prácticamente inviable aplicarlo para el proceso electoral federal 2023-2024, porque dejaría en la incertidumbre gran parte de la organización, como es la capacitación del personal, el número capacitadores y asistentes electorales por casilla, la papelería y otros acuerdos.
- “La primera parte del plan B ya fue desechada, se declaró su inconstitucionalidad y la segunda ya es inviable en los hechos, aunque la Corte declare su validez, su constitucionalidad en los próximos días, implementarla. Desde mi punto de vista esta reforma ya está muerta”, apuntó.
- “En mi experiencia el INE ya no estaría en condiciones de poder aplicar el plan B aunque la SCJN se pronuncie a favor de su validez constitucional, porque el INE tiene que seguir una serie de procesos, de lineamientos, la estrategia de capacitación, la organización a nivel nacional de todo el proceso”, reiteró.
Indicó que lo mejor para el país, para la democracia, es que el INE continúe con la organización de las elecciones con la ley vigente y que el plan B sea analizado a fondo, sin prisas, por la Suprema Corte para declarar si es válido o no para posteriores procesos.
- José Perdomo, catedrático y experto en Derecho Electoral de la Universidad La Salle, dijo que “el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, al margen de los tiempos de su publicación que vencieron este 1 de junio, ya estaba muerto por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la primera parte por graves violaciones en el proceso legislativo en las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, así como suspender la segunda parte”./PUNTOporPUNTO
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