Entre 2018 y 2020 se observó en México un incremento de la pobreza en la población infantil y adolescente de 2.3 puntos porcentuales, pasando de 50.3 por ciento a 52.6 por ciento, debido en gran parte a la crisis de los ingresos familiares como consecuencia de la pandemia por COVID-19.
- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalaron que el incremento en la pobreza extrema fue el principal componente que empujó el aumento de la pobreza infantil; de 2018 a 2020 la pobreza extrema pasó de 8.7 por ciento a 10.6 por ciento en la población de 0 a 17 años.
En el documento «Pobreza infantil y adolescente en México 2020«, refieren que en México, los niñas, niños y adolescentes (NNA) son quienes padecen más la pobreza comparados con otros grupos etarios.
Detallaron que para este sector la pobreza oscila en 52.6 por ciento y para el resto de la población es de 43.9 por ciento.
- Para el 2020, agregan, más de la mitad de todos las niñas, niños y adolescentes del país se encontraban en condiciones de pobreza multidimensional (19.5 millones), y seis de cada 10 contaban con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos.
- En cuanto a desglose por grupo etario, apunta, 54.3 por ciento de la población en primera infancia (0- 5 años) se encontraba en situación de pobreza, frente a 52.8 por ciento de la población de seis a 11 años y 51 por ciento de adolescentes.
El Unicef y el Coneval señalan que de las niñas, niños y adolescentes que hablan una lengua indígena, nueve de cada 10 estaban en situación de pobreza.
- Indica que en Guerrero y Chiapas, ocho de cada 10 niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de pobreza, mientras que en Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León 3 de cada 10 presentaban esta condición.
La carencia social más pronunciada para este sector etario fue la de acceso a la seguridad social; en 2020, 58 por ciento de la población infantil y adolescente no tenía acceso. La carencia por acceso a los servicios de salud fue la que más aumentó entre 2018 a 2020, al pasar de 14.3 por ciento a 27.5 por ciento.
- El Unicef México y el Coneval consideran que la pobreza infantil y adolescente requiere de una acción coordinada, oportuna y en la escala apropiada por parte del Estado, enfocada particularmente en los hogares que cuentan con ingresos menores a la Línea de Pobreza por Ingresos.
Es necesario ampliar la cobertura de los programas de protección social para cubrir todos los rangos de edad, especialmente la primera infancia (de 0 a 5 años) y NNA que pertenecen a grupos étnicos.
- Esto puede llevarse a cabo a través de un conjunto de acciones integrales y articuladas que combinen programas de transferencias no condicionadas y servicios complementarios de alimentación y cuidado infantil, especialmente para aquellos que carecen de seguridad social.
La pandemia por Covid-19 dejó clara la necesidad de fortalecer y ampliar los programas de protección social para que los hogares más vulnerables puedan estar más y mejor protegidos frente a las crisis que se presenten en el futuro.
Pandemia agregó 15.9 millones de niños y jóvenes a la pobreza en América Latina
La pandemia de la Covid-19 dejó 16 millones más de niños y jóvenes pobres en Latinoamérica y causó un retroceso de 20 años en los indicadores pobreza.
- Así lo advirtió en una entrevista con EFE la asesora regional de política social para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Mónica Rubio, durante una visita a Asunción.
Rubio aseguró que en 2018 había una incidencia del 38.2 % de pobreza en la población entre 0 y 18 años, que se elevó a 46.5 % como consecuencia de la crisis de la Covid-19.
“Existen aproximadamente 87 millones de niños, niñas y adolescentes pobres en América Latina y el Caribe. Según estimaciones de Unicef y Save the Children, la pandemia de la Covid-19 ha podido adicionar 15.9 millones de niños, niñas y adolescentes a las filas de la pobreza”, comentó.
- A raíz de la crisis de la Covid-19, Rubio observó una “fragmentación” en el acceso a la protección social en la región, es decir, a aquellos programas y políticas contra el desempleo, la falta de educación o que garantizan la salud.
- El efecto de esa fragmentación se distingue entre los que tienen un empleo formal y quienes trabajan en la informalidad, aseguró.
- El empleo formal, afirmó, brinda protección con seguros de salud, prestaciones familiares y acceso a una pensión por jubilación, algo que no tienen los trabajadores informales.
- Como ejemplo, la experta mencionó que el 60.8 % de las familias en América Latina utiliza recursos económicos propios para satisfacer las necesidades materiales y de alimentación de niños, adolescentes y jóvenes entre 0 y 24 años.
- De ese total, el 17.9 % es financiado por los Estados, de acuerdo con la cifras de la Unicef. En contraste, señaló que en países como Finlandia el Estado financia el 49.1 del consumo de los niños, adolescentes y jóvenes.
“Desde la licencia maternal, la licencia paternal, los programas de transferencias a las familias para los niños, los servicios de cuidado infantil, la escuela pública, la salud pública de buena calidad. Todo eso, es una apuesta de protección social”, expresó.
En ese contexto, consideró que “acabar con la pobreza infantil es una decisión de política pública que trae productividad y crecimiento a futuro”.
Incluso, opinó, “es una decisión de política pública evitar” que “un niño tenga que trabajar o una niña prostituirse para poder comer”.
Pobreza en regiones indígenas
Desde 2010, junto a las niñas, niños y adolescentes del país, la población indígena vive con mayores niveles de precariedad que el resto de la población, señaló el Coneval.
- En 2020, 9.6 millones de personas indígenas estaban en condición de pobreza. Históricamente, las personas indígenas son uno de los grupos poblacionales que enfrentan mayores rezagos sociales y económicos, agrega el documento.
- Ocosingo y Chilón, ambos municipios de Chiapas, registran el mayor porcentaje de población indígena en situación de pobreza. En contraste, Mérida, Yucatán, es el único municipio del país que reportó una disminución de 9%, entre 2010 y 2020, de la población indígena en pobreza.
El Coneval detalla que en 2020 la mitad de la población de 206 municipios con personas indígenas tenía carencia por rezago educativo; en 190 municipios la mitad de la población indígena no contaba con acceso a servicios de salud, y en 219, 95% no tenía seguridad social.
“En 281 municipios se observó que más del 50% de la población indígena tenía carencia por acceso a la alimentación”, expone el estudio
- El Coneval informó que la situación de pobreza es generalizada en todo México. Aunque la incidencia de pobreza es más alta en zonas rurales y en la población indígena, la mayor proporción de las personas en pobreza vive en zonas urbanas.
- En 2020, León, Guanajuato presentó el mayor aumento de pobreza entre los jóvenes de 18 a 29 años, al pasar de 106,347 personas en esa situación en 2010 a 178,079 en 2020, un crecimiento de 67.5%.
“Este es el grupo demográfico de mayor volumen en México, y el que presenta algunos retos particulares debido a que es la etapa en donde se ingresa a la educación superior, pero también se insertan al mercado laboral, lo que exige asegurar las condiciones necesarias para cubrir estos derechos”, subraya el Coneval.
- En cuanto a las personas adultas mayores, en 2020 más de 3.7 millones vivían en situación de pobreza. La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza aseguró que en México 55.7 millones de personas vivían en en situación de pobreza en 2020.
Sin embargo, indicó, estos niveles se han estancado desde 2008.
La asociación explicó que una de las principales causas de la pobreza se produce en los centros de trabajo, donde 40% obtiene salarios que no alcanzan para comprar una canasta de alimentos básica.
- En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre, la organización agregó que, desde hace 20 años, los salarios no han crecido en el país.
- Además, sostuvo, los programas sociales de transferencias monetarias no logran reducir la pobreza y excluyen al 66% de los hogares de menor ingreso. Por ello, exhortó a las autoridades, a las empresas y a los sindicatos a incrementar el salario mínimo en 2023.
La propuesta de la organización es que el salario alcance para cubrir dos canastas básicas, lo que equivale a un aumento de 10% más 100 pesos al día.
“El salario suficiente de 8,500 pesos al mes, netos (libres), es el primer paso que puede y debe ser asumido por la gran mayoría de las empresas. Esta decisión es urgente para las empresas medianas y grandes e ineludible para las que se consideren ‘Empresas Socialmente Responsables’”, urgió la asociación./PUNTOporPUNTO
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