La detención de migrantes extranjeros en territorio mexicano se quintuplicó en la última década, pasando de 88 mil en 2012 a 450 mil en 2022, debido a la política de persecución comenzada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cual no ha cambiado en la práctica por la presión que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno de México, coincidieron dos especialistas del Colegio de la Frontera Norte.
- Las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación muestran que, en 10 años, las detenciones de indocumentados subieron porque el gobierno de México ha aceptado recibir a migrantes en retorno para que esperen en nuestro territorio una posible audiencia para asilo en Estados Unidos, pero bajo la política de recluir a quienes no cuenten con documentos para iniciar los trámites desde nuestro país.
Una revisión del registro histórico de detenciones migratorias del gobierno mexicano muestra que hace 10 años la cifra no llegó a 90 mil personas en las estancias del Instituto Nacional de Migración (INM), pero se incrementó 411 por ciento en 2022, al tener un registro de 450 mil migrantes en custodia.
“Ha habido un crecimiento de nuevos flujos de personas en movilidad procedentes de Cuba y Haití, pero también las caravanas de centroamericanos, lo cual genera una mayor concentración de extranjeros con situación irregular en el país”, explicó el profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) Alberto Hernández Hernández.
- El especialista en políticas migratorias y movilidad humana señaló que México ha mantenido en la reciente década una política de contención, “no hay una política de apertura o trámite”, por lo que México hace detenciones, “aunque a veces no es tan efectivo porque las caravanas rebasan el control y generan un esquema de endurecimiento a partir de su reclusión en estaciones migratorias con el objetivo de retornarlos a sus países”.
En 2014, el número de detenidos se elevó a casi 130 mil migrantes, quienes pasaron un proceso administrativo del que 95 por ciento terminaron siendo deportados a su país de origen, según estimaciones del académico del Colegio de la Frontera Norte, Rafael Alonso Hernández López.
El profesor consideró que el incremento se da a partir de 2014, con el entonces naciente Programa Integral para la Frontera Sur derivado de la crisis de la niñez migrante, porque en el verano de ese año Estados Unidos detuvo a más de 60 mil niñas, niños y adolescentes.
“Esto generó una presión sobre el gobierno mexicano, por lo cual el entonces presidente Peña Nieto fue confrontado sobre qué pasaba con la contención migratoria y él lanza ese programa con la bandera de ‘proteger a los extranjeros en tránsito hacia Estados Unidos y evitar abusos’ en territorio nacional, pero se tradujo en persecución y cacería de migrantes”, expuso el catedrático.
En el contexto anterior, comenzó una tendencia al alza del fenómeno, aunque en 2017 hay un descenso de la cifra de la población en los centros de estancia del INM, que “pudo deberse a que los programas de férrea contención migratoria implican un gasto importante, porque requiere movilizar a policías, mantener las estaciones y pagar las deportaciones, entre otros rubros”, pero en 2018 vuelve a subir con el surgimiento de las caravanas de centroamericanos, y en 2019 se mantuvo la llegada masiva”, detalló el profesor Hernández López.
Gasto en deportaciones aumenta en México
El gasto por deportación de migrantes que transitan de manera irregular por México aumentó en la administración federal 189 por ciento de 2019 a 2022, de acuerdo a reportes del Instituto Nacional de Migración (INM).
- De acuerdo con el medio La Razón, en 2019 se emplearon recursos por 400 millones 816 mil 586 pesos; mientras que en 2020 fue de 375 millones 439 mil 276 pesos; para 2021 la cifra se elevó a mil 045 millones 770 mil 492 pesos y al cierre de 2022 la cifra fue de mil 161 millones 558 mil 579 pesos.
- Tan sólo el año pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) contabilizó la deportación de 106 mil 008 extranjeros en calidad irregular, lo que representa que por cada persona la dependencia federal gastó 10 mil 957 pesos.
Lo anterior contrasta con el costo en 2021, cuando se contabilizaron 130 mil 269 deportados, lo que significa que se gastó por cada uno, ocho mil 027 pesos. En 2020 el gasto por persona fue de seis mil 224, con 60 mil 315 eventos, y en 2019, de dos mil 675 pesos por cada uno de los 149 mil 812 repatriados, lo que confirma el aumento de recursos para esa partida presupuestal, que las autoridades denominan “Gastos por servicios de traslado de personas”.
Al respecto, Sandra Álvarez, coordinadora de la organización Sin Fronteras, dijo que la constante deportación de migrantes demuestra la falta de capacidad de las autoridades federales para brindar atención, pues no es la solución y rompe la protección hacia la gente.
“La deportación no es una solución para el país, pues eso sólo demuestra la falta de capacidad que tienen las autoridades para dar atención a la gente, por lo tanto, se rompe la política de contar con una migración segura, ordenada y regular, pues las deportaciones son producto de pactos simbólicos entre México y Estados Unidos. No es una solución y eso es claro”, explicó.
- Señaló que cuando una persona es expulsada, pero su intención es quedarse en México o llegar a Estados Unidos, lo va a seguir intentando las veces que sea necesario, por lo que el gasto puede ser mal empleado, además de que se generan otros efectos colaterales para las personas que los pueden poner en riesgo.
La experta dijo que una posible solución es atender la situación desde el origen, para evitar su salida, esto es, prevenir y generar redes de empleo, seguridad y fortalecimiento en temas de justicia para evitar que el menor número de personas migren. “Se debe establecer una distribución en todo el país para la gente que desea quedarse, aparte de fortalecer una cultura de la paz para que los migrantes lleguen y no sean vulnerados. Se debe ver al extranjero como un apoyo y no como una amenaza”, indicó.
La deportación no es una solución para el país, pues eso sólo demuestra la falta de capacidad que tienen las autoridades para dar atención a la gente, rompe la política de contar con una migración segura, ordenada y regular.- Sandra Álvarez, Coordinadora de Sin Fronteras
- En tanto, la directora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, señaló que el gasto aumenta ya que la migración también lo hizo desde hace varios años; sin embargo, sostuvo que las autoridades deben buscar otras vías legales que sean menos costosas y más efectivas, como los programas que tiene el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el que se le da seguimiento a los casos de personas, así como alojamiento.
- “Se dio seguimiento por parte de la ACNUR a 25 mil migrantes y se les dio alojamiento y trabajo, pues ello es una estrategia más afectiva que la deportación. Yo creo que más bien se debe analizar el contexto y ver los casos de éxito de ese tipo de políticas, pues no se puede analizar el gasto solamente así”, explicó.
La activista comentó que es necesario profundizar en cómo se da el gasto en el tema de deportación y hacer un verdadero análisis, además de las causas por las que la gente migra, ya que los éxodos van a seguir por mucho tiempo y las autoridades deben estar preparadas para ello.
Se dio seguimiento por parte de la ACNUR a 25 mil migrantes y se les dio alojamiento y trabajo, ello es una estrategia más afectiva que la deportación. Se debe analizar el contexto y ver los casos de éxito de ese tipo de políticas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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