El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), a través del Centro de Investigación en Política Pública, informó que la inversión que ha realizado el gobierno federal de 2015 a 2021 ha sido preponderantemente en petróleo y gas natural, es decir en el ramo de los energéticos. La proporción fue criticada por la asociación, pues ésta representa casi tres cuartas partes de los recursos que se dirigen a inversión pública.
- En un estudio recientemente publicado por el IMCO se explica que la federación es quien más aporta a la inversión pública, pues, en los siete años señalados, fue el gobierno federal promedió el 76% de aportaciones, mientras que el otro 24% provino de los gobiernos locales. Al respecto, se destaca que en 2015 se presentó la brecha más grande, pues la relación fue 16-84.
Otro dato que destacó fue que la inversión federal se ha concentrado en los hidrocarburos, dato que contrastó, por ejemplo, con el patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues se éste se presenta en números negativos con 4.01 billones de pesos en pasivos y 2.17 billones de pesos en activos. Además que aseguró que “las proyecciones de oferta y demanda de energía coinciden en la necesidad de transitar hacia la inversión en energías”.
Es en este contexto donde aseguró que en México la inversión pública “difícilmente puede medirse para rendir los frutos que requiere”, por lo que realizó cinco propuestas: a) Cambiar la definición actual de inversión pública. b) Erradicar las discrepancias y ambigüedades en la medición de la inversión pública entre entidades y Federación. c) Identificar las necesidades específicas en infraestructura de los estados. d) Revisar los criterios y mecanismos de distribución de los recursos en inversión pública. e) Transitar hacia una inversión pública en energías renovables.
- Cabe recordar que de enero a diciembre de 2022, se observó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó un gasto total de 670 mil 844 millones de pesos en Pemex, mientras que en la CFE fue de 552 mil 429 millones; lo cual ratifica una tendencia al gasto significativo en las paraestatales energéticas de México; sin embargo, esto no quiere decir que se trate de un despilfarro.
- Por ejemplo, Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, señaló el año pasado que la adquisición de la refinería de Deer Para en Texas por parte de la petrolera mexicana representó un gasto de 596 millones de dólares; sin embargo, nada más de enero a junio de 2022, la refinería produjo en hidrocarburos 746 millones de dólares, es decir, demostró una rentabilidad de 150 millones de dólares.
- Además, la consideración de la transición a las energías limpias debe de ser contrastada a nivel mundial para no adelantarse al cambio y caer en la insuficiencia energética. Cabe recordar, por ejemplo, que la CFE publicó estadísticas globales en las que se demuestra que México no es un país que contamine mucho, pues si bien todos los países lo hacen, existen otros que generan un mayor impacto ambiental.
De acuerdo con cifras oficiales, entre China y Estados Unidos se produce el 39.9% de la emisión global de Gases de Efecto Invernadero (GEI), mientras que México sólo aporta el 1.8 por ciento. Además, la dependencia de México a fuentes contaminantes se está reduciendo, pues el proyecto del gobierno es bajarlo en un 35% antes de que termine el sexenio. Finalmente, se recuerda que en cuanto al uso de carbón, México cuenta con tres plantas carboeléxtricas, mientras que China tiene mil 82, India, 281; Estados Unidos, 252; Japón, 87; y Rusia, 85.
Tren Maya y la refinería Dos Bocas ejercieron un gasto de hasta 306%
Las secretarías de Energía y Turismo ejercieron en 2022 un gasto 306 por ciento y 177.4 por ciento mayor, respectivamente, al que tenían aprobado, derivado de mayores recursos destinados a la refinería Dos Bocas y al Tren Maya.
- La Secretaría de Energía tuvo un gasto de 191 mil millones de pesos, 306 por ciento superior al aprobado, debido a que destinó más recursos a Pemex para la construcción de la refinería, según la Cuenta Pública 2022 de Hacienda.
- El monto que concentró esta dependencia representó el 10.2 por ciento del gasto total de los ramos administrativos.
- En el documento, Hacienda explica que la variación respecto al presupuesto aprobado se debe principalmente al mayor ejercicio en los rubros de otros de inversión, por los recursos destinados a aportaciones patrimoniales para Pemex.
La petrolera reportó un aumento en el gasto destinado a dicho proyecto.
Además, parte del incremento también obedeció, a mayores recursos para cubrir gastos relacionados con pagos de defunción, pagos por resoluciones de autoridad competente y aportaciones a fideicomisos.
- Con este gasto, la Sener concentró el 10.2 por ciento del presupuesto total invertido en dependencias federales.
- En tanto, la Secretaría de Turismo reportó un gasto ejercido de 182 mil 141 millones de pesos, es decir un aumento de 177.4 por ciento respecto a lo aprobado.
- El monto que finalmente gastó fue además 367.5 por ciento más elevado en términos reales que el de 2021.
- «Los factores que determinaron esta evolución estuvieron relacionados con el desarrollo del Proyecto Tren Maya», menciona Hacienda en la Cuenta Pública.
- La Secretaría de Turismo concentró el 9.7 por ciento del total de recursos destinados a las dependencias federales.
Presumen avance acelerado del Tren Maya, pero escasea información pública
La ejecución del Tren Maya lleva una velocidad 600% más rápida de la que normalmente “se construye en otros países”, dijo el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, el pasado fin de semana, aunque la información pública sobre el proyecto no lleva el mismo ritmo.
- Al cierre de marzo, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el avance físico del tren fue del 58.39% y su costo estimado por El Economista, con base en datos oficiales es de 359,863.3 millones de pesos nominales (en el 2020 el costo base fue de 156,000 millones de pesos).
No hay datos más actualizados a pesar de ser una mega obra ferroviaria financiada con recursos públicos.
A siete meses de que se inaugure el tren que ofrecerá servicio de pasajeros y carga, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, se desconoce la versión actualizada del análisis costo-beneficio (que justifica técnicamente la inversión realizada) y la información del primero, publicado en el 2022, fue retirada del sitio de programas y proyectos de inversión en cartera de la SHCP.
- Se sabe que, ante la complejidad de la obra y sus constantes cambios, a mediados del 2022 el Fonatur encargó la revisión del documento a la empresa Steer Davies & Gleave México (quien antes hizo el programa maestro del proyecto). El contrato fue por 5.6 millones de pesos, más IVA, y se debió entregar, a más tardar el 13 de octubre.
- En las conferencias presidenciales matutinas, cada lunes, se hacen reportes parciales de los diversos actores involucrados (públicos y privados) y no hay un seguimiento puntual del avance físico, como en algún momento se hizo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El director del Fondo terminó su breve participación: En el Tramo 5, que va de Cancún a Tulum, el 75% de la vía está sobre un viaducto elevado, que ya se construye para proteger el suelo, los cenotes, cavernas, ríos y ríos subterráneos. Cuidando nuestro patrimonio arqueológico y nuestra riqueza natural, seguimos trabajando para la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023.
Política energética de AMLO frena inversiones
Los cambios en la política energética de México «han frenado la inversión privada en el sector, particularmente en energías renovables», y empresas públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han aumentado la dependencia del apoyo recurrente del Gobierno, señaló Moody’s Investors Service en un reporte.
- Las preocupaciones por la violencia y la inseguridad también limitan el crecimiento económico y la inversión en México, destacó en el informe «América Latina: el descontento social y político en curso amplifica los riesgos crediticios en toda la región».
- La agencia de calificación alertó que la inflación, el alto costo de vida y la falta de acceso a servicios sociales, así como las crecientes tensiones políticas en Latinoamérica, socavan la gobernabilidad y agravan el riesgo crediticio.
- En México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú, los riesgos sociopolíticos se han vuelto cada vez más «prominentes» y alimentan el «descontento social»y las «tensiones políticas», repercutiendo en las inversiones y en la confianza de los inversionistas.
La pandemia de Covid-19, sumado a la alta inflación y al menor crecimiento en América Latina, hizo que los gobiernos tengan menos recursos para enfrentar los problemas sociales que se han vuelto más graves, dijo a AFP, Ariane Ortíz-Bollin, analista de Moody’s y coautora del informe.
«La novedad de este reporte es que estamos buscando ligar los riesgos políticos con las puntuaciones que utilizamos para leer los riesgos sociales en la balanza que publica Moody’s, para que los inversionistas sepan qué hay detrás de esas puntuaciones», explicó.
- El informe señala cuatro «canales de transmisión»: los riesgos de gobernabilidad, los cambios de política económica, el desempeño económico y la volatilidad financiera. Éstos han evolucionado hasta convertirse en factores más importantes de riesgos crediticios, subrayó Ortíz-Bollín.
- Aunque el acceso limitado a los servicios básicos y la desigual cobertura de la educación, la sanidad y las oportunidades laborales son problemas comunes a muchos mercados emergentes, América Latina destaca por la desigualdad de ingresos, que puede «complicar el diseño y la implementación de políticas públicas».
La corrupción y la debilidad de las instituciones también pueden asociarse a mayores riesgos sociales, advirtieron los autores.
Moody’s, que no puede hacer recomendaciones pero sí resaltar los riesgos para los inversionistas, mencionó de Brasil que los cambios de políticas podrían derivar en la intervención del Gobierno en las empresas estatales y los bancos gubernamentales.
Política energética de México ha desanimado a inversores de EU
Inversionistas privados se han desanimado por políticas energéticas implementadas en México, indicó un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
- «Los actores extranjeros se desanimaron cuando el gobierno de México adjudicó a Pemex la explotación de un importante descubrimiento de petróleo en aguas poco profundas realizado por un consorcio dirigido por una empresa estadounidense (Talos Energy)”, dice el Departamento de Estado en su reporte 2022 Investment Climate Statements: Mexico.
El consorcio privado había invertido más de 200 millones de dólares en la realización del descubrimiento y busca una compensación a través de un arbitraje internacional.
Por otro lado, los cambios legales y reglamentarios adoptados por el gobierno mexicano intentan modificar las normas que rigen el orden de despacho de la electricidad para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Decenas de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales han solicitado con éxito amparos contra las medidas, que argumentan que discriminan a los participantes privados en el sector eléctrico”, añade el informe.
- También la CFE obligó a varias empresas extranjeras y nacionales a renegociar los contratos de suministro de gas celebrados anteriormente, lo que suscitó “una gran preocupación” entre los inversores sobre la inviolabilidad de los contratos.
- Las reformas de la última década en los sectores de la energía, la generación de electricidad, las telecomunicaciones y la venta de combustible al por menor han liberalizado el acceso de los inversores extranjeros.
Aunque las reformas no han llevado a la privatización de empresas estatales como Pemex o la CFE, han permitido la participación de empresas privadas. Aun así, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado importantes cambios normativos y políticos que favorecen a Pemex y a la CFE frente a los participantes privados.
Los cambios han llevado a las empresas privadas a presentar demandas en los tribunales mexicanos y a buscar compensación a través del arbitraje internacional.
- El informe describe que los recientes esfuerzos para revertir las reformas energéticas de 2013, incluyendo los cambios de marzo de 2021 a la ley de electricidad (que la corte suprema determinó que no viola la constitución el 7 de abril, pero que aún está sujeta a amparos en tribunales inferiores), los cambios de mayo de 2021 a la ley de hidrocarburos (que también fueron amparados por los tribunales mexicanos), y la propuesta de enmienda constitucional de septiembre de 2021 que prioriza la generación de la empresa eléctrica estatal CFE, “aumentan aún más la incertidumbre”.
Enseguida el Departamento de Estado afirma que “estos factores elevan el coste de hacer negocios en México”.
En su cuarto informe anual, el gobierno de México destacó que se ha recuperado la rectoría del Estado en la planeación y el desarrollo nacional con el objetivo de lograr “la autosuficiencia y soberanía energética”, fortaleciendo a dos empresas propiedad del Estado, Pemex y CFE.
- Entre 2015 y 2018, México subastó más de 100 bloques terrestres, someros y en aguas profundas, con un importante interés por parte de empresas petroleras internacionales. Desde entonces, la administración ha pospuesto más subastas, pero se comprometió a respetar los contratos existentes adjudicados bajo la administración anterior.
El 20 de julio pasado, Estados Unidos anunció el inicio del proceso para levantar un panel de solución de controversias contra México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por ciertas políticas energéticas, entre las cuales están presuntas preferencias ilegales a favor de Pemex y la CFE./PUNTOporPUNTO
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